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Confirman una gira del papa León XIV por Sudamérica en noviembre e incluiría un paso por la Argentina

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ROMA.- Se acerca la definición del viaje papal a la Argentina, que sería en noviembre. El presidente de Perú, José María Balcázar Zelada, tras ser recibido este jueves en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano, confirmó que irá a su país “adoptivo” en la primera quincena de noviembre.

“Ha sido una magnífica y amistosa reunión. Hemos tenido dos horas de diálogo y él nos ha podido ya certificar que la primera quincena de noviembre estaría en Perú. Luego de Lima, va a ir a Chiclayo, luego a Piura y de allí a Pulcallpa, en la selva amazónica. Y también visitará Cuzco”, dijo Balcázar a algunos periodistas, al salir del Vaticano.

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El viaje a Perú del primer papa estadounidense -pero también de nacionalidad peruana-, está vinculado a una visita a la Argentina y a Uruguay, países que quedaron en el tintero del papa Francisco, según pudo confirmar de altas fuentes del Vaticano, que dijeron que se están finalizando las fechas.

Robert Prevost, que volverá como máximo líder de la Iglesia católica al país donde vivió la mitad de su vida sacerdotal -fue misionero agustino primero y luego, obispo-, se quedará al menos diez días en el país andino, según rumores.

El 22 de mayo último, cuando crecieron las versiones de la gira papal por Sudamérica, la Iglesia Católica de Montevideo confirmó que el Sumo Pontífice llegará a Uruguay en noviembre y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país dijo a la agencia Reuters que se está preparando para la visita, que formará parte de una gira más amplia por el continente.

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En el Gobierno argentino reina por ahora la cautela, a pesar de que la expectativa es creciente desde que a fines de mayo se aceleraron las versiones. Alimentó el rumor un mensaje del canciller Pablo Quirno, replicado por el presidente Javier Milei.

Quirno publicó: “Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC.»

El mensaje de Quirno fue compartido por el Presidente, que respondió: “Se viene”, y agregó dos emojis de leones.

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“La agenda de las visitas pastorales del Papa suele oficializarse en Roma con unos cinco meses de anticipación”, insistieron fuentes eclesiásticas consultadas por , al admitir que el posible viaje del papa León XIV a la Argentina ya entró en etapa de definiciones. Así, la Secretaría de Estado del Vaticano estaría a tiempo de anunciar una visita del sucesor de Francisco para antes de fin de año.

Aunque el programa del viaje lo preparará el equipo del Papa, el presidente interino de Perú explicó que Perú pondrá a disposición del pontífice helicópteros porque, según le ha dicho, León XIV “quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva”.

“Pero también le hemos ofrecido el helicóptero para cualquier punto que él desee cubrir de forma rápida, porque él quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva. (…) Le he sugerido también que podemos darle la facilidad del helicóptero Cuzco-Puno para que se encuentre con los hermanos aymaras y quechuas”, dijo el mandatario.

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Zelada, que fue recibido justo en medio del suspenso por cuál será el resultado final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio y en momentos en los que la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja sobre el aspirante de la izquierda Roberto Sánchez, contó que con León también hablaron de este tema y de la necesidad de unidad: “En el Perú lo que necesitamos es unirnos, no dividirnos más”.

El papa León en el aeropuerto militar de Gran Canaria, el 11 de junio de 2026Alessandra Tarantino – AP

Zelada reveló también que el Pontífice -que es un amante de la comida peruana y tiene un secretario de esa nacionalidad, don Edgar Rimaycuna- “está contentísimo” por el viaje.

León XIV el sábado pasado regresó de un exitoso viaje de 6 días a España, donde estuvo en Madrid, Barcelona y Canarias, fue aclamado por miles de personas -entre las cuales muchos peruanos que viven allí-, reclamó diálogo y llamó a la reconciliación para dejar atrás la polarización política. Su próximo viaje será a Francia, donde irá del 25 al 28 de septiembre: visitará la sede de la Unesco, la basílica de Notre Dame, el santuario mariano de Lourdes y la ciudad de Metz, cerca de la frontera de Luxemburgo, según trascendió.

