Las acciones y los bonos argentinos sufrieron por la volatilidad de los mercados externos, donde impactaron en la operatoria los propios fundamentos bajistas como balances corporativos, las nuevas tarifas aplicadas por la administración de Donald Trump, la escalada bélica en Oriente Medio y el salto del precio del petróleo

A la vez, en el mercado de cambios local el dólar pronunció la suba, para anotar máximos nominales, y el dólar desaceleró el ritmo de compras en la plaza mayorista.

El índice Dow Jones de Industriales perdió 0,4% desde el viernes anterior, el Nasdaq tecnológico cedió 3,1% y el promedio S&P 500 resignó 1,2 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó en las ruedas de jueves y viernes, aunque alcanzó a terminar con una ganancia semanal de 2,6% en pesos, en los 3.283.854 puntos. La suba en dólares se ajustó a un 0,7%, debido al ascenso de la paridad del “contado con liqui” implícito en activos a los 1.600 pesos. En la sesión del miércoles 22, el panel líder anotó un récord nominal en los 3.395.937 puntos.

Entre los ADR y acciones argentinos operados en dólares en Wall Street los títulos bancarios cedieron entre 1% y 3%, mientras que Satellogic encabezó las caídas, con un 7,5 por ciento. Con la ayuda del salto del precio del petróleo, varias acciones ligadas al sector oil & gas tuvieron un comportamiento positivo, como Vista Energy (+9,7%) e YPF (+3,5%, a USD 51,40). También subieron Ternium (+5,4%), Pampa Energía (+5%) y Edenor (+3,4%).

El petróleo crudo se disparó un 18% semanal y el barril de referencia del Brent del Mar del Norte concluyó a USD 97,82 en los contratos para septiembre.

Con este escenario, Max Capital destacó “la mejora en los términos de intercambio -la soja acumula una suba del 12% respecto de junio y el petróleo continúa al alza-, en un contexto de mayor aversión al riesgo que afectó tanto a las acciones como, en parte, a las monedas emergentes. No obstante, la mejora en los términos de intercambio debería prevalecer, favoreciendo al peso argentino y reduciendo la necesidad de intervención por parte del BCRA”.

“La reciente suba del petróleo mejora incluso más las perspectivas para la balanza de pagos , aunque al mismo tiempo podría ralentizar el proceso de desinflación”, consignó la consultora 1816.

Balanz subrayó que “esta semana publicaron sus balances 86 empresas, las cuales representan cerca del 18,2% de la capitalización del S&P 500. Del total de los reportes conocidos, el 94,7% exhibió resultados mejores a lo previsto. Lo más relevante fueron los balances de dos de las siete magníficas: Alphabet (-8,8% semanal) y Tesla (-19%)”.

“El conflicto en Medio Oriente, al que el mercado daba ya como superado, volvió a ser protagonista. El precio del crudo tuvo una semana de fuerte alza, con el Brent alcanzando nuevamente los USD 100 por barril. Esto obviamente ha tenido un correlato en la yield curve de los bonos del Tesoro de EEUU, propiciando rendimientos negativos en los activos de riesgo”, precisó IEB.

En el plano doméstico un dato saliente fue que la agencia Moody’s elevó la nota crediticia argentina de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera, y modificó la perspectiva de estable a positiva.

“El equity local tuvo, no obstante, una semana aceptable. Por un lado jugó a favor el cambio de calificación por parte de Moody’s que impulsó una nueva baja del riesgo país, dándole aire al equity argentino. Por otro lado, el sector Oil & Gas tuvo una nueva recuperación dados los mejores precios internacionales», añadieron los expertos de IEB.

La cautela desatada en los mercados del exterior revirtió la tendencia positiva para los bonos argentinos y la consecuente baja del riesgo país, que tocó los 405 puntos el miércoles 22. Así, los títulos Globales en dólares retrocedieron 1,6% en promedio -bajan 0,9% en el mes- y los Bonares cayeron 1,3% -bajan 0,9% en julio-, al tiempo que el riesgo país de JP Morgan subió 20 unidades a 437 puntos básicos, un máximo desde el 11 de junio.

