Nunca más oportuna elevación de la nota de la deuda argentina a B-/B por parte de Standard & Poor’s, la calificadora más dura. Hace tiempo se pensaba que S&P iba a mantener la calificación de la Argentina, pero cedió ante las últimas evidencias de solvencia para afrontar los compromisos financieros.

Por supuesto, contribuyó a que las ofertas por el Bonar 2028 que licitó el Tesoro fueran holgadas. Se ofrecieron USD 266 millones y se aceptaron los USD 200 millones anunciados a una tasa de 8,53% efectivo anual. Hoy se licitan USD 100 millones y son pocos los que dudan de que no se pueda cubrir ese cupo.

La suba en la calificación crediticia de la deuda argentina excluye a los denominados fondos buitres, ya que pierden margen para especular con un posible default. Ahora, pueden ingresar al mercado argentino inversores institucionales que antes estaban restringidos por normas internas, como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de inversión. Con la calificación en CCC, estos actores no podían acceder a los activos argentinos; la mejora les permite incorporarlos a sus carteras.

En simultáneo, la deuda de la ciudad de Buenos Aires recibió una calificación AAA, que no equivale a la máxima categoría a nivel internacional, pero la posiciona como la de mayor solidez dentro del país. Sus bonos se consideran los de menor riesgo y con la tasa más baja entre los títulos sub soberanos argentinos.

Todo esto sucedía mientras el mundo se sumergía en una masiva venta de acciones por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y que la inflación interanual norteamericana es de 4,2%, lo que garantiza una suba de tasas a fin de julio. El Nasdaq de las tecnológicas perdió casi 2% y el S&P 500, 1,62 por ciento. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se elevó a 4,56%, al mismo tiempo que el VIX, llamado “índice del miedo”, entraba en zona de alerta al superar los 20 puntos.

Los bonos argentinos fueron afectados por el movimiento y bajaron hasta 0,8% elevando 5 unidades (+1%) el riesgo país a 503 puntos básicos. En la región, fue el menos afectado; el índice de emergentes cayó 1,8 por ciento.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista bajó $8,50 (-0,6%) a $1.433,50 con negocios por USD 528 millones que le permitió al Banco Central comprar 121 millones de dólares.

En la plaza financiera los dólares bajaron hasta 0,6 por ciento. El MEP y el contado con liquidación (CCL) cerraron en $1.452 y 1.508 pesos. El “blue” se puso a la altura del MEP y descendió $10 a 1.450 pesos.

La consultora F2 de Andrés Reschini destacó que la mejora en la calificación de la deuda “empareja con Ecuador, pero la diferencia con la argentina siguen siendo cerca de 100 puntos básicos de riesgo raís. La incertidumbre política siegue siendo un obstáculo y limita las mejoras que podría conseguir la deuda soberana con el upgrade”.

Sobre el dólar futuro indicó que “el volumen operado se incrementó a 1.395.361 contratos con ajustes negativos e implícitas en su mayoría corridas levemente a la baja. El interés abierto esta vez retrocedió USD 92 millones principalmente por el desarme de 101 millones en fin de junio. En la rueda de bonos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen se hundió a 92 millones (VN) pero a pesar de que la demanda se haya mudado a la licitación de deuda del Tesoro donde los instrumentos de cobertura cambiaria captaron unos $1,74 billones (USD 1.232 millones VN) que es levemente inferior a los $1,81 billones (USD 1.295 VN) de la colocación anterior, sigue siendo un monto relativamente elevado”.

Por otra parte, el S&P Merval de las acciones líderes consiguió una suba de 0,08% ayudado por el alza de Cresud (+2,1%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,9%).

Las tasas estuvieron influidas por la licitación del Tesoro donde cubrió con holgura los vencimientos. Se ofrecieron $7,4 billones, pero aceptó $6,12 billones para no convalidar suba de tasas. Ese monto representó un 120% de los vencimientos, lo que indica que absorbió pesos.

