El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti se pronunció este viernes por primera vez luego de que se conociera el fallo del máximo tribunal por la ley de tierras y sostuvo que el máximo tribunal siempre “defendió la protección de los recursos naturales”, además de observar la baja participación ciudadana en la temática.

Lorenzetti explicó la decisión de la Corte sobre las dos cautelares contra la ley de tierras, una promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) y otra por la Asociación Civil Árbol de Pie, junto con Magdalena Odarda y representantes de comunidades indígenas. La primera argumentaba el riesgo que implicaba la medida sobre la soberanía nacional, mientras que la segunda hablaba de afectaciones al ambiente y a derechos colectivos vinculados con la protección de recursos naturales.

“La primera fue tratada y rechazada por una cuestión de legitimación procesal. Tenemos mucho respeto por los excombatientes de Malvinas, lo que sucede es que hay una asociación cuyo objeto no coincidía ni habilitaba como tal este planteo”, argumentó en declaraciones al canal A24.

En tanto, sobre la cautelar presentada por la asociación civil ambiental, sostuvo que los tres ministros coincidieron en devolver el expediente ya que el juzgado de primera instancia no lo había tratado. “Lo acumuló al otro y largaron los dos a la Corte”, aclaró.

“No se puede dudar que, en particular, yo hace muchísimos años que estoy en el tema ambiental. He escrito muchos libros y participado de congresos internacionales. Nadie puede sorprenderse de que yo firme una medida cautelar en materia ambiental”, expresó.

Lorenzetti aclaró que tanto él como el juez Horacio Rosatti interpretaron que la ley ambiental permite que los jueces “tomen medidas incluso cuando no hay petición de parte”.

“Consideramos que, como este proceso no había sido tratado, se afectó el derecho de una organización ambiental, que quedó desprotegida todo este tiempo. La opinión de (Carlos) Rosenkratz también es legítima, es más restrictiva, lo que es bueno, porque es bueno tener distintas opiniones en la Corte. Siempre hay una mayoría y una minoría”, subrayó.

E insistió: “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo. Sea de distinta intensidad, con distintas opiniones, pero seguiremos en eso”.

Tras ello, el magistrado señaló la poca participación social que se presenció en relación a este tema, a diferencia del alto involucramiento que se mostró en redes sociales. “No hay una relación entre la enorme participación en las redes y la realidad concreta de acciones judiciales. Tampoco hubo mucho movimiento en el Congreso, donde se debería tratar este tema. Trataron el DNU en marzo de 2024. Estamos en 2026 y todavía no lo trataron”, arremetió.

Lorenzetti hizo uso de la expresión “humo digital” para explicar la problemática. “Hay un tendencia a que la gente use el escrache digital y las expresiones en las redes, pero son acciones ineficaces, porque no producen efectos. Y por el otro lado, nadie hace nada que produzca un efecto eficaz”, graficó.

Remarcó que “no hay relación entre lo que pasa en las redes y lo que pasa en la realidad”. “Esto preocupa porque hay un debilitamiento de la participación de la sociedad, y hay que decirles: no se dejen engañar porque la acción en las redes solo tiene eficacia para expresarse. Y hay que expresarse más en medidas cautelares, acciones judiciales y el Congreso, que son instituciones. Hubo mucho ruido y pocas nueces”, concluyó.

Qué pasó

El máximo tribunal dictó este viernes una medida cautelar “interina” con la que repuso los límites a la venta de superficies a extranjeros. El fallo fue firmado por Lorenzetti y Rosatti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.

Fue después de que la acordada de la Corte de la semana pasada, con la que había puesto en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, provocara un fuerte impacto político e institucional. De hecho, la oposición había activado una ofensiva en el Congreso para voltear todo el DNU 70/2023.

CALI, Colombia.- Los dinosaurios están en una repisa exhibidora. Son 29. Veintitrés de ellos siguen ubicados en sus compartimentos correspondientes, todos parados sobre sus minúsculas patitas de plástico. Un tiranosaurio con la boca abierta, uno de cuello largo, otro con placas en el lomo, de esos que se compran en cualquier juguetería y que un chico ordena con una seriedad que los adultos no le dedicamos a casi nada. Ninguno se cayó.

Es la imagen del dormitorio de un niño. Una postal que pudimos observar porque su habitación, de un segundo piso, ya no tiene pared. El terremoto se la llevó y la dejó abierta a la calle, como una casa de muñecas, en un edificio partido que Cali va a tener que demoler. Los juguetes están intactos.

El lunes 10 de agosto, a las 7.34, la tierra empezó a moverse en San José del Palmar, en el Chocó, a unos 100 kilómetros de profundidad. Fue un sismo de magnitud 7,4, el más fuerte que registró Colombia en lo que va del siglo. Golpeó de lleno al occidente del país: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia. El epicentro estuvo del otro lado de la cordillera, pero la ciudad con más muertos fue Cali, con 154. Llegamos a ella casi un mes después, el 7 de septiembre, acompañando a Enrique Piñeyro, fundador de la ONG Solidaire, a entregar donaciones de la Cruz Roja.

Como había sucedido en La Guaira, Venezuela, algunas semanas atrás, edificios enteros se desplomaron en segundos con familias adentro. Las calles se llenaron de escombros, de sirenas, de gente buscando a los suyos con las manos. Uno imagina que a esa altura una ciudad ya está en otra etapa, juntando los pedazos, reparando. Pero no. Cali todavía está rompiéndose.

