En un nuevo paso hacia la desregulación económica y la modernización del entramado corporativo argentino, la Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una reforma que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con el Estado. A través de la Resolución General 3/2026, el organismo eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos y digitalizó trámites que durante años fueron señalados por empresarios, estudios jurídicos y contadores como trabas innecesarias para hacer negocios en la Argentina.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia. Según la propia resolución, el objetivo no es «desregular por desregular», sino remover aquellas exigencias que ya no cumplían ninguna función útil de control o que generaban costos desproporcionados para las compañías.

La decisión impacta de lleno sobre la operatoria cotidiana de miles de sociedades comerciales. Desde reuniones societarias virtuales hasta la aceptación de cargos sin certificación notarial, pasando por nuevos mecanismos para renunciar a directorios bloqueados y la posibilidad de fijar domicilios electrónicos, la reforma apunta a acelerar procesos y reducir costos administrativos.

El diagnóstico de la IGJ: exceso de regulación y costos innecesarios

La resolución parte de una crítica estructural al esquema regulatorio previo. Hasta ahora, la IGJ se regía por la Resolución General 15/2024, un cuerpo normativo de 424 artículos, incluso más extenso que la propia Ley General de Sociedades, que cuenta con 369 artículos. Para el organismo, esa desproporción era el reflejo de décadas de acumulación normativa sin revisión crítica.

Según el diagnóstico oficial, ese modelo generaba fricciones operativas, encarecía trámites y terminaba funcionando como una barrera de acceso para la formalización empresarial. Por eso, la nueva RG 3/2026 derogó directamente varios artículos sin reemplazarlos por nuevas regulaciones, bajo el argumento de que ya no tenían utilidad práctica para el control estatal.

El cambio también introduce una lógica inédita en la elaboración normativa. Las reformas surgieron a partir de un proceso de Elaboración Participativa de Normas (EPN), habilitado previamente por la RG 2/2026, que permitió a cámaras empresariales, consejos profesionales y universidades acercar propuestas concretas de simplificación.

La idea, según explican desde el organismo, fue invertir el paradigma tradicional: en lugar de que la burocracia defina unilateralmente cómo deben operar las empresas, abrir la discusión a quienes usan el sistema todos los días.

Reuniones virtuales sin trabas: uno de los cambios más relevantes

Uno de los puntos más celebrados por el sector privado es la habilitación de reuniones a distancia por defecto. Hasta ahora, las asambleas o reuniones de directorio virtuales requerían previsiones estatutarias específicas o enfrentaban obstáculos burocráticos que demoraban decisiones empresariales.

Con la modificación del artículo 72, las reuniones remotas pasan a estar permitidas automáticamente, salvo que el estatuto social las prohíba expresamente. La norma exige ciertas garantías mínimas de transparencia: acceso libre de los participantes, comunicación simultánea y grabación digital de la reunión, que deberá conservarse durante cinco años.

Esa obligación, sin embargo, desaparece si el acta es firmada por todos los asistentes. En términos prácticos, la reforma consolida una dinámica que muchas empresas comenzaron a utilizar durante la pandemia, pero que todavía convivía con zonas grises regulatorias.

Fin de la certificación notarial obligatoria

Otro cambio fuerte impacta sobre las designaciones de administradores y directores. La reforma elimina la certificación notarial como regla general para aceptar cargos societarios.

A partir de ahora, la aceptación podrá surgir directamente del acta correspondiente, mediante una nota firmada digitalmente o incluso a través de la verificación del profesional dictaminante. Para empresas y estudios jurídicos, esto implica una reducción directa de tiempos y costos.

La modificación apunta a terminar con uno de los trámites más cuestionados por el sector privado: la necesidad de pasar por escribanía para validar actos societarios que, en la práctica, ya estaban documentados internamente.

Domicilio electrónico y digitalización de comunicaciones

La resolución también incorpora la posibilidad de constituir domicilio electrónico para administradores societarios, conforme al Código Civil y Comercial.

La medida busca agilizar notificaciones y adaptar la operatoria empresarial a esquemas de comunicación digital, reduciendo tiempos y formalidades presenciales.

Para especialistas en derecho corporativo, el cambio representa un paso más hacia la digitalización integral de la gestión societaria, en línea con modelos regulatorios utilizados en otros mercados.

Renuncias bloqueadas: la IGJ crea una salida

Uno de los problemas más sensibles dentro de las sociedades comerciales era el de directores o administradores que quedaban «atrapados» en sus cargos porque el órgano societario se negaba a tratar sus renuncias. Eso los mantenía expuestos a potenciales responsabilidades civiles o penales aun cuando ya no ejercían funciones efectivas.

