INTERNACIONAL
Una empresaria confesó en un audio haber torturado a una empleada doméstica embarazada: “No debería estar viva”
Una joven empleada doméstica embarazada denunció haber sido brutalmente agredida por su empleadora en la ciudad de São Luís, en Brasil, y se viralizaron audios en los que la mujer detalló cómo la golpeó y torturó durante casi una hora tras acusarla de haberle robado un anillo.
Las grabaciones, que la propia agresora, la empresaria Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, envió a un grupo de mensajes, fueron difundidas por el canal TV Mirante y ya forman parte de la investigación policial.
En los audios, la empleadora no solo describió con crudeza las agresiones, sino que llegó a afirmar: “No debería haber salido con vida”.
La víctima, identificada como Samara, contó que aceptó el trabajo como empleada doméstica para poder comprar el ajuar de su bebé, bajo un contrato de apenas un mes.
El relato de la violencia: golpes, amenazas y humillaciones
Según los mensajes de voz, Ferreira llamó a un hombre armado para intimidar a la joven tras no encontrar un anillo. El 17 de abril, este hombre llegó a la casa “con una pistola enorme, que prácticamente brillaba” y, junto a la empleadora, sometieron a Samara a golpes, amenazas y humillaciones.
En su relato, la sospechosa describió el momento en que llamó a la empleada doméstica para hablar con ella después de que llegara el hombre. “Entonces le dije: ‘Samara, por favor, vení. Ayer desapareció mi anillo, ¿sabes? No entró nadie más a casa, solo nosotras; la única extraña sos vos. Y mi anillo no tiene piernas ni alas para volar. Así que quiero que vayas a buscarlo a donde lo pusiste para que no tengamos problemas’“, relató la mujer.
Y luego descrbibió las agresiones. “Durante casi una hora castigamos a esa chica: cachetadas, piñas, le pisábamos los dedos. Todo lo que se imaginen de locura, era yo y él haciéndolo”, confesó Carolina en uno de los audios. Samara denunció haber sido agredida por la empresaria Carolina Sthela Ferreira dos Anjos. (Foto: gentileza g1/TV Mirante).
La agresora contó que, mientras la joven buscaba el anillo por la casa, la obligaron a arrodillarse, la tiraron del pelo y hasta le metieron el arma en la boca.
Incluso después de encontrar la joya en un canasto de ropa sucia, las agresiones continuaron.
“Le di tantas cachetadas que mi mano quedó hinchada. Hasta hoy mi dedo está morado”, afirmó sin remordimiento.
Al día siguiente, la víctima realizó la denuncia y se sometió a un examen médico legal, que confirmó las lesiones. Las fotos muestran hematomas en todo el cuerpo y una herida en la frente, producto de un golpe con la culata del arma.
Sospechas de encubrimiento y antecedentes de violencia
Tras la denuncia, la policía acudió al domicilio de la sospechosa. Según Carolina, el agente que atendió el caso era amigo suyo y no la llevó detenida, a pesar de las evidencias.
“Paró una patrulla en la calle, vinieron a la mañana. Pero vino un policía que me conocía. Suerte la mía, ¿no? Y suerte la de ella también. Le expliqué lo que pasó y me dijo: ‘Carol, si no fuera yo, tendría que llevarte a la comisaría porque está llena de hematomas’. Y yo le dije: ‘era para que tuviera más, no debería estar viva’”, se escucha en otro de los audios.
La versión que Carolina dio en la comisaría fue distinta: allí aseguró que encontró las joyas en la bolsa de la empleada y que la joven huyó del lugar antes de que llegara la policía.
El caso está siendo investigado por la 21ª Delegación de Policía Civil de Araçagy. Hasta el momento, Carolina Sthela no fue detenida ni imputada formalmente.
La empleada doméstica afirmó que intentó proteger a su bebé durante los ataques
Embarazada de cinco meses, la joven afirmó que, durante los ataques, intentó proteger su vientre. “Empezó con tirones de pelo. Me tiraron al suelo y pasé allí gran parte del tiempo. Hubo bofetadas, puñetazos y golpes… fue sin parar. No les importó”, declaró la joven a medios locales.
