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Coimas en la Andis: Diego Spagnuolo busca frenar el peritaje de los audios y se niega a facilitar una muestra de su voz

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El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo se niega a facilitar una muestra de su voz para el peritaje que ordenó la Justicia sobre los audios que se le atribuyen e hicieron nacer el caso en el que se investigan presuntos sobornos y sobreprecios.

Además, el exnúmero uno del organismo -que está procesado junto a otra veintena de personas involucradas en una gran trama de irregularidades- solicita que las grabaciones sean apartadas del expediente y se suspenda la realización del peritaje.

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Fue a contramano de presentaciones suyas previas, en las que había reclamado que se verificara la autenticidad de esos registros mediante peritajes acústicos e informáticos.

En el nuevo escrito, presentado ayer por uno de sus abogados, Spagnuolo, que hasta la revelación del caso era muy cercano a los hermanos Milei, pidió suspender el trámite -ordenado hace dos semanas por el juez Ariel Lijo- y señaló que la Justicia no puede forzarlo a aportar un registro de su propia voz porque no está obligado a colaborar con la acusación. En suma, piensa que ese aporte podría autoincriminarlo.

“Los cotejos de voz configuran una especie de utilización del imputado como sujeto de prueba y, ante esa posibilidad, la garantía contra la autoincriminación opera como obstáculo legal inamovible”, señala el escrito.

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“Especialmente porque su intervención activa e inconsulta en aquella medida podría aparejarle un resultado desfavorable/perjudicial respecto de la acusación que soporta”, agrega Spagnuolo en su presentación.

A comienzos de mes, el juez Lijo había ordenado peritar los audios que dieron lugar a la investigación, en respuesta a un pedido puntual de la Cámara Federal.

En la grabaciones se menciona a Karina Milei

En un intento por hacer caer toda la causa -que avanzó con medidas, procesamientos y una segunda ronda de indagatorias—, las defensas apuntaron sus cañones contra los audios atribuidos a Spagnuolo porque, a contramano de lo que hasta ahora dijo la Justicia, consideran que son la piedra angular de todo el expediente.

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En aquellas grabaciones, cuyo origen no está claro, una voz que sería la de Spagnuolo describe un sistema de coimas al interior de la agencia Andis, de la cual el funcionario era el máximo responsable.

En su presentación de ayer, uno de los abogados de Spagnuolo, Pablo Parera, volvió a asegurar que los audios en cuestión fueron manipulados, porque, en lo que parece ser una conversación entre al menos dos personas, se escucha una sola voz.

Evita, en cambio, sostener que los audios fueron intervenidos con inteligencia artificial, como sí había advertido la defensa en otras oportunidades.

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La presentación implica un giro en la postura de Spagnuolo. Al comienzo de la causa, en sus apelaciones de octubre de 2025, el exfuncionario criticó que el juez no hubiera cumplido con la “obligación elemental” de verificar el origen y la validez de los registros mediante peritajes acústicos e informáticos antes de avanzar con otras medidas.

En esa línea, presentó luego un peritaje privado realizado por una empresa alemana, en el que se indicaba una posibilidad de “trazas de voz sintética con una probabilidad del 65% en ciertos fragmentos”.

La causa

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La Cámara Federal revisa por estas horas la primera ronda de procesamientos que dictó el primer juez al frente de la causa, Sebastián Casanello.

Entre exfuncionarios y empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos para el organismo, alcanza a un total de 19 personas.

Además de Spagnuolo, a la cabeza del presunto sistema de sobreprecios y retornos, en la acusación del fiscal Franco Picardi se encuentran Daniel Garbellini, exnúmero dos del organismo, el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian, que habría tenido injerencia y Miguel Ángel Calvete, quien se habría movido como un “director paraestatal” del organismo, dando órdenes.

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A su vez, desde fines de abril se lleva a cabo una segunda ronda de indagatorias impulsada por el fiscal que incluye cinco ampliaciones y alcanza a otras 24 personas nuevas, vinculadas en su mayoría a las empresas que habrían participado del sistema de direccionamiento y sobreprecios.




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Aprobaron las ternas para reemplazar a dos jueces de la Cámara Federal porteña, clave en los casos de corrupción

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El Consejo de la Magistratura decidió elevar al Poder Ejecutivo la terna de los candidatos propuestos para ocupar dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, para reemplazar allí a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Es el primer paso la refundación de este estratégico tribunal, cuya integración pretende cambiar el Gobierno.

