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El secreto de un naufragio de 1683: un zapato exclusivo y anillos usados en el comercio de esclavos

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A casi 350 años de un motín que dejó muertos, condenados y una embarcación a la deriva, arqueólogos hallaron un zapato de hombre de manufactura excepcional y dos anillos metálicos ligados a la trata transatlántica de personas esclavizadas en los restos del Havmanden, un barco danés naufragado frente a la costa de Gotemburgo, en Suecia.

El descubrimiento devuelve al primer plano una travesía de 1683 marcada por la violencia, la expansión colonial europea y el comercio de seres humanos. Del calzado apenas subsiste la mitad trasera de la suela, pero sus detalles alcanzaron para abrir una hipótesis: pudo haber pertenecido a Jørgen Iversen Dyppel, primer gobernador danés de la isla caribeña de Santo Tomás, quien murió arrojado al mar durante la rebelión.

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El examen de la suela de cuero reveló costuras precisas y materiales de alta calidad reservados para la élite de la época.

La posibilidad no está confirmada. Los investigadores advierten que había otros hombres de posición elevada a bordo. Aun así, la calidad de la pieza permite asomarse a una diferencia social que viajaba incluso en medio del hambre, el castigo y la incertidumbre de alta mar.

El Havmanden llevaba convictos a una colonia danesa en el Caribe

El Havmanden había partido de Copenhague con destino a Santo Tomás, entonces una colonia de Dinamarca en el Caribe. En la nave viajaban convictos y trabajadores bajo contrato que debían ser enviados a la isla para trabajar bajo la órbita de la Compañía Danesa de las Indias Occidentales.

El viaje tenía, además, una segunda etapa proyectada: después de llegar al Caribe, el buque debía navegar hacia la costa occidental de África para comprar personas esclavizadas. Esa ruta integraba el sistema colonial que conectaba puertos europeos, territorios africanos y plantaciones americanas, con enormes ganancias para comerciantes y Estados, y un costo humano devastador.

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Piedra de afilar y ladrillos en el lugar del naufragio del Havmanden. (Edgar Wróblewski, Museo de Bohusläns.)

La travesía, sin embargo, se descompuso antes de alcanzar el Atlántico medio. La falta de comida y agua elevó la tensión a bordo. Según el relato histórico recogido por el Museo Nacional de Dinamarca, un grupo de tripulantes y convictos tomó el control de la fragata cerca de las Azores y decidió cambiar el rumbo para regresar hacia Copenhague.

La rebelión dejó una secuencia de violencia. Los amotinados dispararon contra el capitán y arrojaron por la borda a varios oficiales. Entre ellos estaba Dyppel, quien viajaba para retomar su puesto como gobernador de Santo Tomás. Murió en el canal de la Mancha, mientras que el barco terminó encallado y naufragó cerca del archipiélago sueco, al este de Gotemburgo.

Los responsables del motín fueron llevados a juicio cuando lograron llegar a Copenhague y recibieron condenas a muerte. El episodio es considerado uno de los motines más violentos de la historia marítima danesa.

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La suela hallada apunta a un dueño de la élite

Durante una serie de inmersiones realizadas en 2026, arqueólogos marítimos del centro NJORD del Museo Nacional de Dinamarca, junto con especialistas del Bohusläns Museum de Suecia, inspeccionaron el pecio del Havmanden. Allí apareció el fragmento de una suela de cuero que, en apariencia, podía pasar por un objeto menor entre los restos de un naufragio.

La directora de los Museos de Rudersdal y especialista en calzado histórico, Vivi Lena Andersen, afirmó que se trataba de un zapato caro y exclusivo.

El examen posterior cambió esa impresión. La directora de los Museos de Rudersdal y especialista en calzado histórico, Vivi Lena Andersen, destacó que los pequeños orificios ubicados a lo largo del borde de la suela son muy parejos y están dispuestos con precisión. Ese trabajo requería herramientas finas y la mano de un zapatero altamente capacitado.

