POLITICA
El “vocero amable” de Milei: el plan de Ravier para curar las heridas que deja Adorni

Primero, incomodidad. Enseguida, indignación. Y, finalmente, enojo entre los que habían aceptado exponerse a una foto que no querían. Manuel Adorni estaba en su oficina de Casa Rosada rodeado por un grupo de senadores libertarios convocados para escuchar de primera mano sus justificaciones patrimoniales y, de paso, medir quién estaba dispuesto a bancarlo en medio del peor momento político de su carrera. No era una reunión cualquiera: en las dos cámaras del Congreso crecía la amenaza de una interpelación con moción de censura y posible remoción. Fue entonces cuando, forzando una sonrisa de ocasión y sin perder su habitual tono socarrón, el funcionario más cuestionado del país lanzó una frase tan brutal como desafiante:
-La verdad, me arrepiento de no haber evadido más.
La sentencia venía acompañada de una explicación más larga que en ocasiones suele usar el propio Javier Milei: que los argentinos tienen “400.000 millones de dólares en los colchones” y que su “único pecado” fue no declarar lo que había juntado “antes de ingresar a la función pública”.
Ninguno de los interlocutores niega el espíritu de la escena, pero todos compartieron la misma evaluación general: “Este tipo está loco”, se dijeron al salir del palacio gubernamental. La anécdota no es un chisme de pasillo; es una postal que condensa mejor que cualquier comunicado lo lastimado que quedó el “método Adorni” después de cien días de escándalo y la dimensión del desafío que heredó Adrián Ravier incluso antes de pararse en el atril de la Vocería presidencial.

A pocos metros del escenario donde se producían esas confesiones, el economista pampeano afinaba los detalles de su debut ante los micrófonos y corregía el posteo en redes sociales con el que iba a anunciar sus primeros pasos. “Estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige. Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva”, tipeó.
El contraste no podía ser más marcado: mientras su jefe esbozaba otra frase para el olvido, él prometía ante la sociedad un estilo que su antecesor nunca tuvo. Es que el portavoz no llega solo a reemplazar una cara. Llega para sepultar un método. O, como admiten sin demasiada poesía en despachos oficiales, a probar si todavía es posible difundir los méritos del gobierno libertario sin que cada exposición termine convertida en un tribunal popular o un ring de boxeo. El diagnóstico es claro: en Balcarce 50 ya nadie puede pronunciar la palabra “gestión” sin que aparezcan los pormenores del affaire del ministro coordinador.
“Hacia afuera, Milei polariza y putea porque él es así. Hacia adentro, quiere cambiar la dinámica y por eso eligió a Adrián y no a otro”, resume un integrante de La Libertad Avanza que conoce los movimientos de las últimas horas. La definición parece sencilla, pero es bastante más profunda de lo que suena: si el primer mandatario hubiese querido más combustión, tenía a mano una cantera infinita de libertarios con vocación de motosierra verbal, tuiteros con sobredosis de épica, influencers de mandíbula floja y cruzados digitales listos para gritar que la casta política, empresarial, judicial y mediática no merece oxígeno. “No es que fueron a buscar al Gordo Dan o a algún fan reaccionario. Seleccionó a un académico de modales previsibles con el que tiene un vínculo ideológico fuerte”, agrega la fuente. Y destaca una promesa inicial que, dentro del ecosistema violeta, suena casi revolucionaria: escuchar, responder, ordenar y no escupir para arriba ni chicanear por deporte.
En la Rosada describen la llegada de Ravier como parte de un “lavado de cara” comunicacional, aunque esa expresión tenga una pizca de confesión involuntaria: para lavarla primero hay que admitir que está sucia. En el corazón del Gobierno están convencidos de que la caída de imagen de Milei en los últimos meses no se explica solamente por el caso Adorni, por la sospecha de enriquecimiento ilícito, por las rectificaciones de su declaración jurada o por el desgaste de haber convertido la austeridad en un sermón que terminó rebotando contra sus propias paredes. Confiesan, asimismo, que la estrategia para enfrentar la crisis fue “horrenda”. Y que hay un modelo que se agotó. “Lo que hicimos nos sirvió durante dos años, que no es poca cosa en semejante batalla cultural que estamos librando, pero hay que reconocer que hace seis meses que ya no sirve más”, sostiene, con notable autocrítica, un miembro clave de la Mesa Política.

