El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero para 2026 y 2027. El objetivo es despejar dudas sobre el pago de vencimientos de deuda y mostrar mayor poder de fuego de cara al año electoral.

Entre los anuncios clave, el funcionario confirmó que u$s800 millones ingresarán este año por privatizaciones. Otros u$s1500 millones llegarán en 2027.

La cifra total de u$s2300 millones implica un leve ajuste. El 28 de abril pasado, durante Expo EFI, Caputo había anticipado que el proceso de privatizaciones y concesiones generaría ingresos por unos u$s2.000 millones. El cambio no es sustancial, pero marca una recalibración de tiempos y montos esperados.

Hasta ahora, el Gobierno recaudó u$s356 millones por la venta de Transener. Durante el verano sumó otros u$s707 millones con la licitación de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

El resto del programa incluye una serie de activos en distintas etapas. Algunos muestran avances concretos. Otros enfrentan obstáculos que podrían demorar los ingresos proyectados.

Las centrales térmicas de Enarsa: el activo más codiciado con dos problemas

El proceso más avanzado, aunque no exento de complicaciones, es la venta de las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín. Ambas están en manos de la estatal Enarsa, que controla el 65,01% de la primera y el 68,83% de la segunda.

Se trata de dos activos gemelos. Cada uno tiene unos 800 MW de potencia y turbinas Siemens. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) los tasa en alrededor de u$s400 millones cada uno.

La Central Térmica Manuel Belgrano está en Campana, provincia de Buenos Aires. San Martín opera en Timbúes, Santa Fe. Nacieron de una solución sui géneris que ideó el exministro Julio De Vido durante la crisis energética de 2004, cuando el Estado saldó deudas con generadoras mediante la construcción de nuevas centrales a través del Foninvemem. Entre ambas representan cerca del 10% de la demanda eléctrica total del país.

El proceso de venta enfrenta dos obstáculos concretos. El primero es el derecho de preferencia que tienen los socios privados -entre ellos Central Puerto, AES y Pampa Energía- para igualar cualquier oferta que se presente.

Eso desalienta la llegada de nuevos jugadores. Reduce el proceso, en la práctica, a una discusión entre los actuales accionistas. Central Puerto ya manifestó su interés en quedarse con el control. La empresa, además, opera ambas plantas.

El segundo obstáculo es la tasación. El valor de estos activos depende del flujo de ingresos futuro, que resulta difícil de proyectar tras los cambios recientes en las reglas de remuneración del mercado eléctrico que impulsó el Gobierno.

Más adelante, Enarsa también prevé sumar a la lista otras dos centrales térmicas. Se trata de Almirante Brown (575 MW) y Vuelta de Obligado (540 MW). Ambas están todavía sujetas al fideicomiso que recién vence entre 2027 y 2028.

En materia hidroeléctrica, el Gobierno prepara una segunda etapa de concesiones. Incluye a las centrales Los Nihuiles (265 MW), Diamante (388 MW) y Pichi Picún Leufú (285 MW).

Belgrano Cargas: tres activos distintos y demoras en el pliego

Otro de los procesos en danza es la privatización de Belgrano Cargas. El proyecto arrastra demoras significativas.

El pliego, que en Argentina Week se había anticipado para marzo, todavía no se conoció. El Gobierno licita en este caso tres activos distintos.

El primero es la concesión de las vías por 50 años. Abarca los ramales San Martín, Belgrano y Urquiza. El esquema tiene un fuerte componente de financiamiento internacional y arbitraje fuera del país.

Ya mostraron interés el grupo mexicano Ferromex, un consorcio de cerealeras y una constructora local.

El segundo activo es la venta del material rodante: locomotoras y vagones. Está tasado en unos u$s500 millones. Es un activo que se revaloriza porque no hay stock disponible en el mercado internacional.

El tercero es el alquiler de los talleres de reparación, bajo un esquema de leasing.

A diferencia de otros procesos, la concesión de las vías no aporta liquidez inmediata al Tesoro. Las empresas se comprometen a ejecutar obras a lo largo de cinco a 15 años.

El ingreso más rápido llegará por la venta del material rodante. Se cobraría en cinco cuotas: un anticipo del 20% y cuatro pagos anuales sujetos al avance de la obra.

AySA: el proceso con más interés del mercado

De todos los procesos en danza, el de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) es el que más interés despierta. También es el que muestra mayor avance concreto.

A mediados de mayo, el Gobierno publicó los pliegos para vender el 90% de las acciones de la empresa. El objetivo es recaudar unos u$s500 millones para el pago de deuda.

El esquema prevé dos etapas. Primero, la venta de al menos el 51% del capital a un operador privado mediante licitación. Luego, la colocación del resto de las acciones estatales en el mercado.

El 10% restante quedará en manos de los empleados, a través del Programa de Propiedad Participada.

Entre los interesados en quedarse con la compañía figuran el empresario José Luis Manzano y Sabesp. Esta última es la empresa brasileña de gestión de agua y residuos con sede en San Pablo.

Intercargo quedó desierta y otros activos sin cronograma

El proceso de privatización de Intercargo sufrió un traspié. Tras dos prórrogas, el Gobierno abrió los sobres de la licitación para vender el 100% del paquete accionario.

La empresa de asistencia en tierra opera en más de 20 aeropuertos del país. El precio base era de u$s45 millones. No recibió ninguna oferta.

Tandanor y Casa de Moneda completan la lista de activos que el Gobierno evalúa incorporar al proceso. Ambos casos todavía están sin cronograma definido.