POLITICA
El “vocero amable” de Milei: el plan de Ravier para curar las heridas que deja Adorni
Primero, incomodidad. Enseguida, indignación. Y, finalmente, enojo entre los que habían aceptado exponerse a una foto que no querían. Manuel Adorni estaba en su oficina de Casa Rosada rodeado por un grupo de senadores libertarios convocados para escuchar de primera mano sus justificaciones patrimoniales y, de paso, medir quién estaba dispuesto a bancarlo en medio del peor momento político de su carrera. No era una reunión cualquiera: en las dos cámaras del Congreso crecía la amenaza de una interpelación con moción de censura y posible remoción. Fue entonces cuando, forzando una sonrisa de ocasión y sin perder su habitual tono socarrón, el funcionario más cuestionado del país lanzó una frase tan brutal como desafiante:
-La verdad, me arrepiento de no haber evadido más.
La sentencia venía acompañada de una explicación más larga que en ocasiones suele usar el propio Javier Milei: que los argentinos tienen “400.000 millones de dólares en los colchones” y que su “único pecado” fue no declarar lo que había juntado “antes de ingresar a la función pública”.
Ninguno de los interlocutores niega el espíritu de la escena, pero todos compartieron la misma evaluación general: “Este tipo está loco”, se dijeron al salir del palacio gubernamental. La anécdota no es un chisme de pasillo; es una postal que condensa mejor que cualquier comunicado lo lastimado que quedó el “método Adorni” después de cien días de escándalo y la dimensión del desafío que heredó Adrián Ravier incluso antes de pararse en el atril de la Vocería presidencial.
A pocos metros del escenario donde se producían esas confesiones, el economista pampeano afinaba los detalles de su debut ante los micrófonos y corregía el posteo en redes sociales con el que iba a anunciar sus primeros pasos. “Estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige. Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva”, tipeó.
El contraste no podía ser más marcado: mientras su jefe esbozaba otra frase para el olvido, él prometía ante la sociedad un estilo que su antecesor nunca tuvo. Es que el portavoz no llega solo a reemplazar una cara. Llega para sepultar un método. O, como admiten sin demasiada poesía en despachos oficiales, a probar si todavía es posible difundir los méritos del gobierno libertario sin que cada exposición termine convertida en un tribunal popular o un ring de boxeo. El diagnóstico es claro: en Balcarce 50 ya nadie puede pronunciar la palabra “gestión” sin que aparezcan los pormenores del affaire del ministro coordinador.
“Hacia afuera, Milei polariza y putea porque él es así. Hacia adentro, quiere cambiar la dinámica y por eso eligió a Adrián y no a otro”, resume un integrante de La Libertad Avanza que conoce los movimientos de las últimas horas. La definición parece sencilla, pero es bastante más profunda de lo que suena: si el primer mandatario hubiese querido más combustión, tenía a mano una cantera infinita de libertarios con vocación de motosierra verbal, tuiteros con sobredosis de épica, influencers de mandíbula floja y cruzados digitales listos para gritar que la casta política, empresarial, judicial y mediática no merece oxígeno. “No es que fueron a buscar al Gordo Dan o a algún fan reaccionario. Seleccionó a un académico de modales previsibles con el que tiene un vínculo ideológico fuerte”, agrega la fuente. Y destaca una promesa inicial que, dentro del ecosistema violeta, suena casi revolucionaria: escuchar, responder, ordenar y no escupir para arriba ni chicanear por deporte.
En la Rosada describen la llegada de Ravier como parte de un “lavado de cara” comunicacional, aunque esa expresión tenga una pizca de confesión involuntaria: para lavarla primero hay que admitir que está sucia. En el corazón del Gobierno están convencidos de que la caída de imagen de Milei en los últimos meses no se explica solamente por el caso Adorni, por la sospecha de enriquecimiento ilícito, por las rectificaciones de su declaración jurada o por el desgaste de haber convertido la austeridad en un sermón que terminó rebotando contra sus propias paredes. Confiesan, asimismo, que la estrategia para enfrentar la crisis fue “horrenda”. Y que hay un modelo que se agotó. “Lo que hicimos nos sirvió durante dos años, que no es poca cosa en semejante batalla cultural que estamos librando, pero hay que reconocer que hace seis meses que ya no sirve más”, sostiene, con notable autocrítica, un miembro clave de la Mesa Política.