El dólar mayorista finalizó operado en un récord nominal de 1.497 pesos. En la última semana el tipo de cambio oficial anotó un alza de 19 pesos o 1,3 por ciento. “Es el aumento semana más importante desde la semana que finalizó el 19 de junio“, recordó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

En 2026 el dólar mayorista asciende 42 pesos o 2,9%, muy atrás de la inflación del período, estimada en cerca del 18 por ciento.

El Banco Central fijó un techo para el esquema de bandas cambiarias en los $1.836,23, de modo que el tipo de cambio oficial quedó a 339,23 pesos o 22,7% de ese límite de flotación.

El dólar al público, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, también alcanzó un máximo nominal por encima de los $1.515 del 22 de octubre, récord anterior, en el final de la escalada cambiaria durante las elecciones de medio término de 2025. En la última semana el dólar minorista subió 20 pesos o 1,3 por ciento.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,86 para la venta y $1.468,03, por encima del máximo anterior que promedió $1.518,74 el 21 de octubre de 2025.

En la última semana el blue avanzó 15 pesos o 1%, a $1.545 para la venta. Esta cotización tocó un récord intradiario en los 1.560 pesos el jueves.

La tendencia alcista también se registró en los dólares financieros. El “contado con liquidación” finalizó a $1.600,03 (+1,6% semanal), para acercarse al récord de $1.610 del 21 de octubre del año pasado.

Con una fuerte compra de USD 345 millones el viernes -que incluyó la absorción en bloque de bonos de Neuquén- el Banco Central totalizó compras semanales por USD 492 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 399 millones, a USD 49.183 millones, un máximo desde el 7 de julio.

El ministro Federico Sturzenegger se prepara para enviar al Congreso de la Nación un nuevo paquete de proyectos de leyes para desregular diferentes sectores de la economía.

Por lo que pudo saber iProfesional de una fuente cercana al Gobierno, hay cuatro ejes para cambiar las reglas de funcionamiento en áreas sensibles como una reforma integral del Código Civil y Comercial, reforma del Código Aduanero, un proyecto para modificar el régimen de cabotaje en el transporte por agua entre puertos argentinos y un drástico cambio de las reglas del mercado inmobiliario.

La reforma inmobiliaria de Federico Sturzenegger pone en alerta al sector

En relación a este último, el foco del proyecto está puesto en redefinir esa actividad, lo que generó fuertes críticas de la Cámara Argentina de Inmobiliarias, el Colegio de Abogados de Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y de otras asociaciones relacionadas con el sector.

La intención del Gobierno es que a la actividad de corretaje o de compra y venta de inmuebles se la deje de considerar como una profesión liberal y se la encuadre como un servicio de intermediación comercial.

El proyecto de ley establece que para ejercer el corretaje solamente será necesario:

• Ser mayor de edad
• Tener título secundario expedido o revalidado en la República Argentina

El proyecto elimina del Código Civil cualquier otra exigencia específica para acceder a la actividad.

A su vez, modifica el artículo 1346 para establecer expresamente que podrán actuar como corredores tanto personas humanas como personas jurídicas.

Esto significa que no solamente individuos podrán desempeñarse como corredores, sino también sociedades comerciales u otras personas jurídicas, algo que el proyecto incorpora de manera explícita.

Reforma inmobiliaria: cómo cambia el esquema de funcionamiento del sector

El proyecto busca modificar el esquema de funcionamiento de los martilleros públicos, de las inmobiliarias y de los Colegios Profesionales de Escribanos para habilitar las operaciones sin restricciones geográficas entre jurisdicciones y también eliminar la obligatoriedad de matrícula en un colegio profesional.

Aunque el corretaje comprende distintas actividades comerciales, el principal impacto de la reforma podría sentirse en el mercado inmobiliario, donde la figura del corredor tiene un rol central en operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles. La flexibilización de los requisitos para ejercer la actividad, el reconocimiento de plataformas digitales, la posibilidad de que empresas actúen como corredores y la eliminación de restricciones vinculadas con residencia, aranceles o incompatibilidades ya han provocado quejas en muchos de los jugadores de ese sector.