El cuero, además, es de calidad superior. Para Andersen, se trataba de “un zapato caro y exclusivo que solo la élite podía permitirse comprar”, de acuerdo con el comunicado difundido por el museo danés.

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Esa conclusión instaló la pregunta sobre el propietario. Dyppel era uno de los pasajeros que encajaba en ese perfil social. Sin embargo, la identificación no puede darse por segura: el objeto fue encontrado en un naufragio que sufrió saqueos y alteraciones durante siglos, y otros pasajeros de alto rango podrían haber llevado un calzado similar.

Una de las hipótesis es que el calzado pudo haber pertenecido a Jørgen Iversen Dyppel, primer gobernador danés de la isla caribeña de Santo Tomás, quien murió arrojado al mar durante la rebelión.

Andreas Kallmeyer Bloch, arqueólogo marítimo del Museo Nacional de Dinamarca, señaló que el hallazgo ofrece una vía concreta para abordar un proceso histórico de enorme escala. El fragmento de cuero conecta la trayectoria personal de un funcionario colonial con la creación de las colonias danesas en el Caribe y con la participación del país en la trata de esclavos.

Dos anillos exponen el propósito comercial del viaje

El zapato no fue el único objeto que llamó la atención de los arqueólogos. Los buzos recuperaron también dos manillas, anillos de metal que los comerciantes europeos usaban como medio de pago en partes de África occidental durante la trata transatlántica.

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El rescate de dos manillas metálicas evidenció que la embarcación contaba con medios de pago para adquirir personas esclavizadas en África occidental.

Fabricadas en cobre, latón o hierro, las manillas circularon especialmente en zonas de la actual Nigeria. Comerciantes europeos las intercambiaban por personas capturadas y reducidas a la esclavitud. Su aparición en un pecio escandinavo es poco habitual y refuerza el vínculo del Havmanden con ese circuito comercial.

Los objetos hallados no prueban que el barco hubiera llegado a comprar esclavos: su viaje se interrumpió antes de completar el itinerario previsto. Pero sí muestran que la embarcación estaba preparada para participar de esa operación. El proyecto colonial danés en el Caribe dependía de una red que incluía el traslado forzado de africanos, además del envío de convictos y trabajadores europeos a las islas.

En el comunicado del museo, Bloch sostuvo que las manillas “subrayan la conexión con la trata de esclavos”, una actividad central para las posesiones danesas en las Indias Occidentales y en la costa africana.

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Fabricadas en cobre, latón o hierro, las manillas circularon especialmente en zonas de la actual Nigeria.

Dinamarca mantuvo su participación en el comercio transatlántico de esclavos durante más de un siglo después del naufragio del Havmanden. El rey Cristián VII prohibió ese comercio en 1792, aunque la esclavitud continuó en las Indias Occidentales danesas hasta 1848, cuando una rebelión de personas esclavizadas desembocó en su liberación.

El pecio también entrega pistas sobre la construcción del barco

La campaña arqueológica incluyó análisis dendrocronológicos, una técnica que permite fechar la madera mediante el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. Los resultados indican que los árboles usados para construir el buque fueron talados alrededor de 1664 o poco después.

Los especialistas también determinaron que la madera procedía de una zona situada entre el norte de Alemania y el sur de Jutlandia. El dato ayuda a reconstruir el origen material de una nave que, menos de dos décadas después de su construcción, quedó atrapada en una historia de motín, explotación colonial y naufragio.

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Para preservar lo que aún permanece en el fondo marino, los arqueólogos cubrieron parte de los restos con geotextil. El material busca reducir la erosión y proteger las huellas que todavía quedan bajo el agua, donde una suela de cuero y dos aros de metal conservaron, durante siglos, la memoria de un viaje que nunca llegó a destino.

