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Chiqui Tapia se resiste a mostrar la caja: comenzó la veeduría, pero la AFA apeló

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Después de casi dos meses y pese a la resistencia de Claudio “Chiqui” Tapia, comenzó la veeduría en la AFA. Según pudo saber TN de fuentes oficiales, “ya hay un plan de trabajo, se seleccionó la información que se va a recopilar y aunque la AFA haya apelado la veeduría, se sigue adelante hasta que un juez diga lo contrario”.

La veeduría empezó con demora por el cambio de manos del Ministerio de Justicia. Hasta mediados de marzo mandaba Santiago Caputo con Segastián Amerio y desde entonces Karina Milei, con Juan Bautista Mahiques, el ministro que reemplazó a Mariano Cúneo Libarona, y que tiene nexos con el mundo AFA.

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El anterior Inspector General de Justicia Daniel Vítolo había deslizado que con la nueva gestión iba a caerse una investigación seria sobre la Asociación del Fútbol Argentino. El actual titular de la IGJ es Alejandro Ramírez.

En el medio, renunció uno de los veedores, Agustín Ortíz de Marco. El 24 de abril, el reemplazante, el abogado Diego Coste, formalizó la aceptación del cargo de interventor veedor de la AFA y de la Superliga profesional. Era el paso necesario para iniciar la veeduría. El otro veedor es el contador Rubén Miguel Pappacena.

Como respuesta la AFA apeló ante la Cámara Civil. Chiqui Tapia y el tesorero Pablo Toviggino rechazan mostrar las cuentas al Gobierno.

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En marzo Mahiques había dispuesto una “intervención en grado de veeduría” por 180 días.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saluda a Juan Bautista Mahiques, luego de su jura como ministro de Justicia, en un acto en Casa Rosada. (Foto: NA – Juan Foglia)

La tarea de los veedores, según la resolución 128 de 2026, es “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada por la AFA a la Inspección General de Justicia”. También “verificar la existencia de otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos de la entidad”.

Los veedores “contarán con amplias facultades para el examen de libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con la misión encomendada”.

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También pondrán la lupa en “operaciones patrimoniales y financieras, adquisiciones de inmuebles, bienes muebles, derechos y contrataciones de personal, directivos y autoridades” y en “auditar e informar respecto de toda la relación comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza y de las operaciones existentes, concertadas y ejecutadas entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC y/o Javier Faroni y/o Erica Gillette, su mujer y titular de la firma”.

Faroni es el intermediario que la AFA designó para los contratos en el exterior y que cobra el 30% de comisión. La Justicia investiga es desvío de 400 millones de dólares a sociedades fantasma en los Estados Unidos.

Los veedores también analizarán el vínculo entre la AFA y la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, cercano a Claudio Chiqui Tapia e investigado por lavado de dinero.

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, junto al financista Ariel Vallejo. (Foto: Instagram/Ariel Vallejo).

La apelación de la AFA

La AFA resiste el control de los millones que entran y salen de la entidad. Para intentar ese cometido, mudó la histórica sede de la calle Viamonte, a Pilar, donde cuenta con protección política y judicial. De hecho, pretende que todas las causas del AFA-gate recaigan en el juzgado de Campana, de Adrián González Charvay.

A mediados de abril, Tapia apeló el rechazo de la Inspección General de Justicia a la relocalización de la sede de la AFA en Pilar.

La mansión de Pilar con helipuerto atribuida a la AFA. (Foto: Telenoche).
La mansión de Pilar con helipuerto atribuida a la AFA. (Foto: Telenoche).

El Ministerio de Justicia elevó la documentación a la Cámara Civil. “Sobre la relocalización en Pilar decide la Cámara Civil. Ahora esa Cámara está resolviendo a través del Tribunal de Superintendencia qué Sala es competente para resolver. La AFA quiere la Sala D que ya le resolvió a favor la reelección de Tapia, pero la Sala D dice que no es competente porque no hay relación entre los dos casos. Una vez que se decida la Sala, la que intervenga dará traslado del recurso a IGJ que deberá responderlo, y luego se dicta sentencia”, confió a TN un abogado cercano al expediente.