Otro integrante de ese órgano informal se sincera todavía más entre el trajín de su apretada agenda: “La pregunta no es solo quién es Ravier. La pregunta es qué viene a hacer Ravier. Y, más particularmente, cuánto lo vamos a dejar hacer”. El primer acercamiento a una respuesta a esa duda trascendental apareció este viernes en la presentación del portavoz ante los comunicadores acreditados, cercenados como nunca antes en sus movimientos por los pasillos del poder: con un breve monólogo escrito que todavía no permitió preguntas, delineó una hoja de ruta que buscó contrastar con la etapa anterior sin dinamitarla de manera explícita. Y si bien plantó bandera (”Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública”), también se mostró abierto a un cambio de clima institucional (“Voy a hacer de la Sala de Prensa un lugar de respeto y apertura al debate de ideas”).
Sin embargo, lo más disruptivo de los primeros pasos de Adrián Ravier en su nueva función llegó sobre el final de su alocución, transmitida en vivo por YouTube desde el Salón Héroes de Malvinas: “Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país”, leyó, consciente de que esa combinación de palabras es una bandera blanca que no flameaba desde el 10 de diciembre de 2023. ¿Adiós para siempre al lema “No odiamos lo suficiente”? En su entorno contestan sin titubear pese a lo delicado del asunto: “En la superficie puede seguir habiendo NONSALP, pero hacia abajo no. No es nuestra onda”. Traducción para no iniciados: Milei probablemente seguirá siendo Milei, con sus posteos furiosos y sus enemigos de turno, pero esa oficina buscará dejar de funcionar como una “máquina de maltratar” para convertirse en “un dispositivo de comunicación eficiente”. De hecho, como muestra de buena voluntad, juran estar pensando en la posibilidad de dar una conferencia de prensa por semana: tono firme, formas moderadas, hincapié en las “buenas noticias” y “menos tire y afloje”. Todo esto representará, si se cumple, un giro copernicano en la Argentina libertaria de 2026.
“Se te agrandó el aula, Adrián”, le dijo una alumna a Ravier después de conocida la noticia de su designación. Como una metáfora útil, él la repitió con gracia a quien quisiera oírla. “El problema es que ahora el aula tiene ministros, opositores, cámaras, discusiones feroces y un jefe investigado”, se ríe uno de sus colaboradores.
El apellido Adorni instaló en el debate público una sensibilidad inédita sobre el patrimonio de los funcionarios. Ravier lo sabe. Presentó su primera DDJJ ante la Oficina Anticorrupción el 5 de enero, menos de un mes después de haber asumido como diputado de La Libertad Avanza y un par de meses antes de que los dólares de su antecesor comenzaran a convertirse en la novela de terror político del año. La fotografía de sus bienes suma $263.078.084, unos U$S 175.000 a la cotización actual de $1500. “Sin excentricidades con cascadas en piletas climatizadas, o viajes en vuelos privados, o criptoactivos de origen incierto”, ironiza un dirigente de La Pampa que lo conoce de toda la vida.
Un aspecto palaciego para seguir de cerca: en la reorganización del área de comunicación también se esconde una de las peleas internas más ruidosas del Gobierno. Aunque el desembarco de Ravier “fue todo de Javier”, según cuentan cerca del primer mandatario, el deslucido Triángulo de Hierro puja por no perder terreno: Karina Milei quiere preservar la estructura que orbita en torno a Adorni y a los Menem; Santiago Caputo, con sus credenciales de consultor a cuestas, resiste ante la sospecha de perder terreno en el esquema. Por eso, personas con acceso a la Quinta de Olivos confirman que “se pensó en serio” que la flamante Vocería y la nueva Secretaría de Comunicación y Prensa a cargo de Fabián Fernández tuvieran independencia en el organigrama estatal. El decreto con las designaciones y los puntos que quedan por resolver se van a conocer en el Boletín Oficial recién en las primeras horas de la próxima semana al regreso del sexto viaje del Presidente a España.

Un apunte sobre Fernández, que viene de seguir a sol y sombra a Horacio Marín en YPF y de coordinar la pauta publicitaria del gigante petrolero: no va a dar notas, no va a aparecer públicamente y, quizás lo que más llama la atención, ni siquiera tiene abiertas sus redes sociales.