Fotos: Museo Nacional de Dinamarca

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El Ministerio Público de Guatemala respalda las designaciones terroristas de Estados Unidos contra las estructuras criminales de Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendonza

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El Ministerio Público de Guatemala respaldó este viernes la designación de Lorenzana, Huistas y Mendoza como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, una medida vinculada a sus presuntos nexos con cárteles mexicanos y al transporte de drogas ilícitas para financiar actividades criminales. La fiscalía sostuvo que las redes de narcotráfico, financiamiento y protección deben enfrentarse “con firmeza, coordinación y cooperación internacional”.

La coordinación de Guatemala con Washington permitió la captura de 41 personas solicitadas en extradición durante este año, la mayoría por causas de narcotráfico, y el desmantelamiento de 58 bandas criminales, según el presidente Bernardo Arévalo. El mandatario presentó esos resultados como parte de un trabajo continuo entre ambos países.

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A través de sus redes sociales, la institución guatemalteca reafirmó su compromiso de investigar y perseguir penalmente a quienes integran, financian o facilitan las tres estructuras. También afirmó que la protección de la población y el combate contra la penetración del crimen organizado en las instituciones requieren actuar “sin distinciones ni privilegios, con estricto apego a la ley”.

Una publicación del Ministerio Público de Guatemala respalda un comunicado atribuido al Departamento de Estado de Estados Unidos sobre sanciones a organizaciones criminales. (Ministerio Público de Guatemala)

Dos categorías de sanciones para las estructuras criminales

Estados Unidos aplicó dos clases de designaciones contra los grupos señalados. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “estos tres grupos guatemaltecos tienen estrechos vínculos con los cárteles mexicanos y ayudan a transportar y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad delictiva”.

El Departamento de Estado clasificó a Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado, una categoría dirigida contra personas o entidades vinculadas a actividades terroristas. La cartera estadounidense justificó la doble designación por los “numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares” atribuidos al clan.

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El Departamento del Tesoro incorporó a Los Huistas y Los Mendoza a la categoría de Terrorista Global Especialmente Designado por proporcionar apoyo material a cárteles mexicanos que ya habían recibido sanciones de Washington. La Oficina de Control de Activos Extranjeros relacionó a Los Huistas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, mientras que vinculó a Los Mendoza con el cartel de Sinaloa.

Las medidas implican el bloqueo de los bienes e intereses patrimoniales de los sancionados que estén bajo jurisdicción estadounidense. También prohíben, salvo excepciones, que ciudadanos de Estados Unidos realicen transacciones con esas organizaciones.

La cooperación con Estados Unidos y las operaciones conjuntas

El Ministerio Público planteó que la relación bilateral debe traducirse en acciones para desarticular las redes criminales. La institución reiteró que, dentro de sus competencias, busca fortalecer ese esfuerzo conjunto en favor de la seguridad y la justicia de ambos países.

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El pronunciamiento de la fiscalía se produjo un día después de que Arévalo vinculara las designaciones con los acuerdos de seguridad vigentes entre Guatemala y Estados Unidos. Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente indicó que la decisión ocurrió en el marco de una reciente visita del fiscal general a Washington.

Arévalo sostuvo que la cooperación operativa con las agencias estadounidenses se multiplicó y se fortaleció desde que el Ministerio Público dejó de estar “cooptada por la corrupción”. La asistencia, detalló, incluye capacitación para fiscales y unidades especializadas, renovación de equipos operativos y fronterizos, e intercambio de inteligencia.

El presidente también mencionó la llegada a Guatemala de 14 fiscales de distintos distritos de Estados Unidos hace un mes. Consideró que esa presencia resulta poco habitual dentro de la práctica diplomática estadounidense.

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La embajada de Estados Unidos en Guatemala afirmó en la red social X que la Oficina de Control de Activos Extranjeros “ha tomado medidas contra los narcoterroristas que desestabilizan el hemisferio occidental”. Arévalo citó además una declaración del Departamento de Justicia estadounidense que, según relató, define a Guatemala como “uno de nuestros grandes aliados en la lucha contra el narcotráfico”.