Según Inversiones Pergamino, el dato es positivo ya que el Tesoro “renovó deuda y obtuvo financiamiento neto, ayudando a ordenar las expectativas de corto plazo”. “La demanda volvió a concentrarse en instrumentos defensivos: bonos duales CER/TAMAR, dollar linked (cobertura contra devaluación) y AO28 hard dollar. Esto muestra que el mercado acompaña, pero sigue buscando cobertura entre inflación, tasa y tipo de cambio. También fue relevante la conversión de TZX26 (BONCER) y TTJ26 (bono Dual), que permite extender vencimientos y descomprimir parte del perfil de deuda 2026. En síntesis: licitación sólida, con buena demanda y rollover alto. Pero el mensaje sigue siendo claro: hay apetito por rendimiento, aunque todavía con prioridad en cobertura y protección”, sumó el reporte.

En el mercado overnite, que opera antes de la apertura de las plazas del mundo, las Bolsas de Nueva York no definían tendencia. El oro seguía en baja y cerca de perforar el piso de USD 4.000 por onza, mientras el petróleo Brent avanzaba 0,20% y el WTI, 2,40 por ciento.

El clima permanece adverso para los activos de riesgo y limita el desempeño de los bonos argentinos, debido a la fortaleza sostenida del dólar ante la expectativa de un posible aumento de tasas de interés en Estados Unidos.

El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso el nuevo proyecto que modifica la ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre de 2025. El borrador que trascendió introduce cambios en varios puntos que habían generado resistencia entre contadores y contribuyentes, y apunta a ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias, precisar cuándo el fisco puede cuestionar una declaración y establecer un plazo concreto para utilizar los dólares que están fuera del sistema financiero.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que los argentinos tienen unos 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, y el oficialismo ve en esta reforma una herramienta clave para atraer parte de ese ahorro hacia la economía formal.

Estas son las diez claves del nuevo proyecto:

La ley vigente restringía el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) a quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. El nuevo borrador elimina ambos límites.

Cualquier persona humana residente fiscal en Argentina que tribute Ganancias y obtenga exclusivamente rentas de fuente local podrá optar por el esquema simplificado, sin importar el nivel de ingresos o el patrimonio acumulado. El único requisito general que se mantiene es haber tenido residencia fiscal argentina durante todo el período declarado.

Uno de los problemas centrales de la ley original era la falta de claridad sobre en qué casos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podía considerar que la declaración de un contribuyente era incorrecta.

El borrador establece dos umbrales concretos: solo habrá discrepancia significativa si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta el fisco supera el 15% del impuesto determinado y, al mismo tiempo, supera el 5% del límite de evasión simple, que actualmente está fijado en $100 millones. Esto implica un piso de $5 millones para que se active el control. Si la diferencia no alcanza ninguno de esos parámetros, no podrá ser cuestionada.

El nuevo proyecto incorpora de forma explícita que es ARCA quien debe demostrar la existencia de una discrepancia significativa, y no el contribuyente quien debe justificar su declaración. Este punto no estaba consagrado en la ley original —se había intentado incluir por decreto— y su incorporación al texto legal fue uno de los cambios más valorados por los especialistas consultados. Según el borrador, el organismo deberá probar con información objetiva que existe una diferencia de la magnitud necesaria para considerarla relevante.

El borrador incorpora una restricción expresa: ARCA no podrá recurrir ni a la presunción de incremento patrimonial no justificado ni a la de depósitos bancarios para impugnar una declaración de quien esté dentro del régimen.

Esta limitación apunta directamente a una de las herramientas más utilizadas históricamente por el fisco para cuestionar las declaraciones de los contribuyentes, y su inclusión fue señalada por especialistas como un avance concreto en materia de seguridad jurídica.

En la ley original existía el riesgo de que, ante cualquier observación del fisco, el contribuyente perdiera automáticamente los beneficios del régimen. El nuevo proyecto elimina esa posibilidad. Si ARCA detecta una discrepancia que supera los umbrales establecidos, el contribuyente tendrá la opción de rectificar su declaración, pagar la diferencia o regularizarla mediante un plan de pagos, incluso hasta 15 días después de notificada la determinación de oficio, y conservar los derechos adquiridos por haber ingresado al régimen. Esto implica que el pago de una diferencia no equivale automáticamente a caer fuera del esquema.

