Los edificios en La Habana con más de un siglo de construidos, con derrumbes parciales o a punto del colapso, pero en los que aún viven personas, reflejan el severo deterioro del fondo habitacional en la isla, una crisis ante la cual, la respuesta del Gobierno cubano ha sido la adaptación de los contenedores en casas.

El déficit en Cuba supera las 800.000 viviendas, según cifras oficiales, un problema irresuelto por décadas y agravado con los eventos climatológicos y las limitaciones materiales.

La situación se profundiza en un contexto marcado por una crisis energética desde hace dos años y agravada por el bloqueo petrolero de EE.UU. desde enero, que mantiene a la economía estatal casi paralizada.

Los adultos mayores representan uno de los sectores más vulnerables y así lo demuestra Rolando Din, de 82 años, quien sobrevive entre escombros y bajo un techo improvisado en la esquina de Perseverancia y San Lázaro en Centro Habana, tras derrumbarse su antiguo hogar por condiciones climáticas y las demoliciones parciales del Estado de las edificaciones a su alrededor.

«Vivo aquí, duermo aquí y mi condición sanitaria es la intemperie”, detalla con dureza Din, quien para subsistir se dedica a recoger basura y cuenta que para cocinar lo hace en hornos improvisados de «ladrillo y leña», en medio de apagones que superan en la capital cubana las 20 horas consecutivas.

Al ser cuestionado por el apoyo institucional, decepcionado y con tono desconsolado afirma que «la única respuesta que me pueden dar es, vamos a esperar que vaya para el cementerio y allí te daremos una habitación».

A pocas calles, Vilma Rosa de la Cruz, de 75 años, experimenta un calvario similar. Jubilada por cuestiones de salud y actualmente beneficiaria de la asistencia social tras sufrir una isquemia transitoria, habita con temor extremo en un inmueble en riesgo inminente de desplome, en la esquina de Sol y Monserrate, en La Habana Vieja.

«No puedes dormir porque sientes cómo caen los pedazos», confiesa De la Cruz, cuyos nervios dice, se agravaron tras el colapso reciente de una pared contigua.

«Estoy esperando por la inspección de la Oficina de Eusebio Leal porque yo quiero irme para otra parte», detalla la anciana en referencia a la oficina del Historiador de La Habana Vieja que se ha encargado desde la década de los 90 del siglo XX, del programa de la restauración y preservación de La Habana Vieja.

«Si no vienen, yo me voy como quiera», afirma decidida la anciana, aunque dice aún no saber a dónde.

Frente a la crisis habitacional, el Gobierno cubano anunció en marzo pasado que impulsaba un «ambicioso proyecto» para convertir más de 3.500 contenedores marítimos de metal en viviendas en varias provincias del país, en una isla donde las temperaturas alcanzan más de 30 grados celsius.

En el municipio Plaza, uno de los más acomodados de La Habana, fueron entregadas dos de estas casas, que poseen aislamiento térmico para tratar de combatir el calor y compuestas por dos dormitorios, una cocina-comedor y el baño; mientras, en el municipio Marianao, en la periferia de la capital, se construye un asentamiento con unos 80 de estos contenedores.

El arquitecto cubano y exprofesor de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Abel Tablada, señaló a EFE que esta solución «es viable», teniendo en cuenta «la situación actual en que la industria de materiales de la construcción está casi detenida como el resto de las industrias en el país”.

Sin embargo, advierte que «no debería ser el único programa de desarrollo de vivienda emergente en el país, pues la demanda es inmensa».

Ante la posibilidad de que estas casas resistan los fuertes huracanes, uno de fenómenos naturales que más afecta la isla, el arquitecto cubano, explica que los contenedores están «preparados para resistir fuertes vientos por su propio peso», pero, «cuando se adaptan para viviendas, su estructura se debilita con las aberturas y la adición de elementos de protección solar, la doble cubierta o tanques de agua».

Aunque el Gobierno cubano no ha dicho si ésta será una solución temporal o permanente, Tablada, indica que «al albergar a una población de muy bajos recursos que no tendrá la posibilidad de comprar una nueva vivienda y al no haber posibilidad real de construir alternativas más convencionales y duraderas, se puede prever que esas familias vivirán en ellas más de cinco años».

Horas antes de un nuevo aniversario de la independencia de Venezuela, el régimen anunció un paquete de medidas económicas apuntado a la recuperación de La Guaira, Caracas y otras zonas devastadas por los dos terremotos consecutivos que sufrió el país el 24 de junio. Es un intento por retomar la iniciativa tras las fuertes críticas de los venezolanos a la gestión de la catástrofe, en especial los reclamos de los sectores populares afectados, que solían acompañar al chavismo.

En cada recorrida de Clarín por La Guaira, los vecinos que se convirtieron en voluntarios para buscar a sus familiares entre los escombros repiten lo mismo. El Estado tardó más de 48 horas en aparecer y cuando lo hizo, en mayor medida fue para poner agentes de la Guardia Nacional Bolivariana con armas largas en las calles.

