POLITICA
Círculo rojo: el debate industrial que atraviesa al Gobierno, inquieta al establishment e ilusiona al peronismo

Existe un debate muy apasionado en el corazón del establishment industrial acerca del modelo productivo del Gobierno, su impacto en ese sector y su sostenibilidad. Ese debate volvió al centro de la escena pública esta semana, en el marco del evento anual que la Unión Industrial Argentina organizó el miércoles en la sede del laboratorio ELEA y que no tuvo participación del Poder Ejecutivo, con la sola excepción de Pablo Lavigne, a cargo de la secretaría de Coordinación Productiva.
Martín Rappallini, jefe de la UIA, cuidó quirúrgicamente sus palabras: consensuó el discurso con el resto de los miembros del comité, pero dejó algunas definiciones que Lavigne escuchó sin pestañar desde el auditorio. Remarcó que la producción está un 10% por debajo de los niveles del 2022, con caídas en algunos sectores en torno al 25 y el 30%, y destacó la caída en el empleo registrado: según el último relevamiento a mayo de este año, la industria, que concentre el 20% de la ocupación formal del país, perdió 93.760 puestos de trabajo en tres años. El 44,8% pertenece a la provincia de Buenos Aires. “La industria le está poniendo el hombro a la estabilización”, remarcó Rappallini, y agregó: “La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación, tenemos que mirar la actividad, hay sectores muy golpeados, empresas trabajando por debajo de su capacidad”. Habló también de la contribución del sector con la recaudación -en torno al 30%-, y la preocupación por los altos niveles de contrabando, justo en momentos de definiciones irresueltas en la cúpula de la Aduana: hasta este viernes aún no se había formalizado la renuncia presentada por José Velis, jefe de ese organismo.
El Gobierno sabía que Rappallini expondría las dificultades del sector. Por eso ninguno de los ministros invitados confirmó su presencia. Ni siquiera Diego Santilli. La más llamativa fue sin embargo la ausencia de Mario Lugones, que hasta la mañana del mismo miércoles seguía ratificado entre la lista de invitados a la sede de ELEA en el conurbano: algunos de los organizadores se enteraron que finalmente no iría mientras viajaban esa mañana hacia el Gran Buenos Aires.
Luis Caputo, “Toto”, conoce de primera mano esas demandas. En su momento, la cúpula de la central empresaria le había reclamado una solución a los bienes transables, que produce un 25% de la industria y que sufre el impacto de la competencia con el exterior, en especial con China. El ministro quedó en contestar. Una demanda similar recibió el mes pasado, cuando visitó Catamarca y la licenciataria que fabrica ropa y calzado de seguridad de la marca Ombú le reprochó por la apertura excesiva de la economía.

Caputo oscila en sus respuestas. “La mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio, que es difícil para algunos, que implica que hay que reconvertirse e invertir, algo que no estaban acostumbrados a hacer”, abundó en medio del evento industrial y tras las declaraciones del vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, que lo llamó “un trader que no sabe lo que es un torno”. Moretti no participó del agasajo y rara vez va a las reuniones del comité industrial. Por el contrario, desde esa central aseguran que tanto Rappallini como el resto de los directivos principales apoyan el rumbo del modelo de Javier Milei.
El Presidente es consciente de ese apoyo, más allá de las críticas y el impacto en el sector. Eso explica, tal vez, por qué ha sido hasta ahora una de las variables de su programa que no se permitió modificar. “Voy a redoblar la ortodoxia”, dijo el viernes en Misiones. Satisfecho, todavía, por la repercusión de la cadena nacional del jueves -la grabó en tres oportunidades hasta que se conformó finalmente con el tono del discurso, mientras los ministros esperaban con masitas y Santiago Caputo se encargaba de que trascendiera su sello detrás del éxito de la estrategia comunicacional-, que le permitió copar la agenda mediática con las medidas anunciadas en favor del reclamo de soberanía sobre las Malvinas.
El Gobierno está dividido. Milei es la cabeza de una propuesta de apertura regulada por el mercado y beneficios fiscales para grandes inversiones sin ningún salvavidas para aquellos que no se adapten a las nuevas reglas del modelo. También Federico Sturzenegger, cada vez más resistido puertas adentro. Caputo podría embanderarse en ese bando, pero sabe, íntimamente, que habría que promover algunas concesiones para que el 2027 sea, en términos electorales, “un paseo por el parque”. El ala política, con Santilli y Patricia Bullrich como puntas de lanza, es la que propicia medidas más heterodoxas para paliar el impacto del programa libertario en la industria o en otros rubros castigados como la construcción y el comercio. Una encuesta que se analizó en despachos oficiales arrojó que la “preocupación” en la sociedad por el empleo creció de julio del 2025 a julio último del 30% al 51%. Esa inquietud es transversal a casi todas las provincias, con mayor permeabilidad en territorio bonaerense: cerraron 1.306 fábricas industriales desde mayo del 2023. Dieciocho meses consecutivos de caída.

