POLITICA
ARA San Juan: la defensa de Villamide pidió la nulidad de la acusación y planteó su absolución
EL CALAFATE.− El abogado Juan Pablo Vigliero, defensor del excapitán Claudio Javier Villamide, quien se desempeñaba como titular del Comando de Fuerza de Submarinos (COFS) cuando el submarino ARA San Juan naufragó y murieron sus 44 tripulantes, pidió hoy la nulidad de la acusación fiscal y solicitó la absolución total del marino en la causa.
Su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos ocurrió durante el cierre del juicio a los cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina por su presunta responsabilidad en el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.
Vigliero planteó la nulidad de la acusación, por considerar que la misma no reúne los requisitos procesales mínimos para sostenerse, y solicitó que el tribunal absuelva a su defendido de toda culpa y cargo.
En la audiencia del lunes, el Ministerio Público Fiscal había solicitado entre cinco y tres años y medio de prisión para los cuatro exoficiales superiores de la Armada.
Durante el alegato, que se extendió por cuatro horas, Vigliero sostuvo que la acusación “no cumple con los requisitos mínimos para ser tal, es imperfecta y debe ser declarada inválida”, y agregó: “Aún aceptando la acusación, no tenemos pruebas concluyentes de que hayan existido incumplimientos de deberes y que esos incumplimientos se traduzcan en aumentos innecesarios al riesgo propio de la actividad de submarinista militar, y mucho menos que puedan impactar en un evento desconocido, al que le vamos a llamar estrago”.
El defensor desarrolló su planteo sobre dos ejes. El primero, de orden procesal: que la acusación carecía de la solidez formal exigida por el Código Procesal Penal y debería ser declarada nula. El segundo, de orden probatorio: expuso que incluso si el tribunal rechazara la nulidad y evaluara el fondo de la causa, la prueba producida durante el debate no alcanza para condenar a Villamide.
El abogado defensor elaboró su alegato en la misma línea argumentativa que mantiene desde el inicio del proceso: que la causa carecía de pruebas que demuestren lo que pasó en los minutos finales antes de la implosión.
“Es curioso tener que defendernos de un estrago. No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce, cómo atribuir responsabilidad o siquiera insinuarla cuando prolijamente los acusadores por desconocimiento, por ignorancia, por conveniencia, no lo saben, porque los testigos expertos, ustedes los han escuchado y han leído los informes, nadie sabe qué pasó. ¿Cómo atribuir lo que no se conoce?”, se preguntó y aseguró que no todas las tragedias encuentran solución en el derecho penal.
“Acá no tenemos duda. Tenemos prueba certera que exculpa, que mantiene incólumne, mantiene indemne, el estado de presunción de inocencia de Claudio Javier Villamide, y por eso debe ser absuelto”, completó.
“Son la última frontera que nos queda”, dijo, sobre los jueces Mario Reynaldi (presidente), Luis Alberto Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini.
Vigliero abordó también uno de los puntos más recurrentes del debate: la credibilidad de los testigos de la Armada, cuestionada por las querellas por sus vínculos con los imputados. El defensor rechazó que esos lazos institucionales invaliden los testimonios.
“¿Puede estar la presunción de que la Armada es una especie de asociación ilícita, una fábrica que adultera documentos, que miente y que muestra realidades que no son, y que además los testigos, como se conocen y navegaron juntos, vienen a un juicio y mienten bajo juramento?”, preguntó en la audiencia.
En esa línea, sostuvo que juzgar la conducta de Villamide equivale a juzgar a la Armada. Al referirse al accionar de su representado afirmó: “Yo sostengo que Villamide todo lo ha hecho siguiendo los reglamentos navales (…), lo ha hecho sin apartarse un ápice” y agregó: “Si ponemos en tela de juicio lo que hizo Villamide, que se comportó de acuerdo a lo que indica la regla naval, la tradición naval y los usos y costumbres del mar, entonces estamos enjuiciando también al sistema al cual pertenece”.
En el tramo final del alegato, Vigliero apeló a la figura del Ulises para describir el derrotero de su defendido. Villamide fue destituido de la Armada en 2021 por un Consejo General de Guerra que lo consideró responsable de negligencia en su actuación durante la emergencia del 15 de noviembre de 2017. Según Vigliero, “la Armada le dio la espalda y lo dejó en manos del Estado Mayor Conjunto y de la política, y la política lo destituyó”.
