Cristina Kirchner volverá a cobrar desde agosto la pensión por viudez, por un monto de $15.683.154,06 brutos mensuales tras la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Socialque ordenó pagarle el beneficio a pesar de estar condenada en la causa Vialidad.

Así lo notificó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la Justicia. El organismo adelantó que procederá al pago para cumplir con la sentencia, aunque continuará cuestionando la decisión en instancias superiores.

La prestación corresponde a una de las dos asignaciones reguladas por la ley 24.018, derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, que habían sido dadas de baja en noviembre de 2024 tras la condena. La otra asignación, la correspondiente a su condición de expresidenta, permanece suspendida en virtud de esa misma sentencia.

En febrero pasado, la Cámara, integrada por Sebastián Russo y Juan Fantini, hizo lugar al pedido de restitución provisoria formulado por la expresidenta, tras revocar la decisión de primera instancia de la jueza Karina Alonso Candis, quien había denegado la medida cautelar.

Los camaristas consideraron aspectos de carácter alimentario para habilitar el pago mientras se resuelve el fondo de la demanda iniciada por CFK contra la resolución que dispuso las bajas.

Según la notificación enviada por la ANSES a la justicia previsional, el organismo procederá al restablecimiento del beneficio identificado con el número 47-6-8085213-0 a partir de agosto de 2026. Del monto bruto se descontarán los conceptos correspondientes a obra social e impuesto a las ganancias.

La prestación no incluye el adicional por zona austral que la expresidenta percibía hasta 2024, cuando declaraba domicilio en Santa Cruz pese a residir en la Ciudad de Buenos Aires.

Para acceder al pago provisorio, Cristina Kirchner prestó una caución juratoria, comprometiéndose a reparar el eventual daño al patrimonio público si la sentencia definitiva le resultara desfavorable. La ANSES había solicitado una caución real como condición para liquidar el beneficio, pero la justicia consideró cumplido el requisito con la garantía juratoria.

La batalla judicial por la pensión

La condena en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2024, la ANSES —dependiente del Ministerio de Capital Humano— dispuso la baja de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.

La expresidenta promovió una acción judicial de nulidad contra esa resolución administrativa y solicitó la cautelar que finalmente le fue concedida.

Tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recursos y, tras la denegación del recurso extraordinario, presentaron queja ante la Corte Suprema.

Días atrás, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen donde consideró que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa.

Para el representante del MPF, la Corte debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas precautorias no definitivas y declarar la inadmisibilidad de la orden de pago. “Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar”, señaló al respecto.

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Permitir que la expresidenta continúe con “el cobro de la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional”, destacó Casal.

En esa línea, el procurador recordó que la condena penal firme dictada “implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar“.

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“Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. ¿Quiere hablar de la política? Hable con mi hermana. Hable con la mesa política, con los que están remando en ese barco“, sostuvo esta mañana el presidente Javier Milei cuando le preguntaron respecto al armado electoral de La Libertad Avanza. Horas más tarde, el selecto grupo se reunió en las oficinas del Ministerio del Interior, ubicadas en la planta baja de Casa Rosada, para ordenó la agenda legislativa que iniciará con el tratamiento de las modificaciones en el proyecto de Inocencia Fiscal.

Una fuente asistente reveló a Infobae que el oficialismo intentará discutir la normativa la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Se trató del primer encuentro de Diego Santilli en calidad de jefe de Gabinete, ya que hasta entonces había participado como titular de la cartera del Interior. Además, fue el debut del flamante secretario de Comunicación, Fabián Fernández, que participará por primera vez desde su designación.

El Gobierno trabaja en ajustar la hoja de ruta de las prioridades que contempla la reforma electoral, las modificaciones del régimen de zonas frías y los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal. Lo hacen en pleno Mundial y en la antesala del receso invernal del Congreso.

Tras la salida de Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, logró sobreponerse al golpe, ordenar las piezas y ampliar su poder interno con el empoderamiento de Ignacio Devitt, el ascenso de Santilli y la incorporación de Fabián Fernández.

Si bien el intercambio estuvo previsto para las 17, la administración libertaria logró anticiparlo y se reunió dos horas y media, desde las 14, bajo la conducción de Karina Milei. Participaron Santilli, Fernández; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

En la previa a la reunión, un miembro del círculo contó ante este medio, el complejo escenario que supone la reforma electoral, en particular la idea de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en función de los acuerdos con los aliados.

Entre “colectoras” y advertencias a los gobernadores, en el oficialismo reina la incertidumbre respecto a los apoyos con los que cuentan para la sanción de la normativa. “Hay tiempo. Hasta diciembre tenemos margen”, planteó un importante funcionario involucrado en el tema.

No obstante, algunos interlocutores violetas anticiparon ante este medio que la estrategia electoral se instrumentará en función de los apoyos legislativos. Aún con el cronograma por definir, el mensaje es claro: los aliados que no estén dispuestos a acompañar “no serán tenidos en cuenta para el armado”.

“Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran”, planteó una fuente violeta. “Los acuerdos y la reforma están ligados. Naturalmente son temas que van de la mano en muchos casos”, coincidió otra voz del Poder Ejecutivo.

Todos los alfiles están comprometidos con la tarea, pero son Santilli y “Lule” Menem los que tienen a cargo las negociaciones con los gobernadores para destrabar el objetivo. Esta tarde, escoltarán al mandatario a la provincia de Tucumán para participar de la vigilia del Día de la Independencia.

Como contó este medio, serán de la partida más de una docena de mandatarios provinciales y se evalúa un potencial encuentro exprés en la previa a la ceremonia conmemorativa. Confirmaron asistencia Osvaldo Jaldo (Tucumán); Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco) y Elias Suárez (Santiago del Estero).

Se espera además una fuerte presencia de ministros y legisladores libertarios, a excepción de la senadora Patricia Bullrich, quien fue invitada, pero por motivos personales no asistirá.