POLITICA
Abel Furlán apuntó contra el Gobierno y los empresarios por la intervención de la UOM: “Hay una clara persecución”

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán acusó a los jueces laboralistas que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.
Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Furlán señaló que detrás del fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al movimiento sindical.
“Acá hay empresarios y está el Gobierno por una sencilla razón: lo que está en disputa es el salario. Este gobierno pulverizó el poder adquisitivo, no solo de los trabajadores metalúrgicos, sino de todos los trabajadores de la industria”, señaló Furlan, que continuó: “Acá hay incentivos políticos y económicos. Son el mismo tribunal que echó por tierra con la cautelar de la CGT (contra la reforma laboral), poniendo en vigencia nuevamente una ley totalmente regresiva”.
“Nunca pensamos que en la UOM iba a suceder una intervención en democracia con los mismos contenidos que en dictadura. Para nosotros, esto es parte del proceso de desindustrialización”, afirmó Furlán. Y remarcó: “No tenemos duda que hay una clara persecución, porque quieren dejar en claro una medida ejemplificadora para que nadie más se atreva a disputar estas cuestiones”.
El viernes pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la UOM y dispuso la intervención del gremio por 180 días. Así lo definieron los jueces Víctor Pesino y María Dora González, al apartar de su cargo a Abel Furlán, quien había sido reelecto, y ordenaron que se realicen nuevos comicios.
El fallo también declaró nulas las elecciones en la seccional Campana, origen de la disputa iniciada por la opositora Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral del 2 al 4 de marzo de 2026. Según la resolución, los comicios de la seccional y los nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la de la segunda.
En un repaso sobre el conflicto, Furlán responsabilizó a la lista opositora, que caracterizó como afín al Grupo Techint, de obstaculizar el proceso electoral en el día de la elección. “La lista opositora robó y rompió urnas dentro de Tenaris Siderca. La Junta Electoral (de la seccional Campana) suspendió el proceso, y trasladó la votación a la sede sindical para garantizar su transparencia”.
Fue a partir de esa mudanza de las urnas sobre la cuál la oposición gremial judicializó e impugnó la elección. Según el dirigente, la lista oficialista de la seccional Campana se impuso por “2 mil votos contra 250 votos de la Lista Naranja”.
Una vez realizada las elecciones en todas las seccionales, el sindicato realizó el Congreso de autoridades para definir la nueva conducción. Fue en ese marco que la Justicia laboral “sacó una cautelar suspendiendo” el acto comicial. “Nosotros no fuimos notificados en tiempo y forma y, al no estar notificados, realizamos el congreso electoral igualmente. Fui elegido de manera unánime, con más del 80% de los votos”, describió.
Tras esa medida, Furlán cuestionó el fallo porque omitió una resolución por vía interna, a nivel del sindicato. “Hay un fallo de la Corte muy claro, donde se dice que si las organizaciones sindicales tienen instrumento para resolver los diferendos internos, debe privilegiarse que se resuelva por la vía asociacional, y no por la vía de intromisión del Estado”, describió.
“El precedente que dejan con la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica es gravísimo. No pueden interferir una organización que tiene 53 seccionales por la denuncia de una irregularidad en una sola. Cuando la organización tiene instrumentos para resolverlo en el marco estatutario”.
Sin embargo, aclaró que “el fallo no está firme”. “Ayer se ha reunido el Consejo Directivo de la UOM, al que no le afecta la resolución, que rechazó la resolución u nombró a Daniel Da Porta como delegado normalizador para resolver la cuestión de acefalía que produce la Cámara (laboral)”, explicó. “De verdad, el problema lo tengo en mi seccional y estoy dispuesto a ir a nuevamente a una elección”, aclaró.
El impacto político de la intervención

Ayer, la sede del gremio fue epicentro de un abrazo simbólico convocado por la UOM y respaldado por otros sindicatos. Los manifestantes exigieron el cese inmediato de la intervención y la restitución de las autoridades electas.
Según el dirigente sindical, su gremio es uno de los que más confrontan contra el impacto de las políticas del Gobierno sobre el empleo. De hecho, integra el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que abarca a las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, Papeleros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros.
“Desde que Milei asumió el gobierno, la UOM perdió veinticinco mil puestos de trabajo. Es el resultado de la política de desindustrialización y ajuste sobre el salario”, señaló.
Para Furlán, la decisión judicial también responde a intereses empresariales concretos: “En Campana, la lista opositora fue propuesta por la patronal, Tenaris Siderca, que es el grupo Techint. Hace dos años que no podemos acordar paritaria porque pretenden que firmemos a la baja por debajo de lo que anuncia el INDEC. Hoy, el secretario de Trabajo es Julio Cordero, hombre del Grupo Techint”.