La nueva normativa crea un mecanismo específico para destrabar esas situaciones. El administrador podrá intimar formalmente a la sociedad para que trate su renuncia en un plazo de cinco días hábiles. Si no obtiene respuesta, podrá acudir directamente a la IGJ.

En ese escenario, el organismo dará vista a la sociedad durante diez días y, si persiste el silencio o una respuesta evasiva, se considerará aceptada tácitamente la renuncia, habilitando su inscripción registral.

La medida busca resolver una problemática histórica que afectaba especialmente a sociedades con conflictos internos o directorios paralizados.

Garantías más flexibles y menos carga administrativa

La RG 3/2026 también flexibiliza el régimen de garantías que deben constituir los administradores societarios. El nuevo esquema consagra la «libertad de formas», permitiendo depósitos, seguros de caución, avales y otros mecanismos equivalentes.

Además, si la empresa cuenta con síndico, ya no será necesario que el dictaminante verifique la garantía ante la IGJ. Esa tarea quedará bajo control interno del órgano de fiscalización societaria.

En la práctica, la modificación reduce pasos administrativos y acelera las inscripciones.

Más herramientas para defenderse de la burocracia

La reforma también incorpora mecanismos específicos para que los ciudadanos y empresas puedan reaccionar frente a demoras u observaciones arbitrarias dentro del organismo.

El nuevo esquema habilita recusaciones de inspectores, revisiones jerárquicas y pedidos de pronto despacho cuando existan dilaciones injustificadas o criterios contradictorios. Incluso establece plazos concretos para responder y prevé que el silencio administrativo pueda interpretarse como denegatoria tácita, habilitando el acceso inmediato a la vía judicial.

Para el Gobierno, estas herramientas apuntan a equilibrar la relación entre el administrado y el aparato estatal.

El respaldo político y económico a la reforma

Las medidas fueron bien recibidas por distintos sectores económicos y profesionales. Uno de los funcionarios que celebró públicamente la resolución fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que las modificaciones introducen «sentido común» en la gestión societaria.

Desde el Gobierno sostienen que la reducción de exigencias formales puede mejorar el clima de negocios, disminuir costos de cumplimiento y facilitar la creación de empleo formal.

La IGJ, además, dejó abierta la consulta pública iniciada mediante la RG 2/2026, anticipando que el proceso de simplificación normativa continuará en los próximos meses.

Con esta reforma, la administración nacional busca enviar una señal clara al mercado: avanzar hacia un esquema regulatorio más liviano, digital y orientado a facilitar la actividad privada, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a mostrar desburocratización y eficiencia estatal como parte central de su programa económico.

La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó en marzo el 59,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representó una mejora frente al 54,4% registrado en el mismo mes del año pasado y también implicó una recuperación respecto de febrero de este año, cuando el indicador había marcado 54,6 por ciento.

De esa manera, el sector manufacturero volvió a ubicarse cerca del 60% de utilización de sus plantas, luego de un comienzo de año con niveles bajos de actividad y tras el registro de febrero, que había sido señalado como el más bajo para ese mes en 14 años. La mejora interanual de marzo cortó así una tendencia de debilidad que venía mostrando la industria, aunque los niveles de capacidad ociosa continúan siendo elevados en varias ramas de actividad.

El indicador elaborado por el Indec mide qué porcentaje de la capacidad productiva instalada utilizan efectivamente las fábricas. En términos prácticos, refleja cuánto de la infraestructura industrial disponible está en funcionamiento.

Durante marzo, los sectores con niveles de utilización superiores al promedio general fueron refinación del petróleo, con 86%; industrias metálicas básicas, con 73,3%; papel y cartón, con 70%; sustancias y productos químicos, con 69,5%; y productos alimenticios y bebidas, con 61,6 por ciento.

En cambio, continuaron por debajo del promedio productos minerales no metálicos, con 56,6%; edición e impresión, con 56%; productos del tabaco, con 52,7%; industria automotriz, con 49,6%; productos de caucho y plástico, con 41,3%; productos textiles, con 40,2%; y metalmecánica excepto automotores, con apenas 40 por ciento.

El dato de marzo mostró un cambio respecto de febrero, cuando la utilización de la capacidad instalada había sido de 54,6%, uno de los niveles más bajos de los últimos años para ese período. En marzo, el indicador avanzó más de cinco puntos porcentuales en la comparación mensual y quedó 5,4 puntos por encima del mismo mes de 2025.

El repunte se explicó principalmente por mejoras en sectores vinculados a la petroquímica, la siderurgia, los alimentos y la refinación de petróleo.