“Tenemos fe, han sacado personas vivas pero no tenemos maquinarias. Necesitamos más personas, picos, palas. El gobierno directamente no nos ayudó, solo fue el pueblo de distintas zonas de Venezuela -le dice Doris Romero, residente de Playa Grande, a los enviados de este diario-. Solo nos han ayudado los policías de contrabando de Petare, que no vienen con las pistolas”.

Esa crítica de la falta de maquinaria, de los uniformados con armas en lugar de herramientas es la que más se repite. Con el paso de los días aparecen otros cuestionamientos: el uso de la maquinaria estatal solo para buscar a funcionarios bajo los escombros. “Han venido máquinas y operarios de PDVSA, removieron el hormigón y cuando recuperaron el cuerpo de uno de ellos se han ido”, señala Yeimi Torres, que busca a su padre Yenderson, también en Playa Grande.

Se trata de un gran barrio social inaugurado por el ex presidente Hugo Chávez en 2012, con viviendas de 12 pisos y otras más bajas de tres, en una zona en la que solía ganar el PSUV. Doris Romero reconoce haber votado al chavismo en su momento, pero advierte que desde la asunción de Maduro todo fue en declive, y ahora se siente defraudada. Consultada por Delcy, remarcó: “No quiero saber nada de ellos. Mi hija está abajo de los escombros y no nos han ayudado. Necesitamos un cambio, eso es lo que queremos nosotros, que todos podamos seguir adelante”.

En medio de un clima adverso que crece, la presidenta interina Delcy Rodríguez adelantó que habrá un paquete de 200 millones de dólares para la reconstrucción. “Creamos un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares de fondos que vamos a recuperar del Fondo Monetario Internacional que permitan la reconstrucción de infraestructura que fue afectada”, señaló en conferencia de prensa.

Parte de ese paquete económico bajará en una asignación mensual, por seis meses, para todos los damnificados. “Hemos definido que el programa para financiamiento se establezca con una asignación mensual durante los próximos seis meses, de modo que permita una contingencia de ingreso permanente a las personas más afectadas”, afirmó Rodríguez, sin detallar cuántos dólares por mes habrá para cada venezolano.

En una continuidad de los nombres que tenían las políticas de Chávez, el plan fue bautizado “La Gran Misión Venezuela Renace”. También subrayó que Venezuela entre en “un proceso de recuperación” y enumeró las prioridades: la infraestructura y la vivienda. En ese marco, dijo que ya trabaja una “Comisión Presidencial” que verifica casa por casa los daños, para establecer cuál está habitable.

El país tiene a La Guaira al borde de la emergencia habitacional. Un informe oficial habla de 189 edificios colapsados y 885 afectados. Hay personas que duermen en carpas en la céntrica avenida Simón Bolívar, a pocas cuadras del Palacio de Miraflores.

Delcy Rodríguez señaló que para quienes necesiten realizar reparaciones habrá un “fondo de financiamiento, a través de la banca, tanto para la compra, para la reparación”. Y añadió: “Hemos establecido con la banca pública y privada para activar la cartera hipotecaria con hasta 80% de subsidio”.

Dentro del paquete económico anunciado, aseguró que todas las tasas e impuestos que tienen que ver con registros, alquileres y compraventa de inmuebles que cobra el Estado “van a estar exonerados”.

Por otro lado, Delcy Rodríguez decretó la prohibición de exportar materiales que tienen que ver con la construcción.

En la previa del anuncio, este sábado tuvo momentos de tensión en Caraballeda, La Guaira. Un grupo de vecinos bloqueó la vía principal en reclamo de ser reubicados en el complejo hotelero como les habían prometido.

La situación se complejiza con el paso de los días. La cifra de fallecidos aumentó a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, según informó Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional.

Al menos 6.462 personas fueron rescatadas y 16.309 perdieron su vivienda, en las estimaciones oficiales. Por fuera de esos datos, en una web donde los venezolanos reportan a personas que no encuentran hasta el momento hay 31.000 desaparecidos.

En la búsqueda de mostrarse actica ante el malestar generalizado, Delcy Rodríguez, condecoró y despidió a rescatistas de casi 30 países, incluidos España, Alemania, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Eslovaquia, Jordania, Lituania, México, Panamá, Portugal, República Checa, República Dominicana, Turquía, Vietnam y Argentina.

Los rescatistas se empiezan a ir y dan paso a los sanitaristas. Según un informe de la OMS, se eleva la posibilidad de enfermedades epidémicas. Apuntan en especial a los “campamentos temporales” de los desplazados, pero también a los voluntarios que sin guantes o barbijos revuelven los escombros donde hay líquidos cloacales y cuerpos en descomposición. En La Guaira la temperatura no baja de los 30 grados, la humedad es muy alta y no todos los que colaboran tienen las medidas de seguridad higiénica para realizar la tarea.

Este domingo, por el día de la independencia local, la presidenta interina encabezó el acto de graduación de 1.215 nuevos militares, una de las fuerzas más cuestionadas por los vecinos por no colaborar ante la catástrofe, pese a la propaganda oficial en los canales estatales.