Este jueves se dio un nuevo cruce en el gobierno de Javier Milei, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel le exigiera al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que vaya a dar un informe de gestión al Senado.

El pedido llega luego de que el jefe de Gabinete anunciara que iría al Congreso en julio. “No lo hace desde que asumiera en noviembre del 25″, cuestionó.

“El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes”, remarcó.

“Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas”, informó Villarruel.

No es la primera vez que la vicepresidenta apunta contra Adorni. A través de las redes sociales, Villarruel calificó como una “vergüenza” el accionar del funcionario y puso en duda sus explicaciones sobre los más de US$500.000 que reconoció no haber declarado antes de ingresar a la función pública.

Leé también: Fuertes cuestionamientos a Adorni: la oposición pide interpelarlo y el PRO publicó un duro comunicado

Semanas atrás, la también presidenta del Senado había exigido que el jefe de Gabinete presente la documentación adeudada. “Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, indicó. En ese contexto, la vicepresidenta enfatizó que ella solo responde por sus acciones y su trabajo al frente de la cámara alta, donde afirmó que su gestión ahorró $27 mil millones para acompañar el esfuerzo que se le pide a la sociedad.

Minutos antes, el propio Adorni había informado que irá al Congreso en julio para dar un informe de gestión. Lo comunicó luego de encabezar la reunión de la mesa política del Gobierno.

El anuncio llegó luego de que se hiciera pública su declaración jurada del 2025, en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras anunciar este miércoles a la noche que presentó su declaración jurada, Adorni, encabezó este jueves una reunión de la mesa política junto a Karina Milei. La intención del Gobierno es ratificar la confianza en el jefe de Gabinete, en medio de un fuerte cuestionamiento de la oposición.

Las críticas se intensificaron luego de la entrevista que dio anoche el funcionario, incluso hubo pedidos de renuncia por parte de legisladores opositores.

Sin embargo, las explicaciones públicas de Adorni no sirvieron para aplacar del todo las críticas internas. Así lo expresó en la previa del encuentro Patricia Bullrich, quien cuestionó al ministro coordinador por haber omitido declarar US$500 mil en sus declaraciones juradas anteriores.

Victoria Villarruel, Manuel Adorni, Gobierno

“Lo que está pasando con Adorni solo le pica más el boleto al Gobierno, pero no beneficia al peronismo. Sirve para que los que lo votaron de desencanten más con lo que están haciendo”. Sencillo, pero al hueso, la frase de un senador nacional del peronismo da cuenta del pensamiento que atraviesa a la oposición por estas horas traumáticas para el Gobierno.

Las explicaciones del Jefe de Gabinete no convencieron a nadie. Ni a los propios ni a los rivales. Ni a los militantes de la causa libertaria ni a sus compañeros ministros, que no hicieron demasiados esfuerzos para cerrar filas y realizar una defensa compacta de un funcionario al que Javier Milei considera intocable.

En el PJ son realistas y nadie considera que el ruido sin fin que atormenta a Adorni, por la inconsistencia de sus explicaciones patrimoniales, puede beneficiarlos. “Nosotros tenemos que ordenarnos. Mientras tanto, todo nos pasa por al lado”, se sinceró un legislador del interior. No hay ganancias, pero si hay alivio. El foco no está puesto en la interna justicialistas, sino en los conflictos del oficialismo.

En la oposición advierten que las últimas explicaciones de Adorni lo complicaron más de lo que ya estaba. Su discurso solo puede ser una buena salida legal, pero no tiene la credibilidad política suficiente para dar una batalla dialéctica en el campo de batalla de la comunicación, que supo ser el terreno cómodo por donde deambulaba el ex vocero. Esa historia ya quedó sepultada en el pasado.

“Con esto se consolida el desgaste del gobierno. Esto le importa a la gente porque el bolsillo está mal, porque la economía está mal. Pero esto al peronismo no le sirve”, reflexionó uno de los referentes más importantes que tiene la oposición.

En gran parte del justicialismo adhieren a la hipótesis de que lo único que mueve el amperímetro de la percepción social es la economía doméstica. Y que cuando eso no está bien, los casos donde hay indicios de corrupción o de comportamientos amorales, golpean con más fuerza sobre la gestión.

Sin embargo, hay una creencia compartida de que en este momento el Gobierno “se está desangrando” y que lo que está haciendo el jefe de los ministros “es un papelón total”, porque sus explicaciones “rozan el absurdo y son poco creíbles”. Son pocos los que dicen a viva voz que Adorni se tiene que ir del Gobierno. No hay un reclamo masivo de renuncia, pero sí la decisión de marcar las incongruencias o mentiras de su relato.