Otro integrante de ese órgano informal se sincera todavía más entre el trajín de su apretada agenda: “La pregunta no es solo quién es Ravier. La pregunta es qué viene a hacer Ravier. Y, más particularmente, cuánto lo vamos a dejar hacer”. El primer acercamiento a una respuesta a esa duda trascendental apareció este viernes en la presentación del portavoz ante los comunicadores acreditados, cercenados como nunca antes en sus movimientos por los pasillos del poder: con un breve monólogo escrito que todavía no permitió preguntas, delineó una hoja de ruta que buscó contrastar con la etapa anterior sin dinamitarla de manera explícita. Y si bien plantó bandera (”Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública”), también se mostró abierto a un cambio de clima institucional (“Voy a hacer de la Sala de Prensa un lugar de respeto y apertura al debate de ideas”).
Sin embargo, lo más disruptivo de los primeros pasos de Adrián Ravier en su nueva función llegó sobre el final de su alocución, transmitida en vivo por YouTube desde el Salón Héroes de Malvinas: “Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país”, leyó, consciente de que esa combinación de palabras es una bandera blanca que no flameaba desde el 10 de diciembre de 2023. ¿Adiós para siempre al lema “No odiamos lo suficiente”? En su entorno contestan sin titubear pese a lo delicado del asunto: “En la superficie puede seguir habiendo NONSALP, pero hacia abajo no. No es nuestra onda”. Traducción para no iniciados: Milei probablemente seguirá siendo Milei, con sus posteos furiosos y sus enemigos de turno, pero esa oficina buscará dejar de funcionar como una “máquina de maltratar” para convertirse en “un dispositivo de comunicación eficiente”. De hecho, como muestra de buena voluntad, juran estar pensando en la posibilidad de dar una conferencia de prensa por semana: tono firme, formas moderadas, hincapié en las “buenas noticias” y “menos tire y afloje”. Todo esto representará, si se cumple, un giro copernicano en la Argentina libertaria de 2026.
“Se te agrandó el aula, Adrián”, le dijo una alumna a Ravier después de conocida la noticia de su designación. Como una metáfora útil, él la repitió con gracia a quien quisiera oírla. “El problema es que ahora el aula tiene ministros, opositores, cámaras, discusiones feroces y un jefe investigado”, se ríe uno de sus colaboradores.
El apellido Adorni instaló en el debate público una sensibilidad inédita sobre el patrimonio de los funcionarios. Ravier lo sabe. Presentó su primera DDJJ ante la Oficina Anticorrupción el 5 de enero, menos de un mes después de haber asumido como diputado de La Libertad Avanza y un par de meses antes de que los dólares de su antecesor comenzaran a convertirse en la novela de terror político del año. La fotografía de sus bienes suma $263.078.084, unos U$S 175.000 a la cotización actual de $1500. “Sin excentricidades con cascadas en piletas climatizadas, o viajes en vuelos privados, o criptoactivos de origen incierto”, ironiza un dirigente de La Pampa que lo conoce de toda la vida.
Un aspecto palaciego para seguir de cerca: en la reorganización del área de comunicación también se esconde una de las peleas internas más ruidosas del Gobierno. Aunque el desembarco de Ravier “fue todo de Javier”, según cuentan cerca del primer mandatario, el deslucido Triángulo de Hierro puja por no perder terreno: Karina Milei quiere preservar la estructura que orbita en torno a Adorni y a los Menem; Santiago Caputo, con sus credenciales de consultor a cuestas, resiste ante la sospecha de perder terreno en el esquema. Por eso, personas con acceso a la Quinta de Olivos confirman que “se pensó en serio” que la flamante Vocería y la nueva Secretaría de Comunicación y Prensa a cargo de Fabián Fernández tuvieran independencia en el organigrama estatal. El decreto con las designaciones y los puntos que quedan por resolver se van a conocer en el Boletín Oficial recién en las primeras horas de la próxima semana al regreso del sexto viaje del Presidente a España.
Un apunte sobre Fernández, que viene de seguir a sol y sombra a Horacio Marín en YPF y de coordinar la pauta publicitaria del gigante petrolero: no va a dar notas, no va a aparecer públicamente y, quizás lo que más llama la atención, ni siquiera tiene abiertas sus redes sociales.
