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Bolivia no enfrenta una protesta, es una reacción del Estado Narco fundado por Evo Morales

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Esta ilustración representa a Evo Morales, expresidente de Bolivia, con un micrófono y su dedo índice levantado, simbolizando su voz en el debate político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bolivia no vive una crisis social y política. Las calles bloqueadas, los caminos cortados, la escasez inducida, la presión sobre los hospitales, la amenaza de desabastecimiento y el intento de convertir la protesta en un instrumento de veto político no son hechos aislados. Son parte de una tecnología de poder que Evo Morales conoce mejor que nadie: asfixiar a las autoridades para obligarlas a rendirse.

El error de muchas democracias latinoamericanas es leer estos episodios con la ingenuidad de quien todavía cree que toda movilización callejera es expresión pura de descontento popular. Las sociedades pueden tener reclamos legítimos, y Bolivia ciertamente sufre una crisis económica real. Pero una cosa es el malestar social; otra, muy distinta, es un poder paralelo utilizado para implosionar la gobernabilidad. En el caso boliviano, esto viene con un temperamento especial: la movilización no es social o política. Por detrás de los disturbios está el crimen organizado que se rehúsa a perder el control del país.

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Evo Morales construyó su carrera en esa frontera entre la política institucional y el crimen. Nunca fue solamente un líder indígena, un dirigente sindical o un presidente de izquierda. Fue, desde el inicio, el operador político de una forma de poder territorial asentada en el Chapare, en la economía de la coca, en la disciplina de los sindicatos cocaleros y en la capacidad de transformar bloqueos, marchas y violencia en una herramienta de negociación permanente. Su biografía política no puede separarse de esa arquitectura. El mismo hombre que fue presidente de Bolivia por casi 14 años nunca dejó ser el presidente de las organizaciones productoras de hojas de coca, las mismas organizaciones que producen y fabrican la materia prima para la producción de cocaína.

¿Y cómo llegó Morales al poder? Por los mismos medios con los que ahora intenta socavar la administración de Rodrigo Paz. En 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada cayó después de semanas de protestas y represión sangrienta. En 2005, Carlos Mesa también terminó arrinconado por bloqueos y movilizaciones. Evo no inventó la crisis boliviana, pero entendió como pocos que en un Estado débil la calle podía sustituir a las instituciones. Aprendió que un presidente podía caer antes de terminar su mandato si el país era paralizado con suficiente intensidad. Y luego convirtió esa lección en doctrina.

Cuando llegó al poder, hizo lo que hicieron los revolucionarios con vocación autoritaria: transformó la presión callejera en arquitectura institucional. Cambió la Constitución, alteró símbolos nacionales, creó una nueva bandera y cambió el propio nombre del país. También capturó tribunales, debilitó contrapesos y convirtió al Estado en un instrumento de permanencia. La revolución dejó de ser promesa y pasó a ser parte del sistema. El Movimiento al Socialismo no gobernó Bolivia como un partido normal, gobernó como una maquinaria de ocupación política, territorial y simbólica.

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Pero el componente más incómodo de esa historia no está en la ideología. Está en el crimen.

Durante años, América Latina trató al narcotráfico como un problema policial. Después, como una economía ilícita. Ambas categorías ya son insuficientes. En ciertos países, el crimen organizado dejó de ser una actividad clandestina que corrompe al Estado desde afuera. Pasó a ser parte del propio Estado y de sus políticas. Muy diferente del concepto del narcoestado, donde los criminales ejercen influencia exógena sobre el sistema, en Bolivia las instituciones de Estado pasaron a ejercer las funciones del capo criminal.

Eso es lo que he llamado “Estado Narco”. No se trata simplemente de un gobierno infiltrado por narcotraficantes. Eso sería grave, pero todavía clásico. El Estado Narco es algo más sofisticado y peligroso: es la conversión de capacidades estatales, diplomáticas, militares, policiales, territoriales y logísticas en herramientas funcionales a una economía criminal con objetivos políticos.

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En “Hugo Chávez, el Espectro”, (un libro que escribí en 2017) sostuve que el chavismo no debía ser entendido apenas como un proyecto venezolano. Era una matriz regional. Una forma de poder que combinaba ideología, petróleo, inteligencia cubana, narcotráfico, redes diplomáticas, propaganda y desestabilización. En esa matriz, Bolivia no apareció como periferia. Aparecía como engranaje. Venezuela era la plataforma política. Cuba, la arquitectura estratégica. Bolivia, uno de los territorios donde la coca, los sindicatos, la frontera, la aviación y el poder revolucionario pudieron encontrarse.

