POLITICA
El fiscal pidió el último informe financiero de Adorni antes de exigirle que dé explicaciones por su patrimonio

La Justicia dio un nuevo paso en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera del funcionario y de su pareja, Bettina Julieta Angeletti, antes de avanzar con un eventual requerimiento de justificación patrimonial.
Según pudo saber TN, el objetivo es reconstruir el patrimonio histórico de Adorni y contar con mayores elementos para determinar si existe un eventual desbalance patrimonial que requiera explicaciones adicionales. Recién con esos datos, Pollicita terminará de definir un eventual requerimiento de justificación patrimonial.
El pedido abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad. En su presentación, el fiscal requirió que la DAFI considere “de manera integral la totalidad de los elementos incorporados a la causa” y realice los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, las disponibilidades, las inversiones, los créditos, los pasivos y los gastos.
Además, pidió que el organismo individualice y cuantifique las inconsistencias que eventualmente puedan advertirse, diferenciando las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que aparezcan parcialmente justificadas, no puedan ser conciliadas o requieran una explicación adicional.
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El informe también deberá precisar qué aspectos concretos resulta necesario esclarecer para determinar si existe un desbalance patrimonial apreciable y contar con elementos suficientes para evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial.
La reconstrucción deberá presentarse tanto de manera individual respecto de Adorni y Angeletti como en forma consolidada respecto del grupo familiar.
Estos son los siete puntos centrales del requerimiento:
Reconstrucción patrimonial de cada ejercicio
La DAFI deberá establecer, para cada período investigado y respecto de cada una de las personas analizadas, la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada ejercicio.
Identificación de ingresos y fuentes de fondos
El fiscal pidió identificar los ingresos y demás fuentes de fondos que cuenten con causa y respaldo documental. También solicitó diferenciar esos ingresos de las transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.
Asimismo, requirió que las acreditaciones cuya causa no surja de la documentación sean expuestas por separado y que cualquier origen laboral, profesional, comercial o societario atribuido a esos fondos sea contrastado con las constancias disponibles en el expediente.
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Reconstrucción de entradas y salidas de dinero
El informe deberá reconstruir las entradas y salidas de fondos del período e integrar en una misma secuencia económica las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y las cancelaciones de pasivos.
Pollicita también pidió depurar las operaciones que no representen nuevas fuentes o aplicaciones de fondos, como transferencias internas o conversiones de moneda, para evitar duplicaciones. Dentro de esa reconstrucción deberá conciliarse la evolución de las disponibilidades en efectivo y moneda extranjera.
Comparación de declaraciones juradas y rectificaciones
Otro de los puntos centrales consiste en comparar las distintas declaraciones juradas y eventuales rectificaciones presentadas, individualizando los cambios introducidos en la composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo sobre la evolución patrimonial.
Además, el fiscal requirió determinar si esas modificaciones encuentran correlato en el resto de la prueba reunida y exponer por separado las disponibilidades, activos o fuentes de fondos incorporados mediante rectificaciones cuya existencia, origen o disponibilidad efectiva no puedan ser objetivamente corroborados.
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Análisis de la operatoria con criptoactivos
La DAFI deberá integrar la operatoria informada por las plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias.
También tendrá que reconstruir, en la medida en que la documentación disponible lo permita, los saldos y circuitos entre cuentas, billeteras y plataformas y contrastarlos con las declaraciones juradas patrimoniales, los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales y los restantes informes disponibles en la causa.
El análisis sobre los activos virtuales aparece como uno de los puntos sensibles del expediente. De hecho, la elaboración del informe técnico sufrió demoras porque la Justicia solicitó incorporar nuevos estudios relacionados con los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin.
Revisión de bienes, gastos y fuentes de financiamiento
El fiscal requirió determinar el costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, las erogaciones y las obligaciones invocadas.
En particular, pidió examinar la capacidad económica en los casos de préstamos, mutuos u otras fuentes de financiamiento y señalar las diferencias cuantitativas o cronológicas que pudieran surgir entre instrumentos, declaraciones juradas, escrituras, registros, documentación respaldatoria y testimonios incorporados al expediente.
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Elaboración de una ecuación patrimonial
Finalmente, la DAFI deberá elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual respecto de cada una de las personas analizadas como consolidada respecto del grupo familiar, que confronte los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con las incorporaciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de pasivos.
El objetivo es individualizar y cuantificar las partidas u operaciones que no guarden correspondencia con los ingresos y disponibilidades acreditados, que presenten respaldo incompleto, hayan variado de explicación entre distintas declaraciones o no puedan ser conciliadas.
Manuel Adorni
POLITICA
Los gremios más combativos calcularon cuánto debería ser el salario mínimo: supera los $3,1 millones Copiar título

