POLITICA
Coimas en la Andis: ordenan peritar los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se menciona a Karina Milei
El juez federal Ariel Lijo ordenó peritar los audios en los que se escucha al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo mencionar que supuestamente Karina Milei cobraría el 3% del precio de los medicamentos comprados por el organismo.
Spagnuolo, que está procesado en la causa, argumentó que esos audios, que se conocieron por el streaming Carnaval, supuestamente cercano al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, son falsos y que fueron armados con inteligencia artificial.
La causa tramita en el juzgado de Lijo, que está temporariamente a cargo de un juzgado vacante. Antes, ese juzgado lo ocupaba Sebastián Casanello, que, a pesar del reclamo de la Cámara Federal, mantuvo en suspenso la decisión de analizar esos audios.
Ahora, el juez Lijo dispuso que la Gendarmería Nacional realice ese estudio, para lo que le pidió a Spagnuolo que aporte una muestra indubitable de su voz.
Pero Spagnuolo, mediante su abogado defensor, Mauricio D’alessandro, ya presentó a su propio perito de parte y entre los puntos de pericia que solicitó no está la posibilidad de aportar su voz.
El perito de parte que hoy aceptó su cargo es Marcelo Torok, ingeniero en informática y magíster en ciencias forenses. La estrategia apunta directamente a desarmar las grabaciones de audio atribuidas a Spagnuolo y que a partir de allí prospere un pedido de nulidad y que se caiga el caso.
Al aceptar su cargo, el perito presentó un escrito ante el juez proponiendo una serie de puntos de pericia que revelan la estrategia de la defensa.
Torok propuso 10 puntos para cuestionar la legalidad, integridad y autoría de los archivos de audio. Por ejemplo, reclamó el formulario de la cadena de custodia para verificar si la evidencia guardó una “perfecta continuidad” o si existieron movimientos de la evidencia sin acreditar.
Además, solicita que se libre un oficio a Google LLC, que es la dueña de YouTube, para obtener toda la información disponible sobre un archivo alojado en el canal de streaming Carnaval, donde se hizo pública la grabación, y que se extraigan los metadatos completos del archivo analizado.
Además, el experto solicitó determinar la fecha y hora de las grabaciones, si se trata de manera indubitable de un “archivo original” con integridad, y si se observan interrupciones o saltos en el transcurso del audio.
La idea es demostrar que fueron editados. D’Alessandro presentó en la causa un peritaje realizado en España donde supuestamente se estableció que en un 65 por ciento los audios fueron montados con inteligencia artificial.
La defensa busca demostrar que el audio fue cortado, pegado o manipulado. Además, por eso solicitó filtrar el sonido de fondo y el frontal para analizar las voces principales.
Pidió el perito que se explique por qué no se escucha al interlocutor del hablante, pues solo habla Spagnuolo en una charla mantenida supuestamente en un lugar público, sin que se identifique a la persona con la que conversa.
Por eso el perito pidió analizar si se distinguen dos formatos diferentes de audio, uno aparentemente “en vivo” hasta el minuto 01:43 y otro “aparentemente telefónico” a partir de ese momento.
La defensa intenta probar que el archivo es, en realidad, un montaje compuesto por audios de aire y otros provenientes de una llamada telefónica, unidos de forma artificial.
El ingeniero Torok pidió analizar el sonido de fondo para ver si hay diálogos rescatables o si en algún momento se menciona el nombre de pila o apellido de Diego Spagnuolo.
El punto de pericia número 10 exige determinar si, con los elementos que obran en el archivo, se puede identificar fehacientemente a Spagnuolo en la grabación, con la idea de impugnar este elemento como prueba.
El fiscal Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).
La droguería Suizo Argentina y Miguel Calvete pusieron sus peritos de parte.
La Justicia hasta ahora entiende que los audios no son la prueba clave en la causa, sino que hay otras evidencias que vienen apoyando los avances de la investigación que está delegada en manos del fiscal Franco Picardi.
Por eso, en este expediente el juez Casanello ya procesó a Spaganuolo sin prisión preventiva por considerarlo jefe de una asociación ilícita y autor de fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, se le trabó un multimillonario embargo superior a los 202.000 millones de pesos.
