Con el pasaporte en el bolsillo

Conexiones personales de los estadounidenses con la aplicación de las leyes migratorias

Aproximadamente 6 de cada 10 adultos hispanos dicen que ellos o alguien que conocen han sido impactados por la aplicación de las leyes migratorias

La mayoría cree que EE.UU. solía ser un gran lugar para los inmigrantes

La mayoría apoya la ciudadanía por nacimiento, pero también mantiene puntos de vista matizados

Una joven empleada doméstica embarazada denunció haber sido brutalmente agredida por su empleadora en la ciudad de São Luís, en Brasil, y se viralizaron audios en los que la mujer detalló cómo la golpeó y torturó durante casi una hora tras acusarla de haberle robado un anillo.

Las grabaciones, que la propia agresora, la empresaria Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, envió a un grupo de mensajes, fueron difundidas por el canal TV Mirante y ya forman parte de la investigación policial.

En los audios, la empleadora no solo describió con crudeza las agresiones, sino que llegó a afirmar: “No debería haber salido con vida”.

La víctima, identificada como Samara, contó que aceptó el trabajo como empleada doméstica para poder comprar el ajuar de su bebé, bajo un contrato de apenas un mes.

El relato de la violencia: golpes, amenazas y humillaciones

Según los mensajes de voz, Ferreira llamó a un hombre armado para intimidar a la joven tras no encontrar un anillo. El 17 de abril, este hombre llegó a la casa “con una pistola enorme, que prácticamente brillaba” y, junto a la empleadora, sometieron a Samara a golpes, amenazas y humillaciones.

En su relato, la sospechosa describió el momento en que llamó a la empleada doméstica para hablar con ella después de que llegara el hombre. “Entonces le dije: ‘Samara, por favor, vení. Ayer desapareció mi anillo, ¿sabes? No entró nadie más a casa, solo nosotras; la única extraña sos vos. Y mi anillo no tiene piernas ni alas para volar. Así que quiero que vayas a buscarlo a donde lo pusiste para que no tengamos problemas’“, relató la mujer.

Y luego descrbibió las agresiones. “Durante casi una hora castigamos a esa chica: cachetadas, piñas, le pisábamos los dedos. Todo lo que se imaginen de locura, era yo y él haciéndolo”, confesó Carolina en uno de los audios.

La agresora contó que, mientras la joven buscaba el anillo por la casa, la obligaron a arrodillarse, la tiraron del pelo y hasta le metieron el arma en la boca.

Incluso después de encontrar la joya en un canasto de ropa sucia, las agresiones continuaron.

“Le di tantas cachetadas que mi mano quedó hinchada. Hasta hoy mi dedo está morado”, afirmó sin remordimiento.

Al día siguiente, la víctima realizó la denuncia y se sometió a un examen médico legal, que confirmó las lesiones. Las fotos muestran hematomas en todo el cuerpo y una herida en la frente, producto de un golpe con la culata del arma.

Sospechas de encubrimiento y antecedentes de violencia

Tras la denuncia, la policía acudió al domicilio de la sospechosa. Según Carolina, el agente que atendió el caso era amigo suyo y no la llevó detenida, a pesar de las evidencias.

“Paró una patrulla en la calle, vinieron a la mañana. Pero vino un policía que me conocía. Suerte la mía, ¿no? Y suerte la de ella también. Le expliqué lo que pasó y me dijo: ‘Carol, si no fuera yo, tendría que llevarte a la comisaría porque está llena de hematomas’. Y yo le dije: ‘era para que tuviera más, no debería estar viva’”, se escucha en otro de los audios.

La versión que Carolina dio en la comisaría fue distinta: allí aseguró que encontró las joyas en la bolsa de la empleada y que la joven huyó del lugar antes de que llegara la policía.

El caso está siendo investigado por la 21ª Delegación de Policía Civil de Araçagy. Hasta el momento, Carolina Sthela no fue detenida ni imputada formalmente.

La empleada doméstica afirmó que intentó proteger a su bebé durante los ataques

Embarazada de cinco meses, la joven afirmó que, durante los ataques, intentó proteger su vientre. “Empezó con tirones de pelo. Me tiraron al suelo y pasé allí gran parte del tiempo. Hubo bofetadas, puñetazos y golpes… fue sin parar. No les importó”, declaró la joven a medios locales.