A propósito de las rencillas entre “El Jefe” y el “Mago del Kremlin”, a nadie en el oficialismo se le escapó el hecho de que la primera aparición pública conjunta de Milei y su renovado vocero haya sido en un evento de la Fundación Faro, el centro de estudios liderado por Agustín Laje y territorio de influencia de Caputo. La visita se gestó justo después de que la Inspección General de Justicia, conducida por un hombre de Karina, intimara a sus representantes a presentar información sobre el origen de casi $5.000 millones en aportes declarados solo durante el ejercicio contable 2024. “Fue un movimiento del tablero que en el caputismo se sintió como una señal de advertencia. Llevar a Adrián a esa gala fue, en ese contexto, una forma de descomprimir”, admiten los que estuvieron al tanto de esta decisión al parecer inocente.
Por más que aún no asumió formalmente, Ravier y su equipo chico quieren centralizar la comunicación violeta: de esta manera, todas las carteras deberán enviar sus novedades a Vocería y esperar que esa oficina evalúe cómo y cuándo se difundirá lo que tienen para decir. “No es que pesos pesados como Toto Caputo o Federico Strurzenegger van a tener que pedirnos permiso para hablar, pero necesitamos centralizar y darle prolijidad a este lío”, adelantan.
Cuando el martes a las 11 se enfrente a su primera conferencia, Adrián Ravier querrá hablar de estabilidad macroeconómica, superávit fiscal, baja en el Riesgo País, desaceleración inflacionaria, mejoramiento en una actividad que sigue corriendo a dos velocidades y posibles reformas para el futuro cercano. Pero la primera pregunta seria será, inevitablemente, sobre Manuel Adorni. En su equipo lo saben y ya tenían preparada la respuesta: que el jefe de Gabinete dio sus explicaciones, que presentó sus papeles y que todo lo demás es un show político del Congreso. La fórmula podía servir para atravesar ese contacto con la prensa. Difícilmente alcanzaba para clausurar el problema. “Manuel era tóxico. Si nos tocaba defenderlo, íbamos a bancar la parada”, se resignan, hablando en tiempo pasado, los que ya venían hartos del caso en el Gobierno.
Adorni, mientras tanto, siguió siendo hasta el final de la semana el centro de gravedad del mundo político en Argentina y el libertario de mayor rango sentado en el banquillo de los acusados. El Presidente lo respaldó hasta último momento en público y en privado: en Madrid declaró que si la Justicia lo considera culpable lo eyecta “de una patada”, pero que hasta entonces cree en su honestidad. No alcanza: aunque parecía que iba a estar blindado eternamente, el Congreso lo venía queriendo afuera gracias al mecanismo que prevé el Artículo 101 de la Constitución reformada en 1994. De “brazos caídos” y con “convicción cero”, como define un legislador libertario, fueron jornadas en las que los tecnicismos reglamentarios del parlamento escondieron una vez más la incomodidad del oficialismo con el expediente Adorni. ¿Cómo se encaminó la negociación entre todas las facciones? Si se avanzaba con la interpelación, el número mágico se alcanzaría con dos tercios: en el Senado, 48 votos de 72 totales en caso de asistencia perfecta; en Diputados, 171 sobre 257. Son guarismos más elevados en comparación con los que buscan quienes defienden la mayoría absoluta, que se alcanza con la mitad más uno de los presentes. Todos estuvieron haciendo cuentas y no querían exponerse a derrotas prematuras, como pasó en las últimas sesiones de ambas cámaras.

El vínculo entre Patricia Bullrich y el ahora ex portavoz presidencial merece un nuevo capítulo aparte. La jefa de bloque en el Senado empujó para suspender el informe de gestión que Adorni tenía previsto dar el 2 de julio en el recinto con una explicación que sonó más a sincericidio que a comunicado institucional: no tenía sentido hacerlo ir para que lo tuvieran ocho horas castigándolo en público o, peor, dejarlo solo y abandonado si la oposición decidía vaciar la sesión. Ante la difusión de la movida, el propio jefe de Gabinete publicó en X que estaba a disposición para presentarse ese día. En la Rosada juraron que no hubo descoordinación. En el Palacio Legislativo, Patricia puteaba a viva voz.