“Gracias a Dios, no me dieron ninguna patada porque estuve protegiendo mi estómago todo el tiempo, pero el resto de mi cuerpo quedó lleno de moretones”, relató.
Un historial de denuncias y condenas previas
La policía confirmó que Carolina Sthela Ferreira dos Anjos tiene más de diez procesos judiciales en su contra. En 2024, fue condenada por calumniar a una exniñera, a quien acusó falsamente de robar una pulsera de oro. La sentencia, dictada en el Juzgado Civil y Criminal de Santa Inês, le impuso seis meses de prisión en régimen abierto, reemplazados por trabajo comunitario, y el pago de 4 mil reales por daños morales.
Sandila Souza, la exniñera, contó que comenzó a trabajar en la casa de Carolina a los 17 años y que el pago siempre se realizaba a través de terceros. Aseguró que no le pagó la indemnización por daños morales.
La defensa de la acusada
Consultada por la prensa, Carolina Sthela negó los hechos y calificó las acusaciones como “una distorsión de lo que realmente ocurrió”. Aseguró que ya tomó todas las medidas legales para aclarar la situación.
El marido de la acusada también negó la existencia de los audios y sostuvo que las grabaciones son “mentiras”.
Brasil
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Sen. Jim Banks, R-Ind., took to the Senate floor Wednesday to call out Neville Roy Singham, saying the communist tech tycoon’s vast nonprofit network is helping China wage «political warfare» against the U.S.
Singham, a 72-year-old American who sold his tech company for $785 million in 2017 and now lives in Shanghai, has funneled $278 million into the broad network of nonprofits since 2017, according to a Fox News Digital investigation. These groups regularly organize and participate in anti-ICE, anti-Israel and pro-Iran demonstrations.
«From his Shanghai office, which he shares with a CCP propaganda outlet whose avowed mission is to ‘tell China’s story well,’ Singham began funding a complex network of left-wing NGOs and nonprofits that advance the interests of the Chinese Communist Party,» Banks said.
SEE IT: GOP SENATOR FLIPS SCRIPT ON AGITATORS TIED TO PRO-CCP, SINGHAM NETWORK
Jodie Evans and Neville Roy Singham are pictured together. (Getty Images)
«Code Pink, that radical organization that chases me and other senators throughout the halls of Congress, used to, on occasion, condemn CCP human rights abuses,» he added. «After Singham started lavishly funding the group—and married its co-founder—Code Pink stopped criticizing the Chinese government and started defending it.»
Code Pink, which was co-founded by Singham’s wife, Jodie Evans, regularly confronts lawmakers on Capitol Hill, and publicly states that «China is Not Our Enemy.» Evans and Singham have not responded to Fox News Digital’s repeated requests for comment.
Fox News Digital obtained footage of Sen. Rick Scott, R-Fla., being targeted by Code Pink on Wednesday over the conflict in Iran. Scott pushed back, questioning whether the group was bothered by the Oct. 7, 2023, Hamas attack on Israel.
TRUMP WELCOMES NETANYAHU TO WHITE HOUSE AS RAGING IRAN WAR THREATENS TO SOUR US-ISRAEL RELATIONSHIP
The Code Pink agitators did not respond to Scott’s question.
Banks’ floor speech also addressed Secretary of State Marco Rubio’s call to combat the far-left political terrorism that has taken root across the globe and in the U.S.
Rubio spoke to more than 60 countries at a summit in Washington, D.C., earlier this month, saying that networks are coordinating across multiple countries, providing training instructions and using encrypted communication to foment unrest. He said that international cooperation is critical to disrupting the financing of dangerous organizations, and that some are working with hostile foreign states.
JIM BANKS, GOP LAWMAKERS RALLY BEHIND DOJ PROBE INTO ALLEGED CCP-LINKED FUNDING NETWORK
«For far too long, however, our counterterrorism doctrine has had a blind spot – a blind spot when it comes to extremist violence from the political left,» Rubio said. «Even today, the very idea that far-left terrorism could be a serious threat is treated as a right-wing fever dream, or worse, as a dangerous fascist conspiracy.»
