POLITICA
Avanza el plan de Sturzenegger para eliminar decenas de normas por “obsoletas”
Con algunos retoques al texto original propuesto por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el oficialismo avanzó en la Cámara de Diputados con la firma del dictamen de la llamada “ley hojarasca”, por la cual se propone la eliminación de más de 70 normas y reglamentaciones por considerarlas “obsoletas o superadas”.
El dictamen, que obtuvo 35 firmas, se despachó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Consiguió el respaldo de los bloques del oficialismo, Pro y la UCR. En cambio, Unión por la Patria y un sector de Provincias Unidas anticiparon su rechazo, por considerar que el paquete contiene normas cuya derogación afectaría áreas sensibles -como la salud y los bienes culturales- y reclamaron más tiempo de estudio.
Ante el plenario de comisiones, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, insistió en que esta norma es necesaria para ordenar el plexo jurídico vigente.
“Así como en nuestra historia hemos tenido el problema de la inflación, en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación normativa -enfatizó-. Entre leyes, decretos y resoluciones ministeriales se cuentan alrededor de un millón de normas. Uno de los objetivos es ordenar eso, porque tiene un gran costo, tanto para el ciudadano como para la administración pública”.
El funcionario precisó que si bien en 2014 el Congreso aprobó un digesto jurídico en el que se hizo un primer ordenamiento legislativo, unas 15.000 leyes quedaron en una suerte de “limbo jurídico” que, a su juicio, es necesario ordenar. “Esto es un tema serio porque estamos hablando de leyes que no sabemos a ciencia cierta cuáles están vigentes y cuáles no”, sostuvo.
Desde Unión por la Patria, el diputado Diego Giuliano planteó que si bien su bancada está de acuerdo con dar de baja una quincena de leyes que resultaron obsoletas con el tiempo, advirtió que dentro del paquete que presentó el Ministerio de Desregulación para su derogación hay normas que tocan áreas sensibles, como la educación, la salud y la cultura, que merecerían un “análisis más pormenorizado” antes de ser eliminadas de un plumazo.
El legislador mencionó, entre otras, la ley que declara de interés la producción pública de medicamentos y el artículo 5 de la ley de cooperativas, por el cual se las exime del pago de impuestos a los edificios y construcciones. Este último punto fue finalmente dado de baja por el oficialismo.
Por su parte Germán Martínez, jefe de la bancada, advirtió sobre los riesgos de derogar la ley 25.750 sobre bienes culturales, aprobada en 2003; dicha norma, explicó Martínez, fue impulsada tras la caída de la convertibilidad e impone, entre otros puntos, un tope del 30% para los capitales extranjeros en un medio de comunicación.
“En su momento esta ley se aprobó ante el riesgo de que estas acciones cayeran en manos de fondos buitres. Pero no solo contempla a los medios de comunicación; también a ARSAT, empresa que este gobierno buscó privatizar en la Ley Bases. ¿Qué pasa si a partir de la irresponsable derogación de esta ley se busca privatizar las acciones de la empresa satelital por otras vías?“, planteó.
También desde los bloques de izquierda plantearon objeciones. La diputada Myriam Bregman enfatizó que la iniciativa “ataca la salud, a las cooperativas y a la cultura”, mientras que Romina Del Pla advirtió que, lejos de ser inocente, la propuesta de Sturzenegger “busca dejar las manos libres a los empresarios” para evitar regulaciones.
Irónica, la diputada Vanesa Siley apuntó directo contra Sturzenegger, el autor del proyecto. “El señor del megacanje y del blindaje durante el gobierno de la Alianza, el mismo que volvió con (Mauricio) Macri, habla de leyes obsoletas cuando él es el más obsoleto, inútil y viejo que hay en el país”, asestó.
Modificaciones
El proyecto, de solo nueve artículos, condensa en el primero la derogación de medio centenar de leyes, la eliminación de varios artículos de otras tres normas y un par de decretos leyes hasta ahora vigentes. Fue presentado originalmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser reingresado.
