POLITICA
Manuel Adorni evitó el knockout en el combate con la oposición, pero sigue complicado
Tenía poco o nada que ganar, pero mucho que perder. Llegaba en un momento muy complicado. El frente judicial se agrava, con nuevos detalles sobre los gastos y las compras de propiedades que realizó desde que es funcionario, y el escándalo que protagoniza hace casi dos meses pulverizaron su imagen ante la opinión pública, según la mayoría de los encuestadores. Sin embargo, la oposición no pudo rematarlo.
El cruce entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los bloques opositores de la Cámara de Diputados durante la sesión especial convocada para el informe de gestión no terminó de desequilibrar la cancha. Ni el ministro coordinador de Javier Milei logró despejar las dudas sobre los bienes que integran su patrimonio, ni los opositores pudieron acorralar a un funcionario de primera línea del Ejecutivo que llegaba al borde del precipicio.
Con chicanas, burlas y acusaciones directas, expusieron sus contradicciones y la falta de precisiones sobre el crecimiento de su patrimonio o sus viajes. No obstante, el paso de Adorni por la Cámara baja no fue un calvario. Lo atravesó sin sufrir sobresaltos y el interrogatorio de la oposición no aportó novedades sobre la causa que enfrenta Adorni en los Tribunales por presunto enriquecimiento ilícito.
Adorni se aferró al libreto que había preparado junto con su equipo de colaboradores. Fue una constante. Ante cada pregunta sobre su patrimonio, dijo que no correspondía pronunciarse sobre causas en trámite para no interferir con la tarea de la Justicia. Se escudó en que todos sus bienes habían sido declarados ante la Oficina Anticorrupción (OA) y que había pagado sus viajes familiares o los gastos de la estadía de su pareja en Nueva York. “Esto no es un juicio público a mi persona”, insistió.
Leyó su discurso para minimizar el riesgo de un traspié o furcio que lo vuelva a convertir en un meme en las redes sociales. El esquema de la sesión que diseñó la conducción del oficialismo, a cargo de Martín Menem, para la batalla con la oposición también lo ayudó a salir casi ileso. La oposición más dura jugó en modo herbívoro. Confrontó, pero no quiso convertir el recinto en un hervidero para evitar que Adorni se fuera antes de tiempo. Y los aliados de Pro o el radicalismo lo auxiliaron a Adorni con un gesto silencioso: evitaron intervenir e incomodarlo con preguntas sobre su patrimonio. “No se calentó, estuvo prolijo”, retrató uno de los allegados de Karina Milei.
Pero el hecho político más relevante de la jornada fue el gesto inédito de respaldo del Presidente, que fue al Congreso junto a su elenco de ministros para blindar a su jefe de Gabinete. “¡Vamos, Manuel!”, le gritó desde uno de los palcos en el arranque de la exposición. Y, antes de retirarse del Palacio, volvió a ratificarlo en el cargo y dijo que eran “suficientes” sus explicaciones.
Apuntalado por Milei, que volvió a absorber el desgaste por las denuncias, Adorni dijo que no pensaba dar un paso al costado. Calificó de “falsas” las acusaciones en su contra y afirmó que no cometió “ningún delito”, pero no dio precisiones sobre sus viajes al exterior o la compra de dos propiedades desde que asumió como funcionario de Milei ni exhibió documentos que respalden sus afirmaciones o justifiquen sus gastos.
Antes que nada, no demostró el origen del dinero de los desembolsos en efectivo que hizo para costear sus vacaciones en Aruba a fines de 2024. Tampoco exhibió pruebas de que pagó el viaje en jet privado junto a su familia a Punta del Este ni explicó por qué razón no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) la compra que hizo Angeletti, su mujer, de la vivienda en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. Ese dato debía figurar en el anexo reservado de su presentación del año pasado, pero el funcionario recién lo agregó a principios de abril.
Menos aún, Adorni pudo disipar las sospechas sobre su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, que trabaja en la Televisión Pública. Es que la Justicia comprobó que el vuelo de ida a Uruguay fue facturado a la productora Imhouse, de Grandio. Solo se limitó a decir que su amigo no tiene contratos con la TV Pública. A su vez, sostuvo que la consultora de su esposa no tenía vínculos con el Estado.
En el primer anillo de colaboradores de Adorni respiraron aliviados después del combate. Creen que estuvo sólido y que su exposición salió acorde a lo planeado. En el Gabinete de Milei no ocultan la incomodidad por la situación del exvocero. Pese al apoyo del Presidente, no son pocos los ministros que consideran que la suerte de Adorni ya está echada, porque será muy difícil que pueda volver a oficiar como vocero de la gestión y que tenga un lugar preponderante en la carrera electoral de 2027. El deseo del karinismo de plantarlo como eventual candidato a jefe de gobierno porteño para eclipsar a Patricia Bullrich quedó enterrado. Él aspiraba más alto: acompañar a Milei en la fórmula.
