POLITICA
Adorni, el costo infinito de “ganar tiempo”, el peloteo con el Congreso y el fin a la espera de Milei
El caso de Manuel Adorni inició la semana dominando la disputa en el Congreso y todo indica que la termina con un desenlace esperable después de tres meses y medio corrosivos para el Gobierno. Agrega así una pincelada de necedad al último esfuerzo oficialista para darle un mínimo de aire al funcionario. La movida libertaria para retardar el trámite de interpelación al jefe de Gabinete -en Diputados y en el Senado- reavivó internas, hizo crujir la relación con aliados, siguió postergando proyectos el Ejecutivo y redujo el objetivo de “ganar tiempo” a unos pocos días. En términos prácticos: más que ganar tiempo, pagar políticamente en continuado. Un costo infinito, no sólo político, que habría terminado de convencer a Olivos de la necesidad de buscar un cierre. Es lo que se espera formalmente para el regreso de Javier Milei, desde España.
Parece contradictorio pero resulta una postal del mileismo. Apenas unas horas después de las jugadas en las dos cámaras del Congreso, el clima volvió a tornarse irrespirable en el interior del oficialismo. Y las versiones sobre la salida de Adorni crecieron vertiginosamente hasta transformarse en afirmaciones desde la estructura del Gobierno y en medios legislativos. ¿Había ocurrido algo extraño? Sólo se sumaba algún dato de la investigación judicial y se afirmaba la perspectiva de no poder frenar la semana próxima el tema de la interpelación. Novedoso sí fue el registro de Olivos, y un cruce realista entre el agotamiento de la defensa sostenida por Karina Milei y la posición, cuidada, de Santiago Caputo.
Con todo, y en una noche de viernes marcada sin vueltas por trascendidos sobre el posible reemplazo de Adorni, quedaba algún resquicio de duda o recelo asociado a las “características” de Milei: la obcecación y cerrazón presidencial para sostener decisiones, expresadas como algo más que estallidos de malhumor o “emocionalidad importante”. Se verá. Pero como mecánica de poder, alimenta el ejercicio de verticalidad a cargo de Karina Milei. Se espera ahora el desenlace a cargo del Presidente, del mismo modo que era acatada -en muchos casos, a disgusto- la orden de cerrar filas con Adorni y operar como si se tratara de aprobar una ley vital para el Gobierno: presión sobre aliados, tratativas con Gobernadores para alinear votos.
Lo dicho: las jugadas consumieron el martes y el miércoles en la Cámara de Diputados y concluyeron el jueves en el Senado, apenas unas horas antes de que el oficialismo hiciera circular intensamente que la suerte del jefe de Gabinete estaba echada. Y que el Presidente lo resolvería a su regreso de España. Las especulaciones variaban únicamente por cuestión de horas. Algunos hablaban de este sábado, tal vez poco antes del último partido de la Selección en la fase de grupos. Otros se inclinaban por el domingo.
Los comentarios sobre funcionarios que podrían ocupar la jefatura de ministros corrieron desde la mañana del viernes con cierta soltura, aunque, según el caso, con cuidados frente a los rumores de la caída de alguno de ellos por el malestar de Olivos ante la divulgación propia. Diego Santilli, Pablo Quirno, Sandra Pettovello y hasta Federico Sturzenegger sonaban anoche, en ese orden, como candidatos. El ministro del Interior sobresalía como opción más sólida, ficha de equilibrio doméstico y relaciones políticas fuera del ámbito libertario.
En estas horas, si hacía falta, Milei pudo comprobar personalmente el efecto dominante del caso Adorni en el temario público, registro ineludible del daño en continuado, político y social. En España, con agenda personal, el título lo puso su declaración sobre el jefe de Gabinete. “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”, dijo, y agregó que cree en la “honestidad” del funcionario, además de avalar la increíble declaración jurada presentada después de meses exposición.
La declaración del Presidente a un medio español generó una interpretación dual. El hecho de condicionar su actitud a lo que finalmente resuelva la Justica podría ser considerada como la repetición de un viejo recurso político para seguir sosteniendo al funcionario. Se sabe que esos son tiempos que suelen superar por mucho a la coyuntura. Pero al mismo tiempo, desde el propio oficialismo prefirieron volcarse por la lectura como advertencia de final de etapa. Eso fue marcado, en definitiva, por el clima interno.
Y en ese clima, asoma menor la especulación sobre si la salida sería una decisión íntima de Adorni, contenida hasta ahora por indicación de Olivos, o si el jefe de Gabinete se aferraba al cargo, frente al caso judicial, y estaría siendo forzado ahora por Milei, y su hermana, como inevitable recurso para tratar de frenar el deterioro violeta. Resulta claro que hace rato venía perdiendo apoyos de colegas del Gabinete y legisladores, salvo decidida presión de Olivos.
Juegan también variados elementos en la trama del Congreso. Después de cruces y tensiones -con internas a la vista y costos de aliados, que dejaron advertencias de último gesto de apoyo-, el panorama volvía a ser negativo para el oficialismo. Quedaron agendadas reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados y en el Senado -martes y miércoles- y el cálculo en filas de la oposición y de LLA anticipaba que avanzaría la interpelación, con destino de moción de censura.