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León XIV, nacido en Chicago hace 70 años, fue invitado a la Argentina por el presidente, Javier Milei -con quien se reunió en junio del año pasado y cuyo gobierno está trabajando arduamente para concretar este viaje-, así como por los obispos.

Al visitar en noviembre próximo la Argentina, el país donde nació su predecesor, cumplirá una de sus asignaturas pendientes. En marzo de 2013, al cumplir diez años de pontificado, Francisco en diversas entrevistas a medios argentinos dijo claramente que su deseo era viajar a la Argentina. En esa ocasión, Francisco recordó a que había sido planeado un viaje a la Argentina en 2017, cuando finalmente terminó yendo sólo a Chile y Perú (en enero de 2018), e insistió en que nunca hubo una negativa a ir. “Después lo que sucedió es que las cosas se complicaron de otra manera, hubo dos años de pandemia que tiró adelante viajes que se tenían que hacer necesariamente, incluso a lugares que uno dice ‘para qué fue ahí’, pero había que ir. Así que la Argentina sigue esperando. Yo quiero ir, espero ir. Ojalá pueda”, dijo.

La última vez que un papa visitó la Argentina fue en 1987, cuando san Juan Pablo II viajó para la primera Jornada Mundial de la Juventud. La visita pastoral tuvo lugar entre el 6 y el 12 de abril y el pontífice polaco -que había estado apenas 30 horas en junio de 1982, al final de la guerra de las Malvinas-, recorrió diez ciudades.

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Después de una etapa que se avizora bastante larga en Perú, con diversas ciudades, habrá que ver cómo se termina de definir el tramo argentino.




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La Legislatura porteña debate proyectos clave: la línea F de subte, cambios en la VTV y la ley antitrapitos

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La Legislatura porteña sesiona este jueves desde las 11 con una agenda cargada que reúne proyectos vinculados al transporte, el espacio público, la regulación de los vapeadores, la revisión técnica vehicular y medidas de alivio económico para familias endeudadas.

El temario incluye iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y propuestas de los distintos bloques políticos.

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Uno de los proyectos centrales enviados por la gestión de Jorge Macri es el que habilita el financiamiento para la construcción de la Línea F de subterráneos.

La iniciativa autoriza al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta 1350 millones de dólares mediante organismos multilaterales, entidades financieras y la eventual emisión de títulos públicos.

La futura Línea F será la primera ampliación de la red de subtes en 25 años y busca mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la Ciudad.

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Así sería la línea F de subte. (Foto: X/jorgemacri)

El recorrido previsto abarcará 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

Además, el trazado permitirá combinar con las líneas A, B, C, D, E y H de subterráneos y conectar con los ferrocarriles Roca, en Plaza Constitución, y San Martín, en la zona de Palermo. El proyecto contó con un trabajo de articulación entre distintos bloques legislativos.

Ley Antitrapitos

Otro de los expedientes impulsados por el oficialismo es la denominada Ley Antitrapitos, que también incorpora aportes de una iniciativa presentada por La Libertad Avanza.

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La propuesta apunta a endurecer las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas vinculadas al estacionamiento de vehículos, su cuidado en la vía pública o la limpieza de parabrisas.

Las propuestas de la oposición

La sesión también debatirá un proyecto promovido por la Unión Cívica Radical para regular el uso, la comercialización y la promoción de vapeadores y otros productos emergentes de tabaco y nicotina.

El objetivo de la iniciativa es restringir el acceso de menores de 18 años a estos dispositivos.

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Por su parte, La Libertad Avanza incorporó dos proyectos al temario, ambos presentados por la legisladora María del Pilar Ramírez.

El primero propone una reforma integral del régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV), con el objetivo de desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y adecuar los requisitos técnicos a los avances tecnológicos y a la normativa nacional.

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La iniciativa establece que los vehículos particulares cero kilómetro realicen su primera verificación a los cinco años del patentamiento.

Luego, las revisiones serían bianuales para las unidades de hasta diez años de antigüedad y anuales para las más antiguas. También prevé organizar los controles según el último número de la patente para evitar concentraciones de demanda.

El proyecto, además, elimina el cupo de plantas verificadoras y habilita a que talleres, concesionarios e importadores que cumplan las exigencias técnicas puedan prestar el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.

