POLITICA
Apartaron al juez de Santiago del Estero que debía resolver sobre la detención de Tapia y Toviggino
SANTIAGO DEL ESTERO.- La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay de la causa por presunto lavado de dinero por la que se pidió la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
El viernes, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón, pidió la indagatoria y detención de los mandamases de la AFA y otras personas.
La petición debía ser resuelta por Argibay, el juez federal de 2 Nominación de Santiago del Estero, que se reincorpora a sus actividades el próximo martes.
Sin embargo, el fiscal recusó a Argibay, con el argumento de que la hija del juez, Pilar Argibay, le había vendido un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo, el tesorero de AFA, y esa operación es parte del expediente por lavado y asociación ilícita que ya acumula 10.000 fojas en Santiago del Estero.
El fiscal sostuvo que Argibay debe apartarse de la causa por la relación de su hija con los negocios de la familia Toviggino.
La recusación fue finalmente aceptada por la jueza Marina Cossio, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Cossio es un apellido conocido en la vida pública tucumana, con familiares en el derecho, la salud y en cargos públicos.
“El caso se mediatizó mucho y por eso creemos que Cossio fallará este mismo lunes”, habían deslizado este fin de semana desde la oficina de Pedro Simón, quien en un breve diálogo con aseguró que “es una investigación compleja que llevó cuatro meses de análisis de documentación de gran volumen y diversa como informes de Arca, bancos, y otros organismos, hasta alcanzar 10.000 fojas”.
Aceptado el apartamiento de Argibay, decisión que se tomó ayer y se formalizará este martes, debería subrogar Guillermo Molinari por ser el otro magistrado federal de la provincia. Si Molinari se excusa, debería tomar la causa Miguel Contreras o Guillermo Díaz Martínez, de Catamarca, o el único titular que tiene Tucumán, que es José Díaz Vélez.
Leonel Rodríguez,Conforme a
POLITICA
Sandra Pettovello designó a su nuevo jefe de Gabinete tras la polémica por los créditos del Banco Nación
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, designó a Mauro Brandi como su nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Leandro Massaccesi, quien fue recientemente desplazado luego de que se generara una polémica cuando se conoció que había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación.
Tal como consignó el Decreto 265/2026 publicado en el Boletín Oficial de este lunes, la ministra oficializó el nombramiento del abogado, que ya llevaba más de dos años dentro de la cartera de Capital Humano.
Como detalla su perfil de LinkedIn, Brandi desempeñó la mayor parte de su carrera en el sector público, en un comienzo en el Ministerio de Educación y luego en Capital Humano, a donde ingresó en 2024 con el cargo de director de Planificación, Transparencia y Evaluación de Gestión. Sus últimos roles habían sido como director general de Gestión Documental, Integridad y Transparencia y de enlace de Integridad Pública ante la Oficina Anticorrupción.
Brandi asumió en un contexto de creciente exposición sobre los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo.
Según indicaron fuentes del Gobierno a , la ministra no cuestiona el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente y que generó “ruido” público.
En tanto, la oposición en el Congreso pidió investigar estas operaciones, mientras que la entidad financiera aseguró en un comunicado que el proceso de acceso es “homogéneo y sin excepciones”, aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados públicos con condiciones más favorables.
A través de su cuenta de X, el ahora exfuncionario aseguró que no cometió “ningún acto ajeno a la ley” y realizó un extenso descargo.
“A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”, introdujo el exfuncionario oriundo de Viedma, Río Negro.
Y justificó: “La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida. Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media, especialmente para generaciones que han visto cada vez más difícil el acceso a su primera vivienda. Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.
Tras ello, insistió en que “quienes tienen responsabilidades públicas” pueden acceder “a las mismas herramientas que cualquier ciudadano” mientras que “cumplan las reglas” y que eso “no constituye un ilícito”.
“Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano donde, junto a un gran equipo —al que agradezco especialmente—, impulsamos reformas y dimos pasos importantes hacia un país más ordenado y con mayores oportunidades. En ese tiempo conocí a grandes personas y profesionales, y valoro profundamente el trabajo compartido», enumeró Massaccesi.
había accedido a un crédito hipotecario,Decreto 265/2026,Sandra Pettovello,Jefatura de Gabinete de Ministros,Actualidad política,Conforme a,,Gestos. El Gobierno intenta recomponer su vínculo con la Iglesia tras varios desencuentros,,“Prejuicios ideológicos”. La embajada de China en la Argentina apuntó contra Peter Lamelas, representante de Estados Unidos,,Emblemático y polémico. Ceremonia de las antorchas: cuál es el significado del evento donde estará Milei en Israel,Sandra Pettovello,,Cambio de rumbo. Tras semanas de paro, las universidades ahora protestan “a la japonesa”: odontólogos y veterinarios gratis,,Deuda millonaria del PAMI. Los ministros Lugones y Caputo se reunieron para tratar los reclamos de las prestadoras de salud,,En medio de una investigación judicial. El curioso comunicado de Pettovello que aclara que Discapacidad y PAMI no dependen de Capital Humano
POLITICA
CIPPEC convocó al “círculo rojo” y propuso un amplio consenso político para sostener las reformas y proyectar el largo plazo
Más de mil referentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales participaron este lunes por la noche en la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en un encuentro que marcó el inicio de una nueva etapa institucional bajo la conducción de Luciano Laspina y que volvió a reunir al denominado “círculo rojo” en torno a un diagnóstico compartido: la Argentina atraviesa una oportunidad concreta, pero su aprovechamiento dependerá de la capacidad de la dirigencia para sostener las reformas en curso y construir consensos políticos duraderos.
El evento funcionó como un punto de convergencia del sistema político y económico argentino, con una convocatoria transversal que incluyó funcionarios del Gobierno nacional, gobernadores, legisladores de distintos bloques, dirigentes sindicales, empresarios, miembros del Poder Judicial y representantes diplomáticos. En ese marco, la presencia de referentes del kirchnerismo —tanto del plano nacional como del ámbito bonaerense y provincial— volvió a destacar el carácter plural del encuentro y la intención de sostener un espacio de diálogo más allá de las divisiones partidarias.
El presidente del Consejo de Administración de CIPPEC, José Orlando, abrió la noche en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con un diagnóstico que combinó el escenario internacional con la coyuntura local y sostuvo que la Argentina se encuentra “más que en la antesala, en la sala de una gran oportunidad”, impulsada por sus recursos naturales y por una sociedad que demanda cambios, pero condicionada por un contexto global cada vez más exigente.
En ese sentido, describió un escenario internacional atravesado por tensiones económicas, comerciales y geopolíticas que están redefiniendo las condiciones del crecimiento, elevando el costo del financiamiento y poniendo en cuestión los equilibrios que durante décadas permitieron compatibilizar estabilidad macroeconómica, seguridad y gobernabilidad democrática. Según planteó, ese contexto configura un nuevo “trilema” global que obliga a los países a administrar demandas crecientes en materia de seguridad, estabilidad financiera y capacidad de respuesta institucional.
Diagnóstico y propuestas para la agenda nacional
A partir de ese encuadre, Orlando trasladó la discusión al plano doméstico y advirtió que la disponibilidad de recursos naturales no garantiza por sí misma el desarrollo. “Los países no son automáticamente ricos en proporción a sus recursos naturales, lo son cuando promueven políticas que incentivan la creatividad y la iniciativa económica”, afirmó, en una definición que funcionó como uno de los ejes conceptuales de la noche.
Sobre ese diagnóstico, el discurso de Laspina buscó ordenar la agenda en dos planos. Por un lado, la “agenda del presente”, vinculada a la estabilización económica y a las reformas en curso; por otro, la “agenda del futuro”, orientada a definir el perfil productivo del país en los próximos diez años.
En relación con el presente, destacó que el Gobierno avanzó en medidas como la desintermediación de planes sociales, la simplificación de trámites administrativos y la modernización laboral, aunque advirtió que aún quedan pendientes reformas estructurales —como la previsional, la impositiva y la del régimen fiscal federal— de las que dependen la solvencia fiscal de largo plazo, la competitividad de las empresas y el desarrollo territorial.