La nueva clasificación no alteró los mecanismos de cooperación ya existentes entre ambos países, de acuerdo con Arévalo. Guatemala y Estados Unidos mantienen acuerdos firmados, canales operativos con el FBI y reuniones entre el ministro de la Defensa guatemalteco y el Comando Sur estadounidense.

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White House lawyer’s hardball warning to Dems has legal experts on both sides questioning one key threat

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Counsel to the president William Scharf sent a letter to House Committee on Oversight and Government Reform ranking member California Democratic Rep. Robert Garcia Nov. 9, warning Democrats against running afoul of their allotted powers pertaining to investigations and subpoenas.

The letter put Democratic lawmakers on notice to remind them of the «foundational limits that the Constitution imposes on congressional investigations and subpoenas» and suggesting that their actions could cross the line of criminal misconduct. Garcia, who is poised to chair the committee next year when Democrats gain the House majority, responded to the letter suggesting that the president has «something to hide.»

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Legal experts from across the political spectrum who spoke to Digital suggested that, while the White House is within its rights to challenge individual subpoenas, it faces significant obstacles if it decides to seek criminal indictments related to Garcia’s oversight activities.

«In short, the administration can assert privileges, negotiate over requests and challenge particular subpoenas through the appropriate legal process, but criminal prosecutions are, to mix metaphors, a very different animal that face a higher bar,» Ilya Shapiro, director of constitutional studies at the right-of-center Manhattan Institute, told Digital.

AG BLANCHE CLASHES WITH ANCHOR ASKING WHETHER IT’S HIS ‘JOB’ TO DEFEND THE TRUMP ADMINISTRATION

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Congressional investigations also enjoy protections under the Constitution’s Speech or Debate Clause, which the Supreme Court has held shields lawmakers from judicial interference when their investigative activities fall within the legitimate legislative sphere.

Shapiro explained that Democrats who are «promising indiscriminate subpoenas are inviting challenges to their demands» as congressional committees «must act within their jurisdiction, respect witnesses’ constitutional rights and connect investigations to a legitimate legislative purpose.»

Garcia, however, maintains that his calls for investigation are totally consistent with his constitutional authority as a lawmaker.

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«Let’s be clear: Congress’ authority comes from Article I of the Constitution, not from the permission of the White House. Congress has wide latitude to conduct investigations and oversight, an authority inherent in the power to legislate,» Garcia said in his statement.

«The American people voted overwhelmingly for us to pass laws to root out corruption and abuse. The Trump Administration continues to weaponize the government with threats of unconstitutional attacks on Congress. We are a co-equal branch of government and will not be deterred by baseless threats from a weaponized DOJ or from the President’s lawyers,» Garcia stated.

Scharf sent the letter a week after Democrats issued statements and social media posts on calling for subpoenas and impeachment trials for Trump administration officials after Republicans suffered a major loss during the 2026 midterms. At the time, some pointed out that Republicans used similar language to call for investigations into Democratic officials.

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Hans von Spakovsky, a senior legal fellow at Advancing American Freedom and a constitutional law expert, told Digital that Scharf is correct in his assertion that Garcia’s investigations cannot be motivated by simple spite, but suggested that the White House may run into problems if they try to get criminal charges to stick.

«Scharf is correct in his citation of Watkins v. U.S. that the Supreme Court has held that congressional investigations not connected to a legitimate legislative purpose and whose only intent is harassment and trying to seize personal, private information are unconstitutional and beyond the power of Congress,» von Spakovsky wrote in an email. «Problem is that I am not sure what criminal statutes, if any, could be applied. There are statutes over harassment of federal officials, 18 U.S.C. 111, 115, but those require physical threats. What the Watkins precedent holds is that the courts cannot enforce subpoenas issued by Congress that are part of an improper, unconstitutional investigation.»