“Es como un Ulises que quiere volver y se va encontrando con los desafíos”, dijo el abogado, en referencia a los obstáculos que Villamide enfrentó tanto en el Consejo de Guerra como, según detalló, también en la instrucción judicial de la causa en Caleta Olivia y en la instancia superior en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Vigliero destacó que su cliente no se paralizó ante esas circunstancias: ingresó a la marina mercante, trabaja y tiene un hijo en la Armada.
“Le pido al tribunal que, en un caso donde es abrumadora la evidencia que impide avanzar penalmente sobre Villamide, que le permita a este Ulises volver a casa”, concluyó. “No podemos tapar una tragedia con una injusticia. Claudio Villamide es inocente. Tiene derecho a que un tribunal del Estado Argentino lo declare como tal y pueda tener un poco de paz y sea absuelto”.
De acuerdo a la agenda establecida, los restantes alegatos defensivos continuarán el 6 de julio, cuando expondrán los defensores públicos de los otros tres imputados: el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa. El 8 de julio los cuatro acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que el tribunal emita su veredicto, sobre el cual aún no hay una fecha definida.
audiencia del lunes, el Ministerio Público Fiscal había solicitado entre cinco y tres años y medio de prisión,Mariela Arias,Conforme a
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El flamante secretario de Discapacidad sufrió un accidente de tránsito y quedó internado en el Hospital Pirovano
El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, protagonizó hoy un accidente de tránsito cuando circulaba en moto y sufrió varias fracturas, según confirmaron fuentes oficiales a .
Di Liscia, que había asumido en el organismo la semana pasada en reemplazo de Alejandro Vilches, está internado en el Hospital Pirovano.
“Tiene varios huesos fracturados”, dijo una fuente oficial. Las fracturas serían en las costillas y estaría intubado por precaución. Su vida no correría riesgo y permanecerá en observación. Llevaba casco al momento del accidente, del cual se desconocen por ahora los motivos y el lugar del hecho, según fuentes oficiales.
Di Liscia fue funcionario del macrismo, aunque también tuvo paso por la actividad privada. Entre 2017 y 2019, fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de María Eugenia Vidal.
Antes de su paso por IOMA, Di Liscia se había desempeñado como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Según dijeron fuentes de Casa Rosada, es de “confianza” y fue “recomendado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también parte de la gestión amarilla, al asesor Santiago Caputo, con ascendencia sobre el área de Salud.
El estratega lo habló con Mario Lugones, titular de la cartera de Salud, quien conocía a Di Liscia por su paso por el IOMA. Así fue como Di Liscia se incorporó la semana pasada a la gestión libertaria para hacerse cargo de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, donde supo mandar Diego Spagnuolo, exladero de Milei y hoy investigado en la Justicia por presuntos sobreprecios.
en reemplazo de Alejandro Vilches,Conforme a
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La CGT postergó la definición de un nuevo paro general y convocó a dos movilizaciones en octubre
La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió este martes sostener su plan de lucha con nuevas movilizaciones, pero evitó avanzar por ahora con la convocatoria al quinto paro general contra el gobierno de Javier Milei, una definición que había ganado espacio en la discusión interna por la presión de los gremios más combativos.
La mesa chica ampliada resolvió “profundizar el plan de lucha” y marchar el próximo martes 8 de octubre a las 15:30 frente a la Secretaría de Industria, en el centro porteño, en reclamo porque la situación “golpea cada vez más fuerte” a la industria y a miles de trabajadores. Una semana después, el 15 de octubre, la central obrera se sumará a la quinta movilización universitaria.
“Frente a un modelo que debilita el aparato productivo y pone en riesgo pilares fundamentales para el desarrollo del país, respondemos con unidad, organización y lucha”, afirmaron.
La salida elegida dejó para más adelante la discusión sobre una nueva huelga nacional, después de varias semanas en las que distintos dirigentes reclamaron endurecer la respuesta sindical frente al Gobierno. Si bien el debate se filtró en la reunión de este martes en la sede de la Uocra, la conducción optó por concentrar la próxima protesta en la crisis de los sectores productivos.