La causa investiga una red de corrupción y sobreprecios dentro de la Andis, donde el organismo direccionó compras de remedios de alto costo y baja incidencia a determinadas droguerías que actuaron cartelizadas.
Se detectaron licitaciones direccionadas, compra de medicamentos con sobreprecios y un sistema de retornos o coimas. Junto a Spagnuolo fueron procesados otros exfuncionarios de la Andis y Daniel Garbellini, empresario del sector farmacéutico.
En una segunda etapa, cuando Lijo se hizo cargo del juzgado, el fiscal Picardi amplió la acusación y volvió a detectar más casos de sobreprecios y negocios en la compra de elementos médicos, como andadores, que se verificaron que fueron adquiridos con sobreprecios millonarios.
En la causa la investigación quedó a nivel de Spagnuolo, funcionarios y exfuncionarios de Andis y nunca escaló hacia lo que indican los contenidos de los audios, con Karina Milei y los Menem, como principales mencionados.
Esta semana, el miércoles, está citado a declarar el empresario Alan Pocovi, por sospechas de lavado de dinero. Pocovi es medio hermano del hijo de Zulemita Menem, y se lo menciona como supuesto integrante de las operaciones que coordinaba Miguel Calvete para el presunto desvío de fondos de la Andis.
El nombre de Pocovi aparece en los chats de los teléfonos que la Justicia investiga supuestamente recibiendo dinero.
Allí Picardi transcribió mensajes del teléfono de Calvete, donde sostiene que ambos “movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense” y que “parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain”.
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POLITICA
Bullrich confirmó que el Senado tratará el jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
La presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó hoy que el Senado tratará el próximo jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos económicos prioritarios del Gobierno de Javier Milei. Si se aprueba sin cambios, la iniciativa quedará convertida en ley.
El proyecto obtuvo dictamen el miércoles pasado en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda. Durante el debate expusieron el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. La Cámara de Diputados ya lo había aprobado el 26 de agosto.
“La Carta Orgánica del Banco Central se va a discutir el jueves que viene”, dijo Bullrich durante una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Fernanda Mierez, en un almuerzo en la sede de la calle Montevideo, donde estuvo acompañada por los socios de algunos de los principales estudios jurídicos del país, entre ellos Marval O’Farrell Mairal, Cassagne, Beccar Varela, Bomchil, Allende & Brea, Martínez de Hoz & Rueda, PAGBAM y Bruchou, entre otros.
De acuerdo a lo que anticipó la senadora oficialista, la previsión es que la Cámara alta celebre ese día su séptima sesión del período ordinario. En la agenda económica también figura el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, que cuenta con media sanción de Diputados y dictamen de comisión.
El oficialismo busca sumar al temario otras iniciativas, entre ellas la reforma del régimen de biocombustibles y convenios para transferir competencias judiciales penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto redefine la misión del Banco Central y limita el financiamiento al Tesoro
La reforma del Banco Central ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno. El texto fija como misión principal de la entidad “la preservación del valor de la moneda nacional”, modifica el esquema de objetivos vigente desde la reforma de 2012 y establece límites más estrictos al financiamiento del Tesoro.
La iniciativa también endurece las condiciones para destituir al presidente y a los integrantes del directorio del BCRA. Además, elimina el concepto de reservas de libre disponibilidad, modifica el régimen de distribución de utilidades y dispone un mecanismo para cancelar de forma progresiva las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.
Bullrich presentó los cambios como un intento de otorgar al Banco Central mayor autonomía frente al poder político y de fijar reglas que se mantengan con independencia de quien gobierne.
Según explicó, el objetivo es evitar que la autoridad monetaria vuelva a funcionar como “un apéndice más del Ministerio de Economía o del gobierno del Poder Ejecutivo”.
También destacó la prohibición de emitir para financiar al Estado y de “alimentar al Tesoro” entre los puntos centrales de la reforma.
La senadora -que llegó después de haber compartido una reunión de Gabinete con Milei y se retiró para participar del encuentro con legisladores en la sede del Gobierno- citó como referencias a Brasil, Chile, Perú y Uruguay, cuyos bancos centrales, según sostuvo, alcanzaron niveles de autonomía que aportaron estabilidad y previsibilidad a las políticas monetarias.