“Gracias a Dios, no me dieron ninguna patada porque estuve protegiendo mi estómago todo el tiempo, pero el resto de mi cuerpo quedó lleno de moretones”, relató.

Un historial de denuncias y condenas previas

La policía confirmó que Carolina Sthela Ferreira dos Anjos tiene más de diez procesos judiciales en su contra. En 2024, fue condenada por calumniar a una exniñera, a quien acusó falsamente de robar una pulsera de oro. La sentencia, dictada en el Juzgado Civil y Criminal de Santa Inês, le impuso seis meses de prisión en régimen abierto, reemplazados por trabajo comunitario, y el pago de 4 mil reales por daños morales.

Sandila Souza, la exniñera, contó que comenzó a trabajar en la casa de Carolina a los 17 años y que el pago siempre se realizaba a través de terceros. Aseguró que no le pagó la indemnización por daños morales.

La defensa de la acusada

Consultada por la prensa, Carolina Sthela negó los hechos y calificó las acusaciones como “una distorsión de lo que realmente ocurrió”. Aseguró que ya tomó todas las medidas legales para aclarar la situación.

El marido de la acusada también negó la existencia de los audios y sostuvo que las grabaciones son “mentiras”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reportó que más de 200 menores víctimas de delitos sexuales fueron localizados y más de 350 presuntos abusadores detenidos durante una operación federal desarrollada en abril de 2026. Las acciones, coordinadas bajo el nombre de “Operation Iron Pursuit” (Operación Persecución de Hierro), involucraron a todas las oficinas de campo del FBI y a fiscalías federales en los 50 estados, según documentos oficiales. Esta intervención forma parte de una política institucional enfocada en la identificación de víctimas, la detención de responsables y la protección de los derechos de los menores, en el marco del Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil declarado por la Administración para Niños y Familias.

De acuerdo con los comunicados emitidos por el Departamento de Justicia, la operación se desarrolló entre el 1 y el 30 de abril con la participación conjunta de la Oficina de Asuntos Públicos, la División de Servicios a Víctimas del FBI y la Administración para Niños y Familias. Las autoridades federales resaltaron la coordinación nacional como un factor decisivo en la localización de víctimas y la ejecución de detenciones en casos de explotación sexual infantil, trata de personas y delitos relacionados con la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

El operativo se suma a una serie de intervenciones federales iniciadas en 2025, entre las que se incluyen Operation Relentless Justice, Enduring Justice y Restore Justice. Estas acciones han permitido el rescate y la asistencia de más de 450 menores en menos de dos años y la detención de casi 750 sospechosos en todo el país, según registros institucionales. La política de protección infantil del gobierno federal se basa en la cooperación entre agencias, la aplicación de la ley y la provisión de servicios especializados a víctimas y familias.

El operativo constituye una intervención federal de un mes de duración, enfocada en la identificación de víctimas menores de edad y la detención de responsables de explotación sexual infantil en Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Justicia, la iniciativa se implementó mediante acciones coordinadas por las 56 oficinas de campo del FBI, en conjunto con las fiscalías federales y el apoyo de la División de Servicios a Víctimas.

Las autoridades informaron que la operación se desarrolló en abril de 2026, coincidiendo con el Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil, promovido por la Administración para Niños y Familias. El objetivo central fue identificar, ubicar y asistir a víctimas, así como ejecutar órdenes de detención contra personas presuntamente implicadas en delitos de explotación, trata, secuestro y producción de material de abuso sexual infantil.

Durante la intervención, se realizaron acciones coordinadas en múltiples estados, con la participación de fiscales, agentes del FBI y equipos de apoyo a víctimas. Según el reporte oficial, la coordinación nacional permitió optimizar recursos y compartir información relevante entre jurisdicciones.

El Departamento de Justicia informó que más de 350 individuos fueron arrestados por presuntos delitos de explotación sexual infantil y delitos conexos. Más de 200 menores fueron localizados y asistidos por las autoridades. Entre los delitos imputados se encuentran la explotación sexual, la trata de menores, el secuestro, el abuso sexual y la producción, distribución o posesión de material de abuso infantil.

