POLITICA
El Gobierno apelará el fallo que avaló el cambio de domicilio de la AFA y anuló la veeduría impulsada por el Ministerio de Justicia
El Gobierno apelará el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que avaló el cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires y anuló la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia sobre la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. En Nación cuestionan la resolución de la Sala D y sostienen que la Inspección General de Justicia buscará revertir la decisión en una instancia superior.
“Nosotros vamos a apelar”, expresan fuentes oficiales. En la Casa Rosada señalan que el nuevo titular de la IGJ es Alejandro Ramírez y remarcan que la decisión judicial golpea el esquema de fiscalización que el organismo había impulsado sobre la AFA, en medio de una ofensiva administrativa más amplia sobre las entidades vinculadas al fútbol argentino.
La Cámara Civil declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ, firmada el 18 de febrero de 2026, que había rechazado la inscripción de la reforma estatutaria por cambio de domicilio y la cancelación de la matrícula de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires. También anuló la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, dictada el 16 de marzo, que había dispuesto una intervención informativa en grado de veeduría por 180 días hábiles.
El eje del fallo es la competencia. Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó el cambio de jurisdicción y prestó conformidad al traslado del domicilio social a Pilar, el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la AFA quedaron bajo la órbita provincial. Bajo esa lectura, la IGJ ya no podía inspeccionar el nuevo domicilio ni revisar lo resuelto por el organismo bonaerense.
En el Gobierno, el fallo también abrió un nuevo pase de facturas internas dentro del área de Justicia. En el sector que ahora conduce Juan Bautista Mahiques, con Alejandro Ramírez al frente de la IGJ, sostienen que la Cámara marcó un flanco de la etapa anterior: que el organismo nacional tomó conocimiento del acto de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense que convalidó el traslado de la AFA a Pilar y no lo impugnó de manera eficaz. Esa lectura apunta a la gestión previa del Ministerio de Justicia, que coordinaba Santiago Caputo a través de Sebastián Amerio.
El expediente, sin embargo, expone diferencias. Vítolo sí se opuso al avance de la AFA: primero intentó frenar la asamblea de octubre de 2024 en la que se aprobó el cambio de jurisdicción y luego, en febrero de 2026, rechazó la inscripción de la reforma estatutaria y la cancelación de la matrícula porteña. Lo que ahora sostiene la Cámara es distinto: que, una vez dictado el acto administrativo bonaerense que aceptó la radicación en la Provincia, la IGJ no podía revisar esa decisión ni ordenar inspecciones sobre un domicilio que ya había quedado bajo la órbita del organismo provincial. Con ese diagnóstico, la nueva conducción anticipa que apelará el fallo.
El fallo remarca que la normativa de la IGJ exigía, para tramitar el cambio de jurisdicción, una resolución del organismo competente en la nueva jurisdicción que prestara conformidad al traslado. Según la Cámara, esa documentación fue aportada mediante la resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. Por eso, los jueces concluyeron que, si ese organismo había aceptado el domicilio indicado, la IGJ no podía ordenar una inspección sobre ese mismo lugar como si conservara competencia territorial.
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La sentencia también cuestionó el accionar administrativo de la IGJ. Los jueces sostuvieron que el organismo nacional se “erigió por encima” de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a la que le atribuyeron facultades equivalentes de control dentro de su jurisdicción. En esa línea, consideraron que la IGJ llevó adelante facultades revisoras o fiscalizadoras sobre un organismo par y que esa conducta excedía su esfera de competencia.
Otro punto sensible del fallo es la distinción entre domicilio social y sede. La Cámara sostuvo que, una vez aprobada e inscripta la reforma estatutaria sobre el domicilio legal, la competencia territorial correspondía al organismo provincial. También señaló que las dudas sobre la ubicación concreta de la sede o sobre el funcionamiento efectivo del inmueble en Pilar no podían prevalecer sobre el acto administrativo bonaerense que había autorizado el cambio.
El tribunal además cuestionó que la IGJ fundara parte de su decisión en informaciones públicas que sugerían irregularidades en la nueva sede. Para la Cámara, esas referencias no alcanzaban para desvirtuar la presunción de validez del acto dictado por el organismo provincial. También mencionó que, si la AFA hubiera sido oída en esa instancia, podría haber aportado el contrato de comodato firmado con la Municipalidad de Pilar por el uso del inmueble ubicado en Mercedes 1366.
Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, AFA
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La Justicia ordenó que Cristina Kirchner continúe cobrando su pensión de más de $15 millones mensuales por viudez
Cristina Kirchner volverá a cobrar desde agosto la pensión por viudez, por un monto de $15.683.154,06 brutos mensuales tras la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Socialque ordenó pagarle el beneficio a pesar de estar condenada en la causa Vialidad.
Así lo notificó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la Justicia. El organismo adelantó que procederá al pago para cumplir con la sentencia, aunque continuará cuestionando la decisión en instancias superiores.
La prestación corresponde a una de las dos asignaciones reguladas por la ley 24.018, derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, que habían sido dadas de baja en noviembre de 2024 tras la condena. La otra asignación, la correspondiente a su condición de expresidenta, permanece suspendida en virtud de esa misma sentencia.
En febrero pasado, la Cámara, integrada por Sebastián Russo y Juan Fantini, hizo lugar al pedido de restitución provisoria formulado por la expresidenta, tras revocar la decisión de primera instancia de la jueza Karina Alonso Candis, quien había denegado la medida cautelar.
Los camaristas consideraron aspectos de carácter alimentario para habilitar el pago mientras se resuelve el fondo de la demanda iniciada por CFK contra la resolución que dispuso las bajas.
Según la notificación enviada por la ANSES a la justicia previsional, el organismo procederá al restablecimiento del beneficio identificado con el número 47-6-8085213-0 a partir de agosto de 2026. Del monto bruto se descontarán los conceptos correspondientes a obra social e impuesto a las ganancias.
La prestación no incluye el adicional por zona austral que la expresidenta percibía hasta 2024, cuando declaraba domicilio en Santa Cruz pese a residir en la Ciudad de Buenos Aires.
Para acceder al pago provisorio, Cristina Kirchner prestó una caución juratoria, comprometiéndose a reparar el eventual daño al patrimonio público si la sentencia definitiva le resultara desfavorable. La ANSES había solicitado una caución real como condición para liquidar el beneficio, pero la justicia consideró cumplido el requisito con la garantía juratoria.
La batalla judicial por la pensión
La condena en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2024, la ANSES —dependiente del Ministerio de Capital Humano— dispuso la baja de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.
La expresidenta promovió una acción judicial de nulidad contra esa resolución administrativa y solicitó la cautelar que finalmente le fue concedida.
Tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recursos y, tras la denegación del recurso extraordinario, presentaron queja ante la Corte Suprema.
Días atrás, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen donde consideró que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa.
Para el representante del MPF, la Corte debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas precautorias no definitivas y declarar la inadmisibilidad de la orden de pago. “Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar”, señaló al respecto.
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Permitir que la expresidenta continúe con “el cobro de la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional”, destacó Casal.
En esa línea, el procurador recordó que la condena penal firme dictada “implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar“.
cristina kirchner, ANSES, pension
POLITICA
Los gremios docentes aceptaron la oferta salarial de Axel Kicillof y se destraba el conflicto en Buenos Aires
LA PLATA.- Los docentes de la provincia de Buenos Aires aceptaron hoy la propuesta de suba salarial del gobierno bonaerense y se destraba el conflicto con el gobierno de Axel Kicillof, que este año ya enfrentó dos jornadas de paro.
La propuesta de una suba escalonada del 5% en julio, más un 2% en agosto fue aceptada por los congresos de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que son mayoría en el Frente de Unidad Docente.
Suteba endureció su posición con el gobierno de Kicillof tras el reemplazo de Roberto Baradel por María Laura Torres como secretaria general. De modo que la aceptación de la propuesta salarial es un alivio para la gestión peronista de esta provincia.
Los docentes de este territorio suman 354.000 y son más de la mitad del total de los trabajadores públicos bonaerenses, que suman 530.000
Esta paritaria marca, en general, el ritmo del resto de las negociaciones gremiales.
La misma propuesta de los docentes se realizó a la Asociación de Trabajadores del Estado para los empleados enrolados en la ley 10.430 que rige a los empleados administrativos. Estos trabajadores también aceptaron un alza escalonada en dos meses.
Los empleados judiciales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense acordaron una suba con el gobierno para el primer trimestre y ahora esperan que se cierre una oferta para el segundo trimestre, al igual que los trabajadores de la sanidad.