“Sobre esa agenda del presente hay mucho escrito y muy poco hecho”, señaló Laspina, al tiempo que anticipó que CIPPEC buscará seguir impulsando esos debates para facilitar su implementación. Sin embargo, el núcleo de su exposición estuvo puesto en la necesidad de ir más allá de la coyuntura y construir una hoja de ruta que permita adaptar a la Argentina a un mundo en transformación.
La propuesta de CIPPEC, presentada durante su cena anual en Buenos Aires, sostiene que la Argentina atraviesa una oportunidad relevante para el desarrollo económico y social, aunque su éxito dependerá de la capacidad de las dirigencias políticas y empresariales para acordar y mantener reformas de largo plazo. El evento convocó a más de mil referentes y enfatizó la importancia de consensos básicos para garantizar estabilidad y avanzar en una agenda estratégica, según expusieron José Orlando y Luciano Laspina, autoridades de la institución.
Esa agenda de futuro, explicó Laspina, debe contemplar cambios estructurales que ya están en marcha, como la caída de la natalidad, el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, la reconfiguración del mapa productivo y las nuevas dinámicas del comercio internacional, que abren una oportunidad para que el país se integre a cadenas globales de valor más dinámicas.
En ese contexto, planteó que la estrategia de desarrollo debería orientarse hacia una economía más integrada al mercado externo, apoyada en una articulación entre el sector privado y el Estado en sus distintos niveles. Y subrayó un punto central: la transición hacia ese modelo no debería hacerse “sobre las ruinas de la economía actual, sino sobre sus cimientos”, integrando las capacidades existentes —empresas, capital humano y recursos productivos— para acelerar el proceso con el menor costo social posible.
Participación plural y repercusiones institucionales
El planteo incluyó también una dimensión política. Laspina sostuvo que el principal desafío no es únicamente económico, sino la construcción de una visión de futuro compartida que permita superar la lógica de confrontación que, según describió, marcó a la Argentina en las últimas décadas. En ese sentido, propuso dejar atrás la dinámica de “dos Argentinas” enfrentadas y avanzar hacia consensos básicos que funcionen como reglas estables en el tiempo.
Esa idea derivó en la propuesta más concreta de la noche: la construcción de un acuerdo político “simple, básico y duradero”, basado en tres principios —respeto por los contratos, equilibrio fiscal y eliminación del financiamiento monetario del déficit— que funcione como un piso común entre oficialismo y oposición. “No entre los que piensan igual, sino entre los que piensan distinto”, enfatizó.
En línea con ese planteo, Laspina amplió el alcance de su llamado a la necesidad de construir reglas compartidas y mejorar la calidad del debate público. En ese marco, incluyó una referencia al rol del periodismo y agradeció la tarea de los medios en la difusión del trabajo de la institución. “A los periodistas, gracias por difundir siempre nuestro trabajo y por intentar que la libertad de expresión no se convierta en libertad de agresión”, señaló, al incorporar esa dimensión como parte de un clima más amplio de consensos institucionales.
La convocatoria tuvo una fuerte impronta plural. Entre los funcionarios nacionales estuvieron Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
También asistieron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), así como dirigentes provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Teresita Madera (La Rioja), Fabián Martín (San Juan) y Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteña.
La presencia legislativa fue amplia y diversa. Participaron los diputados Lisandro Almirón, Fernanda ávila, Gabriel Bornoroni, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Germán Martínez, Sebastián Pareja, Luis Petri, Cristian Ritondo, Gisela Scaglia, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Trotta, junto a los senadores Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Carolina Losada, Flavia Royón, Silvana Schneider y Gerardo Zamora.
También participaron dirigentes con trayectoria en la gestión pública y el sistema político, como María Eugenia Vidal, Marco Lavagna, Emilio Monzó, Federico Pinedo, Mario Negri, Juan Manuel Abal Medina, Rodrigo de Loredo y Diego Bossio, entre otros.
El ámbito sindical estuvo representado por Cristian Jerónimo (CGT) y Gerardo Martínez (UOCRA), mientras que el componente internacional tuvo un peso significativo, con la presencia de embajadores y representantes de Alemania, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Congo, Emiratos árabes Unidos, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, la Unión Europea y Uruguay.