Las diferencias internas en la CGT
El referente metalúrgico también se refirió a la falta de reacción de la CGT frente a la situación política, y señaló que si bien en la central “conviven distintos puntos de vista y tenemos diferencias”, la organización “no puede seguir inactiva” y tiene que plantear un plan de lucha.
“Uno siempre trata de privilegiar la unidad en cuando hay este tipo de políticas que tienden a someter a propios y extraños. Este no es un avance solo frente a la UOM. El otro día participé de un hecho solidario con los compañeros del Subte por la denuncia penal que les hicieron por un plan de lucha. A la Unión Ferroviaria, del compañero (Omar) Maturano, le acaban de sancionar con una multa de 21.000 millones por haber adherido al paro de la CGT”, enumeró.
“Hay claramente -continuó- una intencionalidad de perseguir a quienes levantamos la voz en contra de este modelo de ajuste y de sometimiento. Entonces, esa situación hace de que tengamos diferencias sin dudas”. Y se preguntó: “¿Qué más tiene que suceder en la Argentina para que los trabajadores nos demos cuenta que somos los convidados de piedra de este proceso político?”.

“Este presidente llegó a decir que quienes defienden la industria nacional son chorros. Nosotros representamos uno de los gremios más representativos del mundo industrial, no podemos estar ausentes en la discusión política sobre el modelo de desarrollo para nuestro país”, concluyó.
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Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores nombrados por el Gobierno en la obra social de los peones rurales

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy por un presunto desvío de 247 millones de pesos a dos exinterventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y a dos personas vinculadas con la empresa que se habría beneficiado con el desvío; una de ellas, Sergio Aguirre, exsocio comercial de Martín Menem.
En la causa se investiga una contratación directa de la empresa HTECH Innovation, constituida por Aguirre en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder.
Los exinterventores procesados son Virginia Montero y Marcelo Petroni; ambos, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Aguirre y María Casandra Mirabelli, socio y presidenta de HTECH Innovation, respectivamente, fueron procesados por los mismos delitos que los exinterventores, pero como “partícipes necesarios” y no como autores.
A cada uno de los cuatro procesados, Casanello les impuso embargos de $1.463.896.868.
Según el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, “ambos interventores -Montero y Petroni- habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa”.
Petroni es un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente.
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"Amenazas a funcionarios de primer nivel": el Gobierno reveló por qué militarizó la Quinta de Olivos

