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Amenazas de tiroteos en escuelas: el gobierno de Córdoba se sumó a la iniciativa y cobrará a las familias el costo de los operativos

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Dada la ola de amenazas en instituciones educativas, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba implementó un nuevo Protocolo de Recupero y Resarcimiento que exige a los padres o adultos responsables de alumnos identificados e imputados judicialmente por generar falsas amenazas en escuelas afrontar los costos de los operativos policiales y de emergencia desplegados ante tales situaciones. Localidades como Santa Fe, Corrientes y Mar del Plata ya habían anunciado una medida de características similares.

En Córdoba, la medida fue oficializada tras la firma de la resolución correspondiente, en el marco de una política provincial orientada a proteger a la comunidad educativa y resguardar los recursos públicos.

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Las amenazas de tiroteo, intimidaciones públicas o falsas alarmas en establecimientos educativos obligan a movilizar personal policial, brigadas especiales, bomberos, áreas de investigaciones criminales y otros recursos estatales. Por tal motivo, el Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que, desde ahora, además de las consecuencias penales, quienes resulten responsables deberán enfrentar el pago de los gastos operativos generados por dichas intervenciones.

Alcances y justificación del nuevo protocolo

Según el comunicado oficial, el Estado provincial intimará el pago de los costos a los padres o tutores de los menores involucrados, una vez que la Justicia logre identificarlos. El procedimiento administrativo contempla la cuantificación de recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo, incluyendo tiempo operativo, tecnología y personal sustraído de otras funciones de prevención del delito y seguridad.

 Los padres o tutores de los menores involucrados deberán afrontar los gastos según lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de Córdoba

El Ministerio de Seguridad remarcó que este tipo de conductas no se consideran hechos menores, ni simples travesuras. Son consideradas acciones graves que alteran el funcionamiento escolar, generan angustia en la comunidad educativa y requieren una respuesta estatal inmediata.

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La cartera enfatizó: “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, pone en marcha un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”.

Procedimiento y coordinación interinstitucional

El protocolo prevé la intervención conjunta del Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y áreas administrativas pertinentes. Cada caso será evaluado para calcular los recursos asignados y, posteriormente, se procederá con la intimación extrajudicial de pago o, si corresponde, acciones judiciales adicionales. El Ministerio de Seguridad destacó que la Provincia mantendrá una política clara: quien altere el orden y comprometa recursos públicos deberá asumir las consecuencias.

A su vez, se informó que el Ministerio continuará trabajando con la Justicia, autoridades educativas y familias para prevenir estas conductas, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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En distintas localidades del país se decidió implementar una medida similar para que las familias de los menores que realicen amenazas en escuelas abonen los gastos vinculados a los operativos de seguridad. El gobierno de Santa Fe cuantificó el impacto financiero de cada despliegue: entre cinco y seis millones de pesos por procedimiento, según datos difundidos por el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Pablo Cococcioni.

La alarma se genera debido a que durante la semana pasada la provincia registró la semana pasada 65 denuncias por amenazas en un solo día en establecimientos educativos, un pico sin precedentes que acentuó la preocupación oficial.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba estableció el “Protocolo de Recupero y Resarcimiento”, disponiendo la reclamación directa a los padres de los gastos generados por los operativos ante amenazas comprobadas. En ese marco, cada caso implica la movilización de efectivos, vehículos, recursos tecnológicos y tiempo institucional, todo ello restado de otras funciones de prevención y seguridad.

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En Corrientes, la Jefatura de Policía advirtió mediante un comunicado que aplicará el artículo 149 bis del Código Penal Argentino, contemplando la imputación por intimidación pública. Además, los padres serán civilmente responsables de los daños ocasionados por los menores, conforme al artículo 1.754 del Código Civil y Comercial, que estipula: “Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos”.

El jefe de la policía correntina, Miguel Ángel Leguizamón, aseguró a Infobae que “la gravedad de cada caso determinará la aplicación de sanciones en los ámbitos penal, civil o contravencional”, y enfatizó que la edad de los involucrados —en la mayoría de los casos, menores— no los exime de consecuencias legales ni a ellos ni a sus padres. Leguizamón subrayó que la policía sostiene una política de “tolerancia cero” frente a amenazas o incitaciones a la violencia escolar.