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La terna que fue aprobada por mayoría incluye en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo.

Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi, pero esta decisión es del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.

A fines de la semana pasada, Bruglia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de no innovar. Reclamó que se suspendan todas las acciones vinculadas al concurso del Consejo de la Magistratura con el que, según denunció, buscan removerlo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

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La presentación, que incluyó duras críticas a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a colegas del Poder Judicial, se incorporó dentro de la petición P-35-21, en trámite ante la CIDH desde 2021, en la que se analiza la situación de Bruglia y la de sus colegas Bertuzzi y Germán Castelli, tras los embates que lideró contra ellos el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández.

Bruglia identificó un punto de no retorno para sostener su petición a la CIDH: el momento en que la eventual designación de reemplazantes tornaría irreversible su salida del cargo. Según sostuvo, el 27 de abril pasado el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había permanecido paralizado durante la instancia de solución amistosa que se había iniciado ante la CIDH. Tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo, en menos de quince minutos y, según planteó Bruglia, sin debate sustantivo, tras una reunión previa a puertas cerradas.

De acuerdo con el planteo de Bruglia, el Poder Ejecutivo proyecta que las ternas sean elevadas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces juren en agosto. Ese sería, sostuvo, el momento en que la situación se volvería irreversible.

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En su presentación, además, Bruglia señaló al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola. Consignó que Viola fue designado por Milei como representante del Poder Ejecutivo ante el propio Consejo y recordó que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado en una causa en la que Viola fue acusado de haber promovido testigos falsos que declararon contra el juez federal Sebastián Casanello.

Así, el camarista sostuvo que funcionarios y jueces que integran el Consejo impulsan una aplicación selectiva del fallo de la Corte Suprema de 2020 que estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta completar el proceso constitucional de designación.

Cabe recordar que en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde un tribunal oral a la Cámara Federal porteña, con el aval del Consejo de la Magistratura. Pero tras el fallo de la Corte Suprema, Bruglia remarcó que las nuevas pautas ordenadoras se aplicaron únicamente en sus casos. En otras palabras, en decenas de situaciones similares no se activaron concursos ni se retrotrajeron vacantes.

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Como respaldo a su planteo, Bruglia presentó el caso “testigo” de Carlos Mahiques. Lejos de activar un concurso en el Consejo de la Magistratura, el presidente Javier Milei impulsó darle un nuevo acuerdo por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Ese acto, sostuvo Bruglia, evidencia con nitidez el trato desigual.

Bruglia advierte que su trato fue el contrario del que el Gobierno le dio a Carlos Mahiques (padre del actual ministro de Justicia), quien también llegó a su cargo por traslado y lejos de querer reemplazarlo, Milei pidió extenderle su mandato por cinco años cuando cumpla 75 años

La gravedad institucional del argumento tiene, para Bruglia, un respaldo inesperado: las palabras del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”, quien declaró públicamente que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, y contrastó el tratamiento recibido por Carlos Mahiques con el de Leopoldo Bruglia.

El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi” en el marco de un “per saltum” y fijó el carácter transitorio de todos los traslados de jueces y camaristas. En 2024, el Estado argentino impulsó ante la CIDH un proceso de solución amistosa que implicó la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.

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Ricardo Lorenzetti cuestionó la decisión del Consejo de la Magistratura de tratar de modo desigual a los distintos jueces trasladadosCSJN

Sin embargo, ese proceso se interrumpió el 15 de octubre de 2025, apenas veinte días antes del inicio del juicio oral en la “causa Cuadernos”. El cambio de estrategia se consolidó con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Viola al Consejo, en marzo de este año.

Bruglia sostuvo además que ya agotó las instancias internas, al solicitar sin éxito ante el Consejo de la Magistratura la suspensión del concurso al amparo del artículo 25 del reglamento de la CIDH. Según indicó, el organismo habría considerado que no reviste carácter de parte interesada, una interpretación que el magistrado cuestionó.

Así, la cautelar apunta a suspender todas las acciones vinculadas al concurso 461 hasta que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre el fondo del caso. Bruglia sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, e invocó la posible vulneración de garantías como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Según alertó, si los nuevos jueces juran antes de que la CIDH resuelva, cualquier decisión posterior del organismo podría resultar de imposible cumplimiento.

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Manuel Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación por su patrimonio

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, ingresaron al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La normativa contempla la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, en el marco del paraguas del esquema de Inocencia Fiscal.