La cartera que conduce Sturzenegger argumenta que muchas de esas normas quedaron obsoletas porque fueron superadas por cambios regulatorios posteriores y por el avance tecnológico o el paso del tiempo. Algunas de ellas rondan lo insólito, como exigir un carnet de mochilero para hacer dedo o inhabilitar a los funcionarios públicos que azoten a alguna persona.
Sin embargo, el paquete incluye algunas leyes cuya derogación generó resistencia entre los legisladores y que el oficialismo, ante la presión de las bancadas, debió ceder. Así, decidió dar marcha atrás con la ley 20.959 que otorga una credencial de libre circulación a los diputados y senadores nacionales.
Asimismo, se eliminó el artículo que propone eliminar el aporte estatal al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios, otros dos puntos que generan incomodidad en distintos sectores de la Cámara.
ante la presión de las bancadas,Conforme a
POLITICA
El Gobierno prorrogó por dos años la emergencia penitenciaria federal ante la falta de cupos en las cárceles
Por segunda vez, el Gobierno oficializó una nueva prórroga de la emergencia en el sistema penitenciario federal tras constatar que la capacidad de alojamiento se encuentra superada y que la demanda de ingresos sigue en aumento. Pese a que destacaron la inauguración de la Unidad N° 36 de Coronda, Santa Fe, reconocieron que aún no se logró solucionar la problemática.
Por medio de la publicación de la Resolución 439/2026 en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aprobó la extensión de “la ‘emergencia en materia penitenciaria’ declarada por la Resolución N° RESOL-2019-184-APN-MJ, por el término de dos años desde la fecha de vencimiento del plazo establecido por la Resolución N° RESOL-2024-254-APN-MSG».
Esta categorización ya había sido prorrogada en 2022 y 2024. De la misma manera, indicaron que actualmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja a 12.248 personas. Esto representaría un 106% de su capacidad operativa, que es de 10.932 plazas.
Bajo el punto de vista de las autoridades, esta situación afectaría la gestión de la custodia y la reinserción social de los internos. Asimismo, detallaron que el 61,83% de los alojados corresponde a condenados, mientras que el 38,17% permanece detenido bajo proceso.
En línea con los datos recabados, entre el 11 de diciembre de 2023 y el 1 de marzo de 2026, ingresaron 15.041 personas privadas de la libertad al sistema federal. De este total, 4.695 se encontraban a disposición de la Justicia Federal, 9.675 de la Justicia Nacional, 418 de la Justicia Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y 253 de otros tribunales provinciales.
Pese a que la capacidad máxima ya fue superada, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que hay otras 2.657 personas detenidas por la Justicia Federal y 2.416 por causas ante la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están a la espera de ingresar al sistema.
Por este motivo, en la resolución las autoridades destacaron que la cifra de plazas disponibles resulta insuficiente para recibir nuevos detenidos y advirtieron que el Servicio Penitenciario Federal aún se encuentra a cargo de la custodia de 5.983 personas implicadas en causas de la Justicia Ordinaria porteña, lo que representa el 48,85% de la población alojada.
Desde el Gobierno, atribuyeron este desbalance, en parte, a que no se concretó el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así, consideraron que la continuidad de esa estructura organizativa limitaría la capacidad de alojamiento para detenidos con causas federales.
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Entre las estrategias para abordar la problemática, el Ministerio de Seguridad Nacional resaltó la implementación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que desde abril de 2024 incorporó a 1.291 personas y actualmente supervisa 1.503 arrestos domiciliarios. De la misma forma, informaron que se distribuyeron 310 dispositivos electrónicos en 23 convenios con provincias.
En cuanto a infraestructura, la gestión actual recordó la inauguración de la Cárcel Federal de Coronda (Unidad 36) y la habilitación de la Unidad Residencial IV del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. Aunque estas contribuyeron a ampliar la capacidad, reconocieron que no era suficiente.
Además, indicaron que se encuentra en marcha la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, con un avance del 72,37%, y la relocalización del Complejo Penitenciario Federal Devoto al partido bonaerense de Marcos Paz. No obstante, la segunda obra que permanece inconclusa tras haber sido suspendida por el Gobierno porteño en 2020.