Finalmente, en Mar del Plata, la Justicia, a través del fiscal general Fabián Fernández Garello, determinó que los padres de los estudiantes identificados como responsables deberán afrontar tanto los costos de los operativos como eventuales daños registrados en los establecimientos. Hasta el momento, se registraron al menos diez episodios y un menor de 17 años ya fue imputado formalmente por el delito de intimidación pública. La Justicia investiga si existe vinculación con retos virales difundidos en redes sociales.

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Nueva respuesta del Gobierno tras la marcha universitaria: “La ley nació muerta”

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Tras la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria este martes, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, volvió a tildar este miércoles la movilización de un hecho ”político”, se alejó de la discusión del número de personas que se congregaron en Plaza de Mayo y apuntó contra el rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres.

La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores. Ahora, la Ley de Financiamiento Universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario», marcó Álvarez.

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En diálogo con radio Mitre, sumó: “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto“.

Alejandro ÁlvarezMinisterio de Capital Humano

Álvarez también repudió las declaraciones contra el gobierno de Javier Milei que lanzó el vicepresidente del CIN en el marco de la manifestación. “Lo escuchaba a Torres hablando como si fuera un inocente profesor y es político profesional… Tiene todas las fotos con [Axel] Kicillof”, apuntó.

“Otra hipocresía que nos molesta es que el gestor defiende el ingreso irrestricto y tiene un amparo para poner cupo en todas las carreras. Eso hay que financiarlo… Él [Torres] resolvió su problema. En el medio, en su inocencia como ‘simple profesor’ le dio el honoris causa a Cristina [Kirchner]“, deslizó y acusó: ”Uno trata de no ir a cuestiones personales, pero que no nos acusen a nosotros de querer destruir el sistema universitario cuando, en realidad, lo queremos salvar de quienes se aprovecharon de él y lo quieren llevar a la destrucción».

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La convocatoria en reclamo por fondos para la educación pública se dio en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, según cálculos de , participaron unas 120.000 personas. “De números no hablamos… Si no, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso», consideró el funcionario mileísta al respecto.

La multitud en Plaza de MayoMartín Cossarini

Noticia en desarrollo




cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria,marcha,Universidad de Buenos Aires,Universidades,Conforme a,,Tribuna Segura. El Gobierno prohíbe a los deudores de cuotas alimentarias ingresar a partidos de fútbol,,»Hoy es un obstáculo para el cambio». El dirigente más cercano a Macri apuntó contra Adorni,,Tras la marcha universitaria. Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia,Marcha,,Universidades: medidas que relegan debates de fondo,,»La situación es crítica». Una multitud le reclamó al Gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario,,De Jujuy a Tierra del Fuego. La marcha universitaria se replicó en todo el país con protestas en más de diez provincias

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Tras la marcha universitaria, la Corte dio un paso clave para resolver la causa contra el Gobierno por el financiamiento

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este martes en condiciones de resolver la causa contra el gobierno por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto gira alrededor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución el Gobierno cuestiona desde que la vetó parcialmente en 2025 y luego volvió a objetar cuando el Congreso insistió con su sanción. La posición oficial sostiene que la norma no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para financiarla.

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Con este movimiento, la Corte está en condiciones en emitir sentencia por lo que las expectativas quedan puestas en su próxima reunión de acuerdo, el jueves. Según marca la normativa, en estos casos no es necesario que gire el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión, aunque puede requerirla.

La ley cuestionada establece la actualización automática de las partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.

Sin embargo, su implementación fue limitada en la Ley de Presupuesto 2026 y a través de la Decisión Administrativa 20/2026.

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Por ese motivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una medida cautelar que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. En respuesta, el Gobierno interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema donde argumentó que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.

Marcha universitaria 12 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina

Paralelamente, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se liberen las transferencias pendientes. Hasta que la Corte no resuelva el recurso extraordinario, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Ejecutivo no está obligado a realizar las erogaciones correspondientes.

Sin embargo, no existen plazos para que se pronuncie el máximo tribunal. Fuentes consultadas confirmaron a TN que la Corte podría rechazar el recurso sin entrar al fondo del asunto, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

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Si adopta esa postura, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga al Gobierno a transferir los fondos.

La postura del gobierno tras la marcha universitaria

Pese a la magnitud de la convocatoria, el Gobierno minimizó el peso de la movilización universitaria de este martes y la tildó de una “marcha política” impulsada por el aparato de la oposición. Javier Milei siguió todo desde la Quinta de Olivos y retuiteó mensajes en contra de la protesta, aunque no se expresó de manera directa.