Singham currently faces a grand jury investigation in the Southern District of New York, a probe which was authorized by acting Attorney General Todd Blanche. The grand jury investigation focuses on Singham’s finances, and seeks to uncover any financial crimes that have taken place as he funds his pro-CCP network of nonprofits. Singham has not been charged to date.
Earlier this year, Treasury Secretary Scott Bessent held a meeting in New York with Goldman Sachs Chairman and CEO David Solomon, where he urged the firm to cooperate with the Justice Department’s investigation into Singham’s financial network, according to sources familiar with the discussion.
Treasury Secretary Scott Bessent. (Mark Schiefelbein/AP)
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One source familiar with the meeting told Fox News Digital the exchange was amicable rather than adversarial, adding that Solomon signaled Goldman Sachs was prepared to cooperate with the Justice Department’s probe.
«All distributions from Mr. Singham’s donor-advised fund were made to legally recognized nonprofit organizations, as determined by the IRS,» a Goldman Sachs spokesperson told Fox News Digital. «No distributions have been made from the account since August 2023, and it was closed in early 2024.»
scott bessent, politics, fbi, senate, china, capitol protests
INTERNACIONAL
Ecuador: Fiscalía investiga si tres jueces recibieron dinero de una empresa china a cambio de un fallo favorable
Una de las condenas económicas más elevadas impuestas al Estado ecuatoriano por un litigio contractual pasó de los tribunales a una investigación penal. La Fiscalía General del Estado indaga si la sentencia que obligó al país a pagar USD 59,3 millones a la empresa china China Railway No. 9 Engineering Group fue el resultado de un esquema de corrupción que habría alcanzado a tres jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes ahora son investigados por el presunto delito de cohecho.
La pesquisa se hizo pública el 30 de julio, cuando fiscales y agentes de la Policía Nacional allanaron inmuebles vinculados con los magistrados Milton V., Patricio S. e Iván L., integrantes del tribunal de casación que emitió el fallo cuestionado. Durante las diligencias fueron incautados teléfonos celulares, computadoras y documentos que serán sometidos a pericias para determinar si existieron pagos indebidos relacionados con la decisión judicial.
El origen del conflicto se remonta a 2015, cuando el Ministerio de Educación adjudicó a China Railway No. 9 Engineering Group un contrato cercano a los USD 196 millones para levantar 200 unidades educativas prefabricadas en distintas provincias del país. El proyecto formaba parte del plan de modernización de la infraestructura escolar impulsado por el gobierno de Rafael Correa y buscaba reemplazar establecimientos considerados obsoletos mediante un sistema de construcción industrializada.
Sin embargo, la ejecución del contrato comenzó a acumular retrasos, observaciones técnicas y controversias sobre el cumplimiento de los plazos. En 2018, el Ministerio de Educación resolvió terminar unilateralmente el contrato al concluir que la empresa había incumplido sus obligaciones. La decisión abrió un prolongado litigio en el que la constructora reclamó una indemnización por los perjuicios que, según sostuvo, le ocasionó la terminación anticipada del convenio.
El proceso atravesó distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Nacional de Justicia mediante un recurso de casación. Allí, el tribunal integrado por los tres jueces ahora investigados dejó en firme una sentencia que condenó al Estado ecuatoriano a pagar USD 59.334.103,17 a favor de la compañía china. Ese fallo se convirtió en uno de los más costosos para las finanzas públicas derivados de una controversia contractual.
La decisión judicial permaneció firme hasta que una investigación completamente distinta abrió una nueva línea de sospechas. La Fiscalía informó que la causa por presunto cohecho nació a partir del testimonio anticipado rendido por Michael Ismael H., uno de los sentenciados dentro del caso Plaga, la investigación que desarticuló una presunta red de corrupción integrada por jueces, abogados, funcionarios judiciales, policías y otros operadores que, según el Ministerio Público, obtenían resoluciones favorables mediante pagos ilícitos.