En ese contexto, el debate en el Senado por el Súper RIGI, que tiene media sanción de Diputados, volvió a colocar a la industria bajo la lupa, y se espera que este martes, en la reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei, se analicen los cambios que los senadores aliados propusieron después de una serie de conversaciones con sectores de la industria, en particular la metalmecánica.
El Gobierno llamó a un cuarto intermedio después de que en las reuniones de comisión la senadora Bullrich no pudiera garantizar una respuesta favorable de la Casa Rosada. En especial al pedido para llevar a un piso mínimo del 20% de contratación de proveedores locales respecto de los bienes para el desarrollo de los proyectos de inversión. Y que exista un diferencial del 15% en el precio respecto a los bienes importados para que las empresas argentinas compitan en igualdad de condiciones con los proveedores del exterior, una política aplica, por ejemplo, Brasil, que integra incluso el bloque BRICS junto a China. Hasta ahora, el proyecto de Diputados estipula que ese piso contemple, además de los bienes, obras y servicios, lo que llevaría a que se diluya ese porcentaje en rubros, como gastronomía, logística u hotelería, que se desarrollan de manera natural en el país.
Para la mesa política, ese stand-by en las negociaciones fue una mala noticia porque los reclamos fueron presentados por senadores aliados como Carlos Espínola, Flavia Royón, Maxi Abad o Martín Goerling Lara, que trabajaron con empresarios y en sintonía con el peronismo, con legisladores como Jorge Capitanich, que diseña un plan de gobierno para ofrecerle al peronismo en 2027. “Se van a hacer modificaciones, no se sabe si todas las que están pidiendo, pero eso va a salir”, reconoció una fuente oficial. La letra chica de esas tratativas está en manos de Bullrich, y existieron algunos pedidos al presidente de la Cámara baja, Martín Menem: Santilli recién empezaría a hablar en el tramo final con los gobernadores.
Lo cierto es que el Gobierno sigue con alguna preocupación ese proyecto, también los jefes provinciales, porque existieron episodios en el marco del RIGI ya sancionado que prendieron luces de alerta en un tema de altísima sensibilidad como el empleo local y la industria. El caso más resonante es el de la minería, particularmente en dos proyectos: Río Tinto, en Salta, y Vicuña, en San Juan. La multinacional minera, en su obra de litio en territorio salteño, fue la primera en encender las alarmas con la importación directa de china de galpones metálicos y estructuras para el proyecto Rincón, con precios muy por debajo de la industria nacional, sin aranceles, y por un volumen similar a la capacidad local. Ese debate se trasladó después a San Juan, con el mega proyecto minero que ya se comprometió a desembolsar USD250 millones para la provincia pero que generó un malestar, especialmente dentro de la empresa, por las repercusiones que generó, cuando se adjudicó, según explicaron fuentes locales, un 25% del montaje del campamento Batidero a una UTE liderada por PowerChina. Se trata de 2.500 plazas que el proyecto necesita para este año. Según fuentes provinciales, el 90% de la mano de obra utilizada para el montaje corresponde a trabajo local, algo que desde la industria ya dan por descontado: por eso insisten con incluir entre las modificaciones esenciales al Súper RIGI que el piso mínimo del 20% quede exclusivo para “bienes”.
Ese revuelo hizo que el gobernador Marcelo Orrego apurara una ley de “compre local” enfocada en el desarrollo minero que había comenzado a trabajarse mucho antes de la polémica con Vicuña.
El debate por la importación de bienes chinos y el impacto en la industria local alcanzó incluso a la industria minera, una de las actividades centrales que motorizaron el crecimiento de la economía en estos años. “No nos podemos pasar de rosca”, admitieron fuentes del sector. Franco Mignacco, de la minera Exar, con proyectos en Jujuy, a cargo del departamento alusivo en la UIA, es consciente de esa discusión interna que llegó a oídos del Gobierno. Incluso surgieron versiones de alguna discrepancia del ministro Caputo con José Morea, el country manager de Vicuña Corp, un egresado del cardenal Newman muy vinculado al canciller Pablo Quirno que quedó en el ojo de la tormenta.

¿Ilusión u optimismo? Ese debate en el establishment industrial animó a un sector a pensar en una serie de alternativas al proyecto de reelección de Milei que llegaron a poner incluso otra vez como candidato a Mauricio Macri -un intento fugaz, por cierto- o a Bullrich, que todavía aparece como opción de parte del círculo rojo.
Pero el deterioro del empleo formal, la inestabilidad del repunte económico y el bajo consumo son algunas de las variables que entusiasman al peronismo, que se debate entre la ilusión de volver al poder y el optimismo por una derrota de La Libertad Avanza el próximo año. “Creemos que el Gobierno puede perder, el problema es que no sabemos si nosotros podemos ganar”, resumió un dirigente bonaerense que trabaja en una alternativa.
Ese optimismo peronista está alimentado, en buena medida, por el impacto del programa económico en la provincia de Buenos Aires, que suele registrar, desde que asumió Milei, los peores indicadores. Un intendente de un municipio populoso del conurbano asegura que, en estos meses, el Presidente alcanzó su nivel más bajo en imagen desde que desembarcó en el gobierno. Dicen, además, que los vecinos le demandan cada vez más trabajo, y que el cierre de empresas, medianas y pequeñas, es cada vez más notorio.

