La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lideró este jueves por la mañana un encuentro de seguimiento junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para evaluar el impacto del fenómeno El Niño en el territorio argentino y ajustar la respuesta coordinada del Gobierno nacional frente a potenciales contingencias.

Durante la reunión en las instalaciones de la calle San Juan 2200, las autoridades evaluaron los escenarios de riesgo a partir de los instrumentos de control técnico y los esquemas preventivos. Todas las medidas —informaron a — buscan agilizar la capacidad operativa del Estado ante escenarios adversos.

Del encuentro participaron el secretario de Seguridad Nacional, Martín Alejandro Ferlauto; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Fabián Fernández; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello.

El despliegue forma parte del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, un esquema aprobado mediante la Resolución 559/2026, emitida en julio de este año. Este programa, bajo el mando de la AFE, busca afianzar el trabajo conjunto entre las autoridades provinciales y nacionales para hacer más eficaces las tareas sobre el terreno a través de canales de asistencia permanentes.

En este marco de prevención, la agencia concretó 12 instancias de trabajo desde abril y puso en marcha los mecanismos del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) a nivel local y regional. A su vez, las autoridades conformaron la Mesa Nacional de Seguimiento ENOS 2026-2027 con el objetivo de monitorear las contingencias asociadas a las precipitaciones.

Mediante un comunicado oficial, desde el Ministerio de Seguridad destacaron también el tablero de control del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), que reúne informes meteorológicos, alertas, mediciones hidrológicas y datos territoriales.

Con este insumo y la revisión de los registros históricos de inundaciones disponibles, los equipos técnicos anticiparon modelos sobre el posible impacto en 18 municipios, repartidos en seis provincias distintas.

Además de este mapa de vulnerabilidad, los programas de formación destinados a las áreas de protección civil capacitaron a 4.328 personas entre marzo y septiembre, que formarán parte de los equipos de contención territorial.

Se prevé que los efectos impacten principalmente en el noreste argentino, ya que es donde se esperan las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las habituales. Las provincias más afectadas serían Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó por corrupción a Facundo Leal, extitular de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, tras el cobro de sobornos por el alquiler de galpones con sobreprecios.

Lo considera responsable de un esquema de contrataciones direccionadas y coimas a favor de Argentina Logistic Services (ALS), la empresa que durante cuatro años le dio a la compañía estatal servicios de fletes, grúas y guarda de equipos en un depósito de San Fernando.

El magistrado entendió que Leal es responsable, con las evidencias recogidas al momento, de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.

También le trabó un embargo de $3000 millones sobre sus bienes. Para esos delitos, sumados, la escala penal en caso de una condena va de 2 a 12 años de prisión.

Leal no quedó detenido en este expediente, pero tampoco está libre, pues cumple arresto domiciliario en su departamento de la calle Ortiz de Ocampo, en Palermo, al cuidado de su novia.

Lo dispuso el juzgado federal de Daniel Rafecas, que lleva la causa paralela por drogas que se abrió después de que en esa misma casa los investigadores encontraran 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA y 14 gramos de clorhidrato de cocaína, además de US$8133.754 en efectivo.

Mirabelli procesó con Leal a otros cuatro exfuncionarios de Arsat: Gerardo Boschin, exgerente de Compras y Contrataciones y luego de Administración y Finanzas; Pablo Pagani, exsubgerente de Servicios Corporativos y Logística; Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y luego gerente Comercial, y Juan Antonio Álvarez, comprador de la empresa. Varios de ellos son mendocinos, como Leal.

Del lado privado, procesó a los directivos de ALS Fernando Paredes, presidente, y los hermanos Diego y Gastón Padilla, directores; a la empleada Sofía Varela Vizgarra, y al empresario Santiago Pando, a quien el fallo describe como el intermediario y “amigo” de Leal.

A todos les imputó el cohecho activo, es decir, pagar sobornos. La firma ALS también fue procesada como persona jurídica, en los términos de la ley de responsabilidad penal empresaria.

Leal, Boschin y Pagani fueron embargados por $3000 millones cada uno. Para Navarro y Álvarez, el juez dictó falta de mérito en el delito de cohecho porque no se probó que hayan recibido dinero personalmente. Igual los procesó por los demás delitos.