Lo primero que desconcierta en Cali es la arbitrariedad. No hay una zona arrasada y otra a salvo, una línea clara que separe a los que perdieron de los que no. Hay un edificio de pie, con sus ventanas enteras y la ropa tendida en el balcón, y al lado otro que ya no existe. Mismo barrio, misma cuadra, mismo sacudón de las 7.34. Una zona intacta, con gente comprando en el almacén y, en la siguiente, un edificio inclinado, sostenido por quién sabe qué, rodeado de cintas.

Uno se vino abajo con familias adentro y el otro amaneció como cualquier lunes. Recorrer Los Cámbulos o Pampalinda es caminar por una lotería que nadie eligió jugar. Es el mismo sinsentido del estante de los dinosaurios, pero en escala de ciudad: lo que quedó en pie y lo que no parece repartido al azar.

Y el azar se agranda cuando se mira el mapa entero. El epicentro estuvo en el Chocó, del otro lado de la cordillera. Cali, más lejos, fue la ciudad con más muertos del país. En Armenia, con un impacto sísmico parecido, no murió nadie. La tierra se movió para todos más o menos igual. La pregunta es por qué no cayó igual para todos. Y ahí la injusticia deja de parecer azar.

El mismo día que llegamos, otro edificio más se había venido abajo. Esta vez, por decisión de la alcaldía. Después de un terremoto hay meses, si no años, de destrucción antes de la reconstrucción. Cuando llegamos, los cálculos de los especialistas en conjunto con el estado arrojaban por lo menos 765 construcciones que tenían que ser demolidas por completo.

Cada edificio que se demuele arrastra la misma pregunta: ¿por qué este sí y el de al lado no? Colombia tiene código sismorresistente desde 1984. Parte de lo que se cayó es anterior a esa norma, o se levantó a toda velocidad entre los 80 y los 2000, sin planificación, en parte durante los años del cártel de Cali. Pero también se cayeron edificios relativamente nuevos. Los ingenieros que recorren la zona hablan de normas antisísmicas que no se cumplieron y de materiales, cemento y hierro que no eran los que tenían que ser. A lo que creció sin planificación se suma la informalidad: una de cada tres viviendas construidas en el país entre 2005 y 2018 no tuvo licencia, ni control técnico. Debajo, además, el suelo de esta zona es más blando, algo que una microzonificación sísmica pendiente debería haber advertido.

Un terremoto es impredecible. No se puede evitar que suceda, pero sí que mate tanto. Por eso la Alcaldía abrió un peritaje para determinar si hubo corrupción, atajos en la obra o falta de inspección. Las curadurías aprobaban los planos. Nadie parece haber verificado que se construyera lo que decía el papel. Los nombres de los muertos ya están grabados en una placa. Los de los responsables, todavía no. Y cuando terminen las demoliciones y las topadoras se lleven el último escombro, va a quedar la tentación de llamarlo desastre natural. La falla fue natural. Lo demás, no.

En el Hospital Departamental, se derrumbó una parte del edificio donde estaban los bebés. “Tuvieron que sacar a todos los niños y atenderlos afuera, en carpas”, me contó un caleño que nos acompañó. “Hubo muertos porque no los pudieron sacar”. En un hotel donde se hospedaban unos músicos, todo quedó ahí: las camas, las valijas, una estadía que no terminó. Todo quedó detenido en el tiempo.

Lo más extrañamente perturbador es la intimidad expuesta. En los edificios partidos, las casas de familia se ven por dentro, como si alguien hubiera arrancado la tapa de una caja: un dormitorio con la cama sin hacer, un baño con el cepillo de dientes en el vaso, un placard abierto, una foto todavía colgada en una pared que ya no da a ningún lado. Una casa es, antes que nada, el lugar donde uno puede cerrar la puerta. Es lo que nadie más ve: cómo dormimos, qué dejamos tirado, qué guardamos.

Sin esas imágenes, la magnitud del desastre se queda en cifras que nadie siente. Pero cada plano de un dormitorio expuesto es también la intimidad de alguien que no eligió exhibirla y que probablemente nunca sepa que la estamos mirando. No es una curiosidad del recorrido para documentar. Es la prueba más concreta de lo que se rompió.

Al momento de este recorrido, 45.139 familias habían sido desplazadas. Muchas de ellas siguen viviendo en refugios, o buscan cualquier departamento con una ayuda estatal de 875.000 pesos colombianos para alquilar. Hay tanta gente sin casa que no alcanzan las viviendas, y muchas terminan en hoteles con convenio, llenos de familias en lugar de turistas.

La mayoría de los caleños con los que hablé destaca que la respuesta del Estado fue rápida y eficiente, un contraste fuerte con la vecina Venezuela. Hoy, a casi dos meses, Colombia suma 335 muertos, más de 4500 heridos, más de 750 edificios colapsados y más de 36.000 viviendas destruidas en 16 departamentos. Casi medio millón de personas afectadas. Cali tiene 154 muertos, más de 1600 heridos y al menos 24 edificios caídos por completo. Unas 20.000 familias caleñas siguen fuera de sus casas. El alcalde calcula tres años de recuperación.

Los dinosaurios seguían ahí, en fila, mirando una ciudad que antes no podían ver. Alguien los había acomodado con paciencia, uno al lado del otro, bien parados, cada uno en su lugar. Esa dedicación, la de un chico que cuida lo suyo como si de eso dependiera todo, es la que faltó a las paredes que los rodeaban.