Describí como vuelos militares eran utilizados para el transporte de cocaína entre Bolivia, Venezuela y Cuba. Droga que tenía como destino final los Estados Unidos. Los mismos testimonios que fueron los casos que yo he relatado también llegaron a las manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Evo Morales está siendo buscado por la justicia de su país por violación de menores de edad. Pero el líder cocalero sabe que pesa sobre él una extradición inevitable a los Estados Unidos, donde tendrá un futuro muy parecido al de Nicolás Maduro. Para salvar la propia piel y la estructura criminal que hace parte de sus gobiernos y que pasó a ser el eje del Estado boliviano, Morales necesita generar inestabilidad extrema para presionar al gobierno o hasta reemplazarlo.

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Lo que ocurre ahora con Rodrigo Paz debe ser leído a partir de ese trasfondo. Paz llegó al poder después de una elección que terminó con casi 20 años de hegemonía del MAS. Su gobierno heredó un país quebrado, sin combustible suficiente, con inflación, escasez de dólares y una estructura estatal deformada por años de clientelismo. Pero tocó un punto todavía más sensible: restableció la cooperación con la DEA, reabrió canales de inteligencia internacional y empezó a mover a Bolivia fuera de la zona de impunidad que el evismo había protegido durante años.

La crisis boliviana actual no es solamente una disputa por precios, subsidios o austeridad. Es una lucha por el sistema operativo del Estado. De un lado, un gobierno débil, inexperto y obligado a administrar una emergencia económica. Del otro, una constelación de sindicatos, cocaleros, mineros, operadores políticos y redes de presión que saben cómo paralizar un país. Entre ambos, una economía criminal que necesita que Bolivia siga siendo territorio opaco, frontera porosa y santuario logístico.

Evo Morales ya no tiene el control absoluto que tuvo. Está judicialmente debilitado, políticamente aislado por parte de su propio campo y fuera de la carrera presidencial. Pero conserva algo decisivo: el conocimiento del método. Sabe cómo convertir una causa social en bloqueo. Un bloqueo en crisis. Una crisis en chantaje. Un chantaje en negociación. Y una negociación en supervivencia política.

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Bolivia es hoy el laboratorio de una pregunta mayor para América Latina: ¿puede una estructura narcopolítica perder el poder por la vía electoral sin incendiar el país? En el caso boliviano, la respuesta todavía está en disputa. El esfuerzo de estabilización mirando una transición en Venezuela debe ser considerado un benchmarking en que un régimen absolutamente criminal no fue expuesto a una ruptura, sino a un proceso de contención. La región debe observar con atención, porque lo que ocurre en La Paz no es solamente boliviano. Es parte de una guerra más amplia entre Estados débiles y redes híbridas; entre democracias frágiles y economías criminales; entre instituciones imperfectas y proyectos revolucionarios que descubrieron que el caos también puede gobernar.

La frágil institucionalidad boliviana no se enfrenta solo a una protesta. Está enfrentando a una vieja maquinaria de desestabilización que aprendió a esconder el crimen detrás de la revolución. Y si América Latina vuelve a mirar tarde, como tantas veces hizo, descubrirá que el problema no era apenas Evo Morales, sino un sistema que se adapta a cada uno de nuestros países y que resiste morir.

*Leonardo Coutinho es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, en Washington, D.C.

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Critics say Turkey’s verbal attacks on Israel have crossed into antisemitism

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

As Iran, Russia’s war with Ukraine and NATO’s defense spending dominate the organization’s summit in Ankara — one issue that has escaped the media glare is the increasingly antisemitic rhetoric coming from Turkish leaders.

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As relations between Turkey and Israel continue to hit new lows, a war of words between the two nations has erupted.

In a July 2 interview with CNN Türk, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said that Israel has «become a burden that humanity can no longer bear,» the Jerusalem Post reported. Fidan also said that Israel is representative of «humanity’s common problems,» and asked other countries to apply pressure to the Jewish State, according to Israel National News.

ISRAELI OFFICIAL SAYS EU SANCTIONS REVEAL ANTISEMITISM HIDING BEHIND ‘SOCIALLY ACCEPTABLE MASK’

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Anti-Israel protesters rally in Istanbul, Turkey, on Feb. 17, 2024, over the ongoing war between Israel and Hamas. (AP Photo/Khalil Hamra)

In a press statement, Israeli Foreign Minister Gideon Sa’ar called Fidan’s words «a clear call for genocide. The Jewish people know very well what happens when such words are allowed to go unchallenged. The first step on the road to genocide is dehumanization.