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Fuentes oficiales consultadas por Infobae aseguran que en el trámite ya realizado por el matrimonio, que es investigado en la Justicia por el incremento de su patrimonio, no hubo una suerte de “blanqueo” o depósito de dólares que no habían sido declarados con anterioridad. La explicación sobre el origen de fondos para la adquisición de los bienes de la pareja no se realizó por esta vía, aclararon.

La constancia de inscripción del régimen simplificado de Ganancias de Bettina Angeletti

El periodista Hugo Alconada Mon anticipó anoche que Angeletti adhirió el 31 de mayo a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. Las fuentes oficiales consultadas por este medio confirmaron la información aunque rechazaron la versión de que se había amparado en el régimen de inocencia fiscal que permite exteriorizar bienes. Además precisaron que el jefe de Gabinete adoptó la misma estrategia impositiva.

“El régimen simplificado de Ganancias ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera simplificada, porque el trámite lo termina completando el fisco y no quien aplica. Se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal”, argumentan.

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No va a ser para blanquear dinero. Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso”, afirman cerca de Adorni, desde donde agregan que no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal. La justificación de los fondos con los que el matrimonio compró sus inmuebles se explicarían, en parte, por tenencia de criptomonedas.

La declaración impositiva es privada, aunque la Justicia tiene la potestad de solicitar el levantamiento el secreto fiscal, tal como sucedió en el expediente judicial que investiga al matrimonio.

La adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias por parte de Adorni y Bettina no significa, necesariamente, que vayan a sacar dólares del colchón. Uno de los beneficios de Régimen es que les calculará a ambos -en base a información existente en su base de datos— el impuesto a pagar. Pero el más importante que tendrían ambos, en caso de ser aceptados en el Régimen, es el “tapón fiscal”.

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El mismo bloquearía a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de poder revisarlos por periodos fiscales anteriores. Entre ellos, el 2025, que es donde el jefe de Gabinete y su esposa hicieron movimientos que la Justicia investiga por posibles inconsistencias. Aunque hay que destacar un dato: en 2025 no se podían sacar dólares del colchón, la Ley de Inocencia Fiscal se aprobó en febrero. Si se lo conceden, ARCA no podrá mirar la ecuación patrimonial de sus bienes poseídos entre 2022, 2023 y 2024; y el año base de 2025.

El jefe de Gabinete tiene lista la declaración jurada y en su entorno prometen que su presentación será “inminente”.

El avance de las causas y los próximos pasos

Manuel Adorni deberá explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en las próximas semanas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que podría derivar luego en una indagatoria y que también se entrecruza con otra investigación sobre su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, contratos estatales y un viaje en avión privado a Punta del Este.

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El avance del expediente depende de dos informes clave que esperan el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita. Uno de ellos apunta a establecer si las cuentas del jefe de Gabinete cierran o no; el otro, a analizar comunicaciones vinculadas con la causa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

A pedido de Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones prepara un estudio contable para definir si existió un incremento patrimonial injustificado y, en caso de detectar irregularidades, medir su magnitud. Ese análisis cruza ingresos, deudas, pagos relevantes para la compra de propiedades y gastos corrientes.

La revisión financiera estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio. Cuando la DAFI establezca una cifra sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, Pollicita quedará en condiciones de pedirle a Lijo un requerimiento de justificación patrimonial.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Si recibe el requerimiento, Adorni podrá responder de qué manera compró y remodeló dos propiedades: un semipiso en Caballito y una casa de country en Exaltación de la Cruz, sin vender los bienes que tenía antes de asumir como funcionario. También deberá explicar de dónde salió el dinero para viajar por el país y el mundo, adquirir una nueva camioneta y cómo pensaba cancelar antes de noviembre una deuda de USD 335.000 con distintos acreedores.

La declaración jurada del ciclo 2025 que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción no parece suficiente para evitar ese paso inmediato. Si su descargo no desarma la hipótesis delictiva que impulsa el fiscal, el siguiente movimiento sería citarlo a declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.

La pesquisa patrimonial incluye además un foco específico sobre las criptomonedas. La Justicia ya tiene acreditados movimientos, fondos y billeteras virtuales de Adorni, aunque los investigadores sospechan que podría haber más activos digitales y no descartan que algunos le pertenezcan sin estar registrados a su nombre.