En ese contexto, algunos pensaban que el escenario en el Congreso podía ser catastrófico. Pero en la cúpula del Gobierno evalúan que Milei salió a su rescate. “Milei se llevó la marca y el ruido de la oposición fue flojo, porque el nivel es bajo. No creo que la sociedad le importe mucho todo esto”, confesó uno de los colaboradores del Presidente que siguió de cerca la presentación de Adorni. En la cima del poder se aferran a la tesis de que la economía comenzará más pronto que tarde a dar signos de recuperación.
Los opositores elaboraron cientos de preguntas, pero no lograron noquear a Adorni. Los sectores más moderados del PJ prefirieron pasar desapercibidos. “Vino a hacer su show, no va a responder nada, y van a intentar provocar para retomar su estrategia de polarización”, comentó, resignado, un diputado del peronismo.
Por momentos, el ala dura del kirchnerismo se corrió de esa estrategia. El cristinista Rodolfo Tailhade denunció que su esposa, Betina Angeletti, gozaba del privilegio de una custodia de seis efectivos de la Policía Federal para “ir a la manicura o la Fernetería, un bar de moda en Palermo”. Y en el final de la comparecencia del jefe de Gabinete, Germán Martínez, titular de la bancada de Unión por la Patria, lo amenazó con una interpelación para votar una moción de censura.
Adorni aprovechó la ofensiva del kirchnerismo para victimizarse. Y en momentos en que la sala de prensa de la Casa Rosada está cerrada, Adorni retomó el tono altanero de sus días de vocero. Dijo que Tailhade había dado detalles sobre el “itinerario diario” de la vida privada de su esposa, como si “alguien” la hubiera estado “espiando”, y recordó que Cristina Kirchner se encuentra presa con condena firme por la causa Vialidad. “Respecto a la moción de censura, nunca se removió del cargo a un jefe de gabinete por este mecanismo, impulsado por un bloque con el peor prontuario delictivo desde el retorno de la democracia”, lanzó.
El jefe de Gabinete se enfrentaba a un test de fuego en el Congreso. Logró estirar su supervivencia política, pero no pudo reponerse.
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POLITICA
Propiedades en la mira: los 20 bienes de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner que busca decomisar la Justicia
La confirmación de la Corte Suprema del monto que deberá decomisar la Justicia a los condenados en la causa Vialidad implica que la familia Kirchner deberá aportar 20 bienes de su posesión para cubrir su cuota del millonario monto de compensación global, establecido en 685.000 millones de pesos.
Según consta en los expedientes, la gran mayoría de esos bienes (19) fueron heredados por Máximo y Florencia tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner en 2011, mientras que uno solo permanece a nombre de la jefa del PJ nacional, un terreno de 6000 metros cuadrados en El Calafate, Santa Cruz.
En cambio, el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, no se encuentra en la lista de bienes a decomisar producto de la sentencia en la causa Vialidad. En sentido contrario se ubica la histórica casona familiar en El Calafate.
Esa propiedad fue transferida a Máximo y Florencia Kirchner tras el deceso de su padre, como parte de la herencia, pero igualmente sería parte de la nómina de 19 bienes que podrían perder los hermanos si la Justicia finalmente avanza con el decomiso. Eso depende de que la Corte Suprema emita un fallo de fondo.
El decomiso total abarca 111 inmuebles: 84 son de Lázaro Báez, el principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública; 19 de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el “Hotel Los Sauces”; y uno solo de la expresidenta, el terreno adquirido en 2007. Los restantes son de otros condenados.
En medio del litigio, Cristina Kirchner intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, la capital santacruceña, y una serie de terrenos en el Lago Argentino, también en la provincia patagónica, propiedades que fueron cedidas a sus hijos y que no forman parte del proceso.
En sus presentaciones, las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito. De hecho, parte de los argumentos de la familia Kirchner es que hay propiedades adquiridas antes de que Néstor y Cristina fueran presidentes.
Pero hay otra lista de 10 departamentos ubicados sobre la calle Mitre al 500 en Río Gallegos, que fueron adquiridos en 2007. En la misma ciudad se incluyen una vivienda situada en 25 de Mayo al 200, incorporada al patrimonio familiar en 2010, y otra sobre la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, de 2006.
Antes del delito
El juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky se había hecho eco parcial del planteo de la expresidenta. Sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito -la corrupción en Vialidad- y propuso excluir del decomiso los heredados por Máximo y Florencia Kirchner.
