POLITICA
Axel Kicillof adhiere a la marcha de la salud, pero los reclamos también apuntan a él
Axel Kicillof se pone al frente de los reclamos sanitarios contra el gobierno de Javier Milei, pero las quejas del sector también alcanzan a su gestión provincial. En la previa de la marcha federal por la salud a la que adhirió el titular del PJ bonaerense, el Hospital Garrahan le salió al cruce y denunció que su gobierno demora la entrega de insumos para cirugías.
En la institución pediátrica denuncian que la administración de Kicillof adeuda el envío de 814 prótesis. “Los pedidos pendientes del Hospital Garrahan al Banco de Prótesis de la provincia de Buenos Aires se acumulan desde 2022 y crecen año tras año. La situación resulta crítica al tratarse de chicos que, en algunos casos, necesitan la prótesis para poder movilizarse”, afirmaron las autoridades del hospital.
El Consejo de Administración del Garrahan advirtió que el 70% de sus pacientes viene de la provincia y que “hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que dependen exclusivamente del gobierno local”.
Según explicaron, cuando las familias solicitan los insumos, se enfrentan “extensos procesos administrativos que la mayoría de las veces terminan en la nada” y que, pese a la falta de avances, el gobierno provincial evita negar por escrito el envío de las prótesis para “no pagar el costo público”.
“La demora ya generó situaciones extremas. Hubo pacientes que, en la espera, alcanzaron la adultez y no pudieron ser intervenidos dentro del hospital pediátrico, y otros que debido a la urgencia, fueron operados con insumos pagados por la institución”, indicaron en el comunicado compartido en redes sociales. En este contexto, las autoridades del hospital exigen una “solución urgente y sostenible” para evitar que se vea afectada la salud de sus pacientes.
El reclamo del Hospital Garrahan, cuyo presupuesto lo aporta el 80% por el Estado nacional y el 20% restante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llega luego de que Kicillof respaldara la convocatoria a la marcha federal por la salud y cuestionara la política sanitaria del gobierno de Milei. En una reunión con intendentes en la ciudad de La Plata, el gobernador había calificado de “criminal” la gestión del ministro Mario Lugones y aseguró que la Argentina atraviesa una “catástrofe sanitaria”.
“Producto de la crisis económica y la desregulación de la medicina prepaga más de 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social. En muy poco tiempo, el ajuste, la interrupción en la entrega de medicamentos y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, señaló en su cuenta de X el término de la cumbre.
En este contexto, aseguró que, junto a los intendentes, el gobierno provincial se está “haciendo cargo de la situación y brindando todas las respuestas” que están a su alcance, pese a la “sobrecarga” de sus propios sistemas de salud. En el encuentro, el gobernador había apuntado contra los recortes del gobierno nacional y la “merma en la coparticipación” que limitan la capacidad de la provincia para fortalecer el acceso a la salud.
Hace dos semanas, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak había denunciado un recorte de “$25.000 millones destinados al fortalecimiento de los sistemas provinciales” de salud. En paralelo, la provincia mantiene una batalla judicial con la Casa Rosada por una deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) equivalente a $2,3 billones por las cajas previsionales no transferidas.
Según confirmó ante más de 60 intendentes, Kicillof participará, esta tarde, de la marcha federal que se realizará frente al Ministerio de Salud, en una señal de apoyo a los sindicatos y los trabajadores de la salud. “Nosotros adherimos a la marcha federal por el acceso a la salud, que es un derecho de todos los argentinos, le guste o no le guste al Presidente de la Nación”, enfatizó el titular del PJ bonaerense.
Además de los reclamos del Garrahan, la adhesión de Kicillof a la marcha también generó críticas del gobierno nacional, que apuntó contra la deuda del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) con distintos establecimientos médicos y denunció “un claro tinte político” en la convocatoria a la movilización por la salud pública.