Entre ellos se encontraban Dieter Lamlé (Alemania), Ruzanna Azroyan (Armenia), Sarah Roberts (Australia), Ramzi Teymurov (Azerbaiyán), Hubert Cooreman (Bélgica), Julio Glinternick Bitelli (Brasil), Stewart Ross Wheeler (Canadá), Gonzalo Uriarte (Chile), Wei Wang (China), Daniel Marius CibanguI Kasonga Mubabinge (Congo), Saeed Abdulla Saif Alqemzi (Emiratos árabes Unidos), Joaquín María de Aristegui Laborde (España), Peter Lamelas (Estados Unidos), Nicola Lindertz (Finlandia), Romain Nadal (Francia), Gerard McCoy (Irlanda), Anna Keinan (Israel), Fabrizio Nicoletti (Italia), Yoshitaka Hoshino (Japón), Camila Aviña (México), Robert Muller (Países Bajos), Juan Luis Correa Esquivel (Panamá), Helena Felip (Paraguay), Carlos Chocano Burga (Perú), Gonçalo Teles Gomes (Portugal), Veljko Lazic (Serbia), Torsten Sven Ericsson (Suecia), Andrea Semadeni (Suiza), Süleyman Ömür Budak (Turquía), Erik Høeg (Unión Europea) y Diego Cánepa Baccino (Uruguay).
También participaron representantes de organismos internacionales y de cooperación como Lorena Chara (AFD), Viviana Alva Hart (BID), Susana Edjang (CAF), Romain Zivy (CEPAL), María Elena Araneo (Fonplata), María Julia Reyna (ICLEI), Claudia Mojica (ONU), Ernesto Fernández Polcuch (UNESCO), Mariana Isasi (UNPFA) y Rafael Ramírez (UNICEF).
Con esa composición, la cena anual de CIPPEC volvió a funcionar como una síntesis del sistema político y económico argentino. Pero, a diferencia de otras ediciones, el mensaje central no estuvo puesto únicamente en el diagnóstico, sino en la necesidad de construir condiciones de estabilidad que permitan sostener en el tiempo el proceso de transformación en marcha.
En ese sentido, la coincidencia entre Orlando y Laspina fue clara: la oportunidad existe, pero su aprovechamiento dependerá de la capacidad de la dirigencia para acordar reglas básicas y sostenerlas en el tiempo. “Sin reglas, sin acuerdos, no hay futuro”, resumió el director ejecutivo, en una definición que sintetizó el tono general de la convocatoria.
*Fotos: Jaime Olivos, Gustavo Gavotti y prensa CIPPEC.
Cippec 2026
POLITICA
Emergencia en discapacidad: Lugones propone nuevos cambios y reaviva un conflicto con alto costo político para el Gobierno
El Gobierno retoma una batalla legislativa que perdió pocos meses atrás. El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto que desarma los principales pilares de la ley de emergencia en discapacidad sancionada e insistida por el Congreso el año pasado. Reabre así una discusión que tuvo un costo político alto para el oficialismo.
La nueva iniciativa, titulada “contra el fraude de pensiones por invalidez”, ingresó por la Cámara alta, donde La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados.
Pero el antecedente reciente no es auspicioso: la emergencia en discapacidad, junto con el presupuesto universitario, no solo unificó a la oposición sino que también le hizo perder al Gobierno un capítulo entero del Presupuesto 2026. Se trata de dos debates sensibles que ahora vuelven a escena.
El movimiento, además, expone tensiones internas. Lugones responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo vínculo con Karina Milei -según coinciden fuentes oficiales- atraviesa un punto de fricción difícil de revertir.
En ese esquema, la avanzada sobre discapacidad vuelve a mostrar las diferencias de estrategia entre el ala “caputista”, que empuja reformas sin contemplaciones, y el sector alineado con la secretaria general, que busca administrar los tiempos políticos.
El año pasado, Martín Menem intentó evitar el costo de una derrota en el recinto. Propuso otorgar un aumento a los prestadores -cuyos aranceles estaban congelados- para desactivar el frente legislativo, pero finalmente se avanzó en otra dirección. El resultado fue adverso y, como presidente de la Cámara de Diputados, terminó gestionando las consecuencias de una discusión mal calibrada.
