El Gobierno activó contactos con la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo de recibimiento de la Selección argentina después de la final del Mundial. En Nación trabajan sobre distintos escenarios de llegada, traslado y seguridad, aunque remarcan que todavía esperan una definición de los jugadores y que no hay una comunicación formal cursada a la AFA.

El Ejecutivo sostiene que coordinará el movimiento en aeropuertos a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todavía no está definido si el plantel llegará por Ezeiza o por Aeroparque, una variable que modifica el esquema de seguridad, los cortes, la ruta de traslado y la intervención de las fuerzas locales.

La Casa Rosada ya abrió conversaciones con la Ciudad para ordenar un operativo ante una eventual celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la sede de Gobierno. En Balcarce 50 asumen que, si los jugadores aceptan usar el balcón, el foco estará puesto en evitar desbordes, garantizar corredores seguros y separar la organización institucional de cualquier intento de apropiación política.

En Balcarce 50 explican que el traslado se coordinaría con la Policía de la Ciudad si el recorrido se concentra en territorio porteño y con la Policía bonaerense si la delegación llega por Ezeiza o atraviesa municipios del conurbano. En ese esquema, Nación quedaría a cargo de la articulación general, la seguridad aeroportuaria y los objetivos federales.

El Gobierno todavía no activó un contacto formal con la provincia de Buenos Aires. En la administración bonaerense aseguran que no recibieron un llamado oficial, aunque remarcan que pondrán “todo a disposición”, como lo hicieron durante el recibimiento de la Selección campeona del Mundial de Qatar 2022.

El Ejecutivo reconoce que el operativo depende de una definición previa del plantel. En Nación esperan una respuesta de los jugadores y evalúan cómo realizar el ofrecimiento formal para que la Selección pueda ir a la Casa Rosada. “No está previsto enviar una carta. Se está definiendo”, expresan en despachos oficiales.

La Casa Rosada también debe resolver cómo contactará a la AFA. El vínculo con Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión por la causa de ARCA y por los intentos oficiales de avanzar con controles y veedores sobre la asociación. En el oficialismo admiten que no tienen canales fluidos con la conducción del fútbol argentino.

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En Balcarce 50 sostienen que esa tensión no debería bloquear la coordinación de seguridad, pero reconocen que puede dificultar el ofrecimiento político e institucional. La idea que circula es separar el operativo del vínculo con Tapia y presentar la Casa Rosada como un espacio disponible para los jugadores, sin funcionarios en escena.

El Ejecutivo también incorporó a la Secretaría de Inteligencia de Estado al análisis de escenarios. La SIDE participa de la preparación del operativo con información preventiva sobre puntos sensibles, posibles concentraciones, riesgos de desborde y coordinación entre jurisdicciones.

La Casa Rosada tiene sobre la mesa una instrucción política de Milei: si la Selección acepta ir al balcón, la sede de Gobierno quedará vacía de funcionarios y con presencia exclusiva del personal de Casa Militar. El Presidente quiere evitar que la escena sea leída como una foto partidaria o como un uso político del desempeño del equipo.

Javier Milei, Mundial 2026, Selección argentina, AFA

El Senado de Entre Ríos aprobó el proyecto de reforma previsional que aumenta la edad jubilatoria y los aportes a fin de sostener el 82% móvil y mejorar la financiación para comenzar a controlar el déficit que tiene en jaque al Estado.

Con la media sanción en Senadores de este miércoles, Rogelio Frigerio se aseguró uno de los triunfos políticos más importantes de lo que va de su gestión. Contribuyó a este objetivo el descalabro en el que se encuentra el peronismo entrerriano. A pesar de tener mayoría en la Cámara, dos de sus integrantes votaron con el oficialismo. Ahora, el proyecto irá a Diputados, donde Frigerio cuenta con un número más que suficiente, por lo que será un mero trámite.

Concluida la etapa legislativa, la puja pasará al terreno judicial. El gobierno es consciente de que la futura norma será cuestionada en los estrados. Y que la propia judicatura, afectada por los nuevos parámetros, podría ser proclive a estos planteos.