Esa fotografía de la actualidad coincidió en las últimas semanas con la reaparición, pública y privada, de Sergio Massa, cuyos movimientos recientes empezaron a ser seguidos con lupa por el círculo rojo empresario, sindical y político. Es más: en parte de la dirección de la UIA están convencidos de que la elección del próximo año volverá a dirimirse, otra vez, entre Milei y el ex ministro de Economía. “La estructura y los movimientos de Sergio son los de un candidato presidencial: es el único con relación directa e influencia en algunos gobernadores”, reconoció un intendente del conurbano de la nueva liga de jefes comunales del peronismo que podrían reunirse con él en estos días. Entre esos gobernadores alistan, por ejemplo, al salteño Gustavo Sáenz.
El futuro de Massa es una incógnita para un peronismo que sigue enfrascado en una guerra a cielo abierto entre el cristinismo y Axel Kicillof, otra vez agravada tras un muy tímido acercamiento reciente por la puesta en escena de estos días que Máximo Kirchner organizó frente al departamento de su madre, en San José 1111, por el aniversario del intento de asesinato, que incluyó al cancionero de La Cámpora contra aquella declaración del gobernador, cuando pidió “nuevas canciones”.
Esas nuevas canciones parecen haber surtido efecto, al menos en el plano judicial por algunos movimientos recientes que tuvieron como mojón principal los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para la estratégica Cámara Federal de la capital, dos camaristas que pasaron las audiencias y la votación del Senado sin que el kirchnerismo planteara ni una sola discrepancia, ni siquiera en la voz del lenguaraz Martín Soria, y que juraron a mediados de semana rodeados de una muy concurrida tribuna. Ese repliegue táctico del cristinismo despertó un revuelo en redes sociales, con acusaciones cruzadas. El jefe de La Cámpora enfureció con esas especulaciones. Tiene motivos para enfurecerse, también para inquietarse, junto a su madre, por el juicio oral que podría iniciarse hacia fin de año por la investigación de Hotesur-Los Sauces que lo tiene en el banquillo de los acusados. Se trata, tal vez, del expediente más sensible para la familia, ahora en manos del Tribunal Oral Federal 5, que tiene una vacante -subrogada- que debe ser nominada y remitida al Senado por el ministro Juan Bautista Mahiques.
No es, de todos modos, el único fuero que despierta el interés del círculo rojo judicial y político. En el contencioso administrativo federal, donde se resuelven, por ejemplo, los actos administrativos de la gestión del gobierno, hay cuatro vacantes en la cámara. Es una zona de gran influencia por parte de Sergio Fernández, que dejó atrás una enemistad de mucho tiempo con su hermano Javier. Uno de los candidatos que quiere uno de esos sillones es el juez Martín Cormick, vinculado a Kicillof.

En el entorno del gobernador, que tiene un vínculo distante con el Poder Judicial, siguen de costado esos procesos. No figura entre sus prioridades. En julio, designó como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura provincial a Santiago Pérez Teruel, uno de sus asesores cercanos en la materia que empezó hace tiempo a fatigar algunos despachos relevantes. Pero sigue sin resolver las cuatro vacantes en la Corte Suprema.
Esa definición se encamina a quedar bajo la órbita de la próxima administración provincial, el objetivo principal de Santilli, el jefe de Gabinete de Milei que amplía su zona de influencia puertas adentro. El viernes, designó oficialmente a Adrián González al frente del Correo Argentino. La llegada de González coincidió con la salida de Aimé Vázquez, “Meme”, ex mano derecha de Manuel Adorni, que la había elevado al directorio de esa empresa estatal, clave para el desarrollo del proceso electoral del 2027. Santilli tiene en su poder otros asuntos más sensibles, como la licitación del predio de Tecnópolis, que arrastra una puja empresaria muy caliente y que el ministro coordinador lleva en persona.
Pero hay dirigentes de LLA y del PRO que todavía quieren que el jefe de Gabinete decline sus aspiraciones bonaerenses y compita el año que viene por la Jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Según supo este medio, hay conversaciones entre figuras muy importantes del Gobierno y del entorno de Mauricio Macri detrás de esa pretensión. El expresidente aún deja trascender que no está seguro de querer que su primo Jorge Macri busque la reelección, a pesar de que las encuestas marcan una mejora en la gestión local. En ese plano, existieron hasta conversaciones entre Fernando de Andreis y Horacio Rodríguez Larreta. “Hay que volver al PRO histórico”, le habría transmitido el diputado al ex jefe de gobierno.