En la administración libertaria afirmaron que, mientras Kicillof y su ministro de Salud Nicolás Kreplak, convocan a la marcha, “el Estado nacional invierte casi 2 billones de pesos en la salud de los bonaerenses y la Provincia debe más de 644 mil millones a los hospitales SAMIC de gestión compartida con Nación”.
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POLITICA
La denuncia de Servini: insistentes mensajes por chat y llamadas de madrugada con el juez Villena
La denuncia de la jueza María Servini contra su colega Federico Villena por supuestas amenazas se basa en una serie de mensajes que le mandó el magistrado reclamándole porque supuestamente ella había hablado mal de él y luego de eso no le atendía el teléfono.
En esos mensajes, que son 19 según Servini, Villena le reclama a la jueza, que fue su amiga en el pasado y con quien mantenía una cálida relación, porque no le atendía el teléfono.
El juez le reprochaba que lo hubiera criticado, situación que la jueza Servini niega, dijeron allegados de ambos magistrados a .
Servini es la más antigua de los jueces federales, tiene 89 años y está al frente del Juzgado Federal 1 de Comodoro Py 2002. Villena, de 48 años, es juez federal de Lomas de Zamora y fue en el pasado un amigo cercano a la magistrada.
En esos mensajes de Villena, del 11 y 12 de mayo, el juez le reprochaba a su colega y le hablaba del “dolor” que le generaba su “actitud”, porque señaló que siempre la había admirado.
“Siempre fuiste mi modelo a seguir”, le decía Villena a Servini el 11 de mayo cerca de las 18 en esos mensajes y le recordaba que se conocen desde que el magistrado era “chiquito”.
Villena le pedía que lo atendiera. “Vos podrías ser mi abuela”, le decía el juez y le recordaba cada vez que se juntaron para almorzar o cenar juntos y lo mucho que disfrutaba esos encuentros.
Servini no le respondía y Villena insistía al recordarle que “nunca le había pedido nada”, ni siquiera un cargo en la Justicia electoral.
Dirigiéndose a la magistrada como “Chuchi”, el apodo con el que la tratan sus allegados, Villena le mencionó que nunca la “había usado para nada”.
Servini cree que Villena mencionaba que la jueza era su protectora cada vez que tenía cuestionamientos de sus superiores, cuestión que el juez niega.
A la media hora Villena volvió a escribirle: recordó lo que hizo por la jueza, sin entrar en detalles, y le comentó su creencia de que había alrededor de la magistrada personas que la estaban manipulando para generar una opinión negativa de Villena.
“Quiero ver quién de todos esos mierdas que tenés alrededor hubiera hecho lo que yo hice por vos, sin pedirte absolutamente nada a cambio”, le escribió el juez.
Villena considera que Servini es su amiga y un “modelo de jueza a seguir” y se lo dijo mientras reclamaba que lo llamara.
De madrugada, 20 minutos antes de la 1 de la mañana, entró un mensaje en el celular de Villena, que fue borrado, y a la 1 Servini lo llamó. Pero Villena, dormido, no la atendió. Sí lo hizo a las 3 de la mañana, cuando vio el mensaje.
La sucesión de comunicaciones del juez hacia la magistrada se sucedió al día siguiente a la tarde, desde las 16 hasta después de las 19, y en ningún momento obtuvo respuesta.
Con estos mensajes, Servini planteó una denuncia porque dijo que la sucesión de comunicaciones era intimidatoria y que pensaba que era una amenaza.
Villena es juez federal en Lomas de Zamora. Servini apoyó al candidato a juez de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Ariel Lijo, y en su entorno entienden que los reproches de Villena tendrían ese origen.
Ahora, alejada de Villena, dejó de llamarlo y él la llamó 19 veces en dos días, según denunció Servini. La causa recayó en el juzgado de Lijo, que tiene otras causas abiertas relacionadas con el asunto y es cercano a la jueza Servini.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno fortalece el vínculo con gobernadores aliados: Caputo se reunió con Cornejo y Figueroa
Mientras enfrenta votaciones clave en el Congreso y se prepara para un 2027 electoral, el Gobierno de Javier Milei busca fortalecer el vínculo con sus aliados políticos. Entre ellos, aparecen los gobernadores, que le aportan no solo votos en Diputados y el Senado, sino también peso territorial.