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La otra investigación que rodea al jefe de Gabinete se concentra en su relación con Marcelo Grandio y con la productora ImHouse. En ese expediente, Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado sobre las llamadas de Grandio y de Horacio Silva, presidente de esa empresa. Para el feriado de Carnaval de este año, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que viajaron a Punta del Este el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos. El costo total de ida y vuelta fue de USD 7.830. Adorni dijo públicamente que pagó su parte y debe presentar el comprobante a la Justicia.

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Julia Mengolini fue sobreseída en la causa que le inició Javier Milei por injurias

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El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó hoy a la periodista Julia Mengolini en la causa por injurias que Javier Milei promovió contra ella por haber dicho que estaba enamorado de su hermana y haber hablado de “incesto”.

El caso se cerró por prescripción, porque pasaron más de dos años desde los dichos de Mengolini hasta la denuncia de Milei.

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Es la segunda vez que Casanello firma el sobreseimiento de Mengolini en esta causa. La primera vez, el juez advirtió que no correspondía perseguir penalmente a la periodista por dichos vinculados a “asuntos de interés público”, citó antecedentes de la Corte y tratados internacionales, y sostuvo que estaba en juego la libertad de expresión.

“He dado suficientes razones para explicar por qué la conducta de la periodista Julia Mengolini no puede ser objeto de persecución penal. Tal criterio, empero, fue rechazado por las instancias revisoras”, relató hoy Casanello.

La Cámara Federal, con la firma del camarista Pablo Bertuzzi, fue quien revocó el primer sobreseimiento firmado por el juez. A juicio de Bertuzzi, las manifestaciones de Mengolini “tuvieron como único propósito catalogar como incestuoso el vínculo entre el candidato a presidente y su hermana” y son expresiones que “distan de formar parte de asuntos de interés público relativos a la función presidencial”.

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Ese fallo de la Cámara en favor del planteo de Milei fue firmado solo por Bertuzzi porque la regla es que los jueces de la Cámara Federal “actúan de manera unipersonal” en determinados casos excepcionales; entre ellos, cuando se trata de delitos “de acción privada”, como el de injurias. Bertuzzi llegó a la Cámara por traslado y esta mañana el Consejo de la Magistratura lo incluyó dentro de una de las dos ternas que recibirá Milei para nombrar camaristas en ese tribunal.

Tras aquel fallo de la Cámara Federal -y previo paso por la Casación sin éxito- la defensa de Mengolini planteó que el caso estaba prescripto. El fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, consideró que la periodista tenía razón y hoy Casanello dictó su sentencia en el mismo sentido.

El juez advirtió que los delitos que tienen por pena una multa prescriben a los dos años del hecho y relató que en este caso, los dichos de Mengolini fueron el 3 de mayo de 2023 y la querella se presentó el 1° de julio de 2025.

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El argumento de Milei

El abogado de Milei, Francisco Oneto, había argumentado que Mengolini volvió a injuriar al Presidente tiempo después porque volvió a referirse al tema, pero para Casanello lo que hizo la periodista fue “una respuesta” a Milei. El juez dijo en su fallo de hoy: “Con tono evidentemente aclaratorio, [Mengolini] dijo: “Corrección, Presidente: dije que vivía con sus perros (no que dormía con sus perros). Y que estaba ‘enamorado’ de su hermana’, no que se acostara con ella”.

Para Casanello, estas nuevas declaraciones de Mengolini son “inocuas” y “mal pueden ser consideradas como la continuación de un discurso injuriante”.

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La frase de Mengolini

El 3 de mayo de 2023, cuando Milei era candidato a presidente, Mengolini dijo, en el programa “Duro de domar”, del canal C5N, que Milei “es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana”. Afirmó que “todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana” y que había anunciado que iba a ser “la primera dama” si él llegaba a la presidencia. “Y esto no está bien -dijo Mengolini-. Cuando vos vas al CBC y estudias en el CBC Antropología, hay una de las cositas que te enseñan. Y es que en todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú, es el tabú del incesto”.

Milei no promovió su querella en ese momento, sino después de que Mengolini anunciara que iba a presentar una acción penal contra él por “incitación al odio y a la violencia colectiva” y por “amenazas coactivas”. Ella denunció que estaba siendo objeto de hostigamiento y amenazas en las redes y que los mensajes de odio eran reproducidos y amplificados por el Presidente.

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El abogado de Milei tiene ahora la posibilidad de apelar el sobreseimiento y volver a llevar el caso ante la Cámara Federal.




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