Sea como sea, todos en LLA saben que esta debilidad existencial alrededor de Manuel Adorni tiene frenados proyectos clave como la reforma electoral que podría eliminar o suspender las PASO y así allanar el camino de Milei a una reelección en 2027. Y atención: están freezados también los pliegos que tienen en vilo al ministro Juan Bautista Mahiques y que podrían reconfigurar el reparto de poder en la Justicia.
Así las cosas, los rumores de que “estos sí son los últimos días de Adorni en la gestión” continuaban arreciando hasta este viernes de forma permanente. “No sobrevive al Mundial”, “se quedó sin vida” o “hasta acá llegó” son algunas de las lacónicas expresiones que salen de la boca de funcionarios bien informados.
En paralelo, el partido fundado por Mauricio Macri también quedó atravesado por su propia crisis de identidad. Por un lado, Cristian Ritondo, que comanda la tropa en la Cámara Baja, es tildado de “colaboracionista” por algunos de sus correligionarios por su postura tendiente a estirar los tiempos legislativos. “No iba a hacer nada que lastime el principio de acuerdo que hay con La Libertad Avanza para construir una alianza amplia que entronice a Diego Santilli como candidato a suceder a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires”, revelan los que lo trataron durante las negociaciones por Adorni. Del otro lado, Martín Goerling Lara, el titular del bloque amarillo en la Cámara Alta, encabeza el ala combativa y hasta presentó un proyecto para que el investigado por la Justicia Federal brinde explicaciones sobre la evolución de su patrimonio, las omisiones, las inconsistencias y las falsedades reconocidas.
La renuncia de Esteban Bullrich al PRO terminó de darle un marco moral a las contradicciones amarillas. En su inesperada carta abierta, sostuvo que la protección brindada a Adorni fue el hecho que terminó de evidenciar la distancia entre los valores fundacionales del partido y sus decisiones actuales. Fernando de Andreis, mano derecha del ex presidente de la Nación, le respondió con dolor y desacuerdo, pero el golpe ya estaba dado. El “Adornigate”, que nació como una controversia patrimonial libertaria, empezó a funcionar también como espejo incómodo para los socios del cambio.
Del otro lado de la grieta, el peronismo tampoco ofrece una postal de fortaleza. Máximo Kirchner volvió a cruzar a Axel Kicillof con una frase venenosa sobre quienes “hablan de unidad” pero “ni siquiera son capaces de ir a ver” a Cristina en su detención domiciliaria. Más directos todavía fueron los dardos a la gestión provincial por parte del senador K Mario Ishii, que en la primera sesión del año escupió una acusación letal mirando a los ojos a la axelista Verónica Magario con fotos de la provincia en la mano: “El conurbano se está incendiando”. La batalla no escaló porque la orden del gobernador fue no responder, pero cerca suyo dan por descontada una “realidad dramática”: están seguros que “CFK y La Cámpora preferirían que Milei gane en 2027” antes que ver a su ex ministro de Economía llegar a la Casa Rosada.
Cuando se enojan, así sea en privado, en La Plata ponen sobre la mesa munición pesada: recuerdan que Martín Insaurralde “es de ellos” y que “se tienen que hacer cargo”. Los videos con millones de dólares en efectivo en un guardarropa de lujo y el regreso del ex intendente de Lomas de Zamora a la escena judicial tuvieron impacto masivo, golpearon al peronismo bonaerense y reactivaron la causa por presunto lavado y enriquecimiento ilícito. Increíble pero real: el expediente cumple tres años sin que el hombre que se viralizó disfrutando en el yate “El Bandido” con la modelo Sofía Clerici haya sido citado a declarar. Ahora, el magistrado Luis Armella, a pedido del fiscal Sergio Mola, allanó a su ex esposa Jésica Cirio, pero llamativamente el principal señalado todavía no pisó los tribunales.