El apuro por inaugurar la sede de Pilar —levantaron una casona en menos de dos meses— no es solo institucional; buscan que todas las causas salgan de la Capital Federal, donde la Inspección General de Justicia tiene facultad para revisar los balances de la AFA, y caigan en el juzgado federal de Zárate-Campana. La única causa que no puede ir a ese fuero es la impulsada por ARCA porque tramita en el penal económico.

La Cámara Federal de Casación Penal fijó fecha para el 11 de mayo para decidir si González Charvay retiene la causa de la mansión de Pilar o vuelve a Daniel Rafecas o Marcelo Aguinsky. González Charvay intervino en el expediente porque uno de los dueños en los papeles, Luciano Pantano, le había mandado un mail pidiendo que sea el juez que lo investigue.

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El juicio por los gasoductos adjudicados a Odebrecht quedó a un paso del veredicto

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El Tribunal Oral Federal N° 2 fijó el martes 23 de junio la audiencia de últimas palabras de los imputados en el juicio por presuntas irregularidades en la licitación de las obras de segunda ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), adjudicadas a la constructora brasileña Odebrecht entre 2006 y 2008.

Una vez finalizada esa instancia, el tribunal anunciará durante la misma jornada el horario en que dará a conocer el veredicto.

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El proceso tiene su origen en investigaciones iniciadas hace casi dos décadas a partir de la causa por sobornos de la empresa sueca Skanska.

La causa investiga el presunto direccionamiento en la contratación de las obras. Según la acusación fiscal, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, habría creado el marco normativo necesario y delegado facultades en funcionarios del área de Energía para confeccionar un procedimiento “a medida” de Odebrecht.

Entre las medidas adoptadas se incluyó la creación de fondos fiduciarios para financiar las ampliaciones, con aportes obligatorios de los grandes usuarios de gas, y una reglamentación que permitía al adjudicatario seleccionar proveedores de bienes y servicios según su propio criterio.

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El fiscal federal Diego Luciani sostuvo que todo el proceso se enmarcó en la declaración de emergencia económica y energética vigente en ese período.

Luciani aseguró que hubo un “un claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht, en una contratación pública de enorme envergadura. Estamos hablando de la ampliación de capacidad de transporte de gas de la República Argentina entre los años 2006 y 2008; estamos hablando de una inversión del Estado argentino que supera los 2.300 millones de dólares”.

“Se organizó este desvío negocial al amparo de una compleja ingeniería burocrática. Esto, en definitiva, permitió a los acusados sortear controles ineludibles e indispensables para una obra pública de la magnitud de lo que implica obviamente la ampliación de la red troncal de gasoductos de un país”, aseguró el fiscal.

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Los imputados son Julio De Vido, el exsecretario de Energía, Daniel Cameron, el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret y el exsubgerente de esa compañía, Julio Armando Bragulat.

La fiscalía solicitó cuatro años de prisión para De Vido y Cameron, tres años y seis meses para Folgar y Beuret, y la absolución de Bragulat por considerar que no se acreditó su participación en los hechos.

Durante los alegatos, las defensas reclamaron la absolución de todos los acusados. La defensa de De Vido cuestionó lo que calificaron como “retórica fiscal estigmatizante” y afirmaron que las decisiones se adoptaron dentro del marco normativo vigente en un contexto de emergencia energética.

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Los representantes de Cameron y Folgar sostuvieron que no se probaron sobreprecios, sobornos ni un direccionamiento efectivo de las contrataciones. La defensa de Beuret argumentó que su asistido se limitó a cumplir instrucciones de la Secretaría de Energía para garantizar el abastecimiento de gas destinado a la generación eléctrica, mientras que la de Bragulat planteó la falta de elementos que justifiquen su inclusión en la causa.

