POLITICA
Causa SIRA: la fiscalía reclamó a varios bancos que remitan la información solicitada en distintas oportunidades
El Ministerio Público Fiscal reclamó que varias entidades completen los informes que el Banco Central y el juzgado ya solicitaron en el marco de la causa Sira, ya que, sin esa información, no se puede seguir el rastro del dinero.
En el escrito adjuntado en las últimas horas al expediente, al que tuvo acceso TN, el auxiliar fiscal Ignacio Mendizábal advirtió que algunas entidades todavía no cumplieron por completo lo que se les pidió a través de circulares del Banco Central y de los levantamientos de secreto que ya ordenó el juez Ariel Lijo.
En ese sentido, pidió que se las intime para que manden, cuanto antes, lo que falta.
Hace meses que la investigación insiste con lo mismo: cuentas, movimientos, productos financieros y cualquier rastro que permita cruzar a los investigados con las autorizaciones de los permisos de importación y con las casas de cambio. El problema, según la fiscalía, es que parte de esa documentación sigue incompleta.
La causa está en el juzgado de Lijo y la impulsa el fiscal Franco Picardi. Lo que se investiga es si durante el cepo cambiario en el gobierno de Alberto Fernández, un grupo de financistas y funcionarios armaron un esquema para conseguir dólares baratos.
De un lado, casas de cambio que accedían al tipo oficial y después vendían en el mercado informal, conocido popularmente como blue. Del otro, empresas que pagaban para que les autoricen un permiso SIRA en días, cuando el trámite normal podía tardar meses.
Los porcentajes que aparecen en el expediente van del 10 al 15% del valor de la operación.
Algunos de los involucrados en la causa son los financistas Elías Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque. El SIRA estuvo vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, en la gestión de Sergio Massa en Economía.
Lo que pide la fiscalía
Picardi pidió en el último tiempo que levanten los secretos fiscal, bancario, bursátil y el previsto en la ley antilavado respecto de Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida, Juan Ignacio Agra, Kevin Fernando Ribeiro y la firma Cowdin S.A.
El requerimiento, formulado originalmente en abril y junio, apunta a avanzar sobre dos tramos de la investigación: la operatoria de agencias de cambio y la tramitación irregular de permisos SIRA durante el cepo cambiario.
Cowdin S.A., dedicada a maquinaria vial, es una de las compañías que el Gobierno informó a la Justicia que llegó a concretar operaciones de importación con acceso al dólar oficial.
En paralelo, la fiscalía reiteró oficios a cinco Agentes de Liquidación y Compensación que no contestaron: Global Valores, Puente Hnos., Mateo y Marchioni, C.A. Teully & Co. e Industrial Valores. Les fijó un plazo máximo de 72 horas para remitir la información ya requerida.
POLITICA
Condenaron a la ex vicegobernadora de Neuquén a pagar una millonaria indemnización por daños e injurias
La Justicia Civil de primera instancia de Neuquén hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Marcelo Severini, el presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), y condenó a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar $5 millones por daño moral. El fallo concluyó que la denuncia penal que Ruiz había presentado contra Severini carecía de elementos suficientes para sostener la acusación.
En línea con esto, la sentencia dispuso medidas destinadas a reparar los perjuicios que el tribunal consideró derivados de la difusión pública de aquella presentación. Entre ellas, ordenó la eliminación de menciones vinculadas a la denuncia contra Severini en las plataformas digitales de la ex funcionaria.
De esta manera, el juzgado fijó un plazo de diez días para el cumplimiento de esa medida. En caso de que no se concrete, Ruiz quedará bajo apercibimiento de sanciones económicas progresivas. Las costas del proceso, en tanto, fueron impuestas a la demandada.
La decisión representa un nuevo capítulo judicial relacionado con la ex vicegobernadora, luego de la crisis institucional que atravesó la Legislatura provincial hacia el final de 2024. El expediente civil se apoyó, entre otros antecedentes, en el archivo de la causa penal que había sido iniciada en la Justicia Federal y luego remitida al fuero provincial.
De acuerdo con la información del medio local Diario Río Negro, el origen del conflicto se remonta a los primeros días de diciembre de 2024. En ese período, Ruiz fue suspendida preventivamente en la Legislatura de Neuquén, en el marco de un proceso institucional que más adelante derivó en su separación de la presidencia del cuerpo.