En medio del debate sobre la desregulación de la actividad inmobiliaria y las propuestas que buscan permitir que cualquier persona pueda intermediar operaciones inmobiliarias en Argentina, bajo el argumento de generar trabajo o facilitar el acceso a la vivienda, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina consideran necesario aclarar un aspecto fundamental que muchas veces se omite.

En ese punto señalan: «El corredor inmobiliario matriculado no es solamente un intermediario comercial». Se trata de un profesional regulado por ley, sujeto a matrícula, capacitación y control estatal permanente, que además integra el sistema nacional de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en carácter de Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Además describen que no se trata de una formalidad menor y que la Ley 25.246 y las resoluciones de la UIF establecen que determinados sectores considerados sensibles deben controlar operaciones, identificar clientes, verificar el origen de fondos y reportar operaciones sospechosas. Entre esos sectores se encuentran los bancos, escribanos, contadores y también los corredores inmobiliarios matriculados.

Las advertencias de la Cámara Inmobiliaria Argentina

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina explicaron a iProfesional: «La actividad inmobiliaria no puede transformarse en una actividad informal donde cualquier persona intermedie operaciones millonarias sin capacitación, sin matrícula y sin responsabilidad legal frente al Estado». Además sostienen: «Capacitar no es precarizar, profesionalizar no es impedir trabajar. Y generar empleo no puede implicar eliminar responsabilidad profesional».

La propuesta del Gobierno forma parte del paquete de medidas con el que el Ejecutivo busca reducir regulaciones sobre distintas actividades económicas. En este caso, el foco está puesto en flexibilizar las condiciones para ejercer el corretaje, ampliar las facultades de quienes desarrollan esa tarea y eliminar restricciones que el proyecto considera incompatibles con un esquema de libre competencia.

En la práctica, la reforma impactaría sobre quienes intermedian en operaciones comerciales e inmobiliarias, ya que redefine quiénes podrán trabajar como corredores, cuáles serán los requisitos mínimos para hacerlo, qué funciones podrán desempeñar y cómo se regulará el cobro de sus comisiones. Al igual que el resto de las iniciativas incluidas en el proyecto, los cambios todavía deberán ser debatidos por el Congreso de la Nación antes de una eventual entrada en vigencia.

Qué es el corretaje y cómo está regulado hasta ahora

El corretaje es la actividad mediante la cual una persona acerca a dos partes interesadas para concretar un negocio.

Es una figura utilizada en múltiples operaciones comerciales, aunque suele asociarse principalmente al mercado inmobiliario, donde los corredores intervienen en la compra, venta o alquiler de inmuebles.

Hasta ahora, el ejercicio de esta actividad está regulado tanto por el Código Civil y Comercial como por la Ley 20.266 y por distintas normas provinciales, que establecen requisitos para matricularse y ejercer la profesión.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación busca simplificar ese esquema. Según la propuesta, la regulación futura deberá favorecer la competencia y evitar barreras.

Otro de los aspectos es la introducción de la tecnología de la actividad que aparece en el último párrafo del nuevo artículo 1349.

El texto expresa que el corretaje podrá desarrollarse mediante plataformas digitales o entornos virtuales. Además, habilita a los corredores a organizarse bajo cualquier forma societaria y a prestar servicios en colaboración con otras personas.

La incorporación de estas modalidades busca adecuar la normativa a un mercado donde gran parte de las operaciones comienzan en internet y donde muchas empresas desarrollan modelos digitales para conectarse.

Cómo se cobrarán las comisiones bajo el nuevo esquema

La reforma también modifica las reglas previstas para el cobro de honorarios. El nuevo artículo 1351 explica que, cuando intervenga un único corredor, todas las partes involucradas deberán abonarle comisión, salvo que exista un acuerdo diferente o que alguna de ellas manifieste expresamente, al comienzo de la actuación, que no acepta su intervención.