Entre Ríos es una de las provincias que no traspasó su caja a la Nación en los ‘90. Una cláusula constitucional impide hacerlo. Por esos años, el entonces gobernador peronista Mario Moine aceptó el pase de los servicios de educación y salud sin pedir compensación al Estado nacional. Se forjó así un mecanismo de déficit estructural que cada año consumía una tajada más importante del presupuesto provincial.

El debate en el Senado fue conducido por la vicegobernadora Alicia Aluani. Al término de la sesión, expresó: “Toda reforma previsional genera debates legítimos. Por eso este proyecto fue enriquecido a través del diálogo de los legisladores con gremios, especialistas y distintos sectores de la sociedad. Respetamos las distintas posiciones, pero gobernar también implica asumir con responsabilidad las decisiones necesarias para proteger un bien colectivo y asegurar la continuidad del sistema previsional”.

“Nuestro objetivo es preservar un sistema que siga protegiendo derechos, tanto para quienes hoy son jubilados como para las próximas generaciones. Esta reforma busca fortalecer la Caja de Jubilaciones para garantizar un sistema solidario, previsible y sustentable”, agregó Aluani.

El tratamiento

La reforma que impulsó Frigerio intenta cambiar la tendencia. La meta en el horizonte es que el déficit llegue a cero. Pero para eso se necesitarán varios años. La discusión comenzó hace meses. En primer lugar, se presentó a la oposición y a los sindicatos estatales las líneas generales de lo que luego sería el proyecto.

La intención era recibir aportes que enriquecieran el texto final. Sin embargo, y con la excepción de UPCN, los gremios estatales rechazaron los lineamientos. El PJ tomó la misma actitud.

Cuando el Ejecutivo envió el articulado al Senado para su tratamiento, se abrió una nueva ronda de consultas. Pero la intransigencia se mantuvo a pesar de que el oficialismo aceptó varios cambios sustanciales. Entre ellos, que el aumento de la edad jubilatoria no llegue a los 68 años, sino que quede en 65 para hombres y 60 para mujeres, y que se tomen 15 años a fin de establecer el haber inicial de retiro y no 20 como era la idea original.

En la elección del 2025, el PJ se había quedado con el control del Senado. Tenía 8 de las 17 bancas. Sin embargo, su implosión llevó a que una senadora, Gladys Domínguez (del departamento Feliciano), armara un bloque unipersonal y que otra legisladora, Nancy Miranda (Federal), rompiera de hecho con la conducción de la bancada. Ambas vienen votando con el oficialismo desde hace un tiempo.

En el debate, Miranda hizo autocrítica. Cuestionó al peronismo por no haber aportado una solución al problema previsional en los 20 años que gobernó con mayorías en la Legislatura. Su decisión de aprobar la reforma le valdrá la expulsión. Lo mismo ocurrirá con Domínguez. Es que el Congreso partidario había establecido esa sanción para quienes votaran con el oficialismo.

A poco de concluir la sesión, el Partido Justicialista emitió un comunicado en el que expresó que convocará al Tribunal de Disciplina para analizar la conducta de las dos legisladoras.

Dato curioso: Miranda había aprobado en comisión el dictamen en minoría del PJ aunque en el recinto dio el “sí” al del Ejecutivo.

El proyecto

El proyecto fija la edad jubilatoria ordinaria en 65 años (varones) y 60 (mujeres). Se exigirá un mínimo de 35 años de aportes en regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.

Se prevé que, si la normativa nacional eleva esas edades, la provincia las actualizará automáticamente, bajo criterios de progresividad.

Asimismo, se regulan jubilaciones especiales para docentes, personal de salud, penitenciarios y trabajadores en condiciones de discapacidad. Gozarán de edades de retiro reducidas y aportes mínimos de 20 a 25 años. En el caso de la docencia, podrán seguir jubilándose a los 57 (varones) y 53 (mujeres). Lo que se establece es la obligación de continuar realizando una contribución solidaria hasta alcanzar la edad ordinaria.

Además, se fijan aportes personales y patronales extras del 3%. Las excepciones serán para salarios menores a tres millones de pesos.

Por otro lado, se fijó que el déficit de la Caja de Jubilaciones deberá cubrirse en forma por el Estado provincial, municipios y comunas en la proporción que lo hubieran generado.

El texto del Ejecutivo también contempla la declaración de emergencia previsional por dos años. Este plazo podrá ser ampliado por el Gobierno.