“Así se manejan los primos hasta que siempre terminan juntos”, opinó una fuente del PRO. Es una hipótesis que tiene cada vez más adeptos: que el jefe del PRO negocia su cuota de poder pero que, al final del camino, terminará por apoyar al jefe de gobierno. Por las dudas, Karina Milei sigue con su propio proyecto, e incorporó hace algún tiempo a una asesora de Patricia Bullrich: María Oneto, a cargo del fondeo de la campaña presidencial de la ex ministra del 2023. Todos desconfían de todos. “En el 2023 les dimos los votos gratis, esta vez los vamos a hacer valer”, explicaron cerca del ex presidente.
Martín Rappallini,Unión Industrial Argentina,Día de la Industria,provincia de Buenos Aires
POLITICA
El encuentro entre la directora de cine María Luisa Bemberg y un militar que cambió el destino del cuerpo embalsamado de Eva Perón

Entre los tantos secretos, ya casi todos revelados, que rodearon al ocultamiento del cadáver de Eva Perón, a su salida del país en 1957 bajo la falsa identidad de María Maggi de Magistris, en un ataúd que acompañaba un “hermano” de la muerta, también bajo identidad falsa, que era en realidad un suboficial del Ejército adscripto al Servicio de Inteligencia de esa fuerza (SIE); a su posterior inhumación en el Cementerio Maggiore de Milán donde permaneció durante casi quince años, hasta 1971, cuando otro gobierno militar decidió devolver el cuerpo a su viudo, Juan Perón, exiliado en España, queda todavía algún secreto a divulgar, o al menos algún episodio poco conocido.
El cuerpo de Eva Perón fue enviado a Italia en una increíble operación de inteligencia ordenada por el entonces presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, líder de la Revolución Libertadora, que había derrocado a Perón luego de un sangriento golpe militar en septiembre de 1955. ¿Qué llevó a Aramburu a tomar esa decisión? ¿Por qué el cadáver de Eva Perón inició un largo y tortuoso peregrinaje que duraría varios años hasta su descanso definitivo en el cementerio de la Recoleta? En la decisión de Aramburu influyó una joven mujer de treinta y cuatro años, María Luisa Bemberg, quien con los años sería una famosa y laureada directora de cine. También jugó un rol muy especial el entonces jefe de la Casa Militar de Aramburu, capitán de Navío Francisco Manrique, que dejaría la Armada para dedicarse a la política, a ser un funcionario de la dictadura militar conocida como Revolución Argentina (1966-1973) y luego en líder de un partido propio federal y conservador.
La historia es larga y compleja, tal vez apasionante. Desde su muerte en 1952 y gracias al trabajo del médico español Pedro Ara, el cuerpo embalsamado de Eva Perón había permanecido expuesto en el segundo piso de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el viejo edificio de la calle Azopardo. Cuando la Libertadora tomó el poder en la Argentina, su primer presidente, el general Eduardo Lonardi, logró que la madre de Eva Perón, Juana Ibarguren, que en los días que siguieron al golpe militar estaba asilada en la embajada de Ecuador, firmara un consentimiento para que las nuevas autoridades dieran cristiana sepultura a su hija.
Pero Lonardi, luego de un golpe palaciego, fue desplazado de la presidencia por Aramburu quien, el 23 de noviembre de 1955, ordenó que el cadáver fuese retirado de la CGT. Ese operativo militar fue encabezado por el teniente coronel Carlos Eugenio Moori Koenig, jefe del SIE, y el cuerpo, lejos de ser inhumado, pasó a manos de aquel oficial que resultó ser una especie de desquiciado mental, que se apropió del cadáver como si se tratara de un trofeo personal, de una reliquia; llegó a ocultarlo en un cajón de madera destinado a portar aparatos y elementos de comunicación militar, lo ultrajó, lo vejó, lo mancilló y lo exhibió a sus amistades y camaradas como el botín de una guerra librada sólo en su mente enferma.
Dos palabras sobre los protagonistas de esta historia. María Luisa Bemberg había nacido en 1922 y era cuarta generación argentina de la poderosa familia Bemberg, propietaria de la Cervecería Quilmes que había sido expropiada por el peronismo. Fascinada en los años ’60 por el fenómeno cinematográfico francés de la “nouvelle vague”, por el neorrealismo italiano y por el cine de Ingmar Bergman, se convirtió luego en escritora, guionista y directora de cine, al frente de películas como Señora de Nadie, Camila, Miss Mary y Yo, la peor de todas, entre otras.