Mientras miles de personas se congregaban en la Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en Casa Rosada insistieron en su postura de que la protesta había sido orquestada para erosionar al Gobierno.

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Así lo expresó tras la movilización el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que apuntó contra “sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines”.

“Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales, cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble», insistió el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

universidad, Corte Suprema, Gobierno

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En medio de la turbulencia, el Gobierno se aferra a un repunte de la economía para encarar la carrera electoral

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Envuelto en un escenario complejo que acumula más de dos meses, el Gobierno cuenta los días para el inicio del Mundial 2026, un evento que consideran clave para desplazar los conflictos de la agenda pública y obtener el margen necesario que les permita lanzar una campaña electoral que prevén anticipada. En el oficialismo existe consenso: el desempeño electoral de La Libertad Avanza, que se materializa en los planes de reelección de Javier Milei, depende del impacto del plan económico.

“Lo que nadie dice es que la caída en la imagen del Presidente llegó a su piso. Hoy más del 40% lo vuelve a elegir. Hay que dejar que la economía haga su trabajo, pero vamos a llegar bien al 2027″, expresaba un fuente de la mesa política a Infobae. “La suerte del Gobierno está sujeta al éxito de la economía”, coincidió otro referente que transita los pasillos de Balcarce 50.

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Los números relevados por el oficialismo corresponden al mes de abril, cuando inició la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según garantizan, la estructura que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene el respaldo en las provincias del interior del país, que en octubre posicionaron al espacio como el gran ganador de la elección de medio término.

Pese al pálido presente, la expectativa de un repunte económico es compartida entre los funcionarios de la administración libertaria, quienes advierten además que los efectos de las medidas adoptadas en el último tiempo presentan un retraso de varios meses. No está claro si se trata de un pronóstico preciso o de una expresión de deseo, pero a varios les preocupa que el tiempo disponible no alcance para llegar competitivos a 2027.

La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional

“Todo en economía tiene un rezago. Estamos sufriendo coletazos de lo que fue la campaña electoral: una corrida cambiaría que llevó a subir la tasa de interés, y post octubre todo empezó a mejorar. A partir de este segundo trimestre la cosa empieza a repuntar”, prometió una importante voz con acceso al despacho presidencial.

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A contramano de lo expuesto, en otro sector de espacio detectan una baja en los indicadores que miden la percepción pública del Gobierno, atribuida a un cúmulo de factores que incluyen la compleja situación económica y el caso Adorni, un diagnóstico similar al que publicó la revista británica The Economist.

Algunos referentes, no obstante, mantienen expectativas positivas ante la posibilidad de que “la actividad vuelva a mostrar dinamismo” antes de los comicios de 2027. El ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que “a partir de junio se vienen los mejores meses”, y sostuvo que las cifras de marzo indican una mejora interanual de la economía real.

La industria está 5% por encima del año anterior y la construcción muestra un avance de 12,7% en el mismo periodo”, detalló en declaraciones a LN+ sobre dos sectores que hasta entonces figuraban rezagados. Además, anticipó que la inflación de abril será “sustancialmente más baja” que la de marzo, ubicada en 3,4%, y estimó -en base a previsiones- que se situará entre “2,5% y 2,8%”.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad)

En los últimos días, la cúpula libertaria detecta que algunos sectores opositores, entre los que ubican al peronismo, pero también a las constantes críticas del PRO que le atribuyen a Mauricio Macri, comenzaron a “instalar el mismo clima de incertidumbre” que observaron antes de las elecciones de medio término. “Un año antes. Es insólito”, se quejó una fuente del oficialismo.

Ante la ausencia de candidatos opositores definidos, en La Libertad Avanza aseguran que, en los comicios presidenciales, la discusión girará en torno a modelos de país en pugna y no a nombres propios. “La discusión es si Javier sí o Javier no. Necesitamos, al menos, un período más de Milei para consolidar las transformaciones y la gente lo sabe”, afirmaron a este medio.

Con tiempo por delante y la nueva edición de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio, como fecha clave para definir el armado de las listas, en las filas violetas apuestan a llegar “competitivos” a 2027. Para ello, la mesa política coincide en la necesidad de alcanzar acuerdos legislativos con los gobernadores aliados que, en el futuro, podrían convertirse en alianzas electorales.

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