Uno de los mayores incrementos se observó en sustancias y productos químicos. El sector pasó de un nivel de utilización de 53,8% en marzo de 2025 a 69,5% este año. Según el Indec, la mejora estuvo relacionada con mayores niveles de elaboración de materias primas plásticas, caucho sintético y productos químicos básicos.

El organismo también recordó que en marzo del año pasado el polo petroquímico de Bahía Blanca había sido afectado por inundaciones que interrumpieron el suministro de gas natural a las principales plantas de la zona. Ese factor había impactado negativamente sobre la actividad del sector en 2025 y generó una base de comparación más baja.

Otro de los rubros que mostró una mejora importante fue industrias metálicas básicas. El sector alcanzó un uso de capacidad instalada de 73,3%, frente al 64,3% de marzo del año pasado. De acuerdo con los datos citados por el Indec, la producción de acero crudo registró un aumento interanual de 17,1 por ciento.

También se observó una mejora en alimentos y bebidas, que pasó de 57,6% a 61,6 por ciento. El informe oficial atribuyó ese crecimiento a una mayor molienda de oleaginosas y a una suba en la producción de bebidas.

La refinación del petróleo, por su parte, volvió a ubicarse como el sector con mayor utilización de capacidad instalada, con 86%. El año pasado había marcado 75,8 por ciento. El aumento respondió a un mayor procesamiento de petróleo crudo.

En productos minerales no metálicos, vinculados principalmente a la construcción, la utilización subió de 51,7% a 56,6%, impulsada por una mayor fabricación de cemento y otros materiales.

Pese a la recuperación general, varios rubros industriales continúan trabajando con altos niveles de capacidad ociosa.

La situación más baja volvió a registrarse en la metalmecánica excepto automotores, que utilizó apenas el 40% de su capacidad instalada. Fue uno de los pocos bloques industriales que mostró una caída interanual, ya que en marzo de 2025 había operado al 42,8 por ciento.

Según el organismo estadístico, la baja estuvo vinculada principalmente con menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. En esa línea, el índice de producción industrial manufacturero mostró caídas interanuales de 14,7% en maquinaria agropecuaria y de 16,2% en electrodomésticos.

Los productos textiles también continuaron entre los sectores con menor utilización de plantas, en medio de una profundiza crisis provocada en gran medida por el aumento de las importaciones. En relación al año pasado, que ya había arrojado números bajos, el uso de capacidad instalada retrocedió 0,8 puntos porcentuales en ese sector.

Más allá de la mejora de marzo, el uso de la capacidad instalada continúa lejos de los niveles que la industria había mostrado en años de mayor actividad.

El propio recorrido del indicador durante los últimos meses mostró fuertes oscilaciones. Tras cerrar diciembre de 2025 en 53,8%, el índice cayó a 53,6% en enero y apenas avanzó a 54,6% en febrero. La suba de marzo permitió recuperar parte de ese terreno perdido y volver a acercarse a los valores observados durante la segunda mitad del año pasado.

Sin embargo, los datos sectoriales reflejan que los rubros ligados al consumo durable, la industria textil y la metalmecánica siguen operando con menos de la mitad de su capacidad productiva.

El escenario productivo y laboral transita un momento de reconfiguración estructural profunda a lo largo y ancho del territorio nacional, que los expertos caracterizaron como la «Argentina a dos velocidades». Con esto refieren que hay sectores más dinámicos en cuanto actividad, como el de energía y miniería, pero que son los que menos mano de obra demandan, en tanto que los que representan mayores niveles de empleo formal, como el comercio y la industria, están frenados. 

Para entender esta dinámica, un reciente informe elaborado por Gerardo Alonso Schwarz, Economista Jefe del IERAL NEA de la Fundación Mediterránea, trazó el nuevo mapa de las inversiones en Argentina y analizó su impacto directo sobre el empleo y el desarrollo sectorial de cada región.

Anuncios como termómetro económico

De acuerdo con las conclusiones del estudio, la región de la Patagonia lidera el ranking absoluto de inversiones en el país con un total que alcanza los 12.284 millones de dólares. «En esta región, claramente se destacan las provincias de Neuquén y Río Negro a través de distintos proyectos de gran escala de shale oil y gas y de infraestructura asociados a los yacimientos de Vaca Muerta, consolidando a la región como destino de inversiones energéticas», dice el informe firmado por Schwarz.

Este flujo monumental de divisas hacia el sur del territorio se explica por la tracción innegable de los sectores energéticos y extractivos. Las inversiones de esta magnitud obligan a las empresas a requerir mano de obra de manera intensiva, lo que impacta de forma directa en el ecosistema laboral local y modifica rápidamente las condiciones de empleabilidad de los habitantes patagónicos.