Industria, el lugar elegido para la movilización
La movilización del 8 de octubre tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y se concentrará sobre Diagonal Sur, frente a la Secretaría de Industria. La preocupación de la CGT está puesta especialmente en la industria, la construcción y el comercio, actividades con fuerte peso sobre el empleo que vienen mostrando señales de deterioro.
Los datos que difundió el Indec en los últimos días refuerzan ese diagnóstico. La actividad económica cayó 2,9% en julio frente al mes anterior y retrocedió 1,4% en la comparación interanual. Dentro de ese resultado, ocho de los 15 sectores relevados mostraron bajas frente a julio del año pasado y Comercio e Industria manufacturera tuvieron retrocesos de 5,1% y 4,6%, respectivamente.
Los últimos números de la industria también muestran el deterioro de la actividad. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, la producción cayó 0,3% en agosto frente a julio y 5,7% en la comparación interanual. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló una baja de 3% frente al mismo período de 2025 y quedó 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
La definición de un nuevo paro sigue abierta
La decisión de avanzar primero con movilizaciones permite a la conducción cegetista evitar una definición inmediata sobre el paro general, pero no cierra la discusión interna que se profundizó en los últimos días.
Los sectores más duros habían comenzado a reclamar públicamente una reacción mayor de la CGT. Pablo Moyano volvió a plantearlo en las horas previas al encuentro y cuestionó tanto a la central obrera como al peronismo por lo que considera una respuesta insuficiente frente a la crisis económica.
Como viene haciendo incluso tras la renovación de su triunvirato, la conducción cegetista prefiere seguir manejándose a otra velocidad. En lugar de una nueva huelga nacional, viene sumando protestas sectoriales y acompañando distintas convocatorias callejeras para sostener la presión sobre el Gobierno. Las CTA, en cambio, ya anticiparon su intención de impulsar un paro hacia fines de octubre.
La segunda fecha definida para octubre ampliará además los reclamos de la central obrera más allá de la situación productiva. Al confirmar su participación en la marcha universitaria del 15, la CGT planteó que acompañará a la comunidad educativa en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional.
El encuentro de la mesa chica ampliada también volvió sobre una discusión de más largo plazo respecto de la necesidad del movimiento obrero de construir consensos alrededor de un proyecto político y económico de sello peronista, con vistas a las elecciones de 2027.
De la reunión participaron los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Gerardo Martínez, Héctor Daer, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Sergio Sasia, Juan Carlos Schmid, Juan Pablo Brey y Rodolfo Daer, entre otros dirigentes. También estuvo como invitado Alejandro Gramajo, referente de la UTEP.
CGT, movilizacion, marcha
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La Cámara de Diputados bonaerense negó haber ocultado información del caso Chocolate a la Justicia
Una semana después de que estallara el último incidente del caso Chocolate, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires negó haber ocultado a la Justicia información sobre la trama que protagonizó el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau, quien fue descubierto en 2023 al retirar dinero en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados fantasma de ese cuerpo legislativo.
En un comunicado firmado por todos los presidentes de bloque, con la única excepción de los del Frente de Izquierda-Unidad y de Hechos, la Cámara ofreció una respuesta ante la denuncia del juez Guillermo Atencio, quien pidió investigar por “encubrimiento” a las autoridades luego de que se conociera que se habían archivado expedientes administrativos entre los que estaban algunos vinculados al caso bajo investigación judicial.
“La Honorable Cámara de Diputados [HCD] siempre actuó ajustada a derecho y colaboró con la Justicia. La resolución de archivo de expedientes, contemplada previamente desde el año 2002 en el reglamento de esta HCD, fue aprobada por más de dos tercios de este cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó a la HCD el 19 de agosto de 2026. Por lo tanto, de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece en la HCD a disposición de quien quiera verlo”, se subrayó en un comunicado firmado por las autoridades de la Cámara y nueve jefes de bloque.
En el comunicado, se afirmó que el pedido judicial recibido correspondía a otra causa y que fue esa información la que se archivó, y no la vinculada al caso Chocolate. “También resulta necesario diferenciar las actuaciones para evitar confusiones ante la opinión pública. Los requerimientos y las decisiones administrativas a las que se hace referencia no correspondían, según la documentación considerada por la HCD, a la causa Julio Rigau (PP-06-00-047539-23/00 Rigau, Julio Segundo y otros s/ hurto-estafa-fraude en perjuicio de la administración pública-asociación ilícita), sino a la causa Rodríguez, vinculada a un hecho de hurto (PP-06-00-047539-23/01 Rodríguez María Eugenia s/ hurto, artículo 162)”, se indicó en el segundo punto del comunicado.