«This is a sentence that sounds very familiar to sentences from about 100 years ago,» Sa’ar added. «To speak about a people as a ‘problem for humanity.’ What do you do with a ‘burden that you can no longer bear?’» he asked.

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Sinan Ciddi, a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies and director of FDD’s Turkey program, told Fox News Digital that Fidan’s statement was «some of the vilest rhetoric to come out of any statesman since the Holocaust.»

Erdogan Palestinians

Turkish President Tayyip Erdogan speaks during a rally in solidarity with Palestinians in Gaza, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Istanbul, Turkey October 28, 2023.  (Dilara Senkaya/Reuters)

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Ciddi said that escalated anti-Israel rhetoric in Turkey «goes all the way back to 2008» when President Recep Tayyip Erdoğan «began the process of ripping apart the bilateral relationship between Israel and Turkey. But after Oct. 7, it just went into overdrive,» he said. «I have never heard any Arab leader utter the words that Foreign Minister Fidan has said.»

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Yet Erdogan has condemned antisemitism; the Turkish Minute reported that he told Turkish religious minority representatives at an Ankara dinner in March that «just as Islamophobia is a crime against humanity, antisemitism is also a crime, an evil that cannot be considered reasonable or legitimate.»

Yet despite his recent condemnation, he and other ministers have continued with their rhetoric against the Jewish state.

In June, Turkish Interior Minister Mustafa Ҁiftҁi said that the world would «witness the liberation of Jerusalem,» according to the Times of Israel.

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WHO IS TURKEY’S RECEP TAYYIP ERDOĞAN? HOW NATO’S MOST UNPREDICTABLE LEADER KEEPS REINVENTING HIMSELF

In May 2021, the Times of Israel reported that Erdoğan called Israelis «murderers,» claiming they were ‘only satisfied by sucking their [victims’] blood.» At the time, the State Department spokesperson issued a strong condemnation of Erdoğan’s «anti-Semitic comments regarding the Jewish people,» calling them «reprehensible.»

In May 2025, Erdoğan invoked similar language, accusing Israel of being «a terror state that feeds on the blood, lives and tears of the innocent,» Israel National News reported.

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Israeli Foreign Minister Gideon Saar (R) and Israeli Ambassador to the U.N. Danny Danon (L) speak to journalists ahead of a United Nations Security Council meeting at U.N. headquarters on August 5, 2025 in New York

Israeli Foreign Minister Gideon Saar (R) and Israeli Ambassador to the U.N. Danny Danon (L) speak to journalists ahead of a United Nations Security Council meeting at U.N. headquarters on August 5, 2025 in New York (Photo by ANGELA WEISS / AFP) (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

Anti-Israel sentiment in Turkey has infiltrated far beyond leadership. A Pew Research poll from June found that Turkey had the highest level of anti-Israel sentiment of any polled country, with 91 percent of the population holding «very unfavorable» views on Israel, 6% holding an «unfavorable» view, and just 1% expressing any favor of Israel.

In response to questions about whether the State Department plans to respond to antisemitic statements from Turkish leadership, a spokesperson told Fox News Digital that «Türkiye is a longstanding and valued NATO Ally and we continue to engage on all aspects of our important and multi-faceted relationship.»

Ciddi said there are «numerous channels» for the State Department and Trump administration to reprimand Turkey for its unchecked hatred. «The president could obviously pull aside a Turkish counterpart and demand an apology,» he explained, while the State Department could address the comments or place Turkey on a watchlist.

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NATO leaders participate in the summit in The Hague, Netherlands

The Hague, Netherlands – In photos, NATO leaders participate in the summit in The Hague, Netherlands, on June 25, 2025. NATO countries pledged to increase their defense spending to 5% of GDP by 2035, as demanded by U.S. President Donald Trump. The summit’s final declaration states that countries will invest «at least 3.5%» of their GDP annually in military capabilities and an additional 1.5% in protecting critical infrastructure. (Handout / Latin America News Agency via Reuters Connect)

As the two-day NATO summit winds down in Ankara, Ciddi said that Turkey «is going to try and overshadow anything else» and «promote itself as the sort of premiere NATO ally, so we need to watch out for Turkey’s whitewashing of its human rights record.» Ciddi warned that «We cannot safeguard our allies’ democratic norms, rights and practices if we don’t hold member states like Turkey accountable for the threats that it presents.»

