Pasaron más de 90 días desde aquel 8 de marzo, cuando la vida política y personal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio un vuelco de manera drástica. Desde que se supo que su esposa, Bettina Angeletti, había formado parte de la delegación oficial que acompañó al presidente Javier Milei a la Argentina Week en Nueva York, el ministro coordinador intentó, con éxito dispar, explicar su crecimiento patrimonial, incurriendo en contradicciones, y sin cumplir hasta hoy su promesa de presentar su declaración jurada de bienes ante la Ofincia Anticorrupción (OA), mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenía el pasaje comprado para el 26 de febrero. Después hubo un cambio en el viaje, yo pasaba por Miami y quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó”, dijo Adorni en sus primeras explicaciones sobre el viaje que inició la polémica.

Nunca quedó claro quién había invitado a Angeletti al viaje, ya que, como recuerda Chequeado.com, la utilización de aviones oficiales para familiares de funcionarios fue prohibida por el propio Gobierno en agosto de 2024, y anunciada por Adorni en su carácter de portavoz de la gestión libertaria. “De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública”, advirtió el entonces vocero, en referencia a episodios ocurridos durante el kirchnerismo, pero que también se aplican en su caso.

El segundo eje de la polémica fue el viaje en jet privado a Punta del Este, durante el feriado del Carnaval, con su familia y el empresario periodístico Marcelo Grandio, revelado el 9 de marzo por Carlos Pagni en LN+.

Cuando se conoció la noticia, Adorni afirmó que había pagado el “proporcional” del vuelo, es decir, su pasaje y el de su grupo familiar, pero Agustín Issin Hansen, el piloto que facturó el viaje de regreso, y Vanesa Tossi, su secretaria, afirmaron ante la Justicia que fue Grandio quien lo pagó, y que tanto Adorni como su familia fueron invitados. “Apenas sos un periodista, no sos un juez; vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero”, le contestó Adorni al periodista Jonatan Heguier, de El Destape, cuando lo consultó por el viaje, que podría encuadrarse en el delito de dádivas, y los contratos que unían a Grandio con la televisión pública.

La compra, en noviembre de 2024, de la casa en el country Golf Club Indio Cua, a nombre de su esposa, también generó revuelo. En principio, la casa no figuraba en el apartado correspondiente de la pasada declaración jurada, con fecha del 4 de agosto de 2025. Adorni lo incorporó este año, una vez desatado el escándalo, según informó este diario.

Cuando le tocó declarar en la Justicia, el contratista Matías Tabar afirmó que realizó refacciones en la casa del country y recibió de Adorni US$245.000 en efectivo, incluida la instalación de una cascada que motivó críticas en las redes sociales. “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar, parece que hay que explicar lo obvio”, contestó Adorni a una pregunta de , en la conferencia de prensa del 25 de marzo, aunque la propia compra de la casa, según fuentes judiciales, no figuraba en su declaración original y tampoco las costosas refacciones reconocidas por Tabar. Desde el Gobierno y el oficialismo dejaron trascender que demandarían a Tabar por falso testimonio.

En aquella conferencia, Adorni también reconoció que vivía en un departamento en Caballito, adquirido en noviembre de 2025 por un total de US$230.000, a pesar de cobrar un sueldo de funcionario de poco más de $3 millones, hasta principios de este año, cuando su sueldo subió hasta los $7 millones.

Para comprar la casa de country los Adorni pagaron US$20.000 en efectivo y accedieron a US$100.000 a través de una hipoteca con intereses que le facilitaron dos mujeres ligadas a la Policía Federal (una de ellas jubilada), que declararon en Tribunales haber cobrado US$30.000 de esa deuda, que vence en noviembre. A eso se suman los US$245.000 que dijo haber cobrado Tabar.

Por el departamento de Caballito, los Adorni abonaron otros US$30.000 en efectivo, más una hipoteca por US$200.000 sin intereses que le facilitaron dos jubiladas, que también vence en noviembre. El hijo de una de ellas, Pablo Martín Feijoo, declaró en Comodoro Py que, aparte, Adorni le debe otros US$65.000 por esa operación.

“No tengo nada que esconder”, dijo Adorni en sus primeras apariciones públicas luego de estallado el escándalo. Dos meses después, el 7 de mayo, fue la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, quien le pidió públicamente y en una reunión de gabinete que presente su declaración jurada.

“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior», insistió Bullrich.