“Argentina lo va a hacer ahora”, afirmó Bullrich al anticipar el tratamiento legislativo.
La dirigente encuadró la discusión de la Carta Orgánica dentro de un programa más amplio destinado a consolidar reglas económicas e institucionales y a evitar que se modifiquen con cada cambio de administración.
Ese concepto atravesó buena parte de su intervención ante los abogados. Bullrich planteó la necesidad de construir continuidad institucional, preservar la seguridad jurídica y sostener reformas que, a su juicio, resultan necesarias para recuperar la confianza y aumentar la inversión.
El cambio y los dolores de la estabilización
Sin embargo, su exposición también incluyó uno de los reconocimientos más explícitos sobre las consecuencias sociales del programa económico.
La ex ministra de Seguridad se refirió al “dolor” provocado por la estabilización y planteó que uno de los interrogantes centrales para el Gobierno es si la sociedad podrá atravesar ese proceso sin abandonar el rumbo elegido.
“No digo que esto no sea un proceso doloroso. Es un proceso doloroso”, afirmó.
Luego agregó: “El dolor del proceso de estabilización genera un miedo social. ¿Pasamos este dolor? ¿Somos capaces de pasarlo? ¿Podemos aguantar el dolor que significa ese cambio tan profundo?”.
Bullrich vinculó ese escenario con la apertura económica y las dificultades que enfrentan empresas y sectores productivos después de décadas de operar bajo otras reglas. Para describirlo, habló de movimientos “tectónicos” y sostuvo que algunas compañías deberán adaptarse a un nivel de competencia diferente.
En ese contexto, la senadora planteó que una de las prioridades políticas debe ser preservar “la continuidad de un cambio” y evitar que “el cambio muera en el intento”.
La cuestión adquirió mayor relevancia durante la ronda de preguntas posterior al discurso. Bullrich hizo una interpretación de los gobiernos argentinos desde el regreso de la democracia y sostuvo que las administraciones no peronistas enfrentaron dificultades para consolidar y prolongar sus proyectos.
“Cada vez que hay un gobierno que no pertenece al peronismo, el intento de hackearlo, de sacarlo, de impedirle su crecimiento como proyecto, es permanente”, afirmó.
En su repaso histórico mencionó a Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Recordó que Alfonsín adelantó la entrega del poder en 1989; De la Rúa dejó la Presidencia antes de completar su mandato, en 2001; y Macri terminó sus cuatro años de gobierno, aunque perdió la reelección en 2019.
Bullrich sostuvo que la capacidad del actual proyecto para lograr continuidad representaría una ruptura de esa secuencia.
La definición cobra relevancia en un momento en que, dentro y fuera del oficialismo, existen especulaciones sobre la sucesión presidencial y el papel que podría ocupar la propia Bullrich en una futura disputa. Ante el Colegio de Abogados, la senadora defendió que el proyecto iniciado por Milei se sostenga en el tiempo.
Su razonamiento vinculó el costo económico de la transición con la dimensión política del programa. Para Bullrich, la estabilización genera costos y “miedo social”, por lo que consideró necesario garantizar la continuidad suficiente para que las reformas muestren resultados.
Durante la ronda de preguntas, también abordó la estructura tributaria y enumeró impuestos que, a su criterio, deberían reducirse cuando las condiciones fiscales lo permitan.
Bullrich condicionó cualquier avance al mantenimiento del superávit fiscal, pero cuestionó el impuesto al cheque, las retenciones, el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, Ingresos Brutos y las tasas municipales.
“El impuesto al cheque es un impuesto totalmente regresivo”, sostuvo. También aplicó esa caracterización a las retenciones.
Sobre Ganancias, planteó que una reducción de la carga sobre las empresas puede favorecer la inversión y, como consecuencia, la creación de puestos de trabajo.
Asimismo, señaló que una eventual baja del IVA tendría un impacto directo sobre los asalariados, debido a que el gravamen alcanza prácticamente todo el consumo.
“Si en algún momento podés bajar el IVA, vas a ayudar muchísimo a la gente asalariada”, expresó.
Bullrich extendió la discusión tributaria a provincias y municipios. Cuestionó Ingresos Brutos y sostuvo que la presión fiscal argentina surge de la acumulación de impuestos y tasas de los tres niveles del Estado.