The Turkish Embassy in Washington, D.C. did not respond to Fox News Digital’s request for comment.

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Delcy Rodríguez promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos que reduce el control estatal sobre la industria petrolera venezolana

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La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, durante una comparecencia en Caracas (REUTERS)

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, promulgó este miércoles el reglamento que permitirá aplicar la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La normativa desarrolla los cambios aprobados por la Asamblea Nacional en enero y establece las reglas para atraer inversión privada nacional e internacional a un sector que durante más de dos décadas estuvo bajo un fuerte control estatal.

Durante un acto transmitido por el canal de propaganda Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez explicó que el reglamento fue elaborado tras revisar 1.389 resoluciones y afirmó que el objetivo es adecuar el marco regulatorio a la nueva legislación para “transformar” las reservas energéticas del país en una fuente de desarrollo económico.

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Habrá los recursos también para la recuperación, la reconstrucción de nuestra patria luego del doblete sísmico del 24 de junio”, declaró Rodríguez, al señalar que parte de la actividad económica derivada de la reforma estará orientada a financiar la recuperación de las zonas afectadas por los terremotos que dejaron al menos 3.685 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

El texto busca ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas interesadas en invertir en la explotación de petróleo y gas, al tiempo que actualiza las normas que regían el sector.

Rodríguez sostuvo anteriormente que la reforma mantiene la propiedad estatal sobre los yacimientos y aseguró que se trata de “una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”.

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Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (REUTERS)
Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (REUTERS)

La modificación legislativa constituye uno de los cambios más importantes en la política petrolera venezolana desde la nacionalización de la industria en 1976 y, especialmente, desde las reformas impulsadas durante el gobierno de Hugo Chávez, que impusieron el control de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) sobre prácticamente todas las actividades de exploración, producción y comercialización.

Con el nuevo esquema, las empresas privadas podrán asumir funciones técnicas y operativas en proyectos petroleros, una responsabilidad que durante décadas estuvo reservada a la empresa estatal. Asimismo, en determinadas empresas mixtas, el socio privado podrá encargarse de la administración operativa, aun cuando PDVSA mantenga la participación accionaria mayoritaria exigida por la legislación.

Otra de las novedades consiste en la posibilidad de que compañías privadas comercialicen directamente el petróleo producido, un cambio que modifica el modelo tradicional en el que esa función recaía casi exclusivamente en la estatal venezolana.

La reforma también introduce modificaciones tributarias destinadas a hacer más competitivos los proyectos de inversión. Aunque mantiene una regalía máxima de 30% sobre la producción, autoriza al Poder Ejecutivo a reducir ese porcentaje según las características económicas de cada iniciativa, las necesidades de inversión y otros criterios técnicos.

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Primer plano de un gran tanque blanco de almacenamiento de PDVSA con franjas de la bandera venezolana y el texto 'Patria, Socialismo o Muerte'
Delcy Rodríguez promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos que reduce el control estatal sobre la industria petrolera venezolana

Además, elimina varios gravámenes y contribuciones especiales que se aplicaban al sector, incluyendo algunos vinculados a ingresos extraordinarios por altos precios internacionales del petróleo y otros aportes previstos en diferentes leyes.

Otro aspecto incorporado por la legislación es la posibilidad de resolver controversias contractuales mediante mecanismos de arbitraje y otros sistemas alternativos de solución de conflictos, una herramienta considerada relevante para empresas extranjeras interesadas en desarrollar proyectos en Venezuela.

La cúpula chavista espera que este nuevo marco incentive el regreso de inversionistas internacionales y facilite la participación de compañías energéticas que durante años redujeron o suspendieron sus operaciones debido al anterior modelo regulatorio.

La promulgación del reglamento coincide con la etapa de reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio. Según cifras oficiales, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron. En el estado La Guaira, el más golpeado por el desastre, una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó la existencia de aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros, de las cuales unas 915.000 corresponden a edificaciones dañadas y cerca de 332.000 toneladas a enseres y pertenencias de las familias afectadas.

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Disasters / Accidents,South America / Central America,Government / Politics

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Trump envoy warns China’s power move at sea is threat ‘we cannot afford to ignore’

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China is using control over global seas as a tool of «political coercion,» the U.S. ambassador to the United Kingdom warned, as President Donald Trump is restating his interest in Greenland for that very same reason.