Tras esa decisión, la entonces vicegobernadora anunció acciones judiciales y presentó una denuncia ante los tribunales federales de Buenos Aires. El escrito apuntó contra ministros provinciales, legisladores y referentes institucionales. Entre las personas mencionadas figuraba Severini, titular de la cooperativa eléctrica neuquina.
La demanda fue impulsada por los abogados de Ruiz, encabezados por Carlos Broitman. En ella se incluyeron acusaciones por los presuntos delitos de asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos.
Según el planteo de la defensa, los denunciados habrían intervenido en una maniobra dirigida a apartar a Ruiz de la conducción de la Legislatura. La ex funcionaria vinculó esa secuencia con lo que definió como un intento de alterar el funcionamiento institucional de la provincia.
Sin embargo, de acuerdo con los argumentos que luego fueron considerados en el proceso civil, la denuncia no describió hechos concretos que permitieran establecer cuál habría sido la intervención material de Severini en los delitos señalados. Tampoco se habrían aportado elementos mínimos de convicción para sostener la imputación en su contra.
La denuncia se había comenzado a tramitar en el fuero federal porteño, hasta que el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente por razón del territorio y resolvió remitir el expediente a los tribunales federales de Neuquén, donde correspondía analizar los hechos.
En esa jurisdicción, intervino la fiscal Mariana Querejeta, quien también declinó la competencia. La fiscal entendió que el caso no contenía materia federal, por lo que el legajo debía continuar su recorrido dentro de la Justicia provincial.
El expediente llegó finalmente a la Fiscalía provincial, a cargo de Diego Azcárate. Allí, se dispuso el archivo de las actuaciones por falta de tipicidad, es decir, porque los hechos expuestos no encuadraban en una figura penal que justificara la continuidad de la investigación.
Ese archivo tuvo relevancia en la demanda posterior que Severini promovió por daños y perjuicios. En este sentido, el presidente de CALF sostuvo que la denuncia y su difusión pública habían afectado su honor y reclamó una reparación económica, junto con medidas para limitar la permanencia de las publicaciones en entornos digitales.
En este sentido, la acción civil también incluyó el pedido de suprimir contenidos que el funcionario público consideró injuriosos y de divulgar los aspectos principales de la sentencia en medios gráficos regionales. El tribunal admitió parcialmente el reclamo.
Al resolver el caso, el magistrado valoró que la denuncia original fue archivada sin que avanzara una investigación penal. La sentencia señaló la ausencia de pruebas y la falta de precisión sobre las conductas que se atribuían al demandante.
El juez sostuvo que el derecho a denunciar no habilita la formulación de acusaciones sin una descripción concreta de los hechos ni elementos que permitan respaldarlas. Bajo esa interpretación, consideró que el caso excedió el ejercicio regular de ese derecho y encuadró la conducta dentro de los parámetros de la acusación calumniosa.
De esta manera, la resolución ordenó que Ruiz pague a Severini una indemnización de $5 millones por daño moral. A esa suma deberán agregarse intereses, calculados mediante tasa pura y tasa activa del Banco Provincia del Neuquén.
POLITICA
Peter Lamelas, embajador de EE.UU. en la Argentina: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a Estados Unidos sin visa”
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, publicó un mensaje el miércoles en el que anticipó que trabaja para que el país pueda volver a ingresar al Visa Waiver Program, el régimen que permite viajar a territorio estadounidense por turismo o negocios sin necesidad de tramitar una visa B1/B2.
“Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, destacó el funcionario designado por el gobierno del presidente Donald Trump.
El embajador acompañó el mensaje con una placa en la que destacó que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos en 2024, un 15,3% más, y remarcó que el Visa Waiver todavía no está vigente para la Argentina.
En agosto de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ya había anunciado el inicio del trámite de la Argentina para ingresar al Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) a fines de julio de ese año.
“Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable”, añadió Lamelas en el mismo posteo de la red social X.
Y cerró: “Más inversión. Más confianza. Más seguridad. Más libertad. La Argentina y Estados Unidos, juntos”.
La aplicación de este paso podría permitir a ciudadanos argentinos ingresar a Estados Unidos sin visa para estancias de 90 días como máximo. El país republicano exige el cumplimiento de rigurosos estándares en materia de seguridad, control migratorio y antiterrorismo. Para participar del VWP, un país debe:
Este último punto representa un desafío para Argentina, ya que la tasa de rechazo de visas superó el 8% en 2024.
