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ECONOMIA

Avanza el acuerdo con los holdouts, clave para Milei y Luis Caputo: el plazo que deben cumplir

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El Gobierno logró dar un paso clave en el Senado con la aprobación del proyecto que avala el acuerdo con los últimos holdouts o «fondos buitre» para el pago de u$s171 millones por los bonos en defult desde 2001, un tema con implicancias significativas para la estrategia económica del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

La iniciativa se aprobó con 40 votos a favor y 22 en contra. Fue un logro nada menor para La Libertad Avanza en el marco de una sesión que estuvo a punto de frustrarse por la polémica en torno a la designación de jueces y a la sorpresiva aprobación del pliego de María Verónica Michelli, que Milei quiso retirar sin éxito y que tensó la relación con Patricia Bullrich.

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El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem y la tropa libertaria tienen ahora el desafío de convertirlo en ley antes del 30 de junio porque, en caso contrario, el acuerdo podría caerse y Caputo no cosechará los beneficios que espera con este entendimiento, tales como levantar trabas en operaciones de deuda futuras.

¿De qué se trata el proyecto de pago a los holdouts que avanza en el Congreso?

La iniciativa avala el acuerdo firmado el 1 de abril pasado y notificado a la jueza de distrito de Nueva York, Loretta Preska, por el que Argentina se compromete a pagar a Bainbridge Ltd. un monto único de u$s67 millones y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP otros u$s104 millones.

En los argumentos del proyecto, el Gobierno destacó que el acuerdo implica «una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes» y permitirá «cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York».

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Una vez realizado el pago, los fondos entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación definitiva de dichos títulos. Es decir que primero se paga, se canjean los bonos y se cancela el litigio.

Parte de esos bonos fueron emitidos en la década de 1990 como parte de la reestructuración de deuda latinoamericana. Luego de la crisis política, social y económica que tumbó al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y llevó a la declaración del default en enero de 2002, muchos de los tenedores aceptaron canjes posteriores.

Sin embargo, el grupo Attestor y Bainbridge Ltd. no ingresaron en esos acuerdos que promovieron Néstor Kirchner en 2005, Cristina Kirchner en 2010 y Mauricio Macri en 2016. En cambio prefirieron litigar y a la vez presentar demandas de embargo de activos clave del país. El Gobierno de Javier Milei busca colgarse la medalla de haber resuelto definitivamente el tema.

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¿Por qué la ley es clave para Milei y Luis Caputo?

Si bien el acuerdo ya se firmó, el Gobierno quiere blindarlo mediante una ley, que siempre ofrece mayores garantías jurídicas que un decreto. Por eso los últimos «fondos buitre» están atentos hace varias semanas al avance del tema en el Congreso.

La negociación con estos dos fondos que abrió el gobierno de Milei permitió congelar todas las medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Por caso, Bainbridge apuntaba a las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

Esto quedó en pausa mientras se espera que el Congreso argentino apruebe el acuerdo, donde se establece que las partes suspenden los litigios sobre bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y se comprometen a no iniciar nuevas acciones.

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Además, los fondos aceptaron por escrito que no realizarán ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina. Esto implica que no podrán trabar futuras operaciones de deuda argentina, importante para la estrategia de Caputo.

El tema lleva implícito, además, un valor político para Milei, que podrá colgarse la medalla de haber terminado con un conflicto que lleva 25 años y que, además, dará una señal favorable para la Argentina en el mercado financiero.

El plazo que pone presión sobre Diputados

El proyecto se había incluido en el temario de la sesión que se realizo el pasado 14 de mayo en el Senado, pero el oficialismo tuvo que devolverlo a comisión a pedido de los bloques aliados por un desacuerdo de último momento.

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La complicación para el Gobierno es que en el acuerdo con los fondos tenía un plazo inicial para consegur el aval del Congreso que vencía el 30 de abril, que se prorrogó luego hasta el 31 de mayo. Tras la demora del Senado, se volvió a correr el «deadline» hasta el 30 de junio.