TOP DEM ON COMMITTEE FIRES BACK AFTER WHITE HOUSE COUNSEL WARNS AGAINST OVERREACH AMID INVESTIGATION THREATS

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«No statute makes oversight a crime, and Scharf’s letter doesn’t say one does. Its point is that a committee’s process doesn’t shield conduct that would be a crime for anyone else. Conspiring to intimidate federal officers out of doing their jobs falls under 18 U.S.C. 372,» Will Chamberlain, senior counsel at the right-of-center Article III Project, told Digital. «Congress’s oversight authority is broad but not unlimited. There is no congressional power to expose for the sake of exposure and any investigation requires a valid legislative purpose. Congressional investigative activity conducted in an official capacity wouldn’t be prosecutable.»

He added that, what could be prosecutable, would be a separate conspiracy to intimidate federal officials «evidenced by threats, press releases, things of that nature.»

Molly Nixon, a senior fellow at the libertarian Cato Institute, had broadly similar thoughts.

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«White House Counsel is correct that courts have required congressional investigations to serve a legitimate legislative purpose, though the constitutional boundaries of that requirement are not as clear as Scharf asserts. I don’t think the letter is on solid ground when it makes the leap to suggesting potential criminality,» she told Digital.

DEMS PIVOT FROM ‘AFFORDABILITY’ PITCH TO DHS PROBE THREATS AFTER MIDTERM WINS

«We are monitoring the abusive and capricious threats that are now proliferating from Democrat legislators who seek to abuse the legislative process to intimidate and to interfere with the lawful functioning of government. Recent public statements underscore these concerns. You and your congressional colleagues have asserted that they will issue subpoenas to harass, threaten, and deter dedicated members of the Administration from further service,» wrote Scharf.

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«Compulsory process is a power Congress has for oversight functions, and only for oversight functions. Abusive threats and public statements about the indiscriminate issuance of subpoenas, along with threats directed at prospective targets within the Administration make it abundantly clear that any forthcoming investigative processes will be deployed to harass and aggrandize, rather than to advance any legitimate legislative end,» the letter continued.

«Beyond being inconsistent with the clear, well-recognized constitutional limitations on your investigative functions, threats to executive branch officials designed to deter them from public service, or process designed merely to abuse or instill fear in the recipient may cross the line into blatant criminality,» the letter continued. «And issuing unlawful subpoenas with the intention of depriving citizens of their constitutional rights and privileges may warrant further investigation.»

Those further investigations, however, are unlikely to result in criminal charges, according Devon Ombres, senior director for courts and legal policy at the left-of-center Center for American Progress.

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«You know, I don’t think that there is any reasonable basis for the administration to argue that Congress cannot undertake its constitutional obligations of conducting oversight, and I can’t imagine that there’s any type of criminal statute that would apply in this context,» he said in a phone call. «That’s not to say that this DOJ won’t try and shoehorn something in, as they’ve already done, but I don’t think that Scharf has a legal leg to stand on.»

While criminal charges would face significant legal obstacles, Ombres says he fully expects the Trump administration to try blocking the subpoenas through lawsuits.

«The White House and the DOJ is going to throw everything, including the kitchen sink, at subpoenas,» said Ombres.

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Dems descend on Denver to size up 2028. We asked who wants in the race

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DENVER — Democrats are already making their case for 2028.

Fresh off sweeping midterm victories, party leaders and rising stars descended on Denver for the «What’s Next» conference. Several potential presidential contenders tested their 2028 messaging before a crowd of activists, strategists and operatives.

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The conversations offered an early look at who may be considering a run and who is already stepping aside.

Less than 24 hours after announcing a challenge to longtime Senate Democratic leader Sen. Chuck Schumer, D-N.Y., Sen. Chris Van Hollen, D-Md., told reporters he was «no longer pursuing» a presidential bid.

