POLITICA
Dante Gebel se reunió con un sector de la CGT, empresarios y un gobernador, pero dilata una definición sobre su candidatura
Dante Gebel se define como un empresario del entretenimiento antes de decir que es un pastor evangélico. Se jacta de facturar millones de dólares en Estados Unidos con shows y conferencias que se transmiten por sus redes sociales. Nacido en la Argentina, pero radicado en California desde 2008, Gebel está desde ayer y hasta el viernes en Buenos Aires para un raid fugaz y furtivo con empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos y religiosos para explorar si es viable lanzarse como candidato presidencial en 2027 para suceder a Javier Milei.
Gebel decidirá después del Mundial de fútbol, que termina el 13 de julio próximo, si se involucra activamente en la política. Su familia se resiste y prefiere quedarse en Estados Unidos. Mientras tanto, habilita a empresarios y sindicalistas a avanzar con un armado propio cuyo financiamiento es hasta ahora confuso y poco claro.
Este outsider de la política doméstica no tiene una postura tomada ni un discurso elaborado sobre la condena a prisión de Cristina Kirchner ni sobre el rumbo de la gestión de Milei (criticó ligeramente el desempleo y el ajuste a los jubilados).
En privado, evita cuestionar al Gobierno, pero también a Axel Kicillof. Además, dice no conocer a Sergio Massa ni a Mauricio Macri. Su desconocimiento de los actores principales del ajedrez electoral es por lo menos curioso. Tampoco tiene un programa económico ni un economista que sirva como referencia. Es difícil de encasillar en algún partido.
Afirma que las donaciones que hace a través de River Church USA Incorporated, el emprendimiento propio con el que gana fortunas en California, cubrieron un vacío que, a su entender, el Estado debió cubrir. Suele recurrir a un ejemplo durante la pandemia por el coronavirus, cuando desafió el aislamiento para activar una red solidaria de reparto de alimentos en diferentes países, incluido la Argentina.
Despunta apenas una definición sobre su perfil político cuando defiende a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador a quien considera un amigo. Evita hablar de “mano dura” o de violaciones a los derechos humanos en las cárceles salvadoreñas, pero destaca que su política de seguridad redujo la delincuencia y le hizo ganar elecciones.
Deja otra ligera sentencia que lo podría describir en caso de saltar a la política: es intolerante con la prensa. Con pasado en medios gráficos, televisivos y radiales, Gebel advierte en privado sobre una caída en la calidad de los medios de comunicación y en sus publicaciones. Dice que lo fastidian los títulos alarmistas y zócalos marketineros, y pone la guardia en alto para defender cómo construyó su fortuna. También cuestiona los sondeos de opinión que lo midieron sin haber oficializado su candidatura.
Su lanzamiento a la política está todavía verde y es por ahora un interrogante. A fines de 2025 se creó un espacio llamado Consolidación Argentina cuyas caras más visibles son el exlibertario y legislador porteño Eugenio Casielles, el sindicalista aeronáutico Juan Pablo Brey y el exfutbolista Walter Erviti. “Apostamos a convencer a Dante de participar y competir y de armar un frente transversal, por fuera de los partidos tradicionales”, dice uno de los impulsores del armado.
Casielles y Brey, escoltas de Gebel en su raid de 72 horas por Buenos Aires, promovieron algunos de los encuentros que tuvo el pastor, que se hospeda en un departamento propio en Puerto Madero. Visitó a un sector de la CGT en la sede de la Uocra y tuvo un mano a mano con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. El cordobés ya había dado una señal cuando habilitó a su secretario de Culto para que participe de un acto de Consolidación Argentina en Lanús.
Gebel también cenó con Mario Pergolini, a quien lo unirían algunos proyectos societarios, y en su agenda esperan encuentros con empresarios y dirigentes políticos y religiosos. Todo en función de una candidatura que hoy está en evaluación, con más dudas que certezas.
Dante Gebel,financiamiento,Nayib Bukele,un acto de Consolidación Argentina en Lanús,Nicolás Balinotti,CGT,Conforme a,,Crisis. Las Fuerzas Armadas le pagaron $80.000 millones a la obra social, pero se mantiene la mayor parte de la deuda,,Contra la prensa. El Gobierno denunció a dos periodistas por grabar en los pasillos de la Casa Rosada,,Una opción «racional». Rocca le pidió a Macri sostener la participación de Pro en las próximas elecciones nacionales,CGT,,La agenda de actividades. La Iglesia y la CGT rinden homenaje al papa Francisco a un año de su muerte,,Debate frustrado. Sin el representante del Gobierno, la CGT criticó la reforma laboral y la “falta de inversión productiva”,,Tensión gremial. ATE convocó a un paro nacional con movilización para el 21 de abril
POLITICA
Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.