El proyecto también aclara que las partes no responderán solidariamente frente al corredor por esas comisiones. Se trata de una modificación destinada a precisar cómo deben distribuirse los honorarios cuando participan uno o varios intermediarios en una misma operación.

Como parte de la reforma, el proyecto elimina los artículos 31 a 35 de la Ley 20.266 y también propone derogar el artículo 1355 del Código Civil y Comercial, modificaciones que reemplazarán parte del régimen vigente aunque el texto no desarrolla los efectos concretos de cada derogación.

Las series del Indec de empleo asalariado privado revelan un fenómeno que no está en el centro del debate público, pero que podría redefinir la estructura laboral argentina: la informalidad retrocede en casi la mitad de los sectores, aun en un contexto de ajuste, caída del consumo y transición económica.

Entre el IV trimestre de 2023 y el I trimestre de 2026, la serie de la Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra del Indec registró que seis de los 14 grandes sectores de la actividad privada redujeron la proporción de empleo no registrado en relación de dependencia. No es un movimiento menor: implica que, incluso sin un crecimiento fuerte de los puestos registrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la estructura laboral empezó a recomponerse.

El fenómeno apareció en plena desregulación económica, con mayor fiscalización y a la espera de la nueva legislación laboral que promete bajar el costo de contratación, pero cuya entrada en vigencia está frenada por la judicialización impulsada por sectores políticos y sindicales opositores.

Los sectores privados donde la informalidad salarial retrocede son:

• Electricidad, gas y agua: 58,7%.
• Enseñanza: 27,9%.
• Agro, caza y silvicultura: 24,3%.
• Inmobiliarias y remis: 22,5%.
• Servicios sociales y salud privados: 9,2%.
• Otras actividades personales: 7,6%. Industria manufacturera: 4,1 por ciento.

En todos ellos, la relación puesto asalariado privado no registrado/registrado mejoró respecto al final del gobierno anterior. En algunos casos, porque creció el empleo formal; en otros, porque cayó el informal; y, en otros, por ambas vías.

Más allá de las variaciones sectoriales, el dato más contundente surge de las relaciones de magnitud entre empleo asalariado informal y formal. En varios sectores, la brecha se redujo de manera significativa en apenas dos años.

• Electricidad, gas y agua: la caída es drástica: de 0,45 a 0,14 informales por cada formal entre el IV trimestre de 2023 y el primero de 2026.
• Agro: la relación se redujo de 2 a 1,5 por empleado en relación de dependencia registrado en el SIPA.
• Servicios sociales y salud privados: la brecha bajó de 1,1 a 1,04.
• Otras actividades personales: la relación cayó de 0,9 a 0,83.
• Industria: la proporción pasó de 0,5 informales por cada formal a 0,44.
• Enseñanza: la brecha se redujo de 0,29 a 0,2.
• Inmobiliarias y remis: la relación cayó de 0,16 a 0,11 asalariados no registrados por registrado.

Este conjunto de sectores muestra una recomposición que no depende del ciclo económico, sino de cambios regulatorios, fiscalización y expectativas de reforma. Es un movimiento estructural que empezó a modificar la composición del empleo privado.

El retroceso de la informalidad laboral en el ámbito privado asalariado en sectores que en conjunto generan casi la mitad del Producto Bruto Interno (PBI) no surgió de un boom económico; de hecho, sectores como industria y construcción muestran caídas en el PBI y en el empleo registrado. El giro, según el texto, respondió a un cambio en las reglas del juego.

Tres factores explican el proceso:

1. Desregulación económica: La eliminación de trabas administrativas, la simplificación de habilitaciones y la reducción de costos indirectos empujaron a empresas pequeñas y medianas a formalizar parte de su plantilla, especialmente en servicios y agro.
2. Mayor fiscalización: La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Capital Humano intensificaron controles en sectores históricamente informales. En “Otras actividades personales”, por ejemplo, los puestos en negro caen mientras el empleo total crece.
3. Expectativa de reforma laboral: La nueva legislación del trabajo, que reduce el costo de despido, simplifica la registración y crea un sistema de seguro laboral, generó un incentivo anticipado: muchas empresas comenzaron a ordenar su nómina a la espera de la puesta en marcha efectiva de un marco más flexible.