El juicio oral, que tramita ante el TOF 2, ingresa así en su etapa final. El tribunal deberá resolver si las conductas investigadas configuran el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública o si, como sostienen las defensas, se respetaron los procedimientos legales aplicables en un período de crisis energética declarado por el Estado.

Odebrecht, juicio, Justicia

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“Campaña permanente”: Bullrich profundiza su autonomía y expone la necesidad de los Milei por sostenerla

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“Con Patricia no alcanza, sin Patricia no se puede”, ilustró ayer, con cierto grado de humor por la alusión a Cristina Kirchner, un importante referente libertario. “Ni en pedo se va Patricia”, agregó, poco sutil, un alto funcionario de la Casa Rosada, dos horas después de que Patricia Bullrich volviera a desmarcarse de la bajada de línea de los Milei sobre Adorni

En la Casa Rosada ratifican a la ex PRO por pura necesidad de retener el voto huérfano amarillo que acaparó Milei, y en el entorno de la propia titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado la sienten intocable. Están convencidos no sólo de que no se va, sino que su figura es de alta importancia para el Gobierno, donde tiene una libertad de acción quizás inédita en el celoso y estricto reinado de Karina Milei.

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De hecho, aseguran con confianza, Bullrich mantendrá intacto su esquema de “campaña permanente”, con frecuentes mensajes, tuits y spots para sacar provecho de los momentos políticos -aunque compliquen al Gobierno, como en el caso de la respuesta a Adorni. También tiene previstos viajes al interior: uno de los próximos es a Santa Fe, viene de Mendoza y Chile, y planea una nueva actividad en CABA. Y, sobre todo, sin consultar sus pasos y planes a nadie que no integre el círculo bullrichista.

La mesa política celebrando el cumpleaños de la senadora

Bullrich participa de la mesa política del Gobierno como una más, por debajo del liderazgo de Karina Milei y del propio Adorni, al que fustiga por su causa por supuesto enriquecimiento ilícito cada vez que tiene oportunidad. De hecho, ayer estuvo en la más reciente edición de esa instancia de decisiones que comanda el jefe de Gabinete a pesar de que minutos antes había emitido declaraciones contra Adorni y su falta de “ética”. Pero en paralelo Bullrich mantiene vigente, semana a semana, su propia instancia de decisiones estratégicas.

La mesa política de Patricia Bullrich se reúne todas las semanas, sin falta, y actúa en modo de “campaña permanente”, tenga o no un rumbo claro hacia un cargo específico. Está integrada por su Director de Comunicaciones y vocero histórico, Carlos Cortés, el ex diputado nacional Gerardo Milman y actual Damián Arabia, y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, junto al asesor en estrategias digitales, funcionario en el Ministerio de Seguridad, Lucas Palatnik, entre otros.

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Esa mesa, por caso, diseñó el video con la canción “Se dice de mí” que difundió Bullrich en sus redes el lunes, y que cayó como un balde de agua fría en el karinismo, porque fue registrado como evidencia cabal de que Patricia coquetea con la posibilidad de presentarse como candidata a la Presidencia a pesar de que Milei ya manifestó sus intenciones de buscar la reelección y la quiere como jefa de Gobierno de la Ciudad. En el bullrichismo, en cambio, ven bien que la karinista Pilar Ramírez se quede con CABA. “Sería lo natural”, deslizan, mientras los libertarios niegan que esa sea una opción real.

Cuentan que fue “Gerry” Milman quien le susurró al oído y envalentonó a Bullrich con la posibilidad de apuntar nuevamente a la Presidencia, aunque en su entorno aseguran que no hay ninguna intención de su parte en ese sentido. Además, ella “no necesita que la convenzan de nada”, dicen.