El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.
La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.
El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.
También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.
El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.
La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.
Los supuestos testaferros
De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.
Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.
Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.
En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.
Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.
Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.
Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.
Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.
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POLITICA
“Erosiona el debate público”: ADEPA lamentó y rechazó los insultos de Milei a periodistas y editores de medios
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a editores de medios del país, y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que asocia a periodistas, rechazaron la nueva serie de graves insultos y agravios del presidente Javier Milei contra periodistas y directivos de medios.
Entre los destinatarios de los agravios presidenciales están el director del diario , Fernán Saguier; los columnistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, y el secretario de redacción y columnista dominical Jorge Liotti.
En su comunicado, ADEPA enumeró los ataques contra Saguier, Pagni, Liotti y Morales Solá; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Luis Novaresio, de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín, y Gustavo Sylvestre, de C5N.
La entidad reiteró que “quien gobierna y es objeto de crítica, o considera errónea o sesgada una información, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a criticar, aclarar o desmentir”, incluso con tono enérgico.
Pero dijo que lo que erosiona el debate democrático es “el insulto y el agravio”, que afectan al destinatario y al conjunto del cuerpo social.
ADEPA recordó también que la libertad de expresión protege especialmente las opiniones sobre quienes ejercen el poder, y que el derecho a réplica no habilita los ataques personales.
FOPEA, por su parte, difundió en X un relevamiento con las expresiones del Presidente, organizado por día. Según el detalle de la entidad, el 5 de octubre Milei llamó “otra mierda humana” a Van der Kooy, y “Mierdanecio”, “Mandrilesio”, “estúpido” e “imbécil” a Novaresio.
A Sylvestre lo trató de “mierdas humanas, mentirosos” y a Jesica Bossi de “defensora de ladrones, asesinos y violadores”. A Pagni lo describió como “la versión de mierda de Lucas Adams” y como “una de las plumas esclavas de la mierda humana de Fernán Saguier”.
“La reiteración en un período tan breve y la virulencia de las expresiones muestran una dinámica que excede una controversia puntual con un periodista o un medio determinado”, advirtió FOPEA.
La entidad también alertó que funcionarios del Poder Ejecutivo se sumaron a los ataques. Según FOPEA, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en duda la independencia profesional de Morales Solá, mientras que el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo participaron de los cuestionamientos contra Novaresio y Duffard.
“El periodismo puede y debe ser cuestionado y refutado con datos y argumentos. Los periodistas no son infalibles y FOPEA no ejerce defensa corporativa alguna. Pero la crítica no es el insulto”, sostuvo la organización.
Agregó que, cuando el agravio proviene del poder del Estado, “la asimetría y su efecto intimidatorio se multiplican, incluso por el hostigamiento de terceros en las redes sociales”.
“La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía”, concluyó FOPEA. La entidad reiteró su pedido al Presidente y a los funcionarios del Gobierno para que “abandonen el insulto como herramienta de comunicación y contribuyan a una conversación pública respetuosa y plural”.
En abril pasado, ADEPA ya había rechazado agresiones verbales desde las cuentas de Milei contra Pagni, Liotti, Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove. En septiembre, durante su 64ª Asamblea General en Tucumán, la entidad advirtió que las críticas presidenciales deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio en la sociedad.
Por los ataques a Duffard, Elisa Carrió presentó una denuncia penal contra Milei, una postura que FOPEA y ADEPA respaldaron.
https://t.co/VvgBGoWnX1,October 6, 2026,#FOPEALibertadDeExpresión,pic.twitter.com/I77FS9C7AR,October 6, 2026,Adepa,FOPEA,Periodismo,Conforme a
El Gobierno de la Ciudad entregará este jueves a la Nación el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en un paso clave para avanzar con el cierre de la cárcel de Villa Devoto. El traspaso formal de la obra dará inicio a la etapa previa al traslado de los internos, que se realizará de manera gradual.
El convenio será firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el titular de esa cartera en la Ciudad, Horacio Giménez. A partir de ese acuerdo comenzará a tomar forma el operativo conjunto diseñado para trasladar a los presos desde el penal porteño hasta el nuevo establecimiento.
Para organizar el procedimiento se conformará un Comando Unificado Federal, integrado por representantes de las fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El organismo tendrá a su cargo definir la estrategia, coordinar a las distintas fuerzas y ejecutar el traslado.
El movimiento de los internos será progresivo y estará diseñado en función de las características de cada detenido. El esquema contempla evaluar los perfiles criminológicos y establecer medidas para reducir los riesgos durante los recorridos y las distintas etapas del operativo.
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