Ante el silencio de Adorni, Bullrich presentó días después su propia declaración jurada, dejando aún más expuesto al ministro coordinador. Lo defendió públicamente el propio presidente Javier Milei. “Es que en realidad Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse [en referencia a la declaración jurada de bienes]”, sostuvo el Presidente en una entrevista a América 24, aunque más de un mes después, Adorni aún no había presentado sus papeles ante la Justicia, trámite que según fuentes oficiales cumpliría en las próximas horas, luego de acogerse el régimen simplificado de Ganancias que habilitó la ley de inocencia fiscal.

El Consejo de la Magistratura decidió elevar al Poder Ejecutivo la terna de los candidatos propuestos para ocupar dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, para reemplazar allí a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Es el primer paso la refundación de este estratégico tribunal, cuya integración pretende cambiar el Gobierno.

La terna que fue aprobada por mayoría incluye en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo.

Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi, pero esta decisión es del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.

A fines de la semana pasada, Bruglia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de no innovar. Reclamó que se suspendan todas las acciones vinculadas al concurso del Consejo de la Magistratura con el que, según denunció, buscan removerlo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

La presentación, que incluyó duras críticas a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a colegas del Poder Judicial, se incorporó dentro de la petición P-35-21, en trámite ante la CIDH desde 2021, en la que se analiza la situación de Bruglia y la de sus colegas Bertuzzi y Germán Castelli, tras los embates que lideró contra ellos el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández.

Bruglia identificó un punto de no retorno para sostener su petición a la CIDH: el momento en que la eventual designación de reemplazantes tornaría irreversible su salida del cargo. Según sostuvo, el 27 de abril pasado el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había permanecido paralizado durante la instancia de solución amistosa que se había iniciado ante la CIDH. Tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo, en menos de quince minutos y, según planteó Bruglia, sin debate sustantivo, tras una reunión previa a puertas cerradas.

De acuerdo con el planteo de Bruglia, el Poder Ejecutivo proyecta que las ternas sean elevadas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces juren en agosto. Ese sería, sostuvo, el momento en que la situación se volvería irreversible.

En su presentación, además, Bruglia señaló al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola. Consignó que Viola fue designado por Milei como representante del Poder Ejecutivo ante el propio Consejo y recordó que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado en una causa en la que Viola fue acusado de haber promovido testigos falsos que declararon contra el juez federal Sebastián Casanello.

Así, el camarista sostuvo que funcionarios y jueces que integran el Consejo impulsan una aplicación selectiva del fallo de la Corte Suprema de 2020 que estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta completar el proceso constitucional de designación.

Cabe recordar que en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde un tribunal oral a la Cámara Federal porteña, con el aval del Consejo de la Magistratura. Pero tras el fallo de la Corte Suprema, Bruglia remarcó que las nuevas pautas ordenadoras se aplicaron únicamente en sus casos. En otras palabras, en decenas de situaciones similares no se activaron concursos ni se retrotrajeron vacantes.

Como respaldo a su planteo, Bruglia presentó el caso “testigo” de Carlos Mahiques. Lejos de activar un concurso en el Consejo de la Magistratura, el presidente Javier Milei impulsó darle un nuevo acuerdo por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Ese acto, sostuvo Bruglia, evidencia con nitidez el trato desigual.

La gravedad institucional del argumento tiene, para Bruglia, un respaldo inesperado: las palabras del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”, quien declaró públicamente que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, y contrastó el tratamiento recibido por Carlos Mahiques con el de Leopoldo Bruglia.

El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi” en el marco de un “per saltum” y fijó el carácter transitorio de todos los traslados de jueces y camaristas. En 2024, el Estado argentino impulsó ante la CIDH un proceso de solución amistosa que implicó la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.

Sin embargo, ese proceso se interrumpió el 15 de octubre de 2025, apenas veinte días antes del inicio del juicio oral en la “causa Cuadernos”. El cambio de estrategia se consolidó con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Viola al Consejo, en marzo de este año.

Bruglia sostuvo además que ya agotó las instancias internas, al solicitar sin éxito ante el Consejo de la Magistratura la suspensión del concurso al amparo del artículo 25 del reglamento de la CIDH. Según indicó, el organismo habría considerado que no reviste carácter de parte interesada, una interpretación que el magistrado cuestionó.

Así, la cautelar apunta a suspender todas las acciones vinculadas al concurso 461 hasta que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre el fondo del caso. Bruglia sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, e invocó la posible vulneración de garantías como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Según alertó, si los nuevos jueces juran antes de que la CIDH resuelva, cualquier decisión posterior del organismo podría resultar de imposible cumplimiento.