Patricia Bullrich y Karina Milei, enemigas íntimas

Bullrich está en boga desde que se plantó con Adorni, se envalentonan en su círculo, donde la miden prácticamente todas las semanas. Subió en las encuestas, recibe más invitaciones a eventos, y el nivel de atención que recibe en los medios y las redes es exponencial. De todas formas, en un ejercicio de realismo, algunos de los que trabajan con ella desde hace décadas no se dejan endulzar. “Ella tiene picos, pero también bajones. Y en general está estable. Pero nunca se va a la B”, dijo un colaborador.

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El mencionado video con la versión de “La Joaqui” de la mítica canción de Tita Merello fue el segundo del año en tono de spot de campaña. En el verano, Patricia Bullrich había lanzado uno similar, con el tema Vogue, de Madonna, por la reforma laboral.

Ella y su equipo están abocados a la misión de que la tarea legislativa, que los políticos con ambiciones de liderazgo evitan, no apague a Bullrich. “En un lugar donde hay riesgo de transformarte en un dinosaurio hay que ser creativo”, deslizan. Pero se muestran confiados en su voluntad, férrea y diaria, de mantenerse en el centro de la escena, aunque le cueste ganar enemigos en el propio Gobierno. Por el momento, esos enconos internos en su contra están latentes, pero bien disimulados.

Sin ir más lejos, el Presidente le publicó ayer una dedicatoria por su cumpleaños número 70, a pesar de que todo el Gobierno daba por sentado que la senadora volvería a caerle a su protegido Adorni. Y una vez concretada la crítica de Bullrich, Karina Milei redobló las demostraciones de cariño, con una foto de Bullrich frente a una torta de cumpleaños en la mesa política. “Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia .¡FELIZ CUMPLE PATO!!“, escribió la secretaria general de la Presidencia.

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Los videos que contradicen la explicación de Adorni sobre sus inversiones en bitcoin generaron malestar y desconcierto en el Gobierno

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El Gobierno volvió a quedar atravesado por la situación patrimonial de Manuel Adorni después de la aparición de videos con declaraciones anteriores del jefe de Gabinete sobre bitcoin, que contradicen parte de la explicación que dio para justificar el origen de sus fondos. En el Ejecutivo reconocen malestar, desconocimiento y desconcierto por los registros que circularon en las últimas horas.

En la Casa Rosada admiten que no estaban al tanto de esos videos y que la mayoría del Gabinete tampoco conocía la explicación que iba a dar Adorni antes de presentar su declaración jurada. En el entorno del ministro coordinador sostienen que no habían visto los registros previos en los que hablaba sobre criptomonedas.

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El caso profundizó las dudas internas sobre la estrategia que eligió el jefe de Gabinete. En distintos sectores de Balcarce 50 reconocen que no hubo una planificación política integral y que el manejo de la crisis quedó concentrado en un grupo reducido. En Nación describen que la respuesta fue elaborada por pocas personas y que no hubo una coordinación amplia con el resto de los equipos del Gabinete.

Este aspecto también se dejó ver en el plano digital. En el oficialismo esperaban un respaldo fuerte de parte de funcionarios y legisladores después de la presentación de la declaración jurada, pero ese operativo no terminó de desplegarse. En sectores cercanos a Karina Milei reconocen que no hubo una articulación sólida entre los equipos de la Secretaría General de la Presidencia y los de Santiago Caputo.

En varios despachos oficiales coinciden en que el resultado de la entrevista fue negativo desde el punto de vista político y comunicacional. La explicación de Adorni no logró ordenar el debate interno y quedó rápidamente tensionada por la aparición de nuevos registros audiovisuales que contradicen la cronología que presentó sobre sus inversiones en bitcoin.

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El jefe de Gabinete sostuvo esta semana que empezó a incursionar en bitcoin en 2013 y que invirtió con fuerza desde 2014. Sin embargo, en un video de 2020 relató una experiencia diferente: dijo que conoció la criptomoneda a partir de una situación con alumnos y ubicó ese episodio en un momento posterior. En otro registro, de 2022, había mostrado desconfianza sobre bitcoin como inversión por su volatilidad.