A propósito de las rencillas entre “El Jefe” y el “Mago del Kremlin”, a nadie en el oficialismo se le escapó el hecho de que la primera aparición pública conjunta de Milei y su renovado vocero haya sido en un evento de la Fundación Faro, el centro de estudios liderado por Agustín Laje y territorio de influencia de Caputo. La visita se gestó justo después de que la Inspección General de Justicia, conducida por un hombre de Karina, intimara a sus representantes a presentar información sobre el origen de casi $5.000 millones en aportes declarados solo durante el ejercicio contable 2024. “Fue un movimiento del tablero que en el caputismo se sintió como una señal de advertencia. Llevar a Adrián a esa gala fue, en ese contexto, una forma de descomprimir”, admiten los que estuvieron al tanto de esta decisión al parecer inocente.
Por más que aún no asumió formalmente, Ravier y su equipo chico quieren centralizar la comunicación violeta: de esta manera, todas las carteras deberán enviar sus novedades a Vocería y esperar que esa oficina evalúe cómo y cuándo se difundirá lo que tienen para decir. “No es que pesos pesados como Toto Caputo o Federico Strurzenegger van a tener que pedirnos permiso para hablar, pero necesitamos centralizar y darle prolijidad a este lío”, adelantan.
Cuando el martes a las 11 se enfrente a su primera conferencia, Adrián Ravier querrá hablar de estabilidad macroeconómica, superávit fiscal, baja en el Riesgo País, desaceleración inflacionaria, mejoramiento en una actividad que sigue corriendo a dos velocidades y posibles reformas para el futuro cercano. Pero la primera pregunta seria será, inevitablemente, sobre Manuel Adorni. En su equipo lo saben y ya tenían preparada la respuesta: que el jefe de Gabinete dio sus explicaciones, que presentó sus papeles y que todo lo demás es un show político del Congreso. La fórmula podía servir para atravesar ese contacto con la prensa. Difícilmente alcanzaba para clausurar el problema. “Manuel era tóxico. Si nos tocaba defenderlo, íbamos a bancar la parada”, se resignan, hablando en tiempo pasado, los que ya venían hartos del caso en el Gobierno.
Adorni, mientras tanto, siguió siendo hasta el final de la semana el centro de gravedad del mundo político en Argentina y el libertario de mayor rango sentado en el banquillo de los acusados. El Presidente lo respaldó hasta último momento en público y en privado: en Madrid declaró que si la Justicia lo considera culpable lo eyecta “de una patada”, pero que hasta entonces cree en su honestidad. No alcanza: aunque parecía que iba a estar blindado eternamente, el Congreso lo venía queriendo afuera gracias al mecanismo que prevé el Artículo 101 de la Constitución reformada en 1994. De “brazos caídos” y con “convicción cero”, como define un legislador libertario, fueron jornadas en las que los tecnicismos reglamentarios del parlamento escondieron una vez más la incomodidad del oficialismo con el expediente Adorni. ¿Cómo se encaminó la negociación entre todas las facciones? Si se avanzaba con la interpelación, el número mágico se alcanzaría con dos tercios: en el Senado, 48 votos de 72 totales en caso de asistencia perfecta; en Diputados, 171 sobre 257. Son guarismos más elevados en comparación con los que buscan quienes defienden la mayoría absoluta, que se alcanza con la mitad más uno de los presentes. Todos estuvieron haciendo cuentas y no querían exponerse a derrotas prematuras, como pasó en las últimas sesiones de ambas cámaras.
El vínculo entre Patricia Bullrich y el ahora ex portavoz presidencial merece un nuevo capítulo aparte. La jefa de bloque en el Senado empujó para suspender el informe de gestión que Adorni tenía previsto dar el 2 de julio en el recinto con una explicación que sonó más a sincericidio que a comunicado institucional: no tenía sentido hacerlo ir para que lo tuvieran ocho horas castigándolo en público o, peor, dejarlo solo y abandonado si la oposición decidía vaciar la sesión. Ante la difusión de la movida, el propio jefe de Gabinete publicó en X que estaba a disposición para presentarse ese día. En la Rosada juraron que no hubo descoordinación. En el Palacio Legislativo, Patricia puteaba a viva voz.
