El Gobierno logró dar un paso clave en el Senado con la aprobación del proyecto que avala el acuerdo con los últimos holdouts o «fondos buitre» para el pago de u$s171 millones por los bonos en defult desde 2001, un tema con implicancias significativas para la estrategia económica del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

La iniciativa se aprobó con 40 votos a favor y 22 en contra. Fue un logro nada menor para La Libertad Avanza en el marco de una sesión que estuvo a punto de frustrarse por la polémica en torno a la designación de jueces y a la sorpresiva aprobación del pliego de María Verónica Michelli, que Milei quiso retirar sin éxito y que tensó la relación con Patricia Bullrich.

El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem y la tropa libertaria tienen ahora el desafío de convertirlo en ley antes del 30 de junio porque, en caso contrario, el acuerdo podría caerse y Caputo no cosechará los beneficios que espera con este entendimiento, tales como levantar trabas en operaciones de deuda futuras.

¿De qué se trata el proyecto de pago a los holdouts que avanza en el Congreso?

La iniciativa avala el acuerdo firmado el 1 de abril pasado y notificado a la jueza de distrito de Nueva York, Loretta Preska, por el que Argentina se compromete a pagar a Bainbridge Ltd. un monto único de u$s67 millones y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP otros u$s104 millones.

En los argumentos del proyecto, el Gobierno destacó que el acuerdo implica «una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes» y permitirá «cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York».

Una vez realizado el pago, los fondos entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación definitiva de dichos títulos. Es decir que primero se paga, se canjean los bonos y se cancela el litigio.

Parte de esos bonos fueron emitidos en la década de 1990 como parte de la reestructuración de deuda latinoamericana. Luego de la crisis política, social y económica que tumbó al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y llevó a la declaración del default en enero de 2002, muchos de los tenedores aceptaron canjes posteriores.

Sin embargo, el grupo Attestor y Bainbridge Ltd. no ingresaron en esos acuerdos que promovieron Néstor Kirchner en 2005, Cristina Kirchner en 2010 y Mauricio Macri en 2016. En cambio prefirieron litigar y a la vez presentar demandas de embargo de activos clave del país. El Gobierno de Javier Milei busca colgarse la medalla de haber resuelto definitivamente el tema.

¿Por qué la ley es clave para Milei y Luis Caputo?

Si bien el acuerdo ya se firmó, el Gobierno quiere blindarlo mediante una ley, que siempre ofrece mayores garantías jurídicas que un decreto. Por eso los últimos «fondos buitre» están atentos hace varias semanas al avance del tema en el Congreso.

La negociación con estos dos fondos que abrió el gobierno de Milei permitió congelar todas las medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Por caso, Bainbridge apuntaba a las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

Esto quedó en pausa mientras se espera que el Congreso argentino apruebe el acuerdo, donde se establece que las partes suspenden los litigios sobre bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y se comprometen a no iniciar nuevas acciones.

Además, los fondos aceptaron por escrito que no realizarán ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina. Esto implica que no podrán trabar futuras operaciones de deuda argentina, importante para la estrategia de Caputo.

El tema lleva implícito, además, un valor político para Milei, que podrá colgarse la medalla de haber terminado con un conflicto que lleva 25 años y que, además, dará una señal favorable para la Argentina en el mercado financiero.

El plazo que pone presión sobre Diputados

El proyecto se había incluido en el temario de la sesión que se realizo el pasado 14 de mayo en el Senado, pero el oficialismo tuvo que devolverlo a comisión a pedido de los bloques aliados por un desacuerdo de último momento.

La complicación para el Gobierno es que en el acuerdo con los fondos tenía un plazo inicial para consegur el aval del Congreso que vencía el 30 de abril, que se prorrogó luego hasta el 31 de mayo. Tras la demora del Senado, se volvió a correr el «deadline» hasta el 30 de junio.

Si el Gobierno no consigue la aprobación del proyecto antes de esa fecha el acuerdo se caerá y Argentina tendrá que volver a enfrentar los litigios por el default en condiciones aún más desfavorables. Por eso ahora la presión está en la Cámara de Diputados.

Fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional adelantaron que la idea de Menem es sesionar el 24 de junio para tratar los proyectos de Súper RIGI y Ley de lobby, por lo que el oficialismo aprovecharía para incluir también el acuerdo con los holdouts y cumplir así con el plazo acordado.

Los argumentos del oficialismo en el Senado sobre el acuerdo con los holdouts

El tema tuvo una breve discusión en el Senado, donde la principal defensora del proyecto fue la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien destacó que el Gobierno busca con esta iniciativa «cerrar una herida que tiene más de 25 años», cuando se produjo, según remaró, «el default más grande de la historia mundial».

Bullrich puso de relieve que la aprobación por ley de este acuerdo con Bainbridge Ltd y Attestor Value ayudará a «bajar el riesgo país», que es «una manera de tener más inversiones, más trabajo y mejores condiciones». Por ello, subrayó: «Es importante que se apruebe porque si no volveríamos al litigio».

A su turno, el también oficialista Agustín Monteverde, miembro informante del proyecto en el recinto, aseguró que se trata de un acuerdo «razonable, conveniente y legal» y afirmó: «Hemos logrado un descuento de más del 35%».

Con la aprobación en el Senado del proyecto que avala el pago a los últimos holdouts, el gobierno de Javier Milei logró un avance importante que lo ilusiona tanto a él como a Luis Caputo con la posibilidad de cumplir finalmente con el plazo acordado y salir a celebrar el cierre de un problema histórico para el acceso de Argentina al mercado de deuda.

El resultado del proceso generó inquietud entre empresarios que esperan beneficiarse del auge del cobre. La postura de la compañía extranjera

04/06/2026 – 19:12hs

La adjudicación de una obra vinculada al desarrollo del proyecto minero Vicuña, uno de los emprendimientos de cobre más importantes de la Argentina, generó cuestionamientos por parte de sectores empresariales y legislativos luego de que una compañía china resultara ganadora de una licitación para ampliar el campamento permanente de la iniciativa en la provincia de San Juan.

Empresa china se hará cargo del proyecto «Vicuña»: polémica por obra minera en San Juan

El proyecto Vicuña, impulsado por las mineras Lundin Mining y BHP, contempla una inversión inicial estimada en unos 7.100 millones de dólares y busca desarrollar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, considerados entre los mayores depósitos de cobre sin explotar del mundo.

La controversia surgió luego de que trascendiera que una empresa de origen chino obtuvo la adjudicación para ejecutar una etapa de ampliación del campamento permanente del proyecto. La noticia despertó preocupación entre proveedores locales y algunos sectores políticos, que plantearon interrogantes sobre el grado de participación que tendrán las empresas argentinas en una iniciativa de semejante magnitud económica.

Desde distintos ámbitos vinculados a la cadena de valor minera señalaron que el desarrollo de grandes proyectos es una oportunidad para fortalecer la industria nacional y generar empleo local, por lo que reclamaron que se priorice la contratación de empresas argentinas siempre que existan capacidades técnicas y competitividad para realizar los trabajos requeridos.

La respuesta de Vicuña

Frente a los cuestionamientos, la empresa Vicuña aclaró que la obra adjudicada representa aproximadamente el 25% del campamento permanente proyectado y destacó que en los próximos meses se abrirán nuevas licitaciones para completar las siguientes etapas de construcción. Según la compañía, todavía existen numerosas oportunidades para la participación de proveedores nacionales e internacionales.

Además, la empresa informó que avanzan otros procesos licitatorios vinculados a la construcción de tres campamentos destinados al personal que trabajará en las obras del denominado Corredor Norte, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo integral del proyecto.

La discusión se produce en un contexto de fuerte expectativa por el crecimiento de la minería del cobre en Argentina, una actividad que concentra inversiones multimillonarias y que, además de los beneficios económicos directos, es observada por gobiernos provinciales, empresarios y comunidades como una herramienta para impulsar el desarrollo de proveedores locales y la generación de empleo en las regiones donde se emplazan los proyectos.