Aunque en el Gobierno son optimistas sobre el avance de las negociaciones con Estados Unidos, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, evitó poner una fecha concreta en la que podría anunciarse el reingreso de la Argentina al VWP luego de 24 años, pero sería en algún momento de 2027, antes de que culmine el gobierno del presidente Javier Milei. La implementación dependerá de los plazos y los procesos internos de ambas administraciones.
La Argentina ingresó al programa el 8 de julio de 1996, durante los gobiernos de Carlos Menem y de Bill Clinton, pero su participación fue cancelada el 21 de febrero de 2002, tras el estallido de la crisis de diciembre de 2001.
El proceso que ahora lleva adelante el Gobierno es visto como un fuerte gesto de la Casa Blanca en el marco del estrecho vínculo entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y Milei, que se tradujo en un respaldo financiero crucial de Estados Unidos el año pasado y varios acuerdos entre ambos países.
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POLITICA
El Senado les dio acuerdo a Catania y Galván Greenway como camaristas del fuero penal económico
El Senado les dio acuerdo por unanimidad a los jueces Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La votación terminó con más de cuatro meses que las postulaciones permanecieron congeladas por orden de la Casa Rosada por las supuestas vinculaciones que los funcionarios judiciales tendrían con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encarnada por Claudio “Chiqui” Tapia.
En la misma votación, sin debate previo y por 66 votos a favor y ninguno en contra, también obtuvo el acuerdo de la Cámara alta Juan Manuel Mejuto, postulado como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal. En este caso, su nominación había quedado en suspenso por sus supuestos vínculos con el colectivo kirchnerista Justicia Legítima.
Tanto Catania como Galván Greenway son jueces de primera instancia del fuero penal económico y fueron propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar vacantes en el tribunal de alzada porteño, una cámara que viene con su representación menguada por renuncias, jubilaciones y fallecimientos.
Se trata de un tribunal clave en causas de alto impacto institucional y económico. Ambos magistrados ya habían superado la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos sin cuestionamientos formales de peso, pero sus pliegos permanecieron congelados luego de que la Casa Rosada decidiera frenar su avance.
El trasfondo político del caso estuvo marcado por la presunta cercanía de los magistrados con la conducción de la AFA, encabezada por Tapia, y con su tesorero, Pablo Toviggino, en momentos en que el Gobierno mantenía una disputa con la entidad por la posible apertura del fútbol a las sociedades anónimas deportivas.
Esa situación derivó en una demora en la presentación de los dictámenes, pese a que los nombres habían sido impulsados desde el Ministerio de Justicia.
La reactivación de los expedientes se produjo tras la presión de senadores de distintos bloques para que los dictámenes fueran liberados y pudieran ser tratados por el pleno de la Cámara alta.
Con el acuerdo otorgado esta tarde, Catania y Galván Greenway quedaron en condiciones de asumir como camaristas, lo que permitirá completar parcialmente la integración de un tribunal que venía funcionando con vacantes sensibles. Solo resta que el presidente Javier Milei firme el decreto de designación.
Traspaso de competencias penales a la Ciudad
Tras la aprobación de los acuerdos judiciales, el Senado le dio luz verde por amplia mayoría de 44 votos a favor y 21 en contra a los convenios para avanzar con el traspaso de la justicia penal juvenil y de nuevas competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires.
Los acuerdos, firmados en julio por el ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, forman parte del proceso de transferencia de competencias desde la órbita nacional hacia el Poder Judicial de la Ciudad, en línea con el reconocimiento constitucional de la autonomía porteña.
Los dos proyectos fueron sometidos a una sola votación y el rechazo estuvo centrado en el kirchnerismo y en la voz de Jorge Capitanich (Chaco), quien fundó la postura de su bloque en la negativa a reconocer cualquier medidas que impliquen la ampliación de la autonomía porteña y su financiación con fondos nacionales.
Uno de los convenios establece que la Justicia porteña asumirá de manera exclusiva la investigación y el juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, además de la adopción de medidas de protección respecto de menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos.
Los convenios también prevén que, cuando un mismo caso involucre a menores y mayores de edad, la competencia quede concentrada en la Justicia de la Ciudad para evitar la fragmentación de la investigación.
El segundo convenio amplía la jurisdicción porteña sobre una serie de delitos, entre ellos aquellos vinculados con la libertad, el honor, la integridad sexual, la seguridad del tránsito y leyes especiales como propiedad intelectual.
La aprobación parlamentaria de estos instrumentos representa un nuevo paso en la consolidación del mapa judicial de la Ciudad, aunque su implementación plena dependerá de las instancias administrativas y presupuestarias previstas para concretar el traspaso.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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