Sea como sea, todos en LLA saben que esta debilidad existencial alrededor de Manuel Adorni tiene frenados proyectos clave como la reforma electoral que podría eliminar o suspender las PASO y así allanar el camino de Milei a una reelección en 2027. Y atención: están freezados también los pliegos que tienen en vilo al ministro Juan Bautista Mahiques y que podrían reconfigurar el reparto de poder en la Justicia.
Así las cosas, los rumores de que “estos sí son los últimos días de Adorni en la gestión” continuaban arreciando hasta este viernes de forma permanente. “No sobrevive al Mundial”, “se quedó sin vida” o “hasta acá llegó” son algunas de las lacónicas expresiones que salen de la boca de funcionarios bien informados.
En paralelo, el partido fundado por Mauricio Macri también quedó atravesado por su propia crisis de identidad. Por un lado, Cristian Ritondo, que comanda la tropa en la Cámara Baja, es tildado de “colaboracionista” por algunos de sus correligionarios por su postura tendiente a estirar los tiempos legislativos. “No iba a hacer nada que lastime el principio de acuerdo que hay con La Libertad Avanza para construir una alianza amplia que entronice a Diego Santilli como candidato a suceder a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires”, revelan los que lo trataron durante las negociaciones por Adorni. Del otro lado, Martín Goerling Lara, el titular del bloque amarillo en la Cámara Alta, encabeza el ala combativa y hasta presentó un proyecto para que el investigado por la Justicia Federal brinde explicaciones sobre la evolución de su patrimonio, las omisiones, las inconsistencias y las falsedades reconocidas.
La renuncia de Esteban Bullrich al PRO terminó de darle un marco moral a las contradicciones amarillas. En su inesperada carta abierta, sostuvo que la protección brindada a Adorni fue el hecho que terminó de evidenciar la distancia entre los valores fundacionales del partido y sus decisiones actuales. Fernando de Andreis, mano derecha del ex presidente de la Nación, le respondió con dolor y desacuerdo, pero el golpe ya estaba dado. El “Adornigate”, que nació como una controversia patrimonial libertaria, empezó a funcionar también como espejo incómodo para los socios del cambio.
Del otro lado de la grieta, el peronismo tampoco ofrece una postal de fortaleza. Máximo Kirchner volvió a cruzar a Axel Kicillof con una frase venenosa sobre quienes “hablan de unidad” pero “ni siquiera son capaces de ir a ver” a Cristina en su detención domiciliaria. Más directos todavía fueron los dardos a la gestión provincial por parte del senador K Mario Ishii, que en la primera sesión del año escupió una acusación letal mirando a los ojos a la axelista Verónica Magario con fotos de la provincia en la mano: “El conurbano se está incendiando”. La batalla no escaló porque la orden del gobernador fue no responder, pero cerca suyo dan por descontada una “realidad dramática”: están seguros que “CFK y La Cámpora preferirían que Milei gane en 2027” antes que ver a su ex ministro de Economía llegar a la Casa Rosada.
Cuando se enojan, así sea en privado, en La Plata ponen sobre la mesa munición pesada: recuerdan que Martín Insaurralde “es de ellos” y que “se tienen que hacer cargo”. Los videos con millones de dólares en efectivo en un guardarropa de lujo y el regreso del ex intendente de Lomas de Zamora a la escena judicial tuvieron impacto masivo, golpearon al peronismo bonaerense y reactivaron la causa por presunto lavado y enriquecimiento ilícito. Increíble pero real: el expediente cumple tres años sin que el hombre que se viralizó disfrutando en el yate “El Bandido” con la modelo Sofía Clerici haya sido citado a declarar. Ahora, el magistrado Luis Armella, a pedido del fiscal Sergio Mola, allanó a su ex esposa Jésica Cirio, pero llamativamente el principal señalado todavía no pisó los tribunales.