Francisco Manrique había nacido en Mendoza en 1919, desarrolló una intensa carrera militar en la Armada. Fue un ferviente opositor a Perón y Aramburu lo hizo jefe de su Casa Militar hasta el final de su gobierno en 1958. En 1956, cuando el levantamiento militar y civil del 10 de junio contra la Libertadora, liderado por el general Juan José Valle, intento que fue aplastado por las autoridades, Manrique logró que Valle se entregara para poner fin al alzamiento, al parecer con la promesa del propio Manrique de que su vida sería respetada. Valle fue fusilado el 12 de junio en la Penitenciaría Nacional que se alzaba en lo que es hoy el Parque Las Heras.
En 1970, en plena Revolución Argentina, el fugaz presidente Roberto Marcelo Levingston nombró a Manrique ministro de Salud y Acción Social, cargo que mantuvo durante el gobierno del sucesor de Levingston, Alejandro Lanusse. Manrique fue inventor del Prode, un juego de pronósticos deportivos sobre fútbol que ayudó a financiar en parte el PAMI. Luego dejó los cargos públicos y se dedicó de lleno a la política. Fue candidato a presidente por la Alianza Popular Federalista en 1973, en las elecciones que llevaron al peronismo al poder y, en 1983, después de la dictadura conocida como el “Proceso de Reorganización Nacional” fue candidato por la Fuerza Federalista popular en las elecciones que llevaron al poder a Raúl Alfonsín.
Para seguir con esta historia debo colocarme, con las disculpas del caso, en el odioso rol de narrador en primera persona. En 1983, cuando era redactor de la revista La Semana, entrevisté a Manrique, candidato por su propio partido. Se trataba de una entrevista formal que se hacía a todos los candidatos sin más pretensiones de que los reporteados hablaran de sus planes de gobierno. Cuando terminó el reportaje, luego del consabido e ineludible ¿algo más?, dije a Manrique que quería hacerle una pregunta fuera de la nota, que ni esa pregunta, ni su respuesta, iban a ser publicadas, que se trataba de un off the record que sólo servía a mi interés por un hecho histórico que lo había tenido como protagonista. Le pregunté entonces si él le había garantizado la vida al general Valle, a cambio de que se entregara y de que llegara a su fin el alzamiento contra la Libertadora.
Manrique enfureció. Creí entonces, y creo aún hoy, cuarenta y tres años después, que creyó que sí se iba a publicar mi pregunta y su respuesta y debe haber visto sus posibilidades electorales arruinadas. Le reiteré, en las pausas que dejaban sus gritos destemplados, mi compromiso de no publicar nada de lo que habláramos, que sólo quería conocer su versión sobre aquel hecho. No hubo caso. Me dijo que él había salvado la vida del capitán Adolfo Philippeaux, que se había sublevado en la Pampa en apoyo de Valle; que todo aquello era una historia larga y compleja y que no era el momento de hablar de esas cosas. En esto último tenía razón.
Manrique ni siquiera me confió aquel día que él había dejado en claro su papel en la detención del general Valle en una carta escrita a las autoridades de la Armada el 22 de junio de 1956, diez días después del fusilamiento del general sublevado. La carta, si es que fue presentada en esa fecha, fue revelada por fin por Juan Bautista Yofre en su libro Dios y la Patria se lo demanden. Mi entrevistado no era el único en estar furioso aquella tarde. Yo también me encabrité un poco, primero por mi imprudencia, tal vez no fue atinado indagar en ese pasado, pero fue oportuno, y luego, por la tozudez de Manrique empeñado en no creer en mi palabra. Lamenté haber hecho aquella pregunta pero no me arrepentí. Fueron unos cuantos minutos de áspera tensión, para decirlo suave.
De pronto, aquel candidato furioso intentó serenar un poco las aguas. “Mire –dijo– le voy a contar algo para que vea mi buena voluntad, pero no lo va a poder publicar mientras yo viva”. Narró entonces que un día de 1956, el teniente coronel Moori Koenig había invitado a su despacho a María Luisa Bemberg, a quien Manrique conocía, porque sospechaba, o sabía, la escasa simpatía que su invitada podía tener hacia el peronismo que se había adueñado de la antigua empresa familiar. Ambos tomaron el té. Luego, de modo sorpresivo, el militar condujo a la señora Bemberg hacia una dependencia vecina a su despacho. Allí estaba, metido en un cajón con la sigla de una radio cordobesa, el cadáver embalsamado de Eva Perón.
Si Bemberg notó, o intuyó, los vejámenes a los que había sido sometido aquel cuerpo que parecía detenido en el tiempo, jamás lo dijo. Pero salió de aquel edificio espantada. “Vino a verme de inmediato –dijo Manrique aquella tarde de 1983– y me contó su horrible experiencia. Yo fui a ver enseguida a Aramburu y le conté el episodio. Aramburu dijo: “Basta, hay que terminar con eso”. En febrero de 1957, Moori Koenig cesó en la jefatura de la SIE y fue nombrado en su reemplazo el coronel Héctor Cabanillas, que sería el encargado de diseñar y llevar adelante la operación para sacar del país el cadáver de Eva Perón, de enterrarlo bajo nombre falso en Milán, a la guarda de la Compañía de San Pablo y con la autorización y el visto bueno de la Santa Sede y de guardar el secreto durante quince años, hasta que él mismo se encargó de hacer el camino inverso en 1971 y devolver aquel cuerpo a su viudo, Juan Perón.
Esta es la historia, que sin embargo tiene un capítulo más.
Dos años después, Camila, la película de María Luisa Bemberg protagonizada por Susú Pecoraro e Imanol Arias, compitió por el Oscar a la mejor película extranjera. El azar quiso ponerme como enviado especial a cubrir ese acontecimiento para la misma revista que había publicado dos años antes el reportaje a Manrique. También aquellos fueron días ajetreados e intensos. Por alguna razón se nos hizo difícil entrevistar a Bemberg, creo que los periodistas le caíamos un poco pesados. Finalmente, en la tarde de la ceremonia del Oscar, el 25 de marzo de 1985 y en el Dorothy Chandler Pavillon, que ya no se usa para esas ceremonias, atendió a los tres o cuatro enviados que queríamos entrevistarla en un escenario un poco insólito: la peluquería donde iban a peinarla para la que sería acaso su noche de gloria. Nos dio unos minutos cargados de nerviosismo, de apuro, de incomodidad y de declaraciones previsibles.
POLITICA
“Técnicamente indefendibles”: desvíos de hasta 1972% y productos que no eran los adjudicados en la Andis