Si el Gobierno no consigue la aprobación del proyecto antes de esa fecha el acuerdo se caerá y Argentina tendrá que volver a enfrentar los litigios por el default en condiciones aún más desfavorables. Por eso ahora la presión está en la Cámara de Diputados.

Fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional adelantaron que la idea de Menem es sesionar el 24 de junio para tratar los proyectos de Súper RIGI y Ley de lobby, por lo que el oficialismo aprovecharía para incluir también el acuerdo con los holdouts y cumplir así con el plazo acordado.

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Los argumentos del oficialismo en el Senado sobre el acuerdo con los holdouts

El tema tuvo una breve discusión en el Senado, donde la principal defensora del proyecto fue la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien destacó que el Gobierno busca con esta iniciativa «cerrar una herida que tiene más de 25 años», cuando se produjo, según remaró, «el default más grande de la historia mundial».

Bullrich puso de relieve que la aprobación por ley de este acuerdo con Bainbridge Ltd y Attestor Value ayudará a «bajar el riesgo país», que es «una manera de tener más inversiones, más trabajo y mejores condiciones». Por ello, subrayó: «Es importante que se apruebe porque si no volveríamos al litigio».

A su turno, el también oficialista Agustín Monteverde, miembro informante del proyecto en el recinto, aseguró que se trata de un acuerdo «razonable, conveniente y legal» y afirmó: «Hemos logrado un descuento de más del 35%».

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Con la aprobación en el Senado del proyecto que avala el pago a los últimos holdouts, el gobierno de Javier Milei logró un avance importante que lo ilusiona tanto a él como a Luis Caputo con la posibilidad de cumplir finalmente con el plazo acordado y salir a celebrar el cierre de un problema histórico para el acceso de Argentina al mercado de deuda.

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Cuánto cuesta hacer la compra mensual de alimentos y bebidas en cada provincia

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El costo de la compra mensual de alimentos y bebidas varía según la provincia y supera el millón de pesos en gran parte del país

El precio de llenar el changuito de alimentos y bebidas varía significativamente según la provincia en la que se realice la compra. A fines de mayo, el costo superó los $1.013.000 en Santa Cruz, mientras que en el conurbano bonaerense fue de $886.730. Los valores surgen de un relevamiento realizado por la consultora Analytica, que analizó precios online y permitió identificar profundas diferencias entre las distintas regiones del país.

En Santa Cruz, llenar el changuito requiere destinar $1.013.092, el monto más alto registrado en la Argentina durante el período relevado. Chubut ocupa el segundo puesto con $1.001.181, seguido por Río Negro con $994.315. Tierra del Fuego también muestra un valor elevado, con $981.913. La Patagonia concentra los precios más altos del país.

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En contraste, el conurbano bonaerense presenta el menor costo para adquirir la misma canasta de bienes, con $886.730. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubica apenas por encima, con $889.818. La Rioja y Santa Fe completan el grupo de provincias con precios más bajos, con $887.125 y $886.758 respectivamente.

El costo de la compra mensual de alimentos y bebidas varía según la provincia y supera el millón de pesos en gran parte del país (Captura de video)

El estudio de Analytica muestra una marcada brecha entre el sur del país y el centro-norte. Mientras que las provincias patagónicas se mantienen por encima de los $980.000, otras regiones presentan montos cercanos a los $900.000. Neuquén registra $939.213 y San Luis $919.425. En el norte, Salta tiene un valor de $917.652, y Santiago del Estero alcanza los $915.238.

Jujuy y Catamarca presentan costos similares, con $913.480 y $913.099, respectivamente. San Juan, Chaco y Córdoba se mantienen en el rango de $912.000 a $912.578. Tucumán y Misiones cierran el grupo con $911.023 y $912.236.

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Provincias como Corrientes y La Pampa se ubican en torno a los $910.454 y $908.114. Formosa muestra $902.719, y el resto de la provincia de Buenos Aires (excluyendo el conurbano) llega a $899.991.