En las principales oficinas libertarias prestaron atención a un detalle que les regaló la arena digital: las mediciones que llegaron a Casa Rosada de consultoras de opinión pública como Ad/Hoc o Enter Comunicación mostraron una paridad inquietante entre el volumen de conversación online del caso Insaurralde-Cirio y el pico de menciones que tuvo la última oleada de problemas de Manuel Adorni. Un ministro que recibió esos estudios lo analizó sin escrúpulos: “En términos políticos, es una pésima noticia para nosotros en el Gobierno. El peronismo suma leña a su propia hoguera e igual se sigue hablando de nuestro quilombo. Si un placard lleno de guita verde no alcanza para tapar a tu jefe de Gabinete, el problema no es el placard: es tu jefe de Gabinete”. Con ese panorama, el final de esta historia ya estaba escrito hace rato.
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POLITICA
Denuncian al gobierno de Gildo Insfrán por un caso de adoctrinamiento político en escuelas
La diputada radical Agostina Villaggi denunció al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa por presunto adoctrinamiento político en escuelas primarias de la provincia. La legisladora presentó un reclamo ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación y difundió un video con detalles de la situación en su cuenta oficial de Instagram.
Villaggi detalló que en el Colegio Don Bosco, ubicado en la ciudad de Formosa, a estudiantes de cuarto grado se les imparte el denominado “modelo formoseño” en el área de Ciencias Sociales.
“Es una política pública que la instaló el gobernador Insfrán a partir de materiales didácticos de la provincia, donde su asunción en 1995 como gobernador aparece como un hito histórico, sin repasar la historia previa u otros gobernadores en el cargo”, sostuvo hoy la legisladora, en declaraciones a radio Mitre. “Este texto en particular no tiene que ver con nuestra geografía, flora y fauna. Parece un balance de gestión de repertorio de datos que no condicen con la realidad”, agregó.
Según Villaggi, se trata de actividades pedagógicas en la que se “le piden a los niños que no se instala el pensamiento crítico”. “Les preguntan: ¿desde que año empiezan las transformaciones en Formosa? Dos minutos antes, les dijeron desde el año 1995, momento que Insfrán asume la gobernación«, remarcó.
En el video, la diputada afirmó que “se les está diciendo a niños de entre 9 y 10 años que durante la gestión actual del gobernador en Formosa se hicieron escuelas, hospitales, rutas, acceso a agua potable, además se les pide que hagan una valoración del modelo formoseño”.
Villaggi, quien había sufrido un episodio de violencia de una patota de mujeres el año pasado durante una actividad de campaña, calificó esta práctica como “un claro caso de adoctrinamiento político” y afirmó que “se está instalando en la conciencia de niños de la escuela primaria una ideología política, algo que está prohibido por la Constitución Nacional y por la ley nacional de Educación”.
Tras la visibilización del planteo, Villaggi recibió el apoyo de Lucy Aguayo, docente y convencional constituyente mandato cumplido por la UCR, quien manifestó que el diseño curricular provincial no obliga a impartir proyectos de gobierno específicos. Aguayo expresó su preocupación por la posibilidad de una orientación partidaria en el ámbito educativo, que podría ir en contra de la Constitución de Formosa.
La exintegrante de la Junta de Clasificación aclaró que no puede asegurar que la práctica denunciada por la diputada alcance a todo el sistema educativo provincial y diferenció la enseñanza de la historia local de la exaltación de una gestión en particular.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la documentación presentada por Villaggi será incorporada al expediente correspondiente, junto con materiales y testimonios recogidos de docentes y autoridades educativas.
Respuesta del gobierno de Gildo Insfrán
En respuesta a la denuncia, Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria de Formosa, aseguró en declaraciones a AGENFOR que “la enseñanza de las transformaciones territoriales, económicas y sociales de la provincia no responde a un mero eslogan partidario, sino a los preceptos consagrados en la propia Constitución Provincial, recientemente sancionada”.
Meza criticó a la oposición por, según él, solicitar “censura” bajo el argumento de defender la libertad y sostuvo que “quieren borrar de los libros la historia reciente de la provincia porque contradice el relato centralista que ellos defienden”.
El funcionario provincial argumentó que “enseñar lo que fuimos, lo que somos y lo que construimos juntos en Formosa es un acto de soberanía cultural, memoria y orgullo provincial”.
En marzo, se conoció otra situación de uso partidario de las escuelas en Formosa, cuando el gobernador Insfrán se hizo entrevistar por alumnos durante la inauguración de una escuela EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”. Los chicos solo se dedicaron a elogiar su gestión en una muy cuestionada puesta en escena, como parte de un programa radial que hacen los niños en el marco de sus tareas educativas.