“Estos cambios obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier, esta mañana, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, en medio de las dudas que generaron las declaraciones del Presidente el domingo.
El vocero aseguró que hay “posibles terroristas, o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan”, pero no dio detalles sobre las especificidades de esos perfiles.
Ravier detalló un informe del Ministerio de Seguridad sobre 20.630 casos entre diciembre del año pasado y mediados de este mes.
El 72,3% corresponde a extranjeros “rechazados o no admitidos” por perfiles de riesgo, condenas detectadas o incumplimiento de requisitos migratorios.
Por lo bajo, en la Casa Rosada aseguraron que hay un “clima de seguridad preocupante”, y buscaron desligar la decisión de Milei en torno a la seguridad en Olivos de las denuncias sobre supuestos desvíos de fondos que hizo la ex libertaria Marcela Pagano. En cambio, dijeron que hay correlación con las denuncias sobre una supuesta amenaza de muerte contra el número dos de la SIDE, Diego Kravetz, por parte de la organización terrorista financiada por Irán, Hezbollah.
La diferencia entre esas cifras y los “cerca de 30.000” mencionados por Milei se explica, según Ravier, por otras 10.000 personas bloqueadas antes del 1° de diciembre de 2025, período que el informe ministerial no contabiliza. “Hasta diciembre de 2023, la Argentina en sus fronteras nacionales era un colador”.
Riesgo país, pobreza e inflación
Más allá del eje de seguridad, la conferencia estuvo atravesada por preguntas sobre la economía. El vocero atribuyó el aumento del riesgo país a dos shocks externos: la situación en Medio Oriente y la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que impactan negativamente sobre los mercados emergentes. “Son dos fenómenos que podrían explicar una suba en riesgo país o algún tipo de coyuntura negativa en este mes”, explicó, aunque aclaró que la recaudación mostraba mejoras en IVA y Ganancias.
En cuanto al poder adquisitivo y la situación social, Ravier reconoció que el índice de pobreza, que había bajado a 28,3%, repuntó al 32% en la última medición. Atribuyó ese retroceso al “ataque político” que, según el Gobierno, se produjo en septiembre y octubre de 2025 y que impactó sobre el tipo de cambio y la inflación. “Cuando logramos bajar fuerte la inflación es cuando logramos bajar fuerte la pobreza”, afirmó, y señaló que con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 1,7% mensual, el Gobierno es optimista sobre una reversión del dato.
Frente a comparaciones de precios con España e Israel, Ravier defendió la apertura comercial como el mecanismo para achicar la brecha. “Si todo lo que se puede importar entra en Argentina a precio internacional, lo único que debería distinguir los precios son los costos de transporte”, argumentó, y citó los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Singapur como parte de esa estrategia.
Sobre el endeudamiento de los hogares, el portavoz descartó un proyecto oficial y confió en una solución de mercado, con proyecciones privadas que, según indicó, anticipan una mejora hacia fin de año a medida que las tasas de interés —que pasaron de cerca del 50% a inicios de 2026 a alrededor del 25% actual— faciliten las refinanciaciones. En materia de empleo, Ravier sostuvo que desde diciembre de 2023 se sumaron más de 500.000 puestos de trabajo netos, según un informe público que se comprometió a compartir.
POLITICA
Florencia Carignano, extitular de Migraciones: “Es delirante todo lo que dijo Milei; tiene una gran confusión”