Le sigue la región de Cuyo, con anuncios comunicados por empresas en esa zona por 10.146 millones de dólares. San Juan es la gran protagonista, gracias a la reactivación y expansión de la minería de cobre y oro. Mendoza complementa este flujo con inversiones en energía y la modernización de refinerías.

En cuanto al Noroeste Argentino, el documento subrayó el rol protagónico que asume la minería de litio y la extracción de otros minerales críticos. Hay 7.705 millones de dólares de inversión. Dentro del «triángulo del litio» Salta sobresale por varios proyectos productivos, aunque también se destaca la provincia de Catamarca por proyectos mineros, mientras que en Tucumán el motor de las inversiones es la agroindustria.

Al desplazar el análisis por el norte del mapa nacional, el informe detalló cómo cada provincia del Noreste Argentino adapta su perfil a sus propias capacidades operativas y ventajas naturales. Concentran en conjunto unos 2.658 millones de dólares de inversión comprometida. La provincia de Misiones, a modo de ejemplo, aporta a la cifra total nacional mediante la modernización de una planta de celulosa ya existente y la ejecución de proyectos turísticos de alta gama. Estos dos frentes resultan vitales para el mercado laboral misionero, ya que combinan el empleo industrial especializado con la demanda constante de servicios orientados a la hospitalidad.

Por su parte, las provincias de Chaco y Formosa exhiben un enfoque productivo marcadamente distinto. Ambas jurisdicciones concentran sus anuncios de inversión en el desarrollo de parques solares y en la instalación de plantas industriales de menor escala relativa. Estas iniciativas promueven la creación de empleos vinculados a la tecnología verde y a la manufactura liviana, diversificando la matriz laboral de la región.

Sin embargo, Alonso Schwarz planteó un diagnóstico claro respecto a este sector: la actividad en el norte requiere de políticas complementarias urgentes para fomentar el surgimiento de proveedores locales y de servicios anexos que logren ampliar la base laboral. Sin este ecosistema de soporte, el capital minero corre el riesgo de funcionar como una isla y de no generar un verdadero derrame de oportunidades sobre las comunidades aledañas.

La Región Centro, por su parte, se caracteriza por una alta diversificación de los proyectos de inversión, con una inversión total anunciada de 4.894 millones de dólares. En esta región la Provincia de Buenos Aires concentra los montos más altos del bloque, resaltando la producción de fertilizantes y la inversión siderúrgica. En paralelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) capta inversiones significativas en real estate y tecnología.

El impacto real en el empleo local y las cadenas de valor

Respecto del nivel de empleo que podrían generar estos proyectos, la Fundación Mediterránea relevó los siguientes datos: 

• Patagonia: 35.564 puestos proyectados (un solo proyecto de gas y petróleo en Neuquén estima la creación de 19.000 puestos de trabajo)
• Cuyo: 27.575 puestos proyectados (por el sector minero de San Juan y también la industria alimenticia en San Luis).
• NEA: 13.718 puestos proyectados (forestoindustria en Corrientes y una nueva planta de celulosa que estima crear 13.000 puestos de trabajo).
• NOA: 11.150 puestos proyectados (minería de litio y minerales críticos).
• Región Centro: 17.460 puestos proyectados mediante una gran varidad de industrias, que aplican desde servicios, energía, turismo, salud, industria de las comunicaciones, entre otros. 

El gran desafío que el informe de IERAL identificó es que la disparidad en la distribución de inversiones y su impacto en el empleo subraya la necesidad de políticas públicas que complementen los esquemas de incentivos nacionales. «Los datos muestran que las regiones con recursos estratégicos (principalmente energía y minería) han logrado capitalizar la mayor parte de las grandes inversiones, y a partir de este marco surgen desafíos de diferentes características según la estructura productiva y los recursos de cada provincia», describió Schwarz.

El análisis de la Fundación Mediterránea concluyó con una reflexión sobre las tareas pendientes que le esperan a la administración pública en este escenario de transformación. El investigador señaló que el nuevo contexto macroeconómico ya comenzó a cambiar el mapa productivo y de empleo a nivel nacional, y las proyecciones indican que en los próximos años el país verá una consolidación firme de esta tendencia inversora. Para que este ciclo económico logre su máximo potencial social, el documento remarcó que resulta absolutamente necesaria una articulación inteligente entre los tres niveles del Estado. Los gobiernos municipales, las gestiones provinciales y el Estado nacional enfrentan el deber de alinear sus incentivos normativos y fiscales para facilitar el despliegue de las inversiones y garantizar que cada proyecto radicado impulse el empleo genuino en cada rincón del país.