POLITICA
Abel Furlán apuntó contra el Gobierno y los empresarios por la intervención de la UOM: “Hay una clara persecución”
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán acusó a los jueces laboralistas que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.
Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Furlán señaló que detrás del fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al movimiento sindical.
“Acá hay empresarios y está el Gobierno por una sencilla razón: lo que está en disputa es el salario. Este gobierno pulverizó el poder adquisitivo, no solo de los trabajadores metalúrgicos, sino de todos los trabajadores de la industria”, señaló Furlan, que continuó: “Acá hay incentivos políticos y económicos. Son el mismo tribunal que echó por tierra con la cautelar de la CGT (contra la reforma laboral), poniendo en vigencia nuevamente una ley totalmente regresiva”.
“Nunca pensamos que en la UOM iba a suceder una intervención en democracia con los mismos contenidos que en dictadura. Para nosotros, esto es parte del proceso de desindustrialización”, afirmó Furlán. Y remarcó: “No tenemos duda que hay una clara persecución, porque quieren dejar en claro una medida ejemplificadora para que nadie más se atreva a disputar estas cuestiones”.
El viernes pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la UOM y dispuso la intervención del gremio por 180 días. Así lo definieron los jueces Víctor Pesino y María Dora González, al apartar de su cargo a Abel Furlán, quien había sido reelecto, y ordenaron que se realicen nuevos comicios.
El fallo también declaró nulas las elecciones en la seccional Campana, origen de la disputa iniciada por la opositora Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral del 2 al 4 de marzo de 2026. Según la resolución, los comicios de la seccional y los nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la de la segunda.
En un repaso sobre el conflicto, Furlán responsabilizó a la lista opositora, que caracterizó como afín al Grupo Techint, de obstaculizar el proceso electoral en el día de la elección. “La lista opositora robó y rompió urnas dentro de Tenaris Siderca. La Junta Electoral (de la seccional Campana) suspendió el proceso, y trasladó la votación a la sede sindical para garantizar su transparencia”.
Fue a partir de esa mudanza de las urnas sobre la cuál la oposición gremial judicializó e impugnó la elección. Según el dirigente, la lista oficialista de la seccional Campana se impuso por “2 mil votos contra 250 votos de la Lista Naranja”.
Una vez realizada las elecciones en todas las seccionales, el sindicato realizó el Congreso de autoridades para definir la nueva conducción. Fue en ese marco que la Justicia laboral “sacó una cautelar suspendiendo” el acto comicial. “Nosotros no fuimos notificados en tiempo y forma y, al no estar notificados, realizamos el congreso electoral igualmente. Fui elegido de manera unánime, con más del 80% de los votos”, describió.
Tras esa medida, Furlán cuestionó el fallo porque omitió una resolución por vía interna, a nivel del sindicato. “Hay un fallo de la Corte muy claro, donde se dice que si las organizaciones sindicales tienen instrumento para resolver los diferendos internos, debe privilegiarse que se resuelva por la vía asociacional, y no por la vía de intromisión del Estado”, describió.
“El precedente que dejan con la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica es gravísimo. No pueden interferir una organización que tiene 53 seccionales por la denuncia de una irregularidad en una sola. Cuando la organización tiene instrumentos para resolverlo en el marco estatutario”.
Sin embargo, aclaró que “el fallo no está firme”. “Ayer se ha reunido el Consejo Directivo de la UOM, al que no le afecta la resolución, que rechazó la resolución u nombró a Daniel Da Porta como delegado normalizador para resolver la cuestión de acefalía que produce la Cámara (laboral)”, explicó. “De verdad, el problema lo tengo en mi seccional y estoy dispuesto a ir a nuevamente a una elección”, aclaró.
El impacto político de la intervención
Ayer, la sede del gremio fue epicentro de un abrazo simbólico convocado por la UOM y respaldado por otros sindicatos. Los manifestantes exigieron el cese inmediato de la intervención y la restitución de las autoridades electas.