Un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso, según un informe oficial. Una “situación de gravedad”, lo describió uno de los reportes sobre las compras en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que tiene la Justicia. “Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien”, detalló.
Este y otros ejemplos integran el material que el Ministerio de Salud y el interventor de la exAndis, Alejandro Vilches, enviaron a la Justicia y en los que se alude a presuntos “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. Desde precios que eran hasta 1972% más altos que los abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI, fuera por el mismo insumo o uno similar, hasta supuestos errores de categorización, además de productos importados más caros y con menor durabilidad que los nacionales.
Los informes técnicos sobre compras en la exAndis a los que tuvo acceso fueron firmados el 15 de octubre de 2025, menos de dos meses después de que comenzara “el caso Andis”, y el pasado 10 de abril. El primero aludió a compras puntuales de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y neuroestimulador. El segundo escrito incluyó insumos ortopédicos, referencias de mercado seleccionadas por quienes analizaron las facturas en Discapacidad y presuntos errores administrativos.
En octubre, Vilches explicó que la intervención encaraba un análisis de la documentación, los expedientes y los procedimientos “orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades” e incluyó múltiples observaciones que “podrían configurar apartamientos a las normas”.
Comenzó con el pago correspondiente a Farma Salud del 8 de julio de 2025. Fueron $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe.
Farma Salud fue foco de otra comparación por la adquisición de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible. La diferencia entre lo facturado a la exAndis y el precio de la compra de PAMI a otros proveedores llegó al 711% en este último caso.
En sus descargos ante la Justicia, dos de los representantes de Farma Salud negaron haber realizado pagos indebidos a funcionarios y apuntaron contra un tercer accionista de la firma.
El informe también detectó “una diferencia sustancial” en el segmento de implantes cocleares. Citó que “el precio promedio abonado por unidad a Droguería Floresta resultó de US$ 62.613″. Luego, comparó la cifra con una adjudicación, perfeccionada en septiembre, que “estableció un valor unitario de US$ 12.125, contemplando la escala propia de una compra por volumen”. Y consignó que la referencia de mercado se ubicaba alrededor de US$ 16.975 por unidad. “El incremento alcanza los US$ 45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado”, detalló el escrito que Vilches envió a la Justicia.
Las diferencias de precios se repitieron al analizar las facturas de la proveedora Indecomm, pero el informe destacó algo diferente. Concentró en noviembre seis facturas emitidas a la exAndis y una de ellas, la B 00001- 00000958 -señala el informe- fue abonada en dos oportunidades, ambas por $28,7 millones.
La compra de un neuroestimulador también ameritó el comentario de “brecha considerable en los valores abonados”, por una diferencia del 219 por ciento. Los técnicos indicaron que Neurosalud recibió el pago de $132,4 millones en junio de 2025 mediante la Factura N° 00000128. En abril había sido adjudicada por un precio también de $132,4 millones. Pero un mes antes, el PAMI había adquirido un neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable a $41,5 millones por unidad.
El otro informe, firmado en abril de este año, consignó lo que definió como errores de categorización técnica. ¿Qué significan? “Se facturaron unidades C01 a precios de entre $11 y $14,9 millones, cuando por su patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia son sustancialmente menores, oscilando entre $1,3 y $2,3 millones”, señalaron.
Las observaciones de este segundo informe cuestionaron la adquisición de productos importados. Indicaron que los requerimientos terapéuticos podían ser cubiertos con equipamiento nacional, que ofrece “superior durabilidad y ajuste anatómico”, a menor precio. “La insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero”, analizaron.
Este informe de abril también incluyó una factura por un andador un presunto sobreprecio del 4239%, según trascendió a la prensa semanas atrás. Desde la Ortopedia Bernat indicaron a que, al menos hasta mayo, la factura estaba impaga y relataron una situación puntual respecto a este insumo. “Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado”.
Los informes de Vilches fueron incorporados a la investigación judicial, al igual que un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también había detectado diferencias de precios, incluso entre distintas licitaciones dentro de la propia Andis. De eso se nutrió el fiscal federal Franco Picardi para enfocar su acusación en un sistema de licitaciones presuntamente acotado, con menos oferentes, distinto al sistema de compulsas recomendado por las autoridades.
Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
Reelecciones, internas y “Cristina libre”: los secretos del inédito asado que reunió peronistas, libertarios y radicales