De acuerdo con la versión entregada por ese colaborador, durante un encuentro realizado en Guayaquil conoció información según la cual los tres magistrados habrían gestionado la emisión de la sentencia favorable a China Railway a cambio de dinero. Algunas publicaciones periodísticas señalan que el testimonio menciona un supuesto pago de USD 30.000, aunque ese dato forma parte de la declaración del colaborador y constituye una hipótesis investigativa que aún no ha sido probada en un proceso judicial.
Con base en esos antecedentes, la Fiscalía abrió una investigación previa por cohecho para establecer si la resolución de casación estuvo influenciada por beneficios económicos indebidos. Por ahora no existen personas procesadas ni se han formulado cargos. Las autoridades buscan determinar si los elementos incautados durante los allanamientos permiten corroborar o descartar la versión que dio origen a la investigación.
Hasta el momento, la Fiscalía tampoco ha informado si representantes de China Railway o terceros relacionados con la empresa forman parte de la indagación. La investigación se concentra, por ahora, en establecer si existió una contraprestación económica destinada a influir en la actuación de los magistrados que conocieron el recurso de casación.
El caso amplía el alcance de las investigaciones derivadas del expediente Plaga, que inicialmente se centró en decisiones judiciales vinculadas con personas privadas de libertad y presuntas organizaciones criminales. Ahora, las pesquisas alcanzan una sentencia con importantes consecuencias económicas para el Estado y sitúan bajo escrutinio a magistrados de la máxima instancia de la justicia ordinaria ecuatoriana.
corresponsal:Desde Quito
INTERNACIONAL
Can Fauci hide behind the Fifth? Game-changing Biden pardon may not provide complete cover, experts say
Fauci invokes Fifth Amendment 111 times
Chief congressional correspondent Chad Pergram has the latest on Dr. Anthony Fauci invoking the Fifth Amendment 111 times during his Senate testimony, breaking down key moments from the contentious hearing and lawmakers’ reactions on ‘America Reports.’
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Dr. Anthony Fauci’s refusal to answer more than 100 questions during Wednesday’s fiery Senate hearing has sparked a legal showdown over whether a witness granted a sweeping presidential pardon can still invoke the Fifth Amendment.
Sen. Rand Paul, R-Ky., who chairs the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee, announced after the hearing that he plans to pursue contempt proceedings against Fauci following the repeated invocations of the Fof whetherth Amendment and his refusal to answer lawmakers’ questions.
«We’re going to have a vote next week on contempt,» Paul said. «I think there’s another legal question that the courts may have to decide upon, and that is whether or not a presidential pardon offers you complete immunity.»
RAND PAUL SEEKS CONTEMPT CHARGES AFTER FAUCI INVOKES FIFTH AMENDMENT MORE THAN 100 TIMES
Anthony Fauci declined to testify in a Senate committee hearing on his role in the US response to Covid-19, invoking his 5th Amendment rights. (Left (Alex WROBLEWSKI / AFP via Getty Images), Right (Al Drago/Bloomberg via Getty Images))
Former President Joe Biden issued Fauci, who served as the chief architect for the government’s COVID-19 guidelines, a full and unconditional pardon for all actions taken between Jan. 1, 2014, and Jan. 19, 2025. Biden’s broad pardon protected Fauci from prosecution for the actions being investigated by the committee, leaving only the possibility of charges if he lied under oath.
Abhishek Kambli, a former Justice Department official who now represents former Trump advisor Peter Navarro in his contempt of Congress case, told Fox News Digital that the issue presents a novel legal question about whether Fauci can invoke the Fifth Amendment at all.
«Obviously, if he tells the truth, then he would be protected by that blanket pardon, since the past conduct that he reveals he’s fully immunized from,» Kambli told Fox News Digital.
Kambli questioned whether the Fifth Amendment privilege properly applies if truthful testimony could no longer expose Fauci to prosecution for the underlying conduct.
«His theory is that it’s a witch hunt and that they’re looking for perjury traps to charge him with, so that’s why he needs to invoke the Fifth Amendment,» Kambli said.
But Kambli said the argument becomes more difficult to sustain if lawmakers are asking straightforward factual questions.
«I think it gets a little problematic,» Kambli said of Fauci invoking the Fifth Amendment for common knowledge questions like what day of the week it is.