El camarista Borinsky destacó que la medida alcanza a bienes adquiridos con anterioridad al 23 de abril de 2004, fecha fijada por el tribunal para comenzar a evaluar bienes decomisables. El plazo para que los condenados respondieran venció el 13 de agosto de 2025, pero las partes apelaron y aún no se ejecutó.
Conforme a
La disputa por el uso del nombre de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados volvió a exponer la profunda crisis interna que atraviesa el partido. La controversia, sumada a la fragmentación de los bloques radicales y a un video viral en el que varios jóvenes no lograban identificar a Raúl Alfonsín, sirvió como disparador de un debate sobre la identidad y el presente de la fuerza durante Infobae a la Tarde, que culminó con una entrevista a Ricardo Alfonsín.
La conversación comenzó a partir de un contenido que circuló en redes sociales, donde distintos jóvenes confundían al expresidente con figuras como Guillermo Francella o Juan Domingo Perón. “Se lo mandé a un radical y me dijo: ‘Ya lo había visto y me quiero morir’. ¿Por qué? Porque confundieron a Raúl Alfonsín con Francella y con Perón”, relató Maia Jastreblansky. Si bien aclaró que el video no necesariamente refleja el nivel de conocimiento de toda la sociedad, consideró que expone una pérdida de referencia sobre la historia del radicalismo.
Ese diagnóstico derivó rápidamente en el conflicto político que hoy divide a la UCR. En Diputados conviven dos espacios surgidos del radicalismo: Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano y cercano a Martín Lousteau, y el bloque que conserva formalmente el nombre Unión Cívica Radical, alineado con gobernadores como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. “Hoy lo que trasciende es el conflicto y se están peleando por el sello del partido, por la marca, por la UCR”, resumió Jastreblansky.
La tensión se profundizó luego de que un sector de los diputados radicales acompañara al Gobierno en votaciones sensibles, entre ellas la relacionada con el financiamiento universitario. Diego Iglesias recordó que la defensa de la universidad pública forma parte de la tradición histórica del partido y sostuvo que ese posicionamiento explica las críticas que recibieron esos legisladores.
El enfrentamiento también se trasladó al recinto. Durante una sesión, Pablo Juliano acusó al sector enfrentado de apropiarse de la identidad partidaria. “Qué gran ocurrencia afanarse el logo de la Unión Cívica Radical la misma semana que conocemos esa actitud de algunos que se hacen llamar dirigentes. No son dirigentes, son delincuentes. Tratémoslo como delincuentes”, afirmó. El conflicto derivó además en una presentación formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reclamar que ese bloque deje de utilizar el nombre de la UCR por considerar que ya no representa los valores históricos del partido.
El debate también abordó el desafío que enfrentan las estructuras partidarias en una política cada vez más atravesada por liderazgos personales. Maia Jastreblansky destacó que la conducción nacional, encabezada por Leandro Chiarella, busca impulsar una renovación generacional apoyándose en la gestión de los intendentes radicales y en una mayor presencia de la militancia juvenil.
Sin embargo, Tomás Trapé planteó que el problema excede al radicalismo. “Me da la sensación de que lo que se rompió fueron los intermediarios. Hoy la identificación es con una persona, no con el partido”, señaló. En la misma línea, Paula Guardia Bourdin se preguntó cuál es hoy el sentido de pertenecer a una estructura partidaria cuando los votantes se identifican cada vez más con liderazgos individuales que con organizaciones políticas.
En ese contexto, Ricardo Alfonsín vinculó la crisis actual con un cambio de rumbo que, a su juicio, comenzó hace una década. “La Unión Cívica Radical, desde el año 2015, no ha hecho otra cosa que transgredir ese sistema de ideas y representar sectores que no son los que nosotros nacimos para representar. En pocas palabras, se corrió a la derecha”, afirmó.
Para el exdiputado e hijo del expresidente, la discusión por el sello partidario es apenas la consecuencia de una transformación mucho más profunda. “Esto no es la Unión Cívica Radical. Esta es una herramienta electoral que está defendiendo ideas que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical”, sostuvo, antes de remarcar que un partido político “es, además de una herramienta electoral, un conjunto de ideas, de principios y de valores que se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social”.
Con ese diagnóstico, Alfonsín relativizó la posibilidad de una reconstrucción inmediata de la fuerza, aunque expresó su deseo de que exista un espacio que vuelva a defender esos principios. “Aspiro a que alguna institución, ojalá sea la misma, aunque esto me parece bastante difícil por lo menos en el corto plazo, pelee por este conjunto de valores”, dijo.