Un asado en un centro cultural peronista de La Plata reunió por primera vez a los principales referentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense, en una cumbre política inédita que sentó en la misma mesa a dirigentes de La Cámpora, el espacio de Axel Kicillof, el Frente Renovador, La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo y el resto de las bancadas. La conversación incluyó las negociaciones por las reelecciones indefinidas de los intendentes, las vacantes de la Suprema Corte de Justicia y las diferencias internas del peronismo. También hubo un planteo de Facundo Tignanelli para incorporar la situación judicial de Cristina Kirchner entre las prioridades políticas.
Según pudo reconstruir Infobae, el encuentro del miércoles pasado dejó una novedad que podría tener consecuencias para el funcionamiento de la Legislatura: la intención de repetir estas reuniones una vez por mes, con representantes de todas las fuerzas parlamentarias de las dos cámaras, para discutir los principales asuntos de la provincia y establecer un mecanismo permanente de negociación política. Y que cualquier modificación de las reglas electorales -reelecciones indefinidas, fechas y boletas únicas de papel- debería definirse este año.
La iniciativa representa un cambio respecto de la dinámica que caracterizó la actividad legislativa durante los últimos años, con conversaciones fragmentadas, proyectos demorados y dificultades para construir acuerdos, incluso entre los distintos sectores del oficialismo. La posibilidad de mantener encuentros periódicos fue bien recibida por los participantes, que coincidieron en la conveniencia de establecer un contacto más directo entre quienes tienen la responsabilidad de conducir los bloques.
La organización estuvo a cargo del senador Sergio Berni, alineado políticamente con Cristina Kirchner, quien tomó la iniciativa de comunicarse individualmente con los dirigentes. La convocatoria se resolvió prácticamente de un día para otro, sin un temario formal ni negociaciones previas para establecer un documento conjunto.

Los bloques compartieron el asado en un centro cultural peronista
El almuerzo se realizó en el centro cultural El Amor y la Igualdad, en la calle 56 entre 8 y 9, en el centro de La Plata, que pertenece a Juan Manuel Pignocco, un funcionario del gobierno de Kicillof. La elección del lugar aportó uno de los datos de color de la jornada: los legisladores libertarios, radicales y del PRO compartieron una comida en un espacio identificado con el peronismo, con fotografías de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en las paredes.
La ambientación partidaria quedó en segundo plano frente a la posibilidad de conversar sobre asuntos que mantienen enfrentados a los bloques. Hubo chorizos, morcillas y carne. La cita había sido convocada para las dos de la tarde y algunos legisladores llegaron desde reuniones de comisión, mientras que otros debieron retirarse para continuar con sus actividades parlamentarias.
El encuentro tuvo alrededor de 40 participantes, entre legisladores y autoridades de ambas cámaras. Por Diputados estuvieron Alejandro Dichiara, presidente del cuerpo; Facundo Tignanelli, titular del bloque peronista y referente de La Cámpora; Alexis Guerrera y Rubén Eslaiman, del Frente Renovador; Mariano Cascallares y Juan Pablo de Jesús, vinculados al espacio político de Kicillof; Juanes Osaba, de La Libertad Avanza; Alejandro Rabinovich, del PRO; Diego Garciarena, del radicalismo, y Martín Rozas, de Unión y Libertad.
Por el Senado participaron Berni, los representantes del PRO Pablo Petrecca y Alex Campbell, el libertario Carlos Curestis, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, de Unión y Libertad, y Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos.
La composición de la mesa permitió una particularidad: dirigentes de las distintas vertientes del peronismo compartieron una conversación política con representantes del gobierno de Javier Milei y de otras fuerzas opositoras, en un contexto en el que las diferencias dentro del oficialismo bonaerense condicionan buena parte de las negociaciones legislativas.
La ausencia de Kicillof y de la vicegobernadora Verónica Magario también marcó el carácter de la convocatoria. Se trató de una iniciativa de los dirigentes parlamentarios, con la intención de establecer un ámbito propio de negociación.

Tignanelli pidió incluir la situación de Cristina Kirchner en la agenda
Uno de los momentos políticos de la conversación se produjo cuando Tignanelli introdujo la situación judicial de Cristina Kirchner y planteó que debía ocupar un lugar prioritario en la agenda.
El jefe del bloque peronista en Diputados puso sobre la mesa la posición de La Cámpora respecto de lo que ese sector considera la proscripción de la expresidenta y la consigna de “Cristina libre”, que el kirchnerismo mantiene como uno de sus principales objetivos políticos.
El planteo abrió una discusión sobre las prioridades de la Legislatura y los asuntos que efectivamente pueden resolverse mediante acuerdos parlamentarios bonaerenses. La situación de la exmandataria, condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos, pertenece al ámbito judicial federal, pero continúa atravesando las conversaciones sobre el futuro electoral del peronismo.
La intervención también dejó expuestas las diferentes posiciones de los sectores del oficialismo provincial. Mientras La Cámpora sostiene que la situación de Cristina debe formar parte de los acuerdos políticos, el kicillofismo tiene entre sus prioridades la modificación del régimen de reelecciones para los intendentes que pretenden competir nuevamente en 2027.