Según el dirigente sindical, su gremio es uno de los que más confrontan contra el impacto de las políticas del Gobierno sobre el empleo. De hecho, integra el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que abarca a las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, Papeleros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros.
“Desde que Milei asumió el gobierno, la UOM perdió veinticinco mil puestos de trabajo. Es el resultado de la política de desindustrialización y ajuste sobre el salario”, señaló.
Para Furlán, la decisión judicial también responde a intereses empresariales concretos: “En Campana, la lista opositora fue propuesta por la patronal, Tenaris Siderca, que es el grupo Techint. Hace dos años que no podemos acordar paritaria porque pretenden que firmemos a la baja por debajo de lo que anuncia el INDEC. Hoy, el secretario de Trabajo es Julio Cordero, hombre del Grupo Techint”.
Las diferencias internas en la CGT
El referente metalúrgico también se refirió a la falta de reacción de la CGT frente a la situación política, y señaló que si bien en la central “conviven distintos puntos de vista y tenemos diferencias”, la organización “no puede seguir inactiva” y tiene que plantear un plan de lucha.
“Uno siempre trata de privilegiar la unidad en cuando hay este tipo de políticas que tienden a someter a propios y extraños. Este no es un avance solo frente a la UOM. El otro día participé de un hecho solidario con los compañeros del Subte por la denuncia penal que les hicieron por un plan de lucha. A la Unión Ferroviaria, del compañero (Omar) Maturano, le acaban de sancionar con una multa de 21.000 millones por haber adherido al paro de la CGT”, enumeró.
“Hay claramente -continuó- una intencionalidad de perseguir a quienes levantamos la voz en contra de este modelo de ajuste y de sometimiento. Entonces, esa situación hace de que tengamos diferencias sin dudas”. Y se preguntó: “¿Qué más tiene que suceder en la Argentina para que los trabajadores nos demos cuenta que somos los convidados de piedra de este proceso político?”.
“Este presidente llegó a decir que quienes defienden la industria nacional son chorros. Nosotros representamos uno de los gremios más representativos del mundo industrial, no podemos estar ausentes en la discusión política sobre el modelo de desarrollo para nuestro país”, concluyó.
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La Policía Federal (PFA) activó una búsqueda para ubicar a Luna Suyai Ortigoza, de 27 años y quien era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Morón, luego de que durante un allanamiento en su vivienda encontraran medio kilo de cocaína. La mujer está acusada de presunto narcotráfico y de integrar una banda delictiva.
El intendente de Morón, Lucas Ghi, apartó a Ortigoza de su cargo el viernes pasado, tras el hallazgo en su domicilio de Castelar de medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo, según pudo saber .
Por otro lado, la Justicia ordenó la captura de Ángel Daniel Paz, de 34 años, pareja de la ahora exfuncionaria, que tiene domicilio en Pasaje Florit al 3600, en Castelar. A su vez, la Policía detuvo en otro procedimiento a Norberto Hernán Aliano (42), que enfrenta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.
La causa se abrió en marzo con una denuncia anónima por narcomenudeo. En ese marco, la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo a la Policía.
En los ocho procedimientos que se realizaron en total, en colaboración con la Policía Federal Argentina (PFA), se incautaron 1,7 kilos de cocaína, 240 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver con su cargador, tres cartuchos y 43 municiones, tres celulares y documentación, según confirmaron a este medio fuentes oficiales.
Por su parte, Ghi indicó que se siente “profundamente decepcionado” por el accionar de la exfuncionaria. “Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, marcó el intendente de Morón y aclaró que Ortigoza ingresó a la municipalidad durante la gestión anterior.
Sin embargo, la joven fue designada el 16 de junio de 2025 mediante el Decreto 1236/2025 con una carga de 48 horas semanales. El nombramiento fue formado por el propio Ghi. Su responsable directa era Laura De Peri, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad.
En diálogo con TN, el intendente —que asumió en 2019— indicó: “Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación. Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado”.
“Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia. Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, aseveró.
Ghi sostuvo que Ortigoza estaba “formada y capacitada” en el área en la que se desempeñaba y que su nombramiento no fue producto de su militancia.
El portal Primer Plano publicó que la presunta organización narco está a cargo de un hombre que alternaba puntos de venta y hacía entregas en moto. Según trascendió, su justificación es que su pareja dejó “cosas en su casa” y que por eso estaban las drogas allí.
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POLITICA
Nuevo revés para Tapia: un fiscal pidió que la causa por la mansión de Pilar adjudicada a Toviggino vuelva a investigarse en la Justicia porteña
El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió que la causa por la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Chiqui Tapia, vuelva a investigarse en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Actualmente el expediente se encuentra en el juzgado federal de Campana a cargo del magistrado, Adrián González Charvay, cercano a la Asociación del Fútbol Argentino, (AFA), liderada por Tapia, escoltado por su mano derecha, el Tesorero, Toviggino.
Pérez Barberá consideró en el dictamen: “Entre la justicia federal de Campana y la Justicia Nacional (pero también federal) en lo penal económico de esta Ciudad, debe considerarse competente a esta última para continuar con la investigación”.
A partir de la opinión del fiscal los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quedaron en condiciones de definir si la investigación sigue en el juzgado de Campana a cargo de González Charvay o vuelve al tribunal 10 en lo Penal Económico, subrogado por Verónica Straccia.
Pérez Barberá destacó la “especialización técnica en la materia” de este último juzgado, que dijo que es “aquello por lo que este Ministerio Público Fiscal debe velar”, y que planteó que “como se vio, termina siendo decisivo en materia de atribución de competencia en casos de múltiple territorialidad».
Anularon el fallo que había enviado la causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino a un juez cercano a la AFA
A mediados de mes la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había asignado la causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino a González Charvay, cercano a la AFA.
La Sala I del máximo tribunal penal federal dejó sin efecto la decisión previa de la Cámara Federal de San Martín y dispuso que sea la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico la que determine finalmente qué fuero debe intervenir en la causa.
El conflicto enfrenta al juzgado federal de Campana con el tribunal nacional en lo Penal Económico N°10. La causa seguirá bajo la órbita de González Charvay hasta una definición de la Cámara.
Leé también: Anulan el fallo que había enviado la causa de la mansión de Pilar a un juez cercano a la AFA
La decisión la dispusieron por mayoría los jueces, Ángela Ledesma y Javier Carbajo, que hicieron lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal. Ambos sostuvieron que, de acuerdo con las normas procesales y la ley orgánica judicial, correspondía la intervención de la Cámara Penal Económico intervenga para resolver el conflicto entre ambos juzgados.
En disidencia votó Mariano Borinsky, que consideró inadmisible el recurso de Casación al entender que las cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas. El magistrado dijo además que no se había demostrado un perjuicio concreto ni una afectación al principio del juez natural que justificara la intervención de Casación.
Las claves de la causa de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia
- La causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, mano derecha de “Chiqui” Tapia, se originó a partir de una denuncia presentada el 1° de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. Allí se denunció un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos, caballos árabes y otros bienes de alto valor vinculados a dirigentes de la AFA.
- El foco principal de la investigación está puesto sobre una quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuya propiedad se atribuye a Toviggino, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la AFA.
- Según consta en el expediente, el inmueble fue adquirido en mayo de 2024 por un valor declarado de US$ 1,8 millones. Sin embargo, una tasación oficial incorporada a la causa estimó que el valor real de la propiedad podría rondar los US$ 17 millones.
- La investigación busca determinar si la compra se realizó mediante una estructura de supuestos testaferros ligados al dirigente de la AFA. Entre los nombres mencionados aparece Luciano Pantano, titular formal de la propiedad junto a su madre Ana Lucía Conte. En el expediente también se incorporaron registros de visitas, movimientos societarios y documentación vinculada a Real Central SRL, la firma bajo la cual figura la quinta.