La causa la investiga el fiscal federal Fernando Domínguez. Empezó con una denuncia por robo: en enero de 2024, personal de ARSAT descubrió que habían saqueado 15 contenedores de la empresa guardados en el depósito de ALS en San Fernando, con un perjuicio de US$151.126 y casi $5 millones. A partir de ahí, la investigación siguió el vínculo entre la empresa estatal y su proveedor.

Según el fallo, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 ARSAT emitió 16 órdenes de compra a favor de ALS. Lo hizo por contratación directa, sin la aprobación del directorio que exigían los montos y a pesar de dos objeciones expresas del área legal.

ARSAT informó que le pagó a ALS US$1.695.667 y $32,2 millones. El juez tomó todo ese monto como perjuicio para el Estado.

El caso más rentable para ALS fue el alquiler del depósito, contratado en 2021 por US$766.099 anuales y renovado después.

El juez concluyó que la competencia de precios fue simulada: una empleada de ALS creó un correo electrónico de un supuesto competidor, Tradelog, y como tercer oferente se usó la dirección de una empresa vinculada a los hermanos Padilla. Además, ALS ya había alquilado el predio en mayo de 2021, antes de que ARSAT invitara a cotizar.

Leal ocupó los cargos más altos de ARSAT: fue subgerente general y director desde enero de 2020, gerente general desde marzo de 2022 y presidente del directorio desde agosto de ese año. En febrero de 2024 pasó a ser asesor del área de Compliance, que es justamente la que debe evitar el fraude y los delitos en las empresas.

En su indagatoria no respondió preguntas. En un descargo por escrito negó haber intervenido en la contratación. Sostuvo que no hay “una sola constancia”, correo o mensaje que lo vincule con la maniobra y que “si alguien invocó mi nombre, no es mi asunto”.

El juez no le creyó. Destacó un mensaje que Pando le mandó a Diego Padilla el 19 de octubre de 2021, mientras se definían las condiciones del contrato: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas”.

Y a continuación: “Más carga de las grandes. Que inventes”. Para Mirabelli, ese “Facundo” es Leal, superior de Boschin, y el mensaje muestra cómo se inflaban los precios con servicios ficticios.

Al día siguiente, Boschin le avisó a Padilla sobre el trámite: “Está a la firma de Facu. Ya lo veo con él y te aviso”. Un mes después, Pando le escribió a Padilla: “Me vas a hacer rico con este contrato”.

Para probar que hubo coimas, el fallo cita chats de 2024 en los que Pando le reclama a Padilla y dice que el negocio “era parte en negro y parte en blanco”.

El 13 de junio de ese año, hablando de los retornos que pagaba Paredes, Pando escribió: “Imaginate, aparte a Leal le dio tres meses y nunca más”. El juez consideró probado que Leal, Boschin y Pagani “aceptaron y cobraron dinero en efectivo, incluso en moneda extranjera”.

Los testigos también complicaron a Leal. Su chofer y dos asistentes contaron que Pando iba seguido a las oficinas de ARSAT y que con Leal “se trataban como amigos”. El chofer reconoció a Diego Padilla en una foto como “la persona que se juntaba con Leal en ARSAT, en el rulero”.

El juez citó además el intercambio con Boschin del 21 de noviembre de 2024, cuando la causa ya estaba en marcha. “ALS, ¿la tenés?”, preguntó Leal. “Sí, el depósito”, respondió Boschin. “¿Es la de tu amigo?” “Padilla”. “Un boludo”, contestó Leal, y agregó: “Se fue de boca en la fiscalía. Ojo”. En diciembre le pidió a Boschin que averiguara qué fiscalía tenía “la causa del depósito”.

En un departamento de Leal en Mendoza se secuestraron otros US$ 1.787.600. La policía constató que ese mismo día, antes del procedimiento, la novia y la hija de Leal habían salido de ese edificio con valijas.

El chofer declaró que en febrero de este año Leal le dio dos valijas en su departamento porteño, le dijo que tenían ropa y le pagó unos $700.000 para que las llevara personalmente a Mendoza. Recordó que “pesaban un montón”. Cuando le mostraron la foto de una de las valijas secuestradas, llena de dólares, la reconoció por una raspadura. Por ese dinero hay otra causa, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que también tramita en San Isidro.