Las reelecciones de los intendentes
Las reelecciones indefinidas ocuparon otro capítulo de la conversación. Kicillof asumió un compromiso político con los intendentes para impulsar una modificación del régimen que limita los mandatos consecutivos, pero todavía enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios.
La cuestión tiene especial importancia para los jefes comunales que necesitan conocer las reglas que estarán vigentes en 2027. Varios de ellos ya comenzaron a organizar sus estrategias electorales y requieren una definición para resolver si podrán presentarse nuevamente o deberán preparar una sucesión en sus municipios.
El problema es que las posiciones atraviesan transversalmente al oficialismo. El Frente Renovador conserva su oposición a las reelecciones indefinidas, mientras que La Cámpora pretende que cualquier entendimiento forme parte de una negociación institucional más amplia.
Durante el asado quedó expuesta la dificultad para construir una mayoría que permita aprobar la modificación. También apareció la conveniencia de resolver esa discusión durante lo que resta de 2026, antes de que comience formalmente el proceso electoral.
La cuestión terminó vinculada con otra diferencia política: el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses de 2025 y la estrategia que adoptará Kicillof si decide competir por la Presidencia en 2027.
Dentro del kirchnerismo persiste una interpretación crítica sobre aquella decisión. El sector cercano a Cristina considera que el gobernador priorizó los intereses de los intendentes, preocupados por conservar sus mayorías en los concejos deliberantes, y terminó condicionando la estrategia nacional del peronismo.

La separación de los comicios constituyó uno de los momentos determinantes del enfrentamiento entre Kicillof y la expresidenta. Ahora, ante una eventual candidatura presidencial del gobernador, reaparece el interrogante sobre la conveniencia de unificar las elecciones provinciales y nacionales.
La definición corresponderá al mandatario bonaerense, pero las diferencias sobre el calendario electoral vuelven a plantear una discusión entre los intendentes, el kirchnerismo y el sector que impulsa la proyección nacional de Kicillof.
Las vacantes de la Suprema Corte siguen atadas a una negociación más amplia
Las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense fueron otro de los asuntos que aparecieron en la conversación.
El radical Diego Garciarena insistió en la necesidad de avanzar con las designaciones y recordó que existen compromisos políticos anteriores para completar la integración del máximo tribunal. Tignanelli acompañó ese planteo, que el kirchnerismo considera parte de las cuestiones institucionales que deben resolverse antes de alcanzar nuevos entendimientos.
La discusión tiene una relación directa con las reelecciones indefinidas. Mientras el gobernador pretende avanzar con la modificación del régimen de mandatos, otros sectores del peronismo reclaman que las negociaciones incluyan la cobertura de las vacantes judiciales.
El problema político de fondo es que los acuerdos legislativos de mayor trascendencia siguen condicionados por las diferencias entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.
La reunión permitió que sus representantes conversaran sobre los asuntos pendientes, aunque las definiciones principales requieren un entendimiento entre los dirigentes que conducen cada sector.

Las cámaras revisarán los proyectos con media sanción que siguen pendientes
Más allá de las diferencias, el encuentro terminó con un primer compromiso sobre el funcionamiento de la Legislatura: coordinar el tratamiento de los proyectos que recibieron media sanción por unanimidad en una cámara y permanecen pendientes de aprobación en la otra.
Durante el almuerzo hubo reclamos cruzados por las demoras. Desde el Senado se cuestionó que varias iniciativas aprobadas quedaran detenidas en Diputados, mientras que representantes de la Cámara baja recordaron que existen proyectos del Ejecutivo que tampoco avanzaron en la Cámara alta.
La solución acordada fue establecer una revisión de los expedientes para identificar aquellos que cuentan con consensos amplios y pueden completar su recorrido parlamentario antes de fin de año. Los proyectos que recibieron media sanción con diferencias políticas deberán continuar su propia negociación.
La tarea quedó en manos de los secretarios legislativos Gervasio Bozzano, de Diputados, y Mariano Ríos Ordóñez, del Senado, quienes deberán coordinar el tratamiento de las iniciativas pendientes.
También hubo un reclamo para conformar la comisión bicameral encargada de revisar proyectos de obras para los municipios y la asignación de parte de los fondos correspondientes, otro de los compromisos que permanecen sin resolver.
La principal novedad, sin embargo, fue la intención de darle continuidad al encuentro. Los participantes coincidieron en la conveniencia de reunirse una vez por mes para discutir las prioridades políticas y coordinar las negociaciones entre ambas cámaras.
La experiencia dejó una imagen singular: dirigentes de La Cámpora, el kicillofismo, el massismo, La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo compartiendo un asado en un centro cultural peronista, rodeados por fotografías de Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
El próximo desafío será comprobar si esa primera conversación consigue convertirse en una mesa política estable para resolver los acuerdos que la Legislatura bonaerense mantiene pendientes.
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