En las principales oficinas libertarias prestaron atención a un detalle que les regaló la arena digital: las mediciones que llegaron a Casa Rosada de consultoras de opinión pública como Ad/Hoc o Enter Comunicación mostraron una paridad inquietante entre el volumen de conversación online del caso Insaurralde-Cirio y el pico de menciones que tuvo la última oleada de problemas de Manuel Adorni. Un ministro que recibió esos estudios lo analizó sin escrúpulos: “En términos políticos, es una pésima noticia para nosotros en el Gobierno. El peronismo suma leña a su propia hoguera e igual se sigue hablando de nuestro quilombo. Si un placard lleno de guita verde no alcanza para tapar a tu jefe de Gabinete, el problema no es el placard: es tu jefe de Gabinete”. Con ese panorama, el final de esta historia ya estaba escrito hace rato.
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POLITICA
El Programa de Ciudadanía por Inversión es contrario a la Constitución

El art. 20 de la Constitución argentina establece que las personas extranjeras, para obtener la ciudadanía, deben residir dos años de forma continua en el territorio nacional, salvo que dicho plazo se acorte cuando quien la solicite alegue y pruebe ciertos servicios prestados a la República Argentina.
En 1869 se sancionó la ley de ciudadanía (ley 346), que estableció como requisito de acceso a la ciudadanía, además de los dos años de residencia, la acreditación de alguno de los servicios allí previstos, entre los que se encontraban -entre otros- haber desempeñado con honradez algún empleo para la Nación o las provincias, establecido en el país una nueva industria, introducido una invención útil o ejercido el profesorado en el campo de la educación o la industria. También dispuso que la petición de ciudadanía debía tramitarse ante el juez federal competente con el contralor del Ministerio Público Fiscal.
El modelo constitucional argentino en torno a la ciudadanía por naturalización y su correspondiente reglamentación legal no contemplaron como un “servicio prestado” al país la mera “compra de ciudadanía” mediante una inversión ni la sola acreditación de una determinada capacidad patrimonial. Los servicios exigidos remiten a aportes efectivamente realizados y no a la mera disponibilidad de recursos económicos. De este modo, aun cuando algunos de esos servicios pudieran requerir la utilización de capital, la inversión constituía, en todo caso, el instrumento mediante el cual se materializaba una contribución al país y no el servicio mismo. Sustituir esa lógica por un sistema en el cual la capacidad económica opera directamente como título habilitante supone modificar cualitativamente el concepto histórico de la naturalización: se pasa de una ciudadanía asentada en la residencia y en la vinculación efectiva con la sociedad argentina a otra en la que el patrimonio puede convertirse, por sí solo, en una vía de acceso al vínculo jurídico-político que exige la ciudadanía.
A esto se agrega que, si la persona extranjera que “compra la ciudadanía” tiene una posición privilegiada en cuanto a la obtención de la misma respecto de otras personas extranjeras, entonces, también se afecta el derecho a la no discriminación con motivo de la posición económica. Una distinción de esta naturaleza exige una justificación objetiva, razonable y proporcional particularmente consistente, pues de lo contrario la ciudadanía deja de organizarse sobre condiciones vinculadas con la residencia, la integración o los servicios prestados al país para quedar parcialmente estratificada según la capacidad de pago. El resultado es una suerte de ciudadanía a dos velocidades: una sometida al régimen general y otra, privilegiada, disponible para quien cuenta con el patrimonio suficiente para adquirirla.
Mediante el dictado del DNU 366/2025 se sustituyeron varios artículos de la ley 346 y se estableció un nuevo régimen de ciudadanía, a través del cual las personas extranjeras que acrediten “haber realizado una inversión relevante en el país”, sin importar el plazo de residencia –cuando el resto de las personas extranjeras debe cumplir con los dos años de residencia permanente–, podrán obtener la carta de ciudadanía por naturalización, que será otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones (organismo descentralizado ubicado en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros) a través de un acto administrativo, desplazando la intervención judicial que históricamente caracterizó al procedimiento de naturalización. De los considerandos, no surge ningún argumento que justifique -tal como lo exige el art. 99.3 de la Constitución argentina- la existencia de una objetiva situación excepcional que haya impedido seguir con los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y por ende, cuando esto sucede, la consecuencia constitucional prevista es la nulidad absoluta e insanable del decreto de necesidad y urgencia dictado. Mucho más aún cuando la potestad de legislar sobre naturalización y nacionalidad está expresamente atribuida al Poder Legislativo en el art. 75.12 de la Constitución argentina.
