El exsecretario de Obras Públicas José López, condenado a 13 años de prisión por fraude y por los bolsos que buscó esconder con casi 9 millones de dólares y armas, seguirá preso porque el Tribunal Oral Federal 2 rechazó su pedido de libertad condicional. Sin embargo, recomendó que lo traten psicológicamente pues su estado de salud mental así lo requiere.

“Hice una de más”, dijo a los psicólogos que lo atienden y deben determinar si puede salir libre. Fue lo más cerca que estuvo de arrepentirse de su conducta, por lo que el juez Rodrigo Giménez Uriburu le denegó la libertad.

No obstante, exhortó al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a que le garantice “un abordaje psicológico específico y sostenido vinculado con la problemática que motivó su detención”.

La resolución sostuvo que López ya cumplió el tiempo de detención necesario para pedir el beneficio de la libertad condicional, pero no reúne el otro requisito que exige la ley: un pronóstico favorable de reinserción social. Todas las áreas del penal se habían pronunciado en contra.

López cumple una pena única de 13 años de prisión, que unificó tres condenas, la de seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad, la de seis años por enriquecimiento ilícito, cuando fue sorprendido en 2016 arrojando bolsos con millones de dólares en un convento de General Rodríguez; y la de un año y siete meses por portación ilegal de armas. Según el último cómputo, la pena vencerá el 16 de diciembre de 2030.

Los informes penitenciarios lo describen como un detenido con conducta ejemplar (10 de calificación) y sin sanciones disciplinarias, pero con un “concepto regular 3” y en una etapa incipiente del tratamiento.

El área de Psicología registró en López “falta de implicancia subjetiva frente al delito cometido” y una elaboración “parcial y superficial” de su conducta, “sin evidencias claras de arrepentimiento”.

El Cuerpo de Profesionales señaló que López no hizo un tratamiento psicológico sostenido y que, en las entrevistas, “tiende a hablar sobre cuestiones personales no vinculadas al delito”.

El Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación fue más allá. Sobre su primera detención, indicó que López reconoce los hechos, aunque los relata “de manera evasiva y defensiva” y dice haber actuado por “temor”.

Sobre la condena de Vialidad, el equipo sostuvo que niega su responsabilidad, pero que, ante preguntas sobre conductas que considera equivocadas, admitió haber hecho “una de más” y reconoció la posible incidencia de “su afán por conservar cierto ‘poder’ asociado al lugar que ocupaba”.

Ese mismo equipo consignó que López tuvo dos episodios de mutismo selectivo y “otras conductas bizarras”, que coincidieron con sus detenciones en 2021 y 2025, y que en la primera ocasión requirieron su internación en el dispositivo psiquiátrico PRISMA.

Advirtió que los diagnósticos de los distintos equipos de salud mental no coincidieron y que no se aclaró si esos episodios fueron una descompensación psicótica, “una simulación de enfermedad psiquiátrica para lograr un fin” o síntomas de un trastorno de ansiedad severo.

Los profesionales destacaron factores a favor: López tiene un domicilio y una referente dispuesta a recibirlo, formación como profesor particular de Matemática y Física, y un seguimiento psiquiátrico que dice querer continuar cuando se le otorgue la libertad. No advirtieron riesgo de daño para sí ni para terceros.

El fiscal Diego Luciani se opuso a que le otorguen el beneficio de la libertad. Planteó que el cómputo no está firme porque sigue pendiente un recurso de queja del fiscal de Casación Mario Villar ante la Corte Suprema, y que no existe un pronóstico favorable de reinserción.

El defensor oficial Javier Salas sostuvo que las conclusiones de los especialistas de la unidad penal eran “arbitrarias”, que el Código Penal no exige una calificación ni una fase determinada para la libertad condicional y que evaluar la “implicancia personal” en sus delitos vulnera garantías constitucionales.

El juez Giménez Uriburu le dio la razón a la defensa en que la queja ante la Corte no tiene efecto suspensivo, por lo que López cumple el requisito temporal para acceder a la libertad desde junio pasado. Pero rechazó el resto.

Sostuvo que los informes no reflejan “una adhesión dogmática” sino una “coincidencia diagnóstica”, que el concepto regular tres es “un indicador objetivo” de que su evolución “aún no ha alcanzado la maduración necesaria” y que la defensa afirmó que López trabaja intramuros, pero los penitenciarios informaron lo contrario.

Comprender y respetar la ley

También aclaró que no es posible exigir “una retractación o una confesión en términos morales”, sino de lo que se trata es de verificar que adquirió la capacidad de comprender y respetar la ley.

“La persistencia de mecanismos evasivos o de minimización del desvalor de la conducta reprimida demuestra que los objetivos del tratamiento penitenciario se encuentran aún en desarrollo, lo que torna prematuro un egreso anticipado”, escribió el juez.

Rodríguez Uriburu aclaró que la negativa “responde al estadio actual del tratamiento” y no es un juicio definitivo, y pidió al penal que le informe sobre la evolución de López.