La diputada kirchnerista Florencia Carignano, que ejerció como titular de Migraciones durante la administración de Alberto Fernández, habló este martes de la cifra que arrojó el presidente Javier Milei sobre unos supuestos “20.000 terroristas deportados” durante su gobierno. Aseguró, en ese marco, que “es delirante” lo que dijo y que si fuera cierto tendría que haber una alarma en el país.
“Imaginate 30.000 [por la suma de unos supuestos 20.000 terroristas deportados, que se suman a otros 10.000 echados el año pasado], es una invasión de zombies, de terroristas y nadie nos avisó en el peligro en el que estábamos. Aparte, ‘terroristas que vinieron a sabotear el modelo económico’. ¿Qué significa, que quisieron secuestrar o matar a Caputo? ¿Quisieron poner bombas en el Banco Central? ¿Cómo un terrorista sabotea un modelo económico? Si eran 30.000 tendría que haber pesado una alarma sobre Argentina», sostuvo la exfuncionaria.
El mandatario afirmó el domingo, en LN+, que solo este año su Gobierno “deportó 20.000 terroristas” y dijo que “son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. Pero las estadísticas oficiales no coinciden con el relato del Presidente. Lo que registra el Ministerio de Seguridad es que en lo que va de 2026 hubo 744 “expulsiones” y 18.947 “incidentes de entrada” de personas a las que por razones legales o meramente administrativas no se les permitió entrar al país. En ningún caso las estadísticas hablan de “terroristas”.
En ese contexto, Carignano continuó: “Es delirante todo lo que dijo Milei. Tiene una gran confusión, lo que no sé es si es adrede para que no hablemos de que el modelo económico se cae a pedazos, o si realmente se cree sus propias mentiras. Como para él la inmigración o rechazar en la frontera es lo mismo que deportar terroristas, el rechazo del ingreso de una persona en la frontera para él debe ser lo mismo. Quizás por eso dijo esa burrada en televisión”.
En diálogo con Radio Futurock, la diputada nacional enumeró algunos ejemplos que pueden “inflar” el número de deportados: “Viene una persona con un documento falso: rechazo. Viene otra persona, le empiezan a hacer preguntas; no tiene boleto de regreso. ¿Falso turista? Rechazo. Viene un chino, le pedís la visa, no la tiene: rechazo. Todos esos son rechazos que se realizan todos los días en Migraciones y que engrosan el número. También aquellos presos extranjeros que cumplieron la mitad de la condena en la Argentina».
Insistió, por otro lado, en que existen definiciones de las Naciones Unidas sobre el terrorismo que no coinciden con el concepto de inmigrante ilegal. “El terrorista es aquella persona que infunde terror en la sociedad o que ha amenazado la vida de alguna persona por motivos políticos o ideológicos”, explicó.
“Sería un escándalo que no lo tuvo ningún país en el mundo. Aparte, si entraron, es un problema ya de seguridad nacional que estamos teniendo. El Presidente debería echar a [la ministra de Seguridad, Alejandra] Monteoliva, al de la SIDE (Cristian Auguadra), a todos, porque falló el sistema si entraron 30.000. Si se les pasaron todas estas personas y entraron, falló todo. ¿Qué pasó? Te falló todo, papu. Te falló la SIDE, toda la inteligencia para detectar que había grupos terroristas tratando de ingresar por tus fronteras. Entraron todos. Fuiste sumamente permeable», apuntó.
Sostuvo, en tanto, que en caso de que sean terroristas no se podrían deportar sin que primero intervenga la Justicia. “Tenés que hacer una denuncia, fundamentar por qué estás haciendo la denuncia. La Justicia tiene que investigar si efectivamente iba a cometer un acto terrorista. Después, esa persona tiene que ir presa; no la podés echar.
“¿Dónde están los 30.000 terroristas que vos encontraste que supuestamente venían a sabotear el plan económico? ¿Hiciste una denuncia? Imagino que sí, porque sos funcionario público y tenés la obligación de hacer una denuncia si sabés que alguien va a cometer un delito. Además, tenés que poner a la sociedad en resguardo; tenés que generar alarma. La población civil está en riesgo. ¿Contra el plan económico? Pero no es un lugar. El Ministerio de Economía, ponele», insistió Carignano.
En otro tramo de la entrevista, la extitular de Migraciones aseguró que Milei dice estas afirmaciones para distraer a la población sobre el plan económico y los últimos malos datos arrojados por el Indec sobre el aumento de la pobreza y la baja en la actividad económica. “Dudo que sea un hijo de puta o que esté loco. Tengo esa gran duda de que a lo mejor nos hace creer que es un demente y que todos nos reímos y decimos, ‘qué delirante’. Y la verdad que está haciendo un jueguito para poder ejercer el plan económico que tiene, que es un desastre. Entonces nos distrae con todas sus locuras. Yo no sé si finge demencia o es demente”, completó la diputada.
Dudas sobre la cifra
La versión del Presidente choca además con lo que dijo, hace un mes, el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, en el Congreso. Ante los legisladores que componen la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, Aguadra negó que se hubiese registrado alguna amenaza terrorista concreta sobre el país.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, presentó un pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones, por los dichos de Milei sobre la supuesta deportación de terroristas.
“El Presidente habló de 30.000 personas deportadas y las calificó de terroristas. Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026. Una afirmación de esta gravedad exige saber cuántas fueron efectivamente expulsadas, cuántas de ellas lo fueron por causales de terrorismo (art. 29, Ley 25.871), cuántas tienen imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet)”, dijo el diputado.
Ferraro precisó que había pedido que, en cada caso, se detalle si la calificación de terrorismo se hizo dentro del Repet y que el Gobierno explique qué información concreta la sustenta. “También solicitamos que informen si existen registros de extranjeros que ingresaron al país para ‘dinamitar el modelo argentino’, como sostuvo el Presidente, y qué denuncias se radicaron”, dijo Ferraro.
en LN+,pic.twitter.com/xSCeqgESDt,September 18, 2026,Javier Milei,SIDE,Conforme a
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