El proceso podría acelerarse, pero está bloqueado por la judicialización. La reforma laboral, aprobada parcialmente y detenida por medidas cautelares, enfrenta: presentaciones sindicales, recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, pese a que fue votada por mayoría de Diputados y Senadores, y estrategias políticas para demorar su aplicación.

Mientras tanto, el mercado laboral avanza a media máquina: formaliza donde puede, pero no despega del todo porque las reglas futuras siguen siendo inciertas.

La economía en su conjunto registró un aumento del PBI de 2,48% interanual entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, y de 2,57% respecto al último tramo del gobierno de Alberto Fernández, según la serie del Indec a precios básicos del productor.

El empleo total privado en relación de dependencia, en paralelo, creció 0,7% interanual y cayó 2,6% frente al cuarto trimestre de 2023.

Sin embargo, el dato estructural es otro: la informalidad retrocede en seis de 14 sectores, aun sin reforma laboral plena y en medio de un ajuste. Es un fenómeno que contradice la idea de que la desregulación genera más precarización. En estos sectores, ocurrió lo contrario: menos informalidad, más orden administrativo y más fiscalización.

• Agro: fuerte aumento del empleo registrado (4%) y caída del informal (12,6%); neto baja 12,4% desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza.
• Pesca: crecimiento porcentual más alto, aunque desde una base pequeña (21,4% en blanco y 200% en negro; el agregado sube 43,8%).
• Comercio: subió 0,9% en blanco y 13,4% en negro, y 5,9% en el agregado.
• Hoteles y restaurantes: aumentó 0,6% registrado y 13,2% informal, con un neto de 6,8%.

• Industria: caída del empleo registrado 5,4% y del informal 9,3%; baja neta de 6,7%.
• Minas y canteras: disminuyeron 4,9% los puestos registrados y se mantuvieron los no anotados, con saldo neto de caída de 4,3%.
• Construcción: bajó el empleo formal 14,4% y aumentó 1,1% el informal; se contrajo el agregado 5,9%.
• Intermediación financiera: bajó 5,3% el registrado y aumentó 38,1% el no registrado, con un neto de caída de 1,9%.
• Logística y comunicaciones: retroceso del empleo registrado 8,1% y avance del informal 12,7%; el agregado bajó 0,7%.
• Enseñanza: acusó sendas disminuciones de 3,3% en blanco y 30,2% en negro, con un agregado que se contrajo 9,4%.
• Servicios sociales y de salud: cayeron 0,3% en blanco y 9,5% el no registrado, y hubo baja neta de 5,1%.

El patrón es claro: donde el empleo cae, cae el registrado; donde crece, crece el informal. Pero en seis sectores, la informalidad retrocede igual. Ese es el dato novedoso.

El PBI crece más que el empleo registrado. La economía se recupera, pero el trabajo formal no despega. Sin embargo, la estructura laboral sí se mueve: baja la informalidad en sectores clave, mejora la relación entre empleo registrado y no registrado, y se ordenan plantillas en sectores históricamente duales.

Es un cambio silencioso, pero profundo.

Si la nueva legislación se destraba, los especialistas anticipan tres efectos:

1. Aceleración de la formalización en sectores de servicios y comercio.
2. Recomposición del empleo registrado en actividades intensivas en mano de obra (construcción, gastronomía, logística).
3. Reducción del empleo no registrado por simplificación de costos y trámites.

En otras palabras: el proceso que hoy avanza lentamente podría multiplicarse. En poco más de dos años, y aun en un contexto económico adverso, la informalidad retrocedió en casi la mitad de los sectores del empleo privado. Es un cambio silencioso, pero profundo: la estructura laboral empieza a moverse hacia mayor formalidad, impulsada por desregulación, fiscalización y expectativas de reforma.

El desafío ahora es político y judicial: si la nueva legislación laboral se destraba, el mercado podría formalizar más rápido que en cualquier período reciente. Si no, el proceso seguirá avanzando, pero a paso lento.