Santa Cruz registra el changuito más caro de la Argentina con $1.013.092, según el relevamiento de Analytica EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Santa Cruz registra el changuito más caro de la Argentina con $1.013.092, según el relevamiento de Analytica EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La diferencia de precios entre provincias impacta directamente en el poder de compra de los hogares. Aunque los salarios pueden variar según la región, la brecha de más de $120.000 entre Santa Cruz y el conurbano bonaerense representa una carga significativa para los consumidores del sur.

La consultora Analytica subraya que el relevamiento se basa en precios online de supermercados y almacenes. Esta metodología permite reflejar el costo promedio realista de una compra mensual de alimentos y bebidas, sin contemplar promociones puntuales ni compras mayoristas.

El ranking elaborado por Analytica señala que la dispersión de precios no responde únicamente a la distancia geográfica, sino también a la estructura de costos y a la logística del transporte y distribución en cada región. En algunas provincias del noroeste y noreste, el costo del changuito se asemeja a los valores del centro del país.

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La Patagonia concentra los precios más altos de alimentos y bebidas, con Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego entre los valores más elevados EFE/Juan Ignacio Roncoroni
La Patagonia concentra los precios más altos de alimentos y bebidas, con Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego entre los valores más elevados EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El relevamiento de Analytica, realizado a fines de mayo, no contempla promociones ni descuentos puntuales. Por tanto, los valores pueden variar si se consideran compras en mayoristas, ferias o almacenes de barrio. Sin embargo, el informe ofrece una referencia clara para comparar el impacto de la inflación en las distintas provincias argentinas.

La diferencia entre el costo del changuito en Santa Cruz y en el conurbano bonaerense supera los $126.000. Esta brecha resalta la necesidad de monitorear las políticas de precios, la logística y la estructura de costos en el país.

El relevamiento de Analytica evidencia que, a pesar de las diferencias regionales, el costo promedio de una compra de alimentos y bebidas ronda el millón de pesos en la mayoría de las provincias. El informe permite dimensionar el peso que tiene este gasto en el presupuesto familiar y la importancia de seguir la evolución de los precios en cada jurisdicción del país.

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ECONOMIA

Con dólar inquieto, vencen $16 billones y Caputo prepara la aspiradora de pesos

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El ministro de Economía, Toto Caputo prepara la aspiradora de pesos ante un nuevo vencimiento de deuda por unos $16 billones este viernes. Si se mantuviera la línea que el Tesoro viene mostrando en las últimas licitaciones, no se contentará con «rollear» el capital de los bonos, sino que colocará títulos por una suma que podría llegar a $3 billones.

La absorción de pesos excedentes, sobre todo desde que Federico Furiase está al frente de la Secretaría de Finanzas, ha sido uno de los puntos centrales del plan económico, junto con la extensión de los plazos de vencimiento.

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Así, en cada licitación suele haber un «rolleo» en el orden de 120%, algo que el gobierno justifica como una necesidad para garantizar la senda descendente de la inflación. El temor que en su momento expresó explícitamente Javier Milei es que los pesos que emite el Banco Central cada vez que compra dólares puedan presionar los precios.

Se estima que a fines de junio el BCRA habrá emitido unos $2 billones, una cifra que luce menor en comparación con los $3,5 billones de mayo y los $3,8 billones de mayo. Pero aun así, el gobierno ha dejado en claro que no quiere correr riesgos.

Con el dólar en la mira

De hecho, por primera vez en muchos meses, se volvió a hablar en el mercado financiero sobre la intervención del Central en el mercado de futuros, donde se observó un volumen inusual de operaciones, y una compresión de la tasa implícita para los contratos de vencimiento más corto. Eso llevó a que los analistas sospecharan de una pulseada entre los bonistas de títulos «dólar linked», que pujan por hacer subir al dólar, y el BCRA, que quiere acotar la suba de los últimos días.

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Ante esa situación, están dados los incentivos como para que Toto mantenga su sesgo contractivo y retire liquidez de la plaza. Esta política monetaria ha sido criticada por muchos economistas de línea ortodoxa, que sostienen que cuando el BCRA compra dólares hay, por definición, un incremento en la demanda de pesos y que, por ende, no existe el riesgo de inflación ni de corrida.

