El caso Adorni reactivó la interna de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Congreso. En Diputados, la caída de la sesión especial para tratar los proyectos de interpelación y moción de censura al jefe de gabinete profundizó las diferencias entre los radicales, dispersos en tres bloques, y reeditó una vieja disputa por el sello partidario.

Este jueves, la UCR se encaminaba a poner a prueba su unidad en el Senado donde, además del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, se iban a tratar sobre tablas otra tanda de pedidos de interpelación contra Adorni. La sesión se cayó por falta de quorum, pero en la bancada que conduce Eduardo Vischi señalaron a que sus diez legisladores bajaron al recinto y tenían previsto acompañar las iniciativas contra el funcionario.

El martes pasado, la oposición no consiguió quorum para avanzar con la sesión especial en la que esperaban tratar los pedidos de interpelación y moción de censura contra el ministro coordinador de Javier Milei.

La convocatoria se cayó luego de que La Libertad Avanza (LLA) acordara con Pro, gobernadores aliados y el sector de la UCR que conduce la mendocina Pamela Verasay la convocatoria a la comisión de Asuntos Constitucionales para la semana que viene. Los bloques dialoguistas consideraron que, convocada la comisión, la sesión especial había perdido su razón de ser.

Apenas un día después, en la previa del debate por el Súper RIGI, algunos bloques de la oposición buscaron insistir en el recinto con su arremetida contra Adorni. El Frente de Izquierda (FIT) pidió tratar la moción de censura y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) exigió que la comisión dictamine antes del martes, día en que el oficialismo convocó a la reunión. Ambas iniciativas fueron rechazadas por más de 120 votos, entre ellos, los del bloque de la UCR.

La decisión de la bancada que responde a la mendocina Verasay -que responde al gobernador Alfredo Cornejo– de no dar quórum el martes desató la furia de sus pares radicales de Provincias Unidas y reactivó la batalla al interior del partido centenario. En el espacio no logran consensuar una postura nacional unificada en torno a Javier Milei, lo que, ya a fines del año pasado, generó una fuerte dispersión de sus diputados.

Actualmente, en la Cámara baja, el radicalismo está fragmentado en tres bloques: los más alineados con el oficialismo confluyen bajo la conducción de la mendocina, mientras que los más críticos suscribieron a Provincias Unidas, donde conviven con la Coalición Cívica, socialistas y peronistas disidentes. Karina Banfi, en tanto, armó el monobloque Adelante Buenos Aires, pero se alió a Pro.

“Si te hacés llamar radical, tenés que estar hoy acá en esta sesión. ¿Qué les dieron para no venir? ¿Qué negociaron? Qué gran ocurrencia tienen algunos de afanarse el logo de la UCR para intentar tirar más de cien años de lucha y valores“, sostuvo el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas, luego de que se cayera la sesión especial del martes.

Juliano había denunciado penalmente a Adorni por el aumento de su patrimonio y es uno de los cinco radicales de Provincias Unidas que bajaron al recinto para habilitar el debate. Ayer, junto a sus compañeros de bancada, presentaron una nota dirigida al titular de Diputados, Martín Menem para que se revise la utilización de la denominación UCR por parte del bloque que lidera Verasay, ya que el partido cerró en Mendoza un acuerdo electoral con LLA.

“La Cámara cuenta con diputados y diputadas nacionales, también afiliados a la Unión Cívica Radical, que no se sienten representados por las posiciones políticas, legislativas e institucionales adoptadas por dicho bloque parlamentario, las cuales se apartan de manera ostensible de los principios históricos, los valores democráticos y las tradiciones republicanas que caracterizaron a la UCR desde sus orígenes”, expresaron.

Según pudo saber , el documento fue redactado durante la sesión de este miércoles por la diputada Mariela Coletta y lleva también la firma de sus pares Martín Lousteau, Jorge Rizzotti y María Inés Zingarán. Así, se reabrió una disputa inédita por el sello partidario, que comenzó en enero, cuando los mismos cinco diputados pidieron al presidente del Comité Nacional del partido, Leonel Chiarella, que obligara al bloque radical a cambiar su nombre. Hasta ahora, ese pedido no prosperó.

“El radicalismo metropolitano es claro, sus autoridades, su plenario, sus comités, su militancia y sus diputados Martín Lousteau y Mariela Coletta no avalamos a Adorni”, sostuvo el presidente de la UCR porteña, Hernán Rossi.

En la bancada que conduce Verasay rechazan los embates contra su denominación y aseguran que su bloque cuenta con el aval de Chiarella quien, desde hace meses, busca hacer balance entre las distintas facciones que pujan por redefinir la identidad del partido. Descartan que el titular del Comité Nacional haga lugar ahora a los reclamos de Provincias Unidas, incluso cuando el también intendente de Venado Tuerto mantiene una posición diferente a la que ellos adoptaron esta semana.