En ese cuadro, pesan sobre todo los trazos de aliados en la Cámara baja. El PRO, el bloque oficial de la UCR, provinciales y peronistas que juegan con sus gobernadores quedaron afectados por el costo de haber bloqueado la iniciativa de la oposición dura para poner en marcha el trámite de la interpelación. El argumento fue que habían conseguido la convocatoria a comisión, pero eso resultó insostenible frente a la calificación de “blindaje” de Adorni desde la otra vereda.
Como sea, el PRO y la UCR transmitieron otro mensaje en el Senado. Y además, en Diputados, hicieron saber que no darían otro crédito en la cita de comisión. En otras palabras, lo que se perfiló rápidamente es que “ganar tiempo” se reducía a unos días, porque en un par de semanas el tema podía volver al recinto de las dos alas del Congreso.
Otro factor, nada desdeñable, fue el mensaje de Esteban Bullrich. Al anunciar su renuncia partidaria y marcar un límite moral, pegó en el interior del PRO y también entre algunos legisladores radicales. Difícil sostener el juego. Son probables los lamentos en las horas dominadas por las versiones sobre el recambio en la Jefatura de Gabinete.
Todo lo ocurrido en el Congreso viene cargado de tensiones y, especialmente en el Senado, por recelos internos -por los movimientos de Patricia Bullrich y de Victoria Villarruel-, junto a sospechas sobre puntos de contacto con el peronismo, por conveniencias propias. La caída de la última sesión fue leída también con ese cristal, además de postergar otra vez un proyecto del Ejecutivo, en este caso la inviolabilidad de la propiedad privada.
Pero como cuestión de fondo emerge el peloteo entre el Gobierno y el Congreso, en especial entre Olivos y aliados y dialoguistas. El punto fue siempre quién se hacía cargo de resolver el fin de Adorni como funcionario. Más allá de los dichos públicos o por la vía de voceros formales e informales, hasta socios de LLA señalaban que el Gobierno quería sacarse de encima el problema y acusar después de golpistas a los legisladores. Como sea, fue anotada una nueva paradoja: la decisión de retardar la interpelación puso otra vez la resolución del tema en terreno de Olivos. Se verá en estas horas cómo lo procesa Milei.
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La diputada radical Agostina Villaggi denunció al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa por presunto adoctrinamiento político en escuelas primarias de la provincia. La legisladora presentó un reclamo ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación y difundió un video con detalles de la situación en su cuenta oficial de Instagram.
Villaggi detalló que en el Colegio Don Bosco, ubicado en la ciudad de Formosa, a estudiantes de cuarto grado se les imparte el denominado “modelo formoseño” en el área de Ciencias Sociales.
“Es una política pública que la instaló el gobernador Insfrán a partir de materiales didácticos de la provincia, donde su asunción en 1995 como gobernador aparece como un hito histórico, sin repasar la historia previa u otros gobernadores en el cargo”, sostuvo hoy la legisladora, en declaraciones a radio Mitre. “Este texto en particular no tiene que ver con nuestra geografía, flora y fauna. Parece un balance de gestión de repertorio de datos que no condicen con la realidad”, agregó.
Según Villaggi, se trata de actividades pedagógicas en la que se “le piden a los niños que no se instala el pensamiento crítico”. “Les preguntan: ¿desde que año empiezan las transformaciones en Formosa? Dos minutos antes, les dijeron desde el año 1995, momento que Insfrán asume la gobernación«, remarcó.
En el video, la diputada afirmó que “se les está diciendo a niños de entre 9 y 10 años que durante la gestión actual del gobernador en Formosa se hicieron escuelas, hospitales, rutas, acceso a agua potable, además se les pide que hagan una valoración del modelo formoseño”.
Villaggi, quien había sufrido un episodio de violencia de una patota de mujeres el año pasado durante una actividad de campaña, calificó esta práctica como “un claro caso de adoctrinamiento político” y afirmó que “se está instalando en la conciencia de niños de la escuela primaria una ideología política, algo que está prohibido por la Constitución Nacional y por la ley nacional de Educación”.
Tras la visibilización del planteo, Villaggi recibió el apoyo de Lucy Aguayo, docente y convencional constituyente mandato cumplido por la UCR, quien manifestó que el diseño curricular provincial no obliga a impartir proyectos de gobierno específicos. Aguayo expresó su preocupación por la posibilidad de una orientación partidaria en el ámbito educativo, que podría ir en contra de la Constitución de Formosa.
La exintegrante de la Junta de Clasificación aclaró que no puede asegurar que la práctica denunciada por la diputada alcance a todo el sistema educativo provincial y diferenció la enseñanza de la historia local de la exaltación de una gestión en particular.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la documentación presentada por Villaggi será incorporada al expediente correspondiente, junto con materiales y testimonios recogidos de docentes y autoridades educativas.