Pero Caputo no ve las cosas de la misma manera. Sobre todo, cuando está previsto que en un par de semanas salgan de las arcas públicas u$s4.000 millones, para saldar los vencimientos de la deuda externa que se acumulan en julio.

Las tasas, variable de ajuste

Entre las principales críticas que genera esta política por la cual el Tesoro absorbe los pesos que emite el Central es que resulta nociva para el crédito. De hecho, es algo que va en el sentido opuesto al «Punto Anker», como denominan en el equipo económico a la expansión monetaria que se genera cuando el Tesoro no renueva la totalidad de los vencimientos y paga parte del capital con los pesos del superávit fiscal.

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Durante muchos meses, Caputo se jactó de que esa era la política más sana, porque el Estado dejaba de competir con las empresas por la liquidez. Su frase preferida era: «Hicimos que los bancos volvieran a trabajar de bancos».

Pero en este momento las prioridades cambiaron, dada la urgencia del gobierno por mostrar un IPC por debajo del 2% mensual. Y la variable de ajuste de esa política es un ensanchamiento del spread de tasas de interés.

Es decir, se hace más grande la diferencia entre las tasas pasivas -las que los bancos pagan a los depositantes de plazos fijos- y las tasas activas -las que cobran a sus clientes cuando otorgan un préstamo-.

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Hablando en cifras, la tasa pasiva está en torno de 20%, lo que implica un retorno negativo respecto de la inflación esperada -que asciende a 24% anual-, mientras que las tasas activas, considerando el costo efectivo total, superan las tres cifras.

Los economistas se quejan de que con esta política monetaria se acota el funcionamiento de uno de los «drivers» de la actividad productiva y comercial, como es el crédito. Y que, al colocar deuda por encima de sus necesidades financieras, el Tesoro está, en los hechos, contribuyendo a mantener las tasas altas, por más que los funcionarios destaquen que hay un proceso de reducción del interés.

Un menú para extender vencimientos

En lo que respecta al «menú» de opciones que el Tesoro le ofrece a los inversores para esta licitación, resulta más variado que en ocasiones anteriores. Volvió a incluir bonos de renta fija, como las Lecap, y también mantuvo opciones en tasa dual y títulos ajustables por dólar.

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Los duales -de interés variable- tienen el atractivo de que acotan notablemente el riesgo, al pagar la mejor tasa entre una ajustable por CER y otra por el índice TAMAR. Traducido, que da cobertura tanto para la inflación como para un aumento agudo en las tasas de interés.

Es posible que en esta ocasión haya un mayor interés por la inversión «dólar linked» que la observada en las anteriores licitaciones, dado el movimiento que se observó en el mercado, y que llevó al tipo de cambio oficial al nivel de $1.480, un precio que no se veía desde fines de 2025.

Pero acaso la mayor expectativa estará centrada en si el mercado elige los títulos con vencimiento posterior a 2027 o si se concentrará en el corto plazo. Extender la «duration» de la deuda en pesos, según la definición del secretario Furiase, es uno de los principales objetivos de la política financiera.

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Y esa meta tiene dos motivaciones. La financiera es aliviar el calendario de vencimientos de 2027, un año con «ruido» electoral, en el que, además, habrá un exigente cronograma de pagos para la deuda dolarizada.

La motivación política para extender los vencimientos de los bonos es que se puede interpretar como una señal de confianza del mercado en el sentido de que el presidente Milei obtendrá la reelección el año próximo y no hay riesgos de cambios bruscos en la línea de política económica.

Finalmente, se emitirán también bonos «hard dólar», en un último tramo de u$s366 millones, con vencimiento en 2028. De esta manera, se completará el cupo para buscar financiación en dólares en el mercado doméstico, con el objetivo de enfrentar cancelaciones de deuda externa.

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El bono con vencimiento en 2027 ya fue colocado en su totalidad, y pagó una tasa promedio de 5,4%, mientras que la que devuelve el capital en 2028 también tuvo una buena aceptación, aunque a una tasa más alta, en torno de 8,2%. La diferencia entre ambas tasas es lo que el ministro Caputo ha denominado «el riesgo kuka», en alusión a la prevención de los inversores por un eventual cambio de gobierno en las próximas elecciones.