“Asimismo, en la causa Julio Rigau, la HCD aportó información requerida por la Justicia, dicha investigación avanzó, se encuentra elevada a juicio y existen personas privadas de su libertad. Estos elementos deben ser tenidos en cuenta antes de sostener que existió una conducta institucional destinada a impedir el avance de aquella investigación”, se añadió.
Los firmantes del documento de la Cámara de Diputados bonaerense son su presidente, Alejandro Dichiara (Unión por la Patria); los vicepresidentes Alexis Guerrera (Unión por la Patria), Agustín Forchieri (Pro), Agustín Romo (La Libertad Avanza), Mariano Cascallares (Unión por la Patria), Blanca Alessi (Unión y Libertad) y Matías Civale (UCR+Cambio Federal). Además, rubricaron la nota los jefes de bloque Facundo Tignanelli (Unión por la Patria), Juan Esteban Osaba (La Libertad Avanza), Alejandro Rabinovich (Pro), Martín Rozas (Unión y Libertad), Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), María Alejandra Lordén (UCR), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Juan José Esper Zamar (Derecha Popular).
No firmaron el comunicado los jefes de bloque Christian Castillo (Partido de los Trabajadores Socialistas), Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) y Manuel Passaglia (Hechos).
El miércoles de la semana pasada, los jefes de bloque de la Cámara baja compartieron un asado. Según trascendió, conversaron sobre cómo agilizar los trámites que pasan de una Cámara a otra. Consultados por , negaron haber hablado del caso Chocolate.
En el documento de la Cámara baja se cuestionó la denuncia del magistrado. “La HCD considera especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo. En ese sentido, resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, se sostuvo en el tercer punto.
“La HCD siempre informó al juez y, ante el requerimiento recibido, el cuerpo no guardó silencio. Contestó formalmente que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente y que esa decisión había sido posteriormente convalidada mediante un acto legislativo”, se agregó.
En el cuarto punto de su comunicado, las autoridades y jefes de bloque de la Cámara afirmaron que “la división de poderes supone la existencia de facultades de control recíproco entre los distintos poderes del Estado” y que “cada uno cuenta con herramientas constitucionales para ejercer ese contralor sobre los demás, pero esas atribuciones no pueden ser utilizadas de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder”.
“La actuación institucional de la Legislatura tampoco puede analizarse de manera aislada. A lo largo de su historia existieron causas y todas avanzaron hasta llegar a sentencia. Estos antecedentes muestran que la existencia de una investigación judicial vinculada a hechos ocurridos dentro de la Legislatura no ha significado un impedimento para la actuación de la Justicia”, se concluyó en el documento de la Cámara legislativa.
La polémica sobre la que respondió hoy la Cámara de Diputados provincial comenzó el 22 de septiembre, cuando el canal TN dio cuenta de que la Cámara, en una sesión que realizó en mayo había archivado expedientes administrativos vinculados al caso Chocolate que contenían información que había solicitado en abril la fiscal Betina Lacki, como la de conocer quiénes fueron los legisladores que designaron a los empleados “ñoquis” cuyos haberes retiraba Rigau de cajeros automáticos de La Plata.
El juez de garantías Guillermo Atencio pidió a la fiscalía en turno que analice la “posible comisión de delitos de acción pública” con la votación de la Cámara de Diputados provincial.
El caso se destapó el 13 de septiembre de 2023, cuando Rigau, un puntero peronista, fue detenido mientras extraía dinero con 48 tarjetas de débito ajenas de un cajero automático de Banco Provincia. Rigau, se estableció luego, trabajaba para el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, del Frente Renovador. Tanto Claudio Albini como su hijo, Facundo Albini (concejal en La Plata) están con prisión preventiva, y desde junio de 2025, con el beneficio de hacerlo de forma domiciliaria.
La Justicia calculó que el perjuicio económico para las arcas bonaerenses del sistema de contrataciones ilegales en la Legislatura asciende a por lo menos 800 millones de pesos.
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