El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció días atrás que el ajuste del gasto público había encontrado un límite y que era necesario empezar a recaudar más a partir de ahora para el superávit fiscal. Esta dificultad que enfrentan para mantener el pilar del programa económico quedó de manifiesto en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde el Gobierno se comprometió, en caso de ser necesario, a tomar medidas adicionales para alcanzar el objetivo primario, entre ellas posponer la entrada en vigencia de la reforma laboral.

El aplazamiento se inscribió en el marco de los compromisos asumidos por Caputo frente al FMI. En el staff report, el organismo dejó en claro que para alcanzar el objetivo fiscal de un superávit primario de cerca de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, resultará necesario sostener una política de disciplina de gasto estricta y continua. En una coyuntura de desafíos que fueron señalados por el FMI con el impacto de la reducción de impuestos legales sobre las exportaciones agrícolas y los efectos de las iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso a finales de 2025, que alcanzaron 0,35% del PIB, junto con las nuevas medidas tributarias incluidas en la ley laboral (0,15% del PIB).

En el informe, el FMI reveló que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir subsidios a la energía, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional tanto corriente como de capital. Pero también a adoptar medidas adicionales si los pagos de intereses de la deuda superan lo previsto, con el fin de resguardar el ancla fiscal. Entre ellas, demorar la entrada en vigencia de la reforma laboral, lo que permitiría ahorrar 0,15%/PBI; fortalecer impuestos especiales, 0,10%/PBI; y mejorar la focalización de subsidios al transporte, 0,10%/PBI.

Por hace semanas, Infobae realizó consultas frecuentes tanto a fuentes oficiales del Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre los avances en la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En cada una de las oportunidades aseguraban que dependían primero de la publicación del decreto reglamentario de presidencia. Pero los tiempos corrían y la Ley de 27.802 fijaba que la iniciativa debía entrar en vigencia a partir del 1° de junio.

Fue en el contexto de la publicación del informe del FMI cuando fuentes del Gobierno reconocieron a Infobae que FAL no entrará en vigencia en junio, siendo una posibilidad que se encuentra habilitada la Ley por un plazo máximo de seis meses (hasta el 1° de diciembre de 2026). Sin embargo, se trata de una encerrona para el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que si bien la entrada en vigencia del FAL tiene un costo fiscal para el Estado (porque las contribuciones al fondo por despido se restaban de las que se hacen a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)), por medio de esta iniciativa se busca desarrollar el mercado de capitales.

Pero el compromiso de mejorar la focalización de subsidios de transporte es otro punto de tensión para el ministro que podría su vez presionar sobre la inflación. La tensión que hay entre Gobierno y las empresas de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedo de manifiesta en los últimos meses en donde por el aumento del precio del combustible, los empresarios reclamaban que se actualice la estructura de costos y con ello se otorguen mayores subsidios o un aumento del boleto.

Lo que derivo en las reducciones de frecuencia de líneas de colectivo que afectaron a miles de usuarios. Un problema, al que la Secretaría de Transporte resolvió de manera transitoria y sin dejar conforme a los empresarios con un aumento del boleto del 2% por tres meses desde mayo hasta julio, ya que sostiene estar por debajo de la inflación y guarda distancia con el de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad que todos los meses aumentan dos puntos más inflación.

Pero fue en esa conversación que entablaron los empresarios de colectivos del AMBA con las autoridades de Transporte en donde se puso sobre la mesa que el Gobierno trabaja para que los subsidios vayan a los usuarios en lugar de las empresas de colectivos para lo que esperan tener avances en julio según pudo saber Infobae con fuentes que participaron de las reuniones.

El contexto fiscal presenta tensiones, hace nueve meses que la recaudación viene en caída. Y si bien el propio Caputo reconoció que la gestión económica buscó avanzar en la reducción de impuestos para estimular la competitividad, advirtió recientemente que el margen para ajustar el gasto público se encuentra agotado. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó el ministro durante su participación en el programa Economía de quincho.

El Staff Report del FMI remarcó la importancia de mantener la disciplina del gasto público y advirtió que, ante eventuales desvíos, las autoridades deberán implementar acciones adicionales para proteger el objetivo fiscal. El Gobierno reiteró su compromiso con la reducción de subsidios energéticos y el fortalecimiento de los programas sociales focalizados, al tiempo que siguió evaluando alternativas para la racionalización del gasto corriente y de capital.

En este escenario, las prioridades del equipo económico se concentraron en sostener el equilibrio fiscal, promover una mayor eficiencia en el gasto y evitar medidas que incrementen el déficit. El diálogo con el FMI se mantuvo como un pilar central de la estrategia oficial, mientras las definiciones sobre la reforma laboral y el Fondo de Asistencia Laboral continuaron pendientes de resolución.