En medio de la parálisis de la obra pública, el ministro de Economía Luis Caputo encabezó dos reuniones con mandatarios provinciales este miércoles.
Una de ellas fue con el neuquino Rolando Figueroa, que ya busca la reelección y selló acuerdos con libertarios en el pasado. “Muy buena reunión junto a Diego Santilli y el gobernador Rolando Figueroa, en la que firmamos las contragarantías de los financiamientos del Banco Mundial y del BID”, informó el titular de Hacienda en sus redes sociales.
“El primer programa permitirá desarrollar infraestructura, conectividad vial y la formalización de barrios populares. Beneficiará directamente a 23.100 hogares y de forma indirecta a más de 2 millones de personas», detalló.
Y agregó: “El segundo proyecto mejorará la infraestructura resiliente, permitirá generar empleo en turismo y responder eficazmente ante emergencias. Beneficiará directamente a 290.000 personas e indirectamente a aproximadamente 350.000 habitantes de la provincia”.
El otro encuentro que no pasó desapercibido fue con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Es otro de los que selló un acuerdo con La Libertad Avanza en las elecciones del 2025. “Muy buena reunión con el Gobernador Alfredo Cornejo, con quien dialogamos sobre el impacto positivo que tendrá en la creación de empleo y la recuperación económica del proyecto RIGI del Parque Solar El Quemado en la provincia de Mendoza”, indicó Caputo.
Leé también: Diputados: el oficialismo le dio media sanción a la Ley Hojarasca que deroga 70 normas “obsoletas”
“El Quemado representa más del 11% de toda la energía solar instalada de Argentina y también es el parque solar más grande del país. Su puesta en marcha representa un paso más hacia una matriz energética moderna que va a contribuir a que la provincia y el país sigan creciendo”, añadió el ministro.
Guiños políticos antes de votar proyectos claves en el Congreso
Las reuniones con los gobernadores no pasaron inadvertidas, en especial en la previa a la votación de proyectos clave como la Ley Hojarasca (que ya logró media sanción) y la modificación del Régimen de Zona Fría. En este último punto, en el oficialismo advirtieron que varios gobernadores no acompañarían una reducción de subsidios energéticos y comenzaron a impulsar alternativas.
Entre las opciones que evalúa el Poder Ejecutivo, figura ampliar beneficios a las denominadas zonas cálidas, incluyendo provincias como Jujuy, Tucumán, Salta, Misiones, Santa Fe y Catamarca. El esquema dejaría afuera a otras provincias, como Formosa y La Rioja, gobernadas por Gildo Insfrán y Ricardo Quintela, respectivamente.
La iniciativa oficial modifica el sistema de subsidios al gas ampliado en 2021, durante el gobierno anterior, que incorporó beneficios para provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
El dictamen de mayoría mantiene los subsidios para la Patagonia, Malargüe y la Puna en el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas desde 2021, el beneficio quedará limitado a hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
Luis Caputo, Rolando Figueroa, Alfredo Cornejo, Tarifas
POLITICA
Avanza una multa millonaria contra la UTA por haber adherido al paro de la CGT y La Fraternidad impugnará una sanción similar ante la Justicia
En el Gobierno confirmaron que avanza una sanción contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que alcanzaría los 70 mil millones de pesos, por haber adherido al último paro general de la CGT pese a que estaba vigente una conciliación obligatoria dictada ante un conflicto de los choferes de colectivos.
Sin embargo, el sindicato que lidera Roberto Fernández argumenta que la conciliación obligatoria fue dictada ante un conflicto salarial que mantenían los choferes de colectivos del interior, por lo que estaban legalmente en condiciones de paralizar el servicio sólo en el AMBA.