SCHUMER’S LEADERSHIP RIVAL REVEALS MAJOR SENATE RULE CHANGE HE’D PURSUE IF ELECTED

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«I believe that the size and scale of these majorities, provides an opportunity for the United States Senate to answer the call of the American people,» Van Hollen told reporters in Denver, as he pointed what will be at least a 55-seat Democratic majority in the chamber.

Van Hollen’s comments came as Sen. Cory Booker, D-N.J., weighed whether to make another run for the White House in 2028.

Booker said he is giving «a lot of hard thought» to a potential 2028 presidential campaign, though he said his focus now is pushing for what he called an «American renewal.»

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«My purpose right now, I want to see America in the next five years have the biggest renewal, the biggest resetting of the economic table so it works for all Americans,» Booker told Digital.

He pointed to the cost of housing, healthcare and childcare as evidence that many Americans are struggling to get ahead. «The gap I’m concerned about is not the gap between left and right anymore, it’s a gap between the American people and the American dream, and I want to see that gap close,» he said.

Asked what he might do differently if he ran again after his unsuccessful 2020 campaign, Booker said candidates should be «their authentic self.» He also warned that political divisions are pulling the country apart, saying, «We are not each other’s enemies. We are our fellow patriots. And we all need to start pulling in the same direction.»

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While Van Hollen ruled out a presidential bid, former Transportation Secretary Pete Buttigieg, a 2020 Democratic candidate, told reporters in Denver he would not have «any news to make about that anytime soon.»

Even so, Buttigieg has not ruled out another run.

Pennsylvania Gov. Josh Shapiro, fresh off of major victories in his home state, said, «I’ve decided to be a loud voice in this process that we’re going through right now as a party to put ourselves in the best position to compete.»

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When asked about his 2028 timeline, Shapiro said «that would be a personal decision my wife and my kids and I make.»

«When we’re ready to say something, we’ll let you know,» he added.

Sen. Elissa Slotkin of Michigan told reporters that she was «seriously» considering a 2028 presidential run.

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«I haven’t made any decisions. Whether it’s me or somebody else, I just want to be a part of that next generation of leaders going forward that does things differently and understands who they serve,» she added.

Pointing to a new crop of Democrats elected in the midterms, Slotkin said «we had an amazing election night that elected a whole bunch of new folks who represent that.»

Meanwhile, Sen. Ruben Gallego of Arizona said his young family will be a major consideration in his decision.

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«I have three kids, nine, three and a one-year-old. You know, it’s hard to manage that schedule and I have to figure out how to still be a good dad and run for office,» he said.

«If I run I’ll probably be the only one that has kids that age that doesn’t necessarily come from a lot of money. So I’m going to have to figure all that out,» he added.

THE MISTAKE NEWLY ELECTED DEMS ADMIT THEY CAN’T AFFORD TO MAKE WITH TRUMP AFTER SWEEPING 2026 WINS

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Sen. Raphael Warnock, D-Ga., who has not said whether he will seek the 2028 nomination, used his speech at «What’s Next» to argue Democrats can build a winning coalition across the country.

«In America, all things are possible,» he said, pointing to Democratic victories from New Hampshire to Mississippi.

California Rep. Ro Khanna said he is «certainly considering» a 2028 presidential run but has not made a decision.

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Khanna, one of the few leaders on the progressive left attending a conference organized by a centrist Democratic group, added «I think after the reception here, I’m, more likely to consider it. I mean, but I’m going around the country seeing whether the message will resonate.»

Asked about his timetable, Khanna told Digital, «I think starting next year people will be running.»

«Imagine this, we’ve had three 80-year-old presidents in a row and suddenly you’re going to have a new generation on both sides. I think that’s fantastic for this country,» he said. «I’m excited about some of the people if I do run who would be competitors. It’s going to be great. It’s going to showcase America’s talent.»

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With no clear frontrunner in sight, the Denver conference offered an early look at Democrats testing their messages and weighing whether to seek the party’s nomination.

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