FAUCI PLEADS FIFTH WITH ‘ZERO LEGAL JUSTIFICATION’ AS CRITICS ERUPT AND DEMAND CONTEMPT CHARGES
The attorney for former NIH Director Anthony Fauci (R), David Schertler (L), is removed from the hearing room at the direction of committee chairman Sen. Rand Paul (R-KY) during a hearing before the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee July 29, 2026 in Washington, DC. Fauci declined to answer questions from the oommittee asserting his fifth amendment right during the hearing. (Kevin Dietsch/Getty Images)
«If it’s just factual questions that he should know the answer on, it’s hard to see how he would walk into a perjury trap if he’s just telling the truth, because perjury also requires that you knowingly made a false statement,» Kambli said. «If he had an incorrect recollection, that was an innocent mistake that typically wouldn’t lead to a perjury charge.»
Kambli said federal law distinguishes between witnesses who ignore a congressional subpoena and those who appear before Congress but refuse to answer questions. In the latter case, he said, prosecutors generally do not have to prove the witness intentionally violated the law. Instead, the central question is whether the witness had a valid legal basis for refusing to answer, such as a legitimate claim under the Fifth Amendment.
«The issue is [the witness] is already protected if he tells the truth, and it’s only if he knowingly lies about something material that he can be charged,» Kambli said. «So the issue becomes whether the Senate can make a referral to DOJ based on that.»
George Washington University law professor Jonathan Turley said the legal issues surrounding Fauci’s testimony are more complicated than either side suggests.
«The only risk that he faced would come from any false statements that he made in the hearing in dealing with these questions,» Turley told Fox News Digital. «That would likely be viewed as sufficient, particularly since some questions could extend to statements and conduct from after the pardon grant.»
Turley also pointed to Fauci’s decision to deliver an opening statement before invoking the Fifth Amendment, suggesting it could raise additional legal questions.
«There are also questions about the questions limited to the period of his pardon as well as his decision to give an opening statement before invocation. Those are possible grounds for contempt. It would raise novel issues, though there is precedent from the Lois Lerner matter,» Turley said.
TOP 5 MOMENTS FROM FAUCI’S HEARING: PAUL BOOTS LAWYER, MORENO ERUPTS AS CONTEMPT VOTE LOOMS
Former NIH Director Anthony Fauci testifies before the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee in Washington, D.C., on July 29, 2026. Fauci was expected to be questioned about his diary entries during his handling of the COVID-19 pandemic. (Getty Images)
Turley was referring to former IRS official Lois Lerner, who declared her innocence in a voluntary opening statement before invoking the Fifth Amendment during a 2013 congressional hearing. House Republicans argued Lerner waived her right to invoke the Fifth Amendment when she made statements about the very subject under investigation. Although the House held Lerner in contempt, the Justice Department later declined to pursue criminal contempt charges.
But Hans von Spakovsky, a senior legal fellow at Advancing American Freedom, argued Paul’s position is stronger than Fauci’s.
«He can’t be prosecuted by the federal government for any actions he took during the period the pardon covers,» von Spakovsky said. «However, if he lies while under oath at his hearing today about any of those prior actions, he could be prosecuted for perjury.»
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While von Spakovsky acknowledged that Biden’s pardon of Fauci covers only federal charges, it does not shield Fauci from facing state charges. But he noted no state has accused Fauci of violating state law, at least not yet. Florida Attorney General James Uthmeier on Wednesday announced a state investigation into Fauci, following his testimony on Capitol Hill.
«The possibility of a state prosecution is almost nonexistent because states generally cannot prosecute federal officials acting within the scope of their duties and Fauci would argue that everything he did over COVID was carried out in his official slot as head of NIAID,» von Spakovsky told Fox News Digital.
«The only reason for him to take the Fifth is because he doesn’t want to admit, based on his personal diaries, that he lied repeatedly to the public and Congress when he was head of the NIAID,» von Spakovsky said.
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If Paul’s contempt resolution clears the committee, it would move to the full Senate, but it will need to beat the 60-vote filibuster in order to pass.
Fox News Digital reached out to Fauci’s attorney, David Schertler, for comment.
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