“¿Sabés quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?“, fue uno de los pasajes comentados por los chicos. “Claro, nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más”, respondió otro de los niños.
POLITICA
Ley de Propiedad Privada: qué se aprobó con la media sanción del Senado
El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, aprobó esta madrugada y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar el capítulo que modifica la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.
Así, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.
Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos.
Los cambios en materia de desalojos regirán en la Ciudad de Buenos Aires y en los predios que sean de jurisdicción nacional, que se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El proyecto quedó reducido a tan solo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta del Gobierno al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres”.
“Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, opinó Monteverde. “Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia, no con la de los demás”, remató el senador oficialista en dirección al bloque kirchnerista.
A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.
Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.
También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.
Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.
Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.
Este capítulo del proyecto fue duramente cuestionado por el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien denunció que los cambios tienen el objetivo de “restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar bienes necesarios para el bien común”.
“También quieren que las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino, al incluir el pago de lucro cesante y a también, además del valor real del bien, se paguen las ganancias hipotéticas y futuras”, agregó.
También se incluyó una cláusula que facilita la regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.
el polémico capítulo,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
POLITICA
El Gobierno porteño aseguró que arreglar los destrozos en el Congreso costará $468 millones
Después de los graves incidentes ocurridos anoche en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que arreglar los destrozos costará $468 millones.
El Gobierno porteño tuvo que desplegar un operativo especial para restaurar la zona durante la madrugada con trabajos de limpieza y reparación que ya concluyeron.
Entre los principales destrozos se registraron contenedores quemados, veredas rotas y tres patrulleros vandalizados: dos autos y una camioneta.
Cómo se distribuyen los costos de los daños
El Gobierno porteño detalló el desglose de los gastos necesarios para devolver la zona a su estado original. El rubro más costoso fue la reparación del pasto, que demandó $270 millones.
La reposición de cestos y contenedores incendiados o vandalizados, junto con el servicio adicional de limpieza, sumó $130 millones.
Por su parte, el arreglo del equipamiento urbano implicó otros $38 millones, mientras que la reposición de plantas requirió $30 millones.
El operativo de limpieza y los daños a vehículos policiales
A pesar de la magnitud de los destrozos, la Ciudad logró limpiar la zona en pocas horas. Los equipos de limpieza trabajaron durante la madrugada para retirar escombros y reparar los daños más urgentes.
Además de los daños en el espacio público, los incidentes dejaron vidrios rotos en dos patrulleros y una camioneta policial, lo que sumó más complicaciones al operativo de recuperación.
La marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes y al menos 26 detenidos
La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada escaló a un fuerte enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes que se extendió durante varias horas desde las 17 y siguió hasta pasadas las 21. Se contabilizaban al menos 26 detenidos y cinco heridos, entre ellos policías.
Todo comenzó al borde de las vallas instaladas en las inmediaciones del Palacio Legislativo sobre la avenida Entre Ríos. Tras unas primeras horas de marcha pacífica, la policía lanzó gases y camiones hidrantes contra manifestantes que buscaban tirar las vallas.
La tensión creció con el correr de las horas y hacia la noche, gran parte de la movilización ya se había desconcentrado en la plaza, pero la Prefectura, la Infantería y la Policía de la Ciudad avanzaban desde el Parlamento hasta la avenida 9 de Julio.

Los incidentes comenzaron recién alrededor de las 17, cuando varios manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos. También se vio a manifestantes romper baldosas, bancos y veredas de la plaza para tirarles escombros a las fuerzas federales. Hubo al menos nueve detenidos, según un reporte policial de las 21.
Seguridad desplegó la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura en el marco del protocolo antipiquetes, que desde temprano se limitó solo a restringir la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
Las fuerzas desconcentraron la manifestación hacia la avenida 9 de Julio. También se desplegaron efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegó a apostar un camión hidrante sobre las vías del metrobus.
Según se informó desde el gobierno de Jorge Macri, una oficial de la policía de la Ciudad resultó herida “con traumatismo en un codo por un piedrazo”. Los efectivos porteños intervinieron para repeler manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Los grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas. Y rompieron los vidrios de un patrullero”, se informó.
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