El Gobierno logró dar un paso clave en el Senado con la aprobación del proyecto que avala el acuerdo con los últimos holdouts o «fondos buitre» para el pago de u$s171 millones por los bonos en defult desde 2001, un tema con implicancias significativas para la estrategia económica del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

La iniciativa se aprobó con 40 votos a favor y 22 en contra. Fue un logro nada menor para La Libertad Avanza en el marco de una sesión que estuvo a punto de frustrarse por la polémica en torno a la designación de jueces y a la sorpresiva aprobación del pliego de María Verónica Michelli, que Milei quiso retirar sin éxito y que tensó la relación con Patricia Bullrich.

El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem y la tropa libertaria tienen ahora el desafío de convertirlo en ley antes del 30 de junio porque, en caso contrario, el acuerdo podría caerse y Caputo no cosechará los beneficios que espera con este entendimiento, tales como levantar trabas en operaciones de deuda futuras.

¿De qué se trata el proyecto de pago a los holdouts que avanza en el Congreso?

La iniciativa avala el acuerdo firmado el 1 de abril pasado y notificado a la jueza de distrito de Nueva York, Loretta Preska, por el que Argentina se compromete a pagar a Bainbridge Ltd. un monto único de u$s67 millones y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP otros u$s104 millones.

En los argumentos del proyecto, el Gobierno destacó que el acuerdo implica «una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes» y permitirá «cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York».

Una vez realizado el pago, los fondos entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación definitiva de dichos títulos. Es decir que primero se paga, se canjean los bonos y se cancela el litigio.

Parte de esos bonos fueron emitidos en la década de 1990 como parte de la reestructuración de deuda latinoamericana. Luego de la crisis política, social y económica que tumbó al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y llevó a la declaración del default en enero de 2002, muchos de los tenedores aceptaron canjes posteriores.

Sin embargo, el grupo Attestor y Bainbridge Ltd. no ingresaron en esos acuerdos que promovieron Néstor Kirchner en 2005, Cristina Kirchner en 2010 y Mauricio Macri en 2016. En cambio prefirieron litigar y a la vez presentar demandas de embargo de activos clave del país. El Gobierno de Javier Milei busca colgarse la medalla de haber resuelto definitivamente el tema.

¿Por qué la ley es clave para Milei y Luis Caputo?

Si bien el acuerdo ya se firmó, el Gobierno quiere blindarlo mediante una ley, que siempre ofrece mayores garantías jurídicas que un decreto. Por eso los últimos «fondos buitre» están atentos hace varias semanas al avance del tema en el Congreso.

La negociación con estos dos fondos que abrió el gobierno de Milei permitió congelar todas las medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Por caso, Bainbridge apuntaba a las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

Esto quedó en pausa mientras se espera que el Congreso argentino apruebe el acuerdo, donde se establece que las partes suspenden los litigios sobre bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y se comprometen a no iniciar nuevas acciones.

Además, los fondos aceptaron por escrito que no realizarán ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina. Esto implica que no podrán trabar futuras operaciones de deuda argentina, importante para la estrategia de Caputo.

El tema lleva implícito, además, un valor político para Milei, que podrá colgarse la medalla de haber terminado con un conflicto que lleva 25 años y que, además, dará una señal favorable para la Argentina en el mercado financiero.

El plazo que pone presión sobre Diputados

El proyecto se había incluido en el temario de la sesión que se realizo el pasado 14 de mayo en el Senado, pero el oficialismo tuvo que devolverlo a comisión a pedido de los bloques aliados por un desacuerdo de último momento.

La complicación para el Gobierno es que en el acuerdo con los fondos tenía un plazo inicial para consegur el aval del Congreso que vencía el 30 de abril, que se prorrogó luego hasta el 31 de mayo. Tras la demora del Senado, se volvió a correr el «deadline» hasta el 30 de junio.

Si el Gobierno no consigue la aprobación del proyecto antes de esa fecha el acuerdo se caerá y Argentina tendrá que volver a enfrentar los litigios por el default en condiciones aún más desfavorables. Por eso ahora la presión está en la Cámara de Diputados.

Fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional adelantaron que la idea de Menem es sesionar el 24 de junio para tratar los proyectos de Súper RIGI y Ley de lobby, por lo que el oficialismo aprovecharía para incluir también el acuerdo con los holdouts y cumplir así con el plazo acordado.

Los argumentos del oficialismo en el Senado sobre el acuerdo con los holdouts

El tema tuvo una breve discusión en el Senado, donde la principal defensora del proyecto fue la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien destacó que el Gobierno busca con esta iniciativa «cerrar una herida que tiene más de 25 años», cuando se produjo, según remaró, «el default más grande de la historia mundial».

Bullrich puso de relieve que la aprobación por ley de este acuerdo con Bainbridge Ltd y Attestor Value ayudará a «bajar el riesgo país», que es «una manera de tener más inversiones, más trabajo y mejores condiciones». Por ello, subrayó: «Es importante que se apruebe porque si no volveríamos al litigio».

A su turno, el también oficialista Agustín Monteverde, miembro informante del proyecto en el recinto, aseguró que se trata de un acuerdo «razonable, conveniente y legal» y afirmó: «Hemos logrado un descuento de más del 35%».

Con la aprobación en el Senado del proyecto que avala el pago a los últimos holdouts, el gobierno de Javier Milei logró un avance importante que lo ilusiona tanto a él como a Luis Caputo con la posibilidad de cumplir finalmente con el plazo acordado y salir a celebrar el cierre de un problema histórico para el acceso de Argentina al mercado de deuda.