En ese marco, propuso trasladar a los regímenes de promoción de inversiones una condición para que las provincias y municipios donde se radiquen proyectos con incentivos nacionales también reduzcan su carga tributaria.
La senadora mencionó como ejemplos el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado SuperRIGI. Según sostuvo, la Nación no debería asumir sola el costo fiscal de los beneficios destinados a estimular inversiones.
“Los tres tienen que acompañar esa decisión de tener inversiones”, dijo al referirse al Estado nacional, las provincias y los municipios.
La cuestión tributaria integró un planteo más amplio sobre el tamaño y las funciones del Estado. Bullrich cuestionó la acumulación de regulaciones nacionales, provinciales y municipales, y defendió una mayor autonomía para ciudadanos y empresas.
En ese sentido, afirmó que durante muchos años el Estado argentino fue “el mayor infractor” de las leyes y sostuvo que el objetivo actual es avanzar hacia un Estado más limitado, con menor intervención sobre la actividad privada.
También defendió la reforma de la Ley de Sociedades y cuestionó procedimientos de la Inspección General de Justicia que, según su visión, imponen controles y trámites innecesarios a las empresas.
En materia institucional, Bullrich reivindicó la independencia judicial y expresó su respaldo a la libertad de expresión y de prensa. Dijo que ambos principios forman parte de su concepción política y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe actuar con prudencia ante derechos protegidos de forma expresa por la Constitución.
Además, destacó los recientes nombramientos de magistrados, la puesta en marcha del sistema acusatorio y el proceso de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad.
Dentro de ese conjunto de reformas, la votación prevista para el jueves aparece como el próximo paso concreto. Para Bullrich, una nueva Carta Orgánica debería darle al Banco Central objetivos más definidos, mayor autonomía frente al poder político y restricciones más fuertes para financiar al Estado.
“Una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es la continuidad de un cambio”, resumió.
POLITICA
La visita de León XIV coincidirá con la caducidad de un proyecto que la Iglesia reclama al Congreso
La visita del Papa León XIV a la Argentina coincidirá con una fecha límite para uno de los proyectos que la Iglesia reclama al Congreso: la regulación de las apuestas online. La iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024, perderá estado parlamentario si el Senado no avanza con su tratamiento.
El proyecto restringe la publicidad de las casas de apuestas, prohíbe los bonos de bienvenida y los patrocinios deportivos, endurece los controles para impedir el acceso de menores y establece límites para los operadores. También busca cortar los vínculos entre empresas de apuestas y dirigentes de entidades deportivas.
León XIV se pronunció en distintas oportunidades sobre el crecimiento de las apuestas y los juegos de azar, una problemática que definió como “una plaga”. En su primera misa de Navidad como pontífice, citó un informe anual de Cáritas y advirtió que se trata de “un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social”. También vinculó el fenómeno con distintas formas de “soledad” y reclamó respuestas de los Estados.
El Papa estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Si bien la agenda definitiva se conocerá en los próximos días, está prevista una misa masiva para la juventud donde podría abordar esta problemática. “Nadie sabe lo que va a decir”, repiten referentes eclesiásticos locales.
La iniciativa fue aprobada por Diputados a fines de 2024 y tuvo como una de sus principales impulsoras a Mónica Frade, de la Coalición Cívica (CC), entonces presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. La acompañaron Unión por la Patria (UP), la izquierda (FIT), sectores de la UCR y bloques provinciales. La Libertad Avanza (LLA) votó en contra, mientras que Pro y parte del radicalismo se abstuvieron.
Pese al rechazo de la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas y a las denuncias de lobby formuladas públicamente por los impulsores de la iniciativa, el proyecto consiguió la media sanción. Desde entonces quedó frenado en el Senado.
En términos formales, la media sanción recién caducará el 1° de marzo de 2027. Sin embargo, noviembre funciona como el límite político para su tratamiento ordinario. Es que, para que el Senado pueda abordarla durante las sesiones extraordinarias, entre diciembre y febrero, el Poder Ejecutivo debería incluirla en el temario. En el Congreso consideran improbable que eso ocurra.
El Gobierno no solo rechazó la iniciativa en Diputados