Finalmente se encendió la luz roja que más temía el gobierno: los números fiscales, base del programa económico de Javier Milei, tuvieron un punto de inflexión en marzo, cuando se produjo un regreso a los números en rojo, tanto a nivel primario -es decir, comparando ingresos y gastos corrientes- como en el plano financiero -o sea, descontando además el pago de intereses de la deuda-.

Este es, al menos, el alerta que surge del último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que mensualmente informa el resultado de las cuentas fiscales con una semana de antelación respecto de los datos que publica el ministerio de Economía.

Estos números de la OPC suelen ser considerados un predictor de las cifras oficiales, aunque no necesariamente haya coincidencia en las cifras. El reporte cubre la administración central -no todo el sector público- y se trata de cifras «base devengado» y no «base caja» -es decir, sobre los gastos hechos pero no necesariamente ya pagados-, lo que implica que en la versión final podría haber cambios.

Pero más que los números, lo relevante es «la historia» que cuentan las cuentas fiscales: que, luego de ocho meses consecutivos en los que se produjo una caída interanual real del ingreso por impuestos, y ante las dificultades para seguir aplicando la «motosierra» a un gasto público donde ya los recortes gruesos fueron realizados, el resultado fiscal va adelgazando peligrosamente.

Puesto en números, en marzo la OPC registró un ingreso corriente total por $11 billones, mientras los gastos ascendieron a $12 billones. Es decir, un resultado económico en rojo por $1 billón, que se reduce a $700.000 millones cuando se consideran ingresos por inversiones y transferencias de capital.

El resultado financiero, después del pago de intereses de la deuda pública, registra un déficit de $1,3 billones.

La vuelta del gasto público

Estos números marcan el ingreso a una zona peligrosa, en la que el gobierno pone en riesgo su meta fiscal para el año, consistente en un superávit primario de 2,2% del PBI, ampliando el logro del año pasado, cuando el saldo positivo fue del 1,4%.

Y las cifras son el resultado de una combinación letal: ingresos en caída junto con un gasto duro de recortar. De hecho, el renglón del gasto público ya está mostrando una suba en términos reales.

Uno de los rubros en los que el gobierno está «recomponiendo precios relativos», como el de las tarifas a los servicios públicos, fue, paradójicamente, uno de los que registró mayores costos por subsidios. En marzo, el aumento interanual por el subsidio estatal a la energía fue de 89% -hablando en plata, unos $400.000 millones-.

La OPC detalla que este gasto estuvo compuesto por transferencias a Cammesa -la empresa de propiedad mixta que provee en forma mayorista la energía al sistema nacional- para atender la brecha entre los costos y las tarifas de la generación eléctrica. Además, se registraron transferencias al Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas.

También volvieron a registrarse incrementos de gasto en el crucial rubro de jubilaciones y pensiones, que representa, por lejos, el principal rubro del presupuesto, con un 42% del total. En marzo, la erogación fue de $5,1 billones, lo que supone una suba real de 1,1% respecto del año pasado.

Y la perspectiva es que ese gasto continúe al alza, dada la disparada inflacionaria de los últimos meses. Las jubilaciones de marzo tomaron como referencia al IPC de enero, que fue del 2,9%. La misma cifra se aplicará en el pago de abril y, de acuerdo con las previsiones de las consultoras privadas, el número podría ser mayor aun para el pago de pasividades en mayo -que se ajustará según el IPC de marzo-.

Si a las jubilaciones se les suma el gasto por programas de asistencia social y pensiones no contributivas, entonces el gasto por prestaciones sociales saltó a $8,3 billones en marzo, lo que representa un incremento real de 1,6% interanual.

Como casi siempre, el mayor rubro que cumplió el rol de variable de ajuste, fue el de los salarios del personal estatal, también uno de los más voluminosos del presupuesto, con un 11% del gasto público total. En el mes, la masa salarial de los trabajadores públicos cayó un 0,7% real, lo que implica que en el primer trimestre del año acumula una caída de 5,8%.

No es de extrañar que uno de los sectores con mayor conflictividad sindical sea, precisamente, el de los gremios de los trabajadores del Estado, cuyo salario ha evolucionado por debajo de la inflación desde mediados del año pasado, según la estadística del Indec.

Esperando el rebote impositivo

Pese al mal resultado de marzo, cuando se considera el saldo fiscal del primer trimestre, los números siguen siendo positivos, de $6,8 billones a nivel primario y de $2,3 billones en el plano financiero.

La preocupación de los economistas es que, con una economía que todavía no da señales de recuperación plena, no hay optimismo sobre una mejora drástica en el ingreso.

Con apenas un aumento nominal de 26,2%, la recaudación tributaria tuvo una caída interanual de 4,5% -asumiendo que el IPC de marzo rondará el 3% y la inflación anual acumulada será de un 32,2%-. Esto hace que marzo haya tenido una de las peores performances en cuanto a ingreso fiscal, y ponga mayor presión al gobierno para acentuar la «motosierra» sobre el gasto público, de manera de no poner en riesgo el superávit primario.

El ítem más llamativo de la recaudación de marzo es el ligado al comercio exterior. Con apenas $503.000 millones -apenas un 3% en la «torta» de la recaudación-, las retenciones hicieron un aporte muy exiguo. En la comparación interanual es un desplome de 35%, algo que se explica por el boom exportador que se registró un año atrás luego de la rebaja temporaria del impuesto al agro.

Es así que, pese al optimismo por los buenos volúmenes logrados en la cosecha -y el pronóstico de Toto Caputo sobre un ingreso exportador de u$s42.000 millones por aporte del campo-, todavía no se refleja un cambio positivo en la caja de ARCA.

Lo que parece seguro es que, pese a las críticas por los incrementos en los costos de los insumos -derivados del petróleo-, el campo no tendrá este año otra ayuda de un «tax holiday». Los números fiscales están demasiado ajustados como para que Caputo pueda darse el lujo de prescindir de las retenciones.

Sobre todo, cuando acaba de verse obligado a posponer la actualización del impuesto a los combustibles, con el objetivo de no acentuar el malhumor social tras la suba de precios en las estaciones de servicio.

Con una suba real de 35%, el impuesto a los combustibles se ha transformado en uno de los puntales de la recaudación, al punto que ya resulta más importante que los derechos de exportación y los aranceles de importación.

Motosierra cerca del límite

Pero las preocupaciones no se limitan a los ingresos, sino también al rendimiento decreciente de la «motosierra». Los economistas que analizan las cuentas fiscales afirman que el primer año todo se facilitó por la «licuación inflacionaria» de las jubilaciones y por el freno en la obra pública. Pero que, a partir de allí, se ingresa en una etapa en la que la mayor parte del gasto es rígido.

Aun así, empiezan a surgir visiones escépticas sobre que se pueda sostener el superávit únicamente con las subas de tarifas, y será necesario un avance en las reformas de tipo estructural, con mayor recorte en la nómina de empleados estatales. Lo que ven los economistas es que cada vez se necesita un esfuerzo mayor en el recorte, para obtener una mejora marginal en las cuentas.