La División de Servicios a Víctimas del FBI (VSD) brindó asistencia directa a los afectados, proporcionando entrevistas forenses, derivaciones médicas, recursos de salud mental y acompañamiento durante el proceso judicial. El Departamento de Justicia destacó que la misión de la VSD es “informar, apoyar y asistir a las víctimas en el proceso judicial con dignidad y resiliencia”.

Entre los casos reportados, se encuentra el rescate de una niña de 10 años en Utah, quien fue repatriada desde Cuba junto a su madre biológica. Según la información institucional, la menor debía participar en un viaje de campamento bajo la custodia de un progenitor transgénero, pero fue trasladada junto con otros adultos y un menor adicional desde Canadá a México y posteriormente a Cuba. El FBI intervino tras recibir información sobre supuestas intenciones de realizar un procedimiento de reasignación de género, logrando la recuperación de la menor y la asistencia a los involucrados.

Los detenidos enfrentan cargos por explotación sexual de menores, trata de personas, secuestro, abuso, así como por la posesión, distribución y producción de material de abuso sexual infantil, según el Departamento de Justicia. El informe detalla algunos de los perfiles y cargos presentados:

• Un residente de Columbus, Ohio, se declaró culpable de crear material obsceno generado mediante inteligencia artificial, tanto de adultos como de menores, y de acosar a exparejas por medios digitales.
• Un hombre del Distrito de Columbia fue acusado de producir pornografía infantil.
• Un ciudadano de Nueva York fue imputado por explotación sexual de un menor.
• Un exconvicto de Pensilvania enfrentó cargos por explotación sexual infantil y tenencia ilegal de un arma de fuego.

El Departamento de Justicia precisó en sus comunicados que todas las personas arrestadas mantienen la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal. Las investigaciones involucraron tanto conductas individuales como actividades de redes organizadas dedicadas a la explotación de menores.

La “Operation Iron Pursuit” se integra en una serie de iniciativas federales destinadas a combatir la explotación infantil y proteger a los menores en Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales, en diciembre de 2025 la Operation Relentless Justice concluyó con el rescate de 205 menores y la detención de 293 sospechosos. En agosto del mismo año, la Operation Enduring Justice resultó en la localización de 133 menores y 234 detenciones, mientras que en mayo de 2025 la Operation Restore Justice permitió el rescate de 115 menores y la detención de 205 individuos.

El FBI reportó que, en el año anterior, en coordinación con agencias asociadas, se logró identificar y rescatar a más de 6.300 menores desaparecidos en Estados Unidos. Estos datos, publicados por el Departamento de Justicia, ilustran la magnitud de los esfuerzos institucionales en la protección de la infancia.

Las víctimas localizadas y sus familias reciben atención y apoyo a través de la División de Servicios a Víctimas del FBI, que ofrece entrevistas forenses, acceso a servicios médicos y psicológicos y acompañamiento durante el proceso judicial. El Departamento de Justicia mantiene alianzas con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que opera una línea directa 24/7 para la recepción de reportes y alertas sobre casos de explotación o desaparición infantil.

La VSD enfatiza la importancia de la atención integral, la coordinación interinstitucional y el acceso a recursos especializados para la protección de los menores. El Departamento de Justicia supervisa y financia las subvenciones dirigidas al NCMEC, que recibe alertas y reportes mediante la línea 1-800-THE-LOST y el sitio web missingkids.org.

El Departamento de Justicia y el FBI exhortan a la población a reportar cualquier sospecha de explotación infantil a través de la línea nacional del FBI (1-800-CALL-FBI), el portal tips.fbi.gov o la oficina local más cercana. Según los comunicados oficiales, la colaboración ciudadana resulta fundamental para la identificación de víctimas y la persecución de los responsables.

Las autoridades indicaron que los procedimientos judiciales seguirán su curso para quienes han sido detenidos, reiterando la importancia de la vigilancia y la cooperación entre instituciones y sociedad para prevenir y sancionar los delitos contra menores. El compromiso institucional se mantiene en la continuidad de los operativos y en la mejora de los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes en todo el país.