El peronismo presiona para cercarlo con una moción de censura o, directamente, un llamado a interpelación. Va a buscar asfixiarlo en el Congreso y contarle las costillas. Sobre todo porque nadie que pertenece al mundo de la política tradicional, logra entender cómo el ministro sigue teniendo tanta banca por parte de los hermanos Milei.

En este caso no hay un gobierno defendiendo al ministro más preciado del Presidente. Ni tampoco un oficialismo consustanciado con la situación. No existe una defensa irrestricta de los ministros. No hay voceros que lo puedan defender con argumentos. Entonces, en ese punto débil que se divisa la distancia, el PJ trata de hacer mella para derruir el relato libertario. “Son todo lo que dijeron que no son”, sostienen en el peronismo.

La oposición trata de manejar el momento de crisis política de su adversario con absoluta cautela. No quieren hacer un paso de más porque saben que a ellos no les sobra la credibilidad. Pero, en esta vuelta, salen completamente ilesos de la trifulca. El futuro de Adorni es incierto. El del peronismo, no. Tienen un blanco de ataque que les brindó argumentos para solidificar una postura y al que le apurarán, con absoluta frecuencia, en los días que están por venir.

El Tribunal Oral Federal N° 2 fijó el martes 23 de junio la audiencia de últimas palabras de los imputados en el juicio por presuntas irregularidades en la licitación de las obras de segunda ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), adjudicadas a la constructora brasileña Odebrecht entre 2006 y 2008.

Una vez finalizada esa instancia, el tribunal anunciará durante la misma jornada el horario en que dará a conocer el veredicto.

El proceso tiene su origen en investigaciones iniciadas hace casi dos décadas a partir de la causa por sobornos de la empresa sueca Skanska.

La causa investiga el presunto direccionamiento en la contratación de las obras. Según la acusación fiscal, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, habría creado el marco normativo necesario y delegado facultades en funcionarios del área de Energía para confeccionar un procedimiento “a medida” de Odebrecht.

Entre las medidas adoptadas se incluyó la creación de fondos fiduciarios para financiar las ampliaciones, con aportes obligatorios de los grandes usuarios de gas, y una reglamentación que permitía al adjudicatario seleccionar proveedores de bienes y servicios según su propio criterio.

El fiscal federal Diego Luciani sostuvo que todo el proceso se enmarcó en la declaración de emergencia económica y energética vigente en ese período.

Luciani aseguró que hubo un “un claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht, en una contratación pública de enorme envergadura. Estamos hablando de la ampliación de capacidad de transporte de gas de la República Argentina entre los años 2006 y 2008; estamos hablando de una inversión del Estado argentino que supera los 2.300 millones de dólares”.

“Se organizó este desvío negocial al amparo de una compleja ingeniería burocrática. Esto, en definitiva, permitió a los acusados sortear controles ineludibles e indispensables para una obra pública de la magnitud de lo que implica obviamente la ampliación de la red troncal de gasoductos de un país”, aseguró el fiscal.

Los imputados son Julio De Vido, el exsecretario de Energía, Daniel Cameron, el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret y el exsubgerente de esa compañía, Julio Armando Bragulat.

La fiscalía solicitó cuatro años de prisión para De Vido y Cameron, tres años y seis meses para Folgar y Beuret, y la absolución de Bragulat por considerar que no se acreditó su participación en los hechos.

Durante los alegatos, las defensas reclamaron la absolución de todos los acusados. La defensa de De Vido cuestionó lo que calificaron como “retórica fiscal estigmatizante” y afirmaron que las decisiones se adoptaron dentro del marco normativo vigente en un contexto de emergencia energética.

Los representantes de Cameron y Folgar sostuvieron que no se probaron sobreprecios, sobornos ni un direccionamiento efectivo de las contrataciones. La defensa de Beuret argumentó que su asistido se limitó a cumplir instrucciones de la Secretaría de Energía para garantizar el abastecimiento de gas destinado a la generación eléctrica, mientras que la de Bragulat planteó la falta de elementos que justifiquen su inclusión en la causa.

El juicio oral, que tramita ante el TOF 2, ingresa así en su etapa final. El tribunal deberá resolver si las conductas investigadas configuran el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública o si, como sostienen las defensas, se respetaron los procedimientos legales aplicables en un período de crisis energética declarado por el Estado.

Odebrecht, juicio, Justicia