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ECONOMIA

El dólar alcanzó su precio más alto de 2026 y se acercó a los 1.500 pesos

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En junio el dólar se afirma y supera holgadamente a la inflación del mes.

En el mercado mayorista del dólar ayer se negoció un sostenido volumen de USD 648 millones, cifra relevante que revela que la oferta se mantiene dentro del pico estacional. No obstante, la respuesta de la demanda está a la altura y, aún con menores compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el spot, se mantiene la tendencia alcista para el billete verde.

El dólar mayorista ganó este miércoles 7,50 pesos o o 0,5%, a $1.479, el precio más alto desde el 3 de noviembre de 2025. El tipo de cambio oficial sostiene un rebote de 71 pesos o 5% en junio, mientras que en el recorrido de 2026 alcanza una leve ganancia de 24 pesos o 1,6%, muy lejos de la inflación acumulada en el período del orden del 16 por ciento.

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“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 18 pesos, todavía algo por debajo del aumento de 23 pesos registrado en el mismo lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.797,67, que dejó al dólar mayorista a 318,67 pesos o 21,5% de ese umbral de flotación administrada.

En la misma dirección, el dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.495 para la venta según la referencia del Banco Nación. En junio el billete minorista sube 65 pesos o 4,5 por ciento. Además, igualó las marcas más altas de 2026, de los días 2 y 5 de enero ($1.495).

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El dólar blue también estuvo operado con franca ganancia de 25 pesos o 1,7% en el día, a $1.530, un máximo desde el 2 de enero. En junio el blue escala 100 pesos o 7 por ciento.

“El mercado cambiario argentino viene mostrando un dólar que sube en las ultimas jornadas, tanto para el mayorista como para MEP o contado con liquidación. Si bien es cierto que hace tiempo hay tasas reales cortas negativas en pesos, algo que podría eventualmente ser un factor de presión, vemos a lo sucedido más asociado al contexto internacional, con un dólar que se fortaleció a nivel mundial en las ultimas ruedas luego del mensaje hawkish de la Fed. Las tasas cortas en dólares de los bonos del Tesoro americano subieron tras los anuncios de la Fed, ejerciendo presión alcista sobre el dólar a nivel mundial”, evaluó Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

“Mirando el mercado local, lo que habrá que monitorear seguirán siendo los flujos, que se vieron favorecidos durante la guerra en Medio Oriente por el sector exportador de hidrocarburos. Hacia adelante, si bien el precio cayó, es relevante mencionar que en materia de producción de hidrocarburos todo sigue con perspectiva alcista, por lo que esos flujos deberían seguir acompañando hacia el mediano plazo”, puntualizó Franco.

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“Dentro de dicho contexto externo de debilidad en las monedas emergentes como contrapartida a la firmeza del DXY (dollar index), el dólar mayorista amaga con acercarse en esta oportunidad a los $1.480. Así es que el BCRA continúa recalibrando a la baja el ritmo de compras, en busca de darle un mayor espacio a la demanda y permitir morigerar el reacomodamiento de la divisa», evaluó el economista Gustavo Ber.

El BCRA publicó los datos oficiales de su posición corta en futuros de dólar correspondientes a mayo, la cual se ubicó en apenas USD 204 millones.

“La cifra ya había sido anticipada semanas atrás en una presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning. La posición vendida se redujo en USD 1.900 millones durante el mes, quedando prácticamente en cero y completando la reversión del máximo de USD 6.844 millones alcanzado en septiembre de 2025″, precisó Max Capital.

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“Sin embargo, los volúmenes operados en el bono dollar-linked con vencimiento en junio de 2026 y el aumento en el interés abierto de futuros de dólar sugieren que el BCRA retomó la oferta de instrumentos de cobertura cambiaria en junio, compensando así la reducción registrada durante mayo», agregaron desde Max Capital.



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