- Otro de los elementos analizados por la Justicia es el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano para distintos gastos. Además, entre las personas registradas como visitantes frecuentes de la mansión figura Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la entidad.
Pablo Toviggino, AFA, Claudio Tapia
POLITICA
La intendencia de Morón suma dos casos policiales de alto impacto y piden interpelar a Lucas Ghi
Los hechos policiales impactan este año con particular énfasis sobre la Municipalidad de Morón, que conduce el intendente Lucas Ghi, alineado con el PJ. En al menos dos investigaciones relevantes quedaron involucradas dos mujeres que son empleadas de la intendencia. Una de ellas fue detenida por su presunta participación en la trama de extorsión que se desveló por detrás del suicidio de un soldado que cumplía funciones en la residencia presidencial de Olivos; el otro caso que conmociona por estas horas las estructuras políticas del distrito es el de una directora municipal que está prófuga en una investigación por narcotráfico.
Karen Yael Cufré, que era empleada en el centro de monitoreo de la municipalidad, fue detenida en febrero de este año acusada de integrar una banda que realizaba extorsiones digitales contra sus víctimas, entre las que estaba el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que se quitó la vida en la quinta de Olivos, en diciembre del año pasado.
Cufré trabajaba en la Central de Monitoreo de Plaza Alsina, en la localidad de Villa Sarmiento. Cuando la investigación recayó sobre ella, la municipalidad que conduce Ghi (enfrentado a su antiguo jefe político local, Martín Sabbatella, y alineado en la interna del peronismo con Axel Kicillof) comunicó que la había separado de su puesto.
La comuna informó que tomó a Cufré como personal temporario en el centro de monitoreo y que, “tras los hechos del 16 de diciembre pasado, que derivaron en el fallecimiento del soldado Rodrigo Andrés Gómez en la quinta presidencial de Olivos, y ante la investigación que analiza posibles vínculos con allegados a la agente, se dispuso su cesantía inmediata semanas atrás”.
Por estos días, la intendencia moronense volvió a quedar envuelta en un capítulo policial. La policía bonaerense busca desde el viernes a Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la municipalidad, que está prófuga tras un allanamiento en su casa de Castelar Sur en el que se halló medio kilo de cocaína. Ghi la separó del cargo el último viernes.
Ortigoza fue nombrada directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad el 16 de junio de 2025, según consta en un decreto municipal al que tuvo acceso . En ese documento oficial firmado por el intendente, por el secretario de Legal y Técnica Hernán Sabbatella, y por la secretaria de la Unidad Intendente Estefanía Franco, se indica que Ortigoza es “idónea” para el cargo. Se especificó que tendría “48 horas semanales de labor” y que su cargo era “dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Abordajes de las Violencias por Razones de Géneros y Dispositivos Integrales de Protección, perteneciente a la Secretaría de Géneros, Mujeres y Diversidad”.
La mujer que se encuentra prófuga forma parte de una familia militante de Nuevo Encuentro en el barrio San Juan, en Castelar Sur. Ante la interna entre Sabbatella y Ghi, parte de la familia quedó del lado del exintendente y ella, junto al actual jefe comunal. En ese marco, accedió al cargo de directora en un área en la que fueron desplazados funcionarios alineados con Sabbatella, como Cinthia Frías, que era secretaria de Géneros, Mujeres y Diversidad.
El nuevo hecho policial que salpica a la intendencia de Morón derivó en un pedido de interpelación contra Ghi que presentó la oposición en conjunto (La Libertad Avanza, Pro y monobloques). Se tratará en el Concejo Deliberante mañana, sobre tablas, para lo que se necesitan dos tercios de los ediles (16 sobre 24). Producto de la interna con Sabbatella, el intendente Ghi cuenta con un bloque oficialista partido en tres: seis le responden; cinco son sabbatellistas, y dos pertenecen al Frente Renovador.
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