A raíz de esto, las autoridades resaltaron que, de concretarse la construcción de la cárcel de Marcos Paz, se sumarían un total de 700 plazas en el sistema federal. Por este motivo, destacaron que permitiría un “flujo de ingresos y egresos de detenidos al sistema”.
POLITICA
Fuerte cruce entre Alejandro Álvarez y el presidente del Consejo Interuniversitario: “A ustedes les ofende la verdad”
El subsesecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, protagonizaron este miércoles por la noche un fuerte debate sobre el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
El debate incluyó acusaciones de “politización” del sistema universitario, cuestionamientos por el manejo presupuestario y discusiones sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “A ustedes les ofende la verdad, los datos”, lanzó el funcionario nacional durante uno de los momentos de mayor tensión del intercambio.
La discusión se produjo en el programa A Dos Voces, emitido por TN, un día después de la marcha federal universitaria realizada en distintos puntos del país. Allí, Bartolacci defendió la movilización y reclamó el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso, mientras que Álvarez sostuvo que el Gobierno debe actuar bajo una “restricción presupuestaria” heredada de la gestión anterior.
El intercambio comenzó con diferencias sobre el sentido de la protesta universitaria. Bartolacci afirmó que la movilización expresó un respaldo social amplio a las universidades públicas y sostuvo que se trató de una manifestación “transversal”, no limitada a un sector político. Según señaló, la sociedad argentina valora el rol de las universidades porque “le transforma todos los días la vida a mucha gente”.
Álvarez respondió que las universidades fueron “colonizadas” por la política y buscó respaldar esa acusación mostrando durante el programa publicaciones de dirigentes opositores que apoyaron la marcha o vinculaciones con autoridades de diferentes casas de estudios. Entre ellas, exhibió una imagen de un mensaje del gobernador bonaerense Axel Kicillof en defensa de la universidad pública.
El funcionario también cuestionó al vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, por haber entregado un doctorado honoris causa a Cristina Kirchner. “La politización de la educación superior ha infiltrado las estructuras de decisión”, afirmó.
Bartolacci rechazó ese planteo y acusó al oficialismo de intentar instalar sospechas sobre las universidades públicas para justificar el ajuste presupuestario. “Son todo el tiempo frases hechas que intentan desprestigiar el sistema universitario para que eso fundamente el desfinanciamiento”, sostuvo.
El rector agregó, además, que en las marchas participan incluso personas que apoyan al presidente Javier Milei, pero que igualmente consideran necesario defender el sistema universitario. Sostuvo también que el Gobierno realiza una lectura equivocada de la protesta y de los sectores que acompañan el reclamo.
Otro de los ejes centrales del debate fue la situación presupuestaria de las universidades. Bartolacci marcó que el sistema público universitario atraviesa un escenario crítico y advirtió que “hoy está en riesgo la capacidad del sistema universitario público si no aparecen respuestas”.
Álvarez replicó que el Estado no puede ignorar la situación fiscal y cuestionó al CIN por “reclamar mayores recursos sin contemplar las limitaciones presupuestarias”. “Usted puede hacer una marcha de 250.000 personas, pero al otro día seguimos teniendo la restricción presupuestaria ahí mirándonos”, afirmó.
El funcionario insistió además en que la Ley de Financiamiento Universitario no podía aplicarse porque contradice disposiciones de la Ley de Administración Financiera. “Les avisamos que esa ley nacía muerta”, subrayó.
Bartolacci respondió que la iniciativa fue debatida en un contexto sin presupuesto nacional aprobado y remarcó que la norma no crea nuevas partidas, sino que actualiza fondos ya existentes para el funcionamiento de las universidades. También planteó que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con la ley sancionada por el Congreso.
La tensión volvió a escalar cuando Álvarez mostró una placa con presuntos salarios de rectores universitarios y aseguró que algunos superan el sueldo del Presidente. Incluso mencionó remuneraciones cercanas a los $14 millones mensuales.
“Vos sabés perfectamente que ese no es mi caso”, respondió Bartolacci, que además pidió “un debate razonable” y “en serio”.