En el caso “Yang, Liping” (2026), la Cámara Nacional Electoral resolvió declarar nulo el DNU 366/2025 respecto de la supresión de la competencia judicial en la concesión de la ciudadanía por naturalización. Entre sus argumentos se destaca aquel que afirma que las consideraciones expuestas por el Poder Ejecutivo Nacional “expresan razones de oportunidad, mérito o conveniencia que incumben a la decisión del Poder Legislativo, pues no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusiera en riesgo el normal funcionamiento del régimen de naturalización, sino que, por el contrario, traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé”. Y acá surgen con toda evidencia los efectos nocivos para el sistema republicano y la interdicción de la suma del poder público que tiene la posición obturadora sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ausencia de legitimación procesal y de caso o controversia para impugnar de forma general a los decretos de necesidad y urgencia que no cumplen con los requisitos de habilitación constitucional para su dictado: como solo se puede cuestionar judicialmente a un DNU respecto de los derechos subjetivos que este afecta, por más que en una causa se compruebe que un DNU es nulo de nulidad absoluta, continúa vigente para el resto de la sociedad (aunque la nulidad constitucional establecida por los convencionales constituyentes de 1994 tenga efectos derogatorios generales y retroactivos).
A pesar de los argumentos constitucionales expuestos, el ministro de Economía acaba de anunciar la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión a través de dos mecanismos que consisten en realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por la suma de US$350.000 o suscribir un título público de US$800.000 creado específicamente para este Programa. También ofrece un “combo familiar”: un grupo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía por US$500.000.
Cuando la ciudadanía abandona la idea de expresión de pertenencia, integración y no discriminación para ofrecerse exclusivamente a cambio de una suma de dinero, se degrada el sentido originalista de la misma. La República Argentina puede atraer inversiones o ponerle precio a un título público, pero lo que el orden constitucional claramente no permite es poner en venta la condición de ciudadano.
El autor es doctor en Derecho (UBA) y profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UBA y UNLPam)
Andrés Gil Domínguez,LA NACION,Política
POLITICA
La Corte Suprema se reúne este viernes y podría fallar sobre la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para este viernes a las 9 a un Acuerdo Extraordinario para emitir un nuevo fallo sobre la Ley de Tierras que podría dejar vigente nuevamente las restricciones derogadas por el decreto del Gobierno, confirmaron fuentes judiciales a TN.
Antes de fijar la fecha, los jueces redujeron a 24 horas el plazo para que las partes presenten las impugnaciones contra la integración de los dos conjueces sorteados para el expediente y habilitó días y horas inhábiles.
El tribunal tiene para resolver un pedido de medida cautelar que, si prospera, pondría nuevamente en vigencia las restricciones a la venta de campos a extranjeros derogadas por el decreto 70/2023.
Este caso fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre los que se incluyen las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Concretamente, los involucrados pidieron una aclaratoria, ya que su amparo colectivo fue tratado como caso conexo al del CECIM y buscan “que se precise” si el fallo produce algún efecto sobre su expediente
Para intervenir en este expediente fueron designados los conjueces Diego Barroetaveña, de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos aceptaron el cargo.
Como suplentes quedaron Jorge Morán, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En la resolución emitida este jueves por la Corte, se aclaró: “en atención a las particulares circunstancias de la causa, corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas”. Habitualmente, el plazo es de 72 horas.
El expediente a resolver llegó después del fallo de la semana pasada, en el que la Corte revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo del decreto 70/2023 por el que Javier Milei derogó la ley 26.737. Los jueces consideraron que el CECIM no cuentan con legitimación activa para cuestionar la medida. El fallo de la Corte generó fuertes críticas de la oposición y la amenaza de tratar en el Congreso, en una sesión especial, la caída de todo el DNU 70/2023.
Por el revuelo que generó la decisión, la Corte emitió un comunicado donde aclaró que solo resolvió “un aspecto procesal”, con una decisión que “se ajusta estrictamente” a sus precedentes. Que no afectaba “a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”.
“Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”, remarcó el máximo tribunal.
POLITICA
Rechazan por unanimidad el pedido de Máximo y Florencia Kirchner para suspender el decomiso de sus bienes

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la pretensión de Máximo y Florencia Kirchner de suspender el remate de sus bienes para ejecutar la condena de la causa Vialidad, donde su madre Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión.