Ahora, el primer filtro estará en el Senado. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, deberá ordenar la estrategia y contener las resistencias que ya empiezan a aflorar. En el entorno de Menem habían anticipado que el tema volvería este año, pero con un enfoque centrado en controles más estrictos sobre las pensiones. El proyecto, sin embargo, va más allá y reabre el núcleo del conflicto: el monto de las prestaciones.
El margen político es estrecho. Solo un puñado de aliados provinciales, de Pro y la UCR acompañó al oficialismo en los intentos previos de frenar aumentos e indexaciones para prestadores. En paralelo, sigue abierto el frente judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde el exdirector Diego Spagnuolo quedó bajo investigación por presuntos pedidos de coimas de funcionarios de alto rango a empresarios proveedores de insumos. La causa, a cargo del fiscal Franco Piccardi, agrega ruido a una discusión de por sí sensible. Allí figuran, entre otros mencionados, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
En ese contexto, organizaciones y familias de personas con discapacidad ya convocaron a una movilización para el miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud. El conflicto puede volver a escalar.
El texto, firmado por Lugones, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fundamenta los cambios sobre la base de que la ley vigente amplió el universo de beneficiarios y flexibilizó condiciones “sin tener en consideración los recursos públicos disponibles”.
El primer cambio fuerte está en el acceso a las pensiones. Se mantiene el monto -equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio-, pero se abandona el criterio de “protección social” basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se vuelve a un esquema de invalidez laboral: solo podrán acceder quienes estén imposibilitados de trabajar. En los hechos, esto reduce el universo de beneficiarios y deja afuera a quienes hoy combinan discapacidad con inserción laboral parcial.
En esa misma línea, la pensión deja de ser compatible con el empleo formal. A diferencia del régimen actual, que permitía trabajar dentro de ciertos límites de ingresos, el nuevo esquema establece incompatibilidad total con cualquier vínculo laboral registrado o inscripción tributaria.
El segundo eje apunta al sistema de prestaciones. El proyecto elimina los aranceles únicos y universales -el nomenclador- que fijaban valores homogéneos para todo el país. En adelante, los precios de terapias, acompañantes, centros de día o transporte quedarán sujetos a negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores.
El Estado solo intervendrá cuando sea financiador directo -como en Incluir Salud o PAMI-, con actualizaciones trimestrales que no estarán atadas de manera automática a la inflación, como establece la ley de emergencia. En la práctica, esto implica que los valores podrían quedar rezagados.
Este punto impacta directamente en el funcionamiento del sistema solidario. Hoy, el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) -financiado con el 15% de los aportes de obras sociales y prepagas funciona como sostén del nomenclador único: es decir, garantiza valores homogéneos para todas las prestaciones y ayuda a cubrir los costos, especialmente en las entidades con menor capacidad financiera.
Al desregular los aranceles y eliminar el nomenclador, los valores dejarán de ser comunes y pasarán a definirse en negociaciones individuales entre prepagas u obras sociales y prestadores. En ese esquema, las grandes prepagas -con mayor volumen de aportes- quedarían en mejor posición para negociar directamente, mientras que las obras sociales más pequeñas, que se beneficiaban del sistema solidario, podrían tener dificultades para afrontar los costos de algunos servicios.
En la práctica, el cambio tiende a fragmentar el sistema y a debilitar el mecanismo de redistribución que hasta ahora permitía equilibrar las diferencias entre entidades.
El proyecto también endurece los controles. Establece auditorías con cruces de datos entre Anses y ARCA, que podrían derivar en suspensiones preventivas ante inconsistencias. Además, define un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios en un plazo no menor a 90 días: quien no actualice su información podrá perder automáticamente la prestación.
presupuesto universitario,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Desde 2001 hasta ahora. La Argentina le pone fin a un conflicto polémico que la marcó durante décadas,,Análisis. Una batalla de fondo entre poder y lobby,,Preservar el programa, proteger a Milei
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