Sobre el final de la entrevista también se refirió a la intención del Gobierno de eliminar las PASO y sostuvo que la iniciativa responde a una lógica electoral. Según planteó, el oficialismo entiende que unas primarias abiertas favorecerían la articulación de la oposición, mientras que su eliminación aumentaría la fragmentación. “El Gobierno está muy preocupado por eliminar las PASO porque cree que si hay PASO va a perder las elecciones. Si no hay PASO, es posible que se fragmente la oposición”, concluyó.
Con la disputa por el sello todavía abierta, el debate dejó al descubierto una discusión que trasciende el nombre de un bloque legislativo: quién representa hoy al radicalismo y si la UCR conserva la identidad política que la convirtió en una de las fuerzas centrales de la democracia argentina.
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POLITICA
Cuadernos: una contadora de la exAFIP ratificó irregularidades en el manejo de fondos de empresas investigadas en el juicio
Una contadora de la ARCA -exAFIP- que analizó por orden de la Justicia a empresas investigadas en la causa Cuadernos declaró este jueves en el juicio oral y repasó las irregularidades que detectó en reportes elevados años atrás a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Durante la audiencia, a pedido de la fiscalía, se le exhibieron algunos de esos informes a la mujer, Diana Guterman, que fue directora del organismo recaudador dentro del área de Investigación Financiera. Uno de ellos apuntaba a Servicios Vertúa S.A., la empresa de Raúl Víctor Vertúa que participó en la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino.
Entre 2014 y 2015, la empresa recibió de ENARSA transferencias por $565 millones. Parte de esos fondos, según el reporte que confeccionó la profesional, fue usada para comprar títulos públicos que luego fueron vendidos en el exterior mediante operaciones de contado con liquidación. Los dólares obtenidos fueron depositados en cuentas bancarias y después retirados en efectivo.
“Se definió que nosotros circularizáramos a las entidades bancarias que habían operado con determinadas empresas”, dijo la mujer sobre su trabajo. “Nosotros hicimos un rastreo en las bases de AFIP de cuáles eran las entidades con las que había operado”, definió. Luego, esa información fue girada a la DGI.
Otro de los casos detectados en su momento por la contadora, y expuestos hoy en el juicio de los Cuadernos, fue el de la empresa Fainser, del extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, dedicada a la fabricación de calderas y equipos termodinámicos.
Fainser firmó con la Municipalidad de Río Turbio, en Santa Cruz, un contrato por casi $500 millones en 2015 para ejecutar una obra vinculada a Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Según un reporte de 2018, a fines de 2015 la empresa cobró anticipos por $50 millones, distribuidos en tres pagos. Pero la profesional advirtió que esas tareas no formaban parte de la actividad habitual de la firma y que, para septiembre de 2017, la obra todavía no había comenzado.
La mujer explicó que esa información surgía de un informe de fiscalización, en el que intervenían un inspector, un supervisor, un jefe de división, un jefe de región, un subdirector del área operativa y un director general de la DGI, antes de ser elevado a la UIF.
La contadora integra un bloque de testigos pedido por la fiscalía para intentar evidenciar en el juicio manejos irregulares de dinero por parte de las empresas que firmaron contratos de obra pública con el Estado.
Las defensas de los imputados remarcan que, como esas fiscalizaciones eran internas y se hacían sin solicitar nueva información, las empresas no tuvieron oportunidad de explicar los movimientos.
El testimonio abrió además una discusión entre la fiscalía, la querella de la UIF y las defensas sobre el alcance de las medidas contables que todavía pueden producirse en el juicio.
La abogada del empresario Angelo Calcaterra, María Valeria Onetto, insistió hoy ante el tribunal con la realización de un informe pericial contable que dé cuenta del flujo y la aplicación de los fondos percibidos por los contratos de obra pública que otorgó Vialidad.
Entre 2003 y 2015 -el período investigado en la causa-, Vialidad le adjudicó a IECSA S.A., la empresa de Calcaterra, un total de 23 obras por más de $2800 millones. Como imputado colaborador, Calcaterra reconoció haberle ordenado a uno de los directivos de la empresa, Héctor Javier Sánchez Caballero -que también está imputado en el expediente-, la entrega de sumas de dinero en efectivo que, en general, rondaban entre los US$100.000 y los US$200.000.
La pericia que solicitó la abogada Onetto ya había sido rechazada por el tribunal que integran los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
La fiscal Fabiana León se opuso hoy a su realización, al igual que el representante de la UIF, Mariano Galpern, que es querellante. “No se advierte de qué manera perjudica el derecho de la parte volver a traer una medida que ya ha sido abordada”, sostuvo la fiscal. “Si cada uno de los imputados en esta causa va a pedir una pericia específica de cada obra que se está viendo, sería una cantidad de prueba interminable, inabarcable e inoficiosa”, dijo León.
Juan Carlos Lascurain,Federico González del Solar,Conforme a
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