Estos gremios serían convocados la semana que viene a negociar con el ministro de Economía de Buenos Aires, Pablo López.
La aceptación de la propuesta por parte de los docentes despeja la tensión con los gremios que han sido la mayor base de sustentación del gobierno de Kicillof desde que llegó al poder en 2019.
“Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales”, remarcó López, funcionario de Kicillof.
El titular de la cartera económica dijo que valoran la labor de aquellos trabajadores que “garantizan la seguridad, la educación, la salud y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee” a los ciudadanos. Por esa razón, dijo López, el Ejecutivo bonaerense hizo “un enorme esfuerzo en materia salarial”.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, afirmó: “Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales”.
Enseguida agregó: “Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos”.
Los acuerdos también incluyen, en el caso docente, la incorporación de una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial. Adicionalmente, el gobierno de Kicillof anunció que se creará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.
En el caso de la Ley 10.430, el acuerdo contempla también el pase a planta permanente para el personal ingresado entre 2024 y 2025, la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa, entre otros temas.
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Con Karina Milei a la cabeza, la nueva mesa política se reunió en Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa
“Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. ¿Quiere hablar de la política? Hable con mi hermana. Hable con la mesa política, con los que están remando en ese barco“, sostuvo esta mañana el presidente Javier Milei cuando le preguntaron respecto al armado electoral de La Libertad Avanza. Horas más tarde, el selecto grupo se reunió en las oficinas del Ministerio del Interior, ubicadas en la planta baja de Casa Rosada, para ordenó la agenda legislativa que iniciará con el tratamiento de las modificaciones en el proyecto de Inocencia Fiscal.
Una fuente asistente reveló a Infobae que el oficialismo intentará discutir la normativa la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Se trató del primer encuentro de Diego Santilli en calidad de jefe de Gabinete, ya que hasta entonces había participado como titular de la cartera del Interior. Además, fue el debut del flamante secretario de Comunicación, Fabián Fernández, que participará por primera vez desde su designación.
El Gobierno trabaja en ajustar la hoja de ruta de las prioridades que contempla la reforma electoral, las modificaciones del régimen de zonas frías y los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal. Lo hacen en pleno Mundial y en la antesala del receso invernal del Congreso.
Tras la salida de Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, logró sobreponerse al golpe, ordenar las piezas y ampliar su poder interno con el empoderamiento de Ignacio Devitt, el ascenso de Santilli y la incorporación de Fabián Fernández.
Si bien el intercambio estuvo previsto para las 17, la administración libertaria logró anticiparlo y se reunió dos horas y media, desde las 14, bajo la conducción de Karina Milei. Participaron Santilli, Fernández; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
En la previa a la reunión, un miembro del círculo contó ante este medio, el complejo escenario que supone la reforma electoral, en particular la idea de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en función de los acuerdos con los aliados.
Entre “colectoras” y advertencias a los gobernadores, en el oficialismo reina la incertidumbre respecto a los apoyos con los que cuentan para la sanción de la normativa. “Hay tiempo. Hasta diciembre tenemos margen”, planteó un importante funcionario involucrado en el tema.
No obstante, algunos interlocutores violetas anticiparon ante este medio que la estrategia electoral se instrumentará en función de los apoyos legislativos. Aún con el cronograma por definir, el mensaje es claro: los aliados que no estén dispuestos a acompañar “no serán tenidos en cuenta para el armado”.
“Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran”, planteó una fuente violeta. “Los acuerdos y la reforma están ligados. Naturalmente son temas que van de la mano en muchos casos”, coincidió otra voz del Poder Ejecutivo.
Todos los alfiles están comprometidos con la tarea, pero son Santilli y “Lule” Menem los que tienen a cargo las negociaciones con los gobernadores para destrabar el objetivo. Esta tarde, escoltarán al mandatario a la provincia de Tucumán para participar de la vigilia del Día de la Independencia.
Como contó este medio, serán de la partida más de una docena de mandatarios provinciales y se evalúa un potencial encuentro exprés en la previa a la ceremonia conmemorativa. Confirmaron asistencia Osvaldo Jaldo (Tucumán); Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco) y Elias Suárez (Santiago del Estero).
Se espera además una fuerte presencia de ministros y legisladores libertarios, a excepción de la senadora Patricia Bullrich, quien fue invitada, pero por motivos personales no asistirá.
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