“Personalmente, si hubiese tenido un funcionario así en mi gestión no dura ni un día y si me preguntás qué hubiese hecho si fuese diputado nacional, hubiese dado quorum”, aseguró Chiarella a . De todos modos, resaltó que, para la cúpula del partido, “lo más importante es que no haya impunidad” y no la modalidad elegida para avanzar con la rendición de cuentas ante el Congreso.

Así, busca correr el foco de lo ocurrido el martes pasado. El principal responsable del blindaje al jefe de gabinete -asegura- es el propio Milei y no los legisladores. “Es importante destacar que la responsabilidad más importante es del Presidente de la Nación, quien sigue sosteniendo a Adorni, y tiene en sus manos todas las herramientas y la decisión para dar por cerrada esta etapa”, continuó.

Quien tampoco se presentó en la sesión del martes fue la vicegobernadora de Santa Fe y diputada nacional Gisela Scaglia. Aunque está afiliada a Pro, no pertenece al bloque amarillo que preside Cristian Ritondo y -según señalan fuentes parlamentarias y de la UCR- en el Congreso sigue los lineamientos del gobernador radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

La legisladora se encuentra en Estados Unidos por un viaje laboral, pero entre algunos radicales advierten que podría haber interrumpido su periplo para reforzar el apoyo a los pedidos de interpelación y que su ausencia es un síntoma de que Pullaro tampoco compartía del todo la convocatoria a la sesión especial. consultó en el entorno del mandatario, pero, al cierre de esta nota, no tuvo respuesta.

La bonaerense Banfi, en tanto, hizo su juego propio. Aunque suele moverse en tándem con Pro, en esta ocasión se diferenció del sello amarillo y del bloque radical y bajó a dar quorum para tratar los pedidos de interpelación y censura. Fue un gesto político, en línea con la agenda de transparencia y lucha contra la corrupción que viene promoviendo en la Cámara baja.

Según pudo saber , la diputada estuvo en contacto con Verasay y Ritondo -presidente del bloque Pro- durante el fin de semana, cuando les adelantó que se desmarcaría. Consideraba que las contradicciones entre los dichos del ministro coordinador en su informe en Diputados y sus declaraciones en la entrevista con José Del Río para LN+ habían echado por tierra la credibilidad del jefe de gabinete y la confianza de los legisladores con el principal interlocutor del Ejecutivo.

Pese a su diferenciación, evitó confrontar con Verasay -entiende la decisión del bloque de no querer acompañar al kirchnerismo por su “inhabilidad moral” para reclamar por casos de corrupción- y tuvo un rol crucial en la trastienda del llamado a comisión. Según reconstruyó este medio, fue una de las que advirtió que debía revocarse el carácter informativo de la reunión para que, de reunir la mayoría simple requerida, se pudieran dictaminar los proyectos para interpelar a Adorni.

Dirigentes de distintos espacios de la oposición celebraron este jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir la ley de incremento del presupuesto universitario y advirtieron que ya no hay más “excusas” para implementar esa norma.

Luego de que el máximo tribunal dejara firme la ley que había sido sancionada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei, el vicerrector de la UBA y dirigente de la UCR Emiliano Yacobitti agradeció a la sociedad que, dijo, “nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos”.

“Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, subrayó desde sus redes sociales.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro destacó que la Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la ley y expresó su reconocimiento y “felicitaciones” a “toda la comunidad universitaria”.

“La Corte Suprema ha puesto orden en el sistema institucional argentino. Una ley votada por el Congreso y que fue ratificada por todas las vías institucionales no se discute, se cumple de manera efectiva”

El legislador de Provincias Unidas Esteban Paulón remarcó que el fallo establece la recomposición “de manera inmediata del presupuesto docente, no docente y los gastos fundamentales de funcionamiento” para las universidades.

“Esto no es solo un gran triunfo de toda la comunidad universitaria, sino también del sistema institucional de nuestro país frente a la arbitrariedad”, subrayó a través de un comunicado.

También hubo manifestaciones de espacios políticos. “Llegó la hora Milei: cumplí la Ley”, expresó, por su parte, Argentina Humana, el espacio de Juan Grabois.

Desde el sindicalismo, el delgado de la Unión Ferroviaria Rubén ‘Pollo’ Sobrero planteó que “la Corte Suprema dejó en evidencia al gobierno de Milei” porque “la ley de Financiamiento Universitario se tiene que cumplir”.

“Pero la lucha de docentes, no docentes y estudiantes arrancó la actualización salarial y la recomposición de programas. La universidad pública no se entrega ni se ajusta”, definió.

El fallo

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga a pagar un incremento salarial del personal docente y no docente en las universidades, llamar a paritarias e incrementar el presupuesto para becas previsto en la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso en agosto de 2025.

Fue al rechazar el recurso extraordinario que había presentado el Gobierno contra el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había convalidado el pago como medida cautelar.

En la práctica, el fallo deja firmes aspectos similares a los que acordaron el Gobierno, los gremios y los rectores en un acta del 10 de junio último, cuando se pusieron de acuerdo sobre un ajuste salarial, aunque el sector universitario no desistió de su reclamo judicial por el cumplimiento efectivo de la ley votada en el Congreso.