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La propuesta también modifica el régimen de grabado de autopartes. El procedimiento seguiría siendo obligatorio sobre seis partes de la carrocería, aunque contempla la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo las normas correspondientes.

Asimismo, dispone que los talleres habilitados verifiquen su cumplimiento antes de aprobar la VTV.

La Libertad Avanza incorporó dos proyectos al temario. (Foto: @LegisCABA)
La Libertad Avanza incorporó dos proyectos al temario. (Foto: @LegisCABA)

El segundo expediente de La Libertad Avanza es la denominada Ley Hojarasca, que plantea derogar más de 20 normas consideradas desactualizadas, redundantes o sin aplicación efectiva.

También prevé que las partidas presupuestarias vinculadas a esas regulaciones pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas y encomienda al Poder Ejecutivo adecuar la normativa reglamentaria y administrativa que resulte afectada.

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En tanto, Fuerza por Buenos Aires impulsa la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad. El proyecto, presentado por el diputado Leandro Santoro, busca asistir a sectores vulnerables mediante líneas de crédito especiales destinadas exclusivamente a cancelar deudas previas.

La iniciativa contempla préstamos exentos de impuestos, con una tasa nominal anual máxima del 40% y plazos de hasta 36 meses. Podrían acceder quienes registren deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos y acrediten al menos dos años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.

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El programa alcanzaría a empleados, monotributistas hasta la categoría G y jubilados, aunque excluye a quienes posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores al monto adeudado o hayan realizado compras de divisas recientemente.

También deja afuera deudas alimentarias, tributarias, hipotecarias, prendarias y las vinculadas a la adquisición de vehículos o bienes registrables.

La propuesta prevé que los fondos se transfieran directamente a los acreedores, la creación de una ventanilla única física y digital y una campaña de difusión.

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Además, establece un sistema de prioridades para hogares con menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de la educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos, y contempla la eventual participación de otras entidades financieras bajo las mismas condiciones del programa.

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Legislatura porteña, Subte, PRO

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El Gobierno estrenó su polémico decreto de designación de jueces

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El Gobierno estrenó hoy el decreto con el que modificó los trámites para elegir jueces y limitó la participación de la ciudadanía en el proceso. Puso en práctica el nuevo mecanismo con concursos clave, tendientes a elegir a magistrados que llevarán causas de alta sensibilidad política.

El Ministerio de Justicia publicó hoy en el Boletín Oficial las ternas de candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura correspondientes a siete concursos. Incluyen el destinado a cubrir dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. También, el juzgado federal 1 de Corrientes (el único federal con competencia electoral de la provincia), el juzgado 10 en lo penal económico y el federal 2 de La Plata.

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La publicación de hoy -que es por un solo día- cumple con enumerar los cargos a cubrir, la integración de las ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia donde pueden consultarse los curriculum y los puntajes obtenidos por los distintos candidatos. Eso es todo lo que demanda el nuevo decreto.

Hasta la semana pasada, estaba vigente el decreto 588/2003, que preveía un período de quince días para que particulares, colegios profesionales y asociaciones vinculadas a la Justicia presenten observaciones y objeciones a los candidatos. Contemplaba también la posibilidad de que el ministerio invitara a exponer su opinión a organizaciones especializadas. Establecía además que el Gobierno les pediría una declaración jurada patrimonial a los postulantes y que esa declaración podría ser consultada por la ciudadanía.

El Ministerio estaba obligado, asimismo, a pedir a ARCA un informe sobre “el cumplimiento por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales”. Después, debía presentarle su informe sobre los postulantes al Presidente.

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El nuevo decreto de Milei cambia tanto la forma de elegir jueces, fiscales y defensores, como ministros de la Corte Suprema. Fue muy cuestionado por reducir la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó esta semana una acción de amparo para frenar la aplicación del decreto.

En paralelo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto en rechazo de la nueva norma, a la que consideran un retroceso en materia de institucionalidad.

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Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.

Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.

Además de eliminar la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, el decreto dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.

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El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.