Una de las novedades del borrador es la incorporación de un plazo concreto para que los contribuyentes adheridos al régimen puedan utilizar fondos no declarados. Según el artículo 5 del anteproyecto, esa posibilidad estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Durante ese período, ARCA no podrá usar los fondos incorporados al circuito formal como base para determinar ventas omitidas o ganancias no declaradas. La idea es darle a los ahorristas una ventana de tiempo definida en la que puedan disponer de ese dinero sin riesgo de ser perseguidos por el fisco.

La adhesión al RSG no implica necesariamente la exteriorización de fondos no declarados. El régimen tiene dos dimensiones que funcionan de manera independiente. Por un lado, permite presentar una declaración jurada simplificada que no exige informar patrimonio al inicio ni al cierre del período, ni variaciones patrimoniales ni consumos. Por otro, habilita —pero no obliga— a incorporar fondos al circuito formal dentro del plazo establecido. Un contribuyente puede adherirse al régimen únicamente para acceder a la presunción de exactitud y al efecto “tapón fiscal” hacia el pasado, sin necesidad de movilizar dólares.

Quienes presenten la declaración simplificada correspondiente al período fiscal 2025 y abonen el impuesto en término, obtendrán dos beneficios centrales. El primero es la presunción de exactitud: ARCA acepta que lo declarado es correcto y no puede fiscalizar ni ajustar declaraciones de Ganancias e IVA de los períodos anteriores no prescriptos.

El segundo es la reducción del plazo de prescripción de cinco a tres años para los contribuyentes cumplidores, lo que acota aún más el horizonte temporal en el que el fisco puede revisar declaraciones pasadas.

9. Los grandes contribuyentes nacionales tienen un acceso diferenciado

El borrador permite que los grandes contribuyentes nacionales se adhieran al RSG, pero con condiciones distintas al resto.

En su caso, la adhesión tiene efecto únicamente en la presentación de la declaración jurada de Ganancias y en el pago del impuesto, pero no les otorga acceso a la presunción de exactitud ni al efecto tapón fiscal. Esta distinción fue destacada por especialistas como una forma de abrir el régimen sin eliminar los controles sobre los contribuyentes de mayor tamaño.

El nuevo proyecto no altera las facultades de la Unidad de Información Financiera ni las obligaciones de las entidades financieras en materia de prevención del lavado de activos. Los bancos conservan la potestad de solicitar explicaciones sobre el origen de los fondos depositados, independientemente de que el titular haya adherido al régimen simplificado.

La adhesión puede constituir un antecedente favorable en ese análisis, pero no reemplaza la necesidad de justificar la procedencia del dinero cuando corresponda. El régimen, tal como está planteado en el borrador, aplica exclusivamente a fondos provenientes de actividades lícitas.

La calificadora de riesgo S&P Global Ratings elevó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de Argentina desde CCC+ hasta B-, una decisión que refleja la mejora observada en los indicadores fiscales y macroeconómicos del país. Al mismo tiempo, mantuvo una perspectiva estable para la nota crediticia.

De esta manera, se suma a la decisión que había tomado a comienzos de mayo la calificadora Fitch Ratings, que subió la calificación de la deuda argentina de CCC+ a B-. Por entonces, la agencia estadounidense destacó los avances en consolidación fiscal, acumulación de reservas y reformas estructurales del gobierno de Javier Milei. 

Desde S&P señalaron este miércoles que el Gobierno logró fortalecer su posición financiera y mejorar el acceso a la liquidez necesaria para afrontar los compromisos de deuda, apoyado en la continuidad de los superávits fiscales, una desaceleración de la inflación y una reducción de diversos desequilibrios económicos.

La mejora de la calificación representa un nuevo respaldo para la estrategia económica impulsada por la administración de Javier Milei, que desde fines de 2023 puso el foco en el ajuste de las cuentas públicas, la reducción de la emisión monetaria y la normalización del mercado cambiario.