Por el momento, la adjudicación no fue revisada ni modificada, pero el caso abrió un debate más amplio sobre el equilibrio entre la llegada de inversiones extranjeras y la participación de empresas nacionales en las obras asociadas a los grandes proyectos mineros que se desarrollan en el país.

El Gobierno nacional anunció la conclusión de la auditoría del proceso de licitación de la Hidrovía, que, según el Ministerio de Economía, permitirá una reducción del 13,5% en el costo logístico exportador. La revisión, que se realizó sobre el proceso de privatización de la vía navegable, apuntó robustecer los estándares de calidad internacional y transparencia en la previa de la licitación que tiene como principales protagonistas a las empresas Jan de Nul y Deme.

En el tramo final de la proceso licitatorio, los equipos multidisciplinarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (APNYN) llevaron a cabo una inspección de procesos y agentes involucrados. “De dicha auditoría se llegó a una serie de conclusiones que terminan por respaldar y sostener esta licitación como una de las más importantes de la historia”, destaca el comunicado oficial de Economía.

El documento resalta el trabajo articulado con UNCTAD, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas especializada en gestión de infraestructuras críticas para el comercio exterior y desarrollo económico.

Esta entidad colaboró en áreas estratégicas del pliego y el futuro contrato de concesión, aportando recomendaciones en el aspecto económico-financiero, la conformación legal de la documentación, y los aspectos técnicos de la concesión. El informe de la agencia internacional fue presentado ante la APNYN y validado ante distintos usuarios de la vía navegable en reuniones públicas.

Durante el proceso, se realizaron reuniones técnicas en provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, en las que participaron cámaras empresarias y otros actores del sector. De estas mesas surgió un reporte suscripto por UNCTAD que recomendó las mejores prácticas para la confección de los pliegos y la evaluación de ofertas. “Ese informe fue cumplido en su totalidad por parte de APNYN y avalado por los distintos usuarios de la vía navegable troncal en sendos comunicados”, subrayaron desde la cartera económica.

El Ministerio de Economía también puntualizó que la auditoría evidenció que “una vez elaborados los pliegos con la intervención de los agentes mencionados, se procedió al llamado de un proceso de Participación Ciudadana que repasó lo actuado en materia ambiental”. En esa etapa, se publicaron todos los informes y se habilitó la participación de más de 240 personas.

El proceso incluyó el mecanismo de Observaciones Previas, publicado por UNCTAD en portales internacionales y locales, que permitió a empresas, usuarios y organizaciones civiles sumar sus aportes. “Como resultado de dichos aportes, APNYN adoptó distintas sugerencias que facilitaron la presentación de ofertas, así como aportar información adicional requerida por las empresas interesadas en participar de la licitación, entre otros cambios técnicos implementados”, precisa el Ministerio.

Durante los tres meses posteriores a la publicación de la licitación, el sistema recibió más de 200 consultas y ninguna objeción, según los registros oficiales. El proceso culminó con la participación de tres empresas de primera línea mundial como oferentes.

El comunicado detalla las etapas de evaluación: la primera analizó antecedentes de empresas y capacidad financiera, la segunda los planes de trabajo y propuestas técnicas, y la tercera la presentación de la justicia (sin ninguna impugnación por parte de los oferentes). El Ministerio de Economía resalta: “Dicho mecanismo, más presentaciones en la justicia (que ninguna fue realizada por oferentes), fueron considerados como validación de la legitimidad del proceso”.

La auditoría también incluyó un análisis de los efectos esperados sobre el costo logístico exportador. El Ministerio sostiene que “la finalización del proceso, con reducción del 13,5% en los costos logísticos, representa una mejora significativa para la navegación y la exportación de productos desde la Argentina”. Según la cartera económica, se trata de “un avance que ningún gobierno pudo hacer antes”.

La cartera que conduce Luis Caputo remarcó que “el Gobierno del presidente Milei avanzará con la adjudicación de la concesión de la vía navegable troncal, luego de haber cumplido todas las etapas necesarias para una licitación con doble control nacional e internacional, y con los estándares más altos de transparencia y legalidad”. El comunicado concluye que el proceso “abre la puerta para la navegación y la logística con estándares internacionales y un beneficio histórico para el país”.

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