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Punto por punto, la nueva ley contra los trapitos que discutirá hoy la Legislatura porteña

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El recital de una banda musical, un partido de fútbol, el show de un DJ o cualquier evento masivo siempre tuvieron un denominador común: los “cuidacoches” o “trapitos”. En este sentido, la Legislatura porteña tratará en sesión ordinaria un proyecto que abarca esta problemática.

La normativa -impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por la diputada María del Pilar Ramírez, en proyectos separados y posteriormente unificados- propone una reforma clave al Código Contravencional que endurece las penalidades contra este tipo de prestación ilegal de servicios. De esta manera, la medida marca una acción concreta en la política oficial: busca frenar la proliferación de esta actividad y responde a las reiteradas denuncias de vecinos y automovilistas por intimidación y apropiación del espacio público.

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El cambio, que modifica los artículos 91 y 92 de la Ley N° 1.472, introduce una escala sancionatoria mucho más rigurosa. El texto explica que el esquema de penalizaciones vigente era insuficiente: la baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia barrial. Ahora, el nuevo texto distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.

La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del “trapito” dejó de ser un “mero ofrecimiento informal”. Según lo aprobado, en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa: los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias, en zonas que llegan a funcionar como “territorios” tomados de hecho por quienes ejercen el rol de cuidacoches.

Uno de los puntos centrales de la reforma es el reconocimiento de esquemas organizados en torno a eventos masivos y grandes parques. Según la Comisión de Justicia de la Legislatura, “la experiencia en espectáculos deportivos o recitales evidencia coordinación y distribución territorial, ameritando sanciones más severas, con diferenciación clara entre el infractor individual y quienes fomentan la actividad en grupo”.

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El proyecto se debatirá en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Penalidades agravadas y restricciones de acercamiento

El nuevo artículo 91 establece que ofrecer o prestar servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización será penado con diez a treinta días de arresto, trabajos de utilidad pública de veinte a cuarenta y cinco días o multas que pueden llegar a 7.000 unidades fijas. Es decir, la infracción puede ascender hasta los $6.649.930.

Como novedad, se añade la posibilidad de que el magistrado aplique la «prohibición de concurrencia e interdicción de cercanía» al lugar, restricciones ya utilizadas en delitos vinculados a violencia. Esto es que el infractor no puede concurrir o acercarse a la zona donde realizó el delito.

El texto suma agravantes: en situaciones donde haya intimidación, persistencia, desigualdad de género o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor o del entorno, la pena se duplicará automáticamente, siempre que el hecho no constituya delito penal.

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Frente a la existencia de organización, las sanciones se endurecen todavía más. Los organizadores, jefes y coordinadores podrán recibir hasta sesenta días de arresto y se habilita la inhabilitación para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales por hasta dos años.

Si la prestación ilegal de uno o varios trapitos ocurre en un radio de hasta cincuenta cuadras y entre las seis horas previas y las tres siguientes a la finalización del evento, la sanción escalará de 15 a 50 días de arresto para los partícipes y entre 45 y 60 días para quienes tengan roles en dicha organización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eventos masivos y responsabilidad institucional

El artículo 92 eleva el nivel de rigurosidad cuando estas contravenciones suceden en torno a grandes espacios o durante eventos masivos, como partidos de fútbol o recitales. En esos casos, si la prestación ilegal ocurre en un radio de hasta cincuenta cuadras y entre las seis horas previas y las tres siguientes a la finalización del evento, la sanción escalará de 15 a 50 días de arresto para los partícipes y entre 45 y 60 días para quienes tengan roles en dicha organización.

Además, el nuevo marco dispone que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, junto con otros organismos, podrá instalar oficinas móviles en los alrededores de los eventos para recepcionar denuncias de los perjudicados.

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La ley incorpora una cláusula inédita destinada a clubes y organizadores: si se prueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas al club, institución o entidad organizadora en la actividad ilegal, esa entidad será sancionada con multas de hasta 20.000 unidades fijas ($18.999.800) y clausura de instalaciones por un período de 30 a 90 días.

Ambos artículos reformados prevén la obligación de que el juez interviniente ponga en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo que en el futuro lo reemplace. Pero también refuerzan una línea dura: quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de los programas estatales por dos años, en un intento de desalentar la repetición.

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