Respuesta del gobierno de Gildo Insfrán
En respuesta a la denuncia, Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria de Formosa, aseguró en declaraciones a AGENFOR que “la enseñanza de las transformaciones territoriales, económicas y sociales de la provincia no responde a un mero eslogan partidario, sino a los preceptos consagrados en la propia Constitución Provincial, recientemente sancionada”.
Meza criticó a la oposición por, según él, solicitar “censura” bajo el argumento de defender la libertad y sostuvo que “quieren borrar de los libros la historia reciente de la provincia porque contradice el relato centralista que ellos defienden”.
El funcionario provincial argumentó que “enseñar lo que fuimos, lo que somos y lo que construimos juntos en Formosa es un acto de soberanía cultural, memoria y orgullo provincial”.
En marzo, se conoció otra situación de uso partidario de las escuelas en Formosa, cuando el gobernador Insfrán se hizo entrevistar por alumnos durante la inauguración de una escuela EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”. Los chicos solo se dedicaron a elogiar su gestión en una muy cuestionada puesta en escena, como parte de un programa radial que hacen los niños en el marco de sus tareas educativas.
“¿Sabés quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?“, fue uno de los pasajes comentados por los chicos. “Claro, nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más”, respondió otro de los niños.
El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, aprobó esta madrugada y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar el capítulo que modifica la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.
Así, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.
Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos.
Los cambios en materia de desalojos regirán en la Ciudad de Buenos Aires y en los predios que sean de jurisdicción nacional, que se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El proyecto quedó reducido a tan solo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta del Gobierno al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres”.
“Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, opinó Monteverde. “Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia, no con la de los demás”, remató el senador oficialista en dirección al bloque kirchnerista.
A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.
Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.
También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.
Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.
Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.
Este capítulo del proyecto fue duramente cuestionado por el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien denunció que los cambios tienen el objetivo de “restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar bienes necesarios para el bien común”.
“También quieren que las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino, al incluir el pago de lucro cesante y a también, además del valor real del bien, se paguen las ganancias hipotéticas y futuras”, agregó.
También se incluyó una cláusula que facilita la regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.
el polémico capítulo,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
POLITICA
El Gobierno porteño aseguró que arreglar los destrozos en el Congreso costará $468 millones
Después de los graves incidentes ocurridos anoche en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que arreglar los destrozos costará $468 millones.
El Gobierno porteño tuvo que desplegar un operativo especial para restaurar la zona durante la madrugada con trabajos de limpieza y reparación que ya concluyeron.
Entre los principales destrozos se registraron contenedores quemados, veredas rotas y tres patrulleros vandalizados: dos autos y una camioneta.
Cómo se distribuyen los costos de los daños
El Gobierno porteño detalló el desglose de los gastos necesarios para devolver la zona a su estado original. El rubro más costoso fue la reparación del pasto, que demandó $270 millones.
La reposición de cestos y contenedores incendiados o vandalizados, junto con el servicio adicional de limpieza, sumó $130 millones.
Por su parte, el arreglo del equipamiento urbano implicó otros $38 millones, mientras que la reposición de plantas requirió $30 millones.
El operativo de limpieza y los daños a vehículos policiales
A pesar de la magnitud de los destrozos, la Ciudad logró limpiar la zona en pocas horas. Los equipos de limpieza trabajaron durante la madrugada para retirar escombros y reparar los daños más urgentes.
Además de los daños en el espacio público, los incidentes dejaron vidrios rotos en dos patrulleros y una camioneta policial, lo que sumó más complicaciones al operativo de recuperación.
La marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes y al menos 26 detenidos
La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada escaló a un fuerte enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes que se extendió durante varias horas desde las 17 y siguió hasta pasadas las 21. Se contabilizaban al menos 26 detenidos y cinco heridos, entre ellos policías.
Todo comenzó al borde de las vallas instaladas en las inmediaciones del Palacio Legislativo sobre la avenida Entre Ríos. Tras unas primeras horas de marcha pacífica, la policía lanzó gases y camiones hidrantes contra manifestantes que buscaban tirar las vallas.
La tensión creció con el correr de las horas y hacia la noche, gran parte de la movilización ya se había desconcentrado en la plaza, pero la Prefectura, la Infantería y la Policía de la Ciudad avanzaban desde el Parlamento hasta la avenida 9 de Julio.
Los incidentes comenzaron recién alrededor de las 17, cuando varios manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos. También se vio a manifestantes romper baldosas, bancos y veredas de la plaza para tirarles escombros a las fuerzas federales. Hubo al menos nueve detenidos, según un reporte policial de las 21.
Seguridad desplegó la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura en el marco del protocolo antipiquetes, que desde temprano se limitó solo a restringir la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
Las fuerzas desconcentraron la manifestación hacia la avenida 9 de Julio. También se desplegaron efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegó a apostar un camión hidrante sobre las vías del metrobus.
Según se informó desde el gobierno de Jorge Macri, una oficial de la policía de la Ciudad resultó herida “con traumatismo en un codo por un piedrazo”. Los efectivos porteños intervinieron para repeler manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Los grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas. Y rompieron los vidrios de un patrullero”, se informó.
Congreso, Incidentes, gobierno de la Ciudad
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