¿Por qué el Gobierno aún no anunció la sanción contra la UTA? En el ambiente sindical sospechan que la decisión se demora porque el oficialismo quiere tener de su lado a un gremio clave del transporte que había dado algunos guiños hacia la administración libertaria: por ejemplo, no haberse sumado al paro general de la CGT realizado el 10 de abril de 2025 justamente con la excusa de que estaba en medio de una conciliación obligatoria.
Fuentes gubernamentales negaron esa versión y aseguraron que “la decisión política es avanzar con las sanciones que correspondan”, pero aclararon que la Secretaría de Trabajo aún no finalizó las pericias correspondientes en las provincias para determinar si la paralización de los colectivos se concretó en el interior el día en que la CGT realizó el último paro general.
Mientras, La Fraternidad presentará este jueves una denuncia en la Justicia para impugnar la multa récord de $21.241.500.000 que ya le aplicó el Gobierno por haber adherido al último paro general de la CGT, el 19 febrero pasado, y no haber acatado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantenía en ese momento.
Así lo confirmó a Infobae el titular del sindicato, Omar Maturano, quien señaló que el abogado de la entidad hará mañana la presentación judicial en rechazo de la sanción anunciada el 29 del mes pasado por el Ministerio de Capital Humano por el incumplimiento de la orden oficial que exigía retrotraer el conflicto y evitar medidas de fuerza, “afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general”.
Además, el líder de los conductores de locomotoras informó que Sebastián Maturano, su hijo y secretario Gremial e Interior del sindicato, viajará en junio a Ginebra, Suiza, para denunciar al gobierno argentino por esta multa en el transcurso de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para La Fraternidad, aunque estaba dentro del período de la conciliación obligatoria, la limitación a las medidas de fuerza no podía aplicarse ante una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial.
En la interpretación de Capital Humano, en cambio, el sindicato no respetó la conciliación obligatoria establecida el 5 de febrero de 2026, que otorga un plazo de 15 días para restablecer las condiciones previas al conflicto y suspender cualquier acción directa, según lo dispone la Ley N° 14.786. Esta norma obliga a sindicatos y empleadores a abstenerse de cualquier medida mientras rige la conciliación, con el fin de proteger la continuidad del servicio y salvaguardar el orden público.
El ministerio que dirige Sandra Pettovello precisó que la infracción atribuida a La Fraternidad fue considerada “muy grave” tras una investigación sumarial en la que, según dijo, se garantizó el derecho de defensa y la presentación de pruebas. Afirmó que el sumario confirmó que el incumplimiento no sólo violó la resolución ministerial, sino que además “alteró el normal desenvolvimiento de una actividad esencial, con consecuencias para el conjunto de la sociedad”.
La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, dijo que verificó el desacato de ambos sindicatos a la conciliación obligatoria el 19 de febrero pasado e inició sumarios administrativos. Según Capital Humano, “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
El 9 de marzo pasado, cuando el Gobierno confirmó que aplicaría multas a los dos sindicatos, la CGT atribuyó la medida a un acto de “persecución política y sindical”.
“Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, agregó.
El anterior antecedente de multas aplicadas por Trabajo por este motivo fue durante el gobierno de Mauricio Macri y afectó al Sindicato de Camioneros, que dirige Hugo Moyano. La sanción fue aplicada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca el 19 de julio de 2018 a través de la Resolución N° 27.768, porque verificó que el gremio violó la conciliación obligatoria dictada en un conflicto por un bono de fin de año, en diciembre de 2017.
La multa contra Camioneros fue de 809.790.710 pesos, calculada sobre el total de 182.797 trabajadores de la actividad. Sin embargo, el sindicato impugnó la sanción y se negó a pagarla hasta que el gobierno de Alberto Fernández, a través del ministro de Trabajo Claudio Moroni, declaró en 2020 la “nulidad” del proceso administrativo que dio lugar a la sanción por considerar que “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.
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