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China is seeking to turn ports, ships and supply chains into instruments of geopolitical leverage, U.S. Ambassador to the U.K. Warren Stephens warned in a statement to the International Maritime Organization Council (IMO).

«I spoke about a challenge that we cannot afford to ignore: China’s systematic effort to use maritime power as an instrument of political coercion,» Stephens wrote in a Truth Social post after the speech. «Beijing has pursued an aggressive strategy of acquiring port concessions and infrastructure around the world — not simply for commercial gain, but to extend its strategic reach and weaponize that access against sovereign nations.»

The U.S. is «not a passive observer of maritime affairs,» Stephens told the IMO, calling America a «cornerstone of the global maritime economy.» He said the U.S. Maritime Transportation System supports $5.4 trillion in economic activity each year and nearly 30 million jobs.

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SEN TODD YOUNG: THE HIDDEN DANGER CHINA’S SHIPS COULD BRING TO OUR SHORES

China’s designs on global sea power has the U.S. Ambassador to the U.K. Warren Stephens sounding alarms. (Zha Chunming/Xinhua)

The warning comes as Trump continued peacemaking efforts in the Strait of Hormuz and pressing Demark and NATO for U.S. control over Greenland due to Chinese and Russian threats to free navigation in the Arctic.

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«Denmark doesn’t spend money to really help Greenland, but it’s an important part for the United States, and it’s surrounded by China ships and Russian ships,» Trump said at the NATO summit in Ankara, Turkey.

For global security, Greenland «should be controlled by the United States, not by Denmark,» Trump added.

«They wouldn’t go along with it,» Trump said of Denmark. «And with all the money we spend to help them with Russia. And we don’t have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe because, as you probably noticed, Europe is a very different place than it was 20 years ago. A lot different.»

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DENMARK VOWS TO DEFEND GREENLAND AFTER TRUMP REITERATES US SHOULD CONTROL TERRITORY

U.S. Ambassador to the U.K. Warren Stephens

U.S. Ambassador to the U.K. Warren Stephens issued an urgent warning that China is using global dominance over waterways as a political coercion tool. (Lucy North/PA Images via Getty Images)

Greenland’s position between the Arctic and North Atlantic has made it a key piece of U.S. security planning.

«President Trump has made restoring American maritime leadership a national priority,» Stephens said in his IMO remarks warning on China’s broader maritime footprint.

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«The evidence is clear and growing,» Stephens said. «China currently builds more than half of the world’s ships. It dominates the production of ship-to-shore cranes and shipping containers.»

Stephens cited Panama as a recent example, pointing to a ruling by Panama’s Supreme Court that found CK Hutchison’s port concessions at the Balboa and Cristóbal terminals unconstitutional. The terminals sit at opposite ends of the Panama Canal, one of the world’s most strategically important trade corridors.

TRUMP MAKES FRESH GREENLAND PLAY AFTER XI TALKS AS CHINA’S ARCTIC AMBITIONS LOOM

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Stephens said China’s response to the Panama ruling was «swift and punishing,» accusing Beijing of taking action against Panama-flagged vessels in a move the U.S. characterized as an attempt to undermine Panama’s sovereignty and disrupt global supply chains.

«What happened to Panama is a warning to every nation in this room,» Stephens said.

«When a country allows a foreign power or its proxies to control its ports, it does not simply accept a commercial arrangement,» he added. «It accepts a vulnerability.»

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Stephens urged IMO member states to closely scrutinize deals allowing foreign entities, especially state-linked enterprises, to operate critical port infrastructure.

«Transparency, the rule of law, and genuine sovereignty are not obstacles to commerce,» Stephens said. «They are its foundation.»

The ambassador also said the U.S. would press for maritime security, sanctions enforcement, protection of flag state rights, freedom of navigation and updated standards on polar operations, autonomous vessels and cyber risk management.

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«The pattern is consistent: China uses its maritime and economic power to coerce, to intimidate, and to punish those who assert their sovereign rights,» Stephens said.

The Chinese government has routinely rejected U.S. accusations that its overseas infrastructure investments are coercive, portraying its port, shipping and Belt and Road projects as commercial partnerships that support global trade and development.

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Stephens said the U.S. will continue contributing expertise, resources and leadership at the IMO, but warned that the rules-based maritime order cannot be taken for granted.

«A free and open ocean is not guaranteed,» he said. «It must be defended.»

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