El intercambio derivó luego en acusaciones cruzadas sobre la utilización de datos vinculados al sistema universitario. “El problema es que a ustedes les ofende la verdad, los datos. Tienen una rivalidad con los datos”, afirmó Álvarez.
Bartolacci contestó que el subsecretario “tergiversa datos” y le reprochó desconocer el funcionamiento del sistema universitario argentino. “Quiero ayudarte a tener mejores elementos para tomar mejores decisiones”, señaló.
En otro tramo del debate emitido por TN, el rector del CIN también vinculó el conflicto universitario con el funcionamiento institucional y advirtió que “no es un buen antecedente” que el Poder Ejecutivo no aplique una ley aprobada por el Congreso. Álvarez, por su parte, sostuvo que el Gobierno actúa para “defender los intereses de la Nación” y no los de un sector particular.
universidades públicas,Universidades,Conforme a,,»Es su vehículo personal». Un diputado libertario fue al Congreso con un Tesla y lo inscribió en la “batalla cultural”,
POLITICA
Con críticas al PRO y señales a Karina Milei, Bullrich intensifica su actividad en CABA camino a 2027
Patricia Bullrich prepara más recorridas en la Ciudad de Buenos Aires y prevé volver a mostrarse este viernes con Pilar Ramírez, la principal dirigente de Karina Milei en el distrito. La decisión se da en medio de las tensiones internas por la situación de Manuel Adorni y mientras La Libertad Avanza empieza a ordenar su estrategia para disputar la jefatura de Gobierno porteño en 2027.
Según pudo saber TN, la senadora planea realizar actividades territoriales cada una o dos semanas, de acuerdo con la agenda legislativa del Senado. En su entorno explican que el objetivo es sostener un esquema de presencia continua en barrios porteños, con recorridas, despachos abiertos y reuniones temáticas vinculadas a problemas de gestión local.
Cerca de la senadora sostienen que la lógica que busca replicar está inspirada en los sistemas de territorialidad norteamericano e inglés, basados en circunscripciones uninominales. En el equipo de la senadora lo traducen como una modalidad de “despliegue” y “contacto con el votante”, sin esperar la campaña formal y con foco en la construcción barrial.
La nueva actividad prevista para este viernes todavía no tiene sede definida. Bullrich prepara un despacho abierto para hablar de subte y transporte, y también invitó a Ramírez, que ese mismo día tiene una actividad en las oficinas de Netflix. La legisladora es la armadora de La Libertad Avanza en el territorio porteño.
El movimiento ocurre después de la recorrida que ambas compartieron la semana pasada en Villa Lugano y Villa Soldati. En el entorno de Bullrich sostienen que la agenda porteña no se frenará por el ruido interno nacional y que la intención es avanzar con presencia territorial en comunas donde La Libertad Avanza busca ampliar su estructura.
La disputa por la Ciudad también se aceleró con el video que la senadora publicó este miércoles sobre el estado del subte. Allí cuestionó la conectividad del sistema y marcó diferencias con la gestión porteña de Jorge Macri. En el oficialismo leen ese mensaje como parte de una estrategia más amplia: instalar agenda local, tensar con el PRO y marcar que LLA no quiere quedar subordinada a una negociación con el macrismo.
Leé también: Adorni busca retomar la agenda política mientras siguen las presiones para que presente su declaración jurada
El trasfondo está atravesado además por las tensiones internas que generaron las investigaciones judiciales sobre Adorni. La presentación de su declaración jurada abrió diferencias entre Bullrich, Javier Milei y Karina Milei, que sostiene al jefe de Gabinete y lo tenía como uno de sus nombres preferidos para competir en la Ciudad en 2027. La senadora pidió acelerar las explicaciones patrimoniales del funcionario y desde entonces mantiene una relación más tirante con la mesa chica oficialista.
En Balcarce 50, de todos modos, aseguran que el plan sigue siendo competir por la jefatura de Gobierno porteño el año que viene y desestimar, por ahora, un acuerdo electoral con el PRO. Bullrich empezó a ocupar ese espacio con recorridas, agenda de gestión y señales hacia Karina Milei, con la que mantiene tensiones.
Patricia Bullrich, CABA, Karina Milei
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