Las contradicciones se suman a las que ya habían quedado expuestas con sus declaraciones anteriores sobre su patrimonio. En marzo, Adorni aseguró en Casa Rosada que todo lo que tenía que declarar estaba declarado. En abril, ante el Congreso, sostuvo que no había existido ocultación alguna. Esta semana admitió que tuvo ahorros no declarados, que hizo rectificaciones patrimoniales y que parte de su patrimonio provenía de operaciones con criptomonedas.

Leé también: Las dudas en el gabinete después de las explicaciones de Adorni y el plan de Milei para sostenerlo como vocero

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En Balcarce 50 sostienen, de todos modos, que la explicación inicial estuvo enfocada en una estrategia judicial personal. En el oficialismo señalan que los abogados del jefe de Gabinete quedaron conformes con la presentación y que la prioridad era ordenar la situación ante la Justicia, la Oficina Anticorrupción y los organismos de control. Bajo esa mirada, el plano político quedó relegado en los hechos.

Lo que repiten en el Gobierno es que la situación patrimonial de Adorni deberá resolverse en el expediente. En el oficialismo apuestan a una resolución judicial favorable y buscan separar la continuidad funcional del jefe de Gabinete de la investigación. La causa por presunto enriquecimiento ilícito está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, que ahora analizará el origen de los fondos que Adorni atribuyó a bitcoin.

Ese contexto coincide con el viaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a París junto a Lijo, que integra una comitiva argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. En el Ejecutivo remarcan que no hay relación operativa entre ese viaje y la causa, pero la coincidencia temporal aparece en medio del avance del expediente sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.

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La línea que bajan en el Gobierno es que la situación patrimonial de Adorni deberá resolverse en el expediente (Foto: REUTERS/ Tomas Cuesta).

La mesa política de este jueves funcionó como una señal de continuidad, aunque no alcanzó para despejar las tensiones. Adorni encabezó el encuentro con Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Diego Santilli, Patricia Bullrich e Ignacio Devitt. Luis Caputo no participó por un viaje por asuntos personales, según indicaron en su entorno.

El clima interno ya venía marcado por las declaraciones de Bullrich, que antes de ingresar a la reunión sostuvo que el caso de Adorni era “más que un error” y lo calificó como una “omisión ética”. En la Casa Rosada reconocen que esas críticas reflejan presiones internas que persisten, aunque Milei no tiene previsto apartar al jefe de Gabinete.

Leé también: Milei se prepara para designar a 73 magistrados, pero no firmará el pliego de la jueza Michelli

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Después de la reunión, Adorni anunció que irá en julio al Senado para presentar el informe de gestión. En Balcarce 50 lo leen como un mensaje de continuidad institucional: busca mostrar que seguirá en funciones, que mantiene el control de la agenda de Jefatura de Gabinete y que el oficialismo intentará recuperar la normalidad política.

La comparación con el informe de gestión anterior aparece en el centro de las lecturas internas. En aquella oportunidad, el Gobierno había organizado un acompañamiento más amplio de ministros y funcionarios para respaldar a Adorni. Milei, por ahora, se limitó a respaldar a Adorni de manera indirecta, al republicar un mensaje de Santiago Oría que defendió al jefe de Gabinete y cuestionó al periodismo.

En paralelo, el Presidente buscó cambiar el foco hacia la economía: publicó un mensaje por el dato de inflación y felicitó al ministro Luis Caputo. El objetivo del jefe de Estado es dar el tema por terminado. Cerca de Milei insisten en que Adorni seguirá en funciones y que no está previsto convocar a otro vocero. Sin embargo, en el Ejecutivo admiten que el caso dejó costos, expuso descoordinación interna y obligará a revisar el esquema de comunicación oficial.

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