Según un índice elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a las organizaciones gremiales más combativas de las tres centrales obreras, el salario mínimo debería alcanzar los $3.178.287 mensuales para cubrir las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo vigente.
El relevamiento toma como referencia los gastos necesarios para cubrir las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.
La presentación del índice de octubre se realizó en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), con la participación de dirigentes de sindicatos industriales, estatales, docentes y del transporte, que cuestionaron la política salarial del gobierno de Javier Milei y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
El secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo que el índice busca exponer la situación de los trabajadores frente al ajuste económico. “Dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación”, cuestionó.
Cuánto debería destinarse a alimentación, vivienda y otros gastos
La estimación del FreSU establece que una familia necesita $677.755 para alimentación adecuada y otros $640.994 para acceder a una vivienda digna. A esos gastos se suman $389.223 para salud, $278.679 para educación y cultura y $147.695 para vestimenta.
El cálculo también contempla $685.329 para transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que asigna $349.612 a previsión social. Los sindicatos sostienen que esos componentes permiten establecer un salario mínimo acorde con las necesidades de una familia trabajadora.
El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora (Ftciodyara), Daniel Yofra, explicó que la metodología recupera y actualiza un estudio que realizaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para determinar el salario necesario para garantizar una vida digna.
Según el dirigente, “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU”, sino que responde a los criterios establecidos por la Constitución Nacional y la legislación laboral.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que desde la llegada de Milei al Gobierno los trabajadores privados acumularon una pérdida promedio de $3.192.523, mientras que entre los estatales alcanzó los $16.594.583, según sus estimaciones.
El FreSU está integrado por organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, los gremios aceiteros, docentes, aeronáuticos, marítimos, molineros, papeleros y viales.
Salario Mínimo, salario Mínimo vital y móvil, salarios, FRESU, TNS
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Javier Milei y sus medidas, en vivo: el presidente llamó a Lula “zurdo ladrón” días antes del balotaje en Brasil

Un tenso intercambio verbal entre Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Andrés Leone (La Libertad Avanza) tuvo lugar este martes durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside Bertie Benegas Lynch.
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El nuevo encuentro entre representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Pro, se realizó este martes en la Casa Rosada. Con una duración más corta que lo habitual, y una agenda con distintos temas legislativos, el avance por un posible acuerdo electoral volvió a quedar supeditado a lo que pueda pasar en el Congreso, alrededor de la reforma electoral, que apunta a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
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La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich habló este martes sobre una posible candidatura a presidente y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Javier Milei “lleva la delantera” para encabeza la fórmula del oficialismo. Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027 y se refirió al respaldo económico de Estados Unidos.
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La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.
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El Gobierno postergó el debate de la Ley de Malvinas y negocia cambios para sumar apoyos – Nexofin

El oficialismo aplazó el avance de la denominada Ley de Malvinas, un proyecto que excede el reclamo de soberanía sobre las islas e incluye modificaciones en materia de defensa, inteligencia y financiamiento de los partidos políticos. La discusión en comisiones se reprogramó para el 27 de octubre, mientras el Gobierno busca ajustar el texto para conseguir respaldo legislativo.
La decisión llegó después de que distintos bloques reclamaran cambios y surgieran reparos desde Estados Unidos. Según trascendió, empresas de ese país cuestionaron la falta de precisión en las sanciones previstas para compañías extranjeras.
La llegada a la Argentina del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de Juan Pablo Segura, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, suma otro factor a las negociaciones.
El Gobierno impuso el secreto militar para la compra de equipamiento a las Fuerzas Armadas
Uno de los puntos que el Gobierno prevé modificar es el artículo que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de agentes extranjeros, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
La nueva versión eliminaría la referencia a las “campañas de desinformación”, cuestionada por organizaciones periodísticas y especialistas en derecho constitucional por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
También se analiza ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. El proyecto sumaría, además, una comisión bicameral para supervisar su funcionamiento.
El respaldo parlamentario sigue sin estar asegurado. El peronismo anticipó que acompañaría únicamente el capítulo dedicado a Malvinas y pidió tratarlo por separado.
En paralelo, el oficialismo deberá negociar con sus aliados de Pro, la UCR y los bloques de centro para reunir los votos necesarios.
Javier Milei celebró el récord de exportaciones: “Argentina está generando una revolución subterránea”
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