El ministro de Economía Luis Caputo celebró la noticia en redes: «Nueva mejora», puso con banderas argentinas. Y agregó: «Clasificaciones a largo plazo de Argentina elevadas a B- por S&P».

Para el equipo de Caputo es una noticia clave. De hecho, semanas atrás el viceministro de Economía José Luis Daza explicó que con el B- de Fitch que «cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales».

«Es un cambio de enorme importancia que expande masivamente el universo de inversores elegibles para invertir en deuda soberana y corporativa argentina. Miles de fondos institucionales no pueden invertir en instrumentos calificados CCC. Ahora sí podrán invertir en bonos argentinos», explicó Daza tras conocerse la actualización de Fitch.

Qué factores destacó S&P para mejorar la calificación de Argentina

Según explicó la calificadora, uno de los elementos centrales detrás de la decisión fue la capacidad del Gobierno para sostener una política de disciplina fiscal, que permitió mejorar las condiciones de financiamiento y reducir los riesgos vinculados al pago de la deuda.

Además, destacó la disminución de la inflación respecto de los niveles observados durante los últimos años y la corrección de desequilibrios macroeconómicos que habían deteriorado la capacidad de pago del país.

Para S&P, estos avances contribuyeron a fortalecer la posición de liquidez de Argentina y a mejorar las perspectivas para el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

La agencia mantuvo la perspectiva en estable, lo que implica que no prevé cambios inmediatos en la calificación si se mantiene el actual escenario económico.

En ese sentido, estimó que el Gobierno continuará aplicando su programa de austeridad fiscal, mientras el Banco Central sigue incrementando sus reservas internacionales.

De acuerdo con la visión de S&P, la combinación de equilibrio fiscal, acumulación de divisas y menor inflación debería permitir sostener la recuperación de la actividad económica y fortalecer gradualmente la solvencia del país.

Qué implica la mejora en la clasificación para la economía

La mejora de la calificación crediticia de Argentina por parte de S&P constituye una señal relevante para los mercados financieros internacionales, ya que refleja una percepción de menor riesgo soberano respecto de meses anteriores. Si bien el país continúa dentro de la categoría especulativa, el ascenso de CCC+ a B- puede contribuir a mejorar gradualmente las condiciones de acceso al financiamiento tanto para el sector público como para las empresas privadas.

Para el Gobierno, una mejor nota crediticia representa un respaldo a la estrategia económica basada en el equilibrio fiscal y la reducción de los desequilibrios macroeconómicos. Además, puede facilitar futuras colocaciones de deuda en los mercados internacionales, ya que los inversores suelen exigir menores tasas de interés a los países que exhiben una trayectoria de mejora en sus indicadores financieros y fiscales.

Las empresas argentinas también pueden verse beneficiadas. En muchos casos, el riesgo soberano funciona como un techo para la calificación de las compañías locales, por lo que una mejora en la nota del país abre la puerta a que firmas privadas obtengan mejores evaluaciones crediticias. Esto puede traducirse en un acceso más amplio a financiamiento externo y en costos de endeudamiento más bajos para proyectos de inversión y expansión.

Otro efecto potencial es el fortalecimiento de la confianza de los inversores extranjeros. Las agencias calificadoras son una referencia clave para fondos de inversión, bancos y organismos financieros internacionales al momento de decidir dónde colocar capital. Una mejora en la percepción de riesgo puede favorecer la llegada de nuevas inversiones productivas y financieras, especialmente en sectores con potencial de crecimiento como energía, minería, infraestructura y economía del conocimiento.

Por último, aunque el cambio de calificación no genera efectos automáticos ni inmediatos sobre la economía real, sí contribuye a consolidar una narrativa de normalización financiera. Si el Gobierno logra sostener los superávits fiscales, continuar acumulando reservas y mantener la desaceleración de la inflación, nuevas mejoras en la nota crediticia podrían profundizar los beneficios para el Estado y el sector privado, acercando a Argentina a condiciones de financiamiento más competitivas a nivel internacional.