El Gobierno estrenó hoy el decreto con el que modificó los trámites para elegir jueces y limitó la participación de la ciudadanía en el proceso. Puso en práctica el nuevo mecanismo con concursos clave, tendientes a elegir a magistrados que llevarán causas de alta sensibilidad política.

El Ministerio de Justicia publicó hoy en el Boletín Oficial las ternas de candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura correspondientes a siete concursos. Incluyen el destinado a cubrir dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. También, el juzgado federal 1 de Corrientes (el único federal con competencia electoral de la provincia), el juzgado 10 en lo penal económico y el federal 2 de La Plata.

La publicación de hoy -que es por un solo día- cumple con enumerar los cargos a cubrir, la integración de las ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia donde pueden consultarse los curriculum y los puntajes obtenidos por los distintos candidatos. Eso es todo lo que demanda el nuevo decreto.

Hasta la semana pasada, estaba vigente el decreto 588/2003, que preveía un período de quince días para que particulares, colegios profesionales y asociaciones vinculadas a la Justicia presenten observaciones y objeciones a los candidatos. Contemplaba también la posibilidad de que el ministerio invitara a exponer su opinión a organizaciones especializadas. Establecía además que el Gobierno les pediría una declaración jurada patrimonial a los postulantes y que esa declaración podría ser consultada por la ciudadanía.

El Ministerio estaba obligado, asimismo, a pedir a ARCA un informe sobre “el cumplimiento por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales”. Después, debía presentarle su informe sobre los postulantes al Presidente.

El nuevo decreto de Milei cambia tanto la forma de elegir jueces, fiscales y defensores, como ministros de la Corte Suprema. Fue muy cuestionado por reducir la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó esta semana una acción de amparo para frenar la aplicación del decreto.

En paralelo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto en rechazo de la nueva norma, a la que consideran un retroceso en materia de institucionalidad.

Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.

Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.

Además de eliminar la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, el decreto dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.

El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.

CÓRDOBA.- Entre Ríos recibirá un nuevo adelanto de coparticipación por $150.000 millones en el marco del esquema dispuesto por el Gobierno nacional mediante el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial. Rogelio Frigerio, aliado electoral de La Libertad Avanza, se había reunido el viernes pasado con el ministro del Interior, Diego Santilli, para destrabar el envío de fondos, a pesar de que las fuentes consultadas dijeron que se tocaron otros temas.

Estos recursos se suman a los $220.000 millones otorgados a comienzos de año, por lo que la provincia alcanzará un total de $370.000 millones en adelantos financieros durante este año.

La reunión con Santilli fue para hablar sobre la reforma electoral y temas de gestión. Además, tal como viene pasando en los encuentros del ministro con los gobernadores, apareció el tema de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El decreto publicado por el Gobierno nacional estableció un tope de $400.000 millones para este mecanismo de adelantos financieros destinado a las provincias incluidas en la medida.

El esquema establecido por el Gobierno nacional contempla adelantos de recursos coparticipables para atender necesidades financieras transitorias de las provincias. Se trata de fondos que pertenecen a cada jurisdicción y que son girados de manera anticipada para fortalecer su liquidez, con devolución dentro del mismo ejercicio fiscal mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal.

El adelanto otorgado a Entre Ríos a comienzos de año por $220.000 millones viene siendo cancelado en tiempo y forma por la provincia mediante las retenciones automáticas previstas sobre la coparticipación federal. A la fecha, ya se ha devuelto aproximadamente el 50 por ciento de esos recursos, reflejando una administración ordenada y previsible de las finanzas públicas.

La operatoria prevé una tasa del 15 por ciento anual, significativamente inferior a las condiciones vigentes en los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos considerablemente más elevados para obtener financiamiento.

Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Este mecanismo ha sido utilizado históricamente por gobiernos nacionales de distintos signos políticos y constituye una herramienta prevista en la legislación vigente para administrar situaciones transitorias de caja sin recurrir a endeudamiento de mercado. Las finanzas provinciales vienen empeorando este año.

La medida contribuye a fortalecer la planificación financiera de la provincia, “brindando previsibilidad para sostener el funcionamiento del Estado y seguir impulsando las políticas públicas, las obras y los programas que forman parte de la agenda de transformación que Entre Ríos lleva adelante”, según explican desde la provincia.