El remate de los bienes de la expresidenta, hasta cubrir la suma de 645 millones de dólares, depende ahora de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que desde hace cuatro meses tiene en sus manos el asunto.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña declararon inadmisibles sendos recursos de casación interpuestos por Máximo y Florencia Kirchner, y por Sebastián Sánchez, director titular de las empresas Hotesur y Los Sauces.
Los recursos cuestionaban la resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre de 2026, que había rechazado los planteos contra la ejecución de esos bienes, dispuesta el 26 de agosto último.
Máximo y Florencia Kirchner pretendían que se suspendiera el trámite del incidente de ejecución patrimonial y que se avanzara con medidas cautelares hasta que la Corte resolviera la queja vinculada con el decomiso.
Por su parte, Hotesur y Los Sauces S.A. cuestionaban que se hubiera diferido su intervención en el incidente respecto de los bienes de su titularidad.
La Sala IV consideró que los recursos eran formalmente inadmisibles porque la resolución cuestionada no era recurrible. No constituía una sentencia definitiva ni era equiparable a ella, ni impedía la continuación del trámite, dijeron los jueces. Tampoco los que reclamaban demostraron un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior.
La Cámara de Casación destacó que las cuestiones planteadas no habían sido resueltas definitivamente, sino que su tratamiento fue diferido y podía ser retomado en la oportunidad procesal correspondiente. De esa manera, declaró inadmisibles los recursos y permitió que continúe el trámite de ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad, por un monto actualizado de aproximadamente 685.000 millones de pesos.
111 inmuebles
Lo que está en juego por ahora es la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Hay un segundo pedido fiscal para avanzar con el decomiso de otros 141 inmuebles, 46 autos y más de US$ 5,6 millones en efectivo de Florencia Kirchner que fueron secuestrados en su caja de seguridad del Banco Galicia.
Las defensas de Cristina Kirchner y de Máximo y Florencia se opusieron a que el decomiso alcance bienes de los hijos del matrimonio presidencial -si se toma en cuenta los que generó también el fallecido Néstor Kirchner-, pues ninguno de los se encuentra entre los condenados por Vialidad.
No obstante, el Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara Federal de Casación —en un voto dividido— rechazaron ese planteo al entender que los fondos eran parte del objeto del delito, por más que hubieran sido heredados luego por los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Ese fallo es el que fue cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Oral Federal 2 no puede ejecutar el decomiso de 111 inmuebles hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de queja de las defensas, pendientes desde fines de mayo, cuando la Sala IV de Casación rechazó los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner y sus hijos.
Hasta ahora, los acusados vienen teniendo éxito en demorar la ejecución. La Corte ya se pronunció sobre otro aspecto de la ejecución. En julio pasado, los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las quejas contra la actualización del monto calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor, que quedó fijado en 684.990.350.139,86 pesos.
Resta, en cambio, la definición sobre los bienes con los que se cubrirá esa suma. Aunque la Corte resolviera, el decomiso tampoco se completaría de inmediato, pues falta terminar de realizar dos pasos previos.
El primero es que el Cuerpo de Peritos Tasadores entregue la valuación de los inmuebles. El segundo es que la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte responda una consulta del Tribunal Oral Federal 2, vinculada con el reglamento aprobado por la Acordada 22/2025, sobre qué propiedades quiere el máximo tribunal para su propio uso.
Es decir, como es la Corte la que resuelve sobre los bienes decomisados en un delito, tiene prioridad para elegir aquellos que considere que son de utilidad pública para su funcionamiento; los que directamente no irían a remate, sino incorporados a su patrimonio o al del Poder Judicial.
Recién entonces, según el tribunal, podrá avanzarse con el cambio de titularidad de los inmuebles que pasen a manos de la Corte Suprema y con el remate del resto de los bienes, para lo que se dispuso la creación de una plataforma de subastas online, que es utilizada en todas las causas donde el Poder Judicial subasta bienes.
En paralelo, los fiscales pidieron un segundo decomiso, más amplio que el primero: 141 inmuebles, 46 automotores, 5.656.134 dólares y otros 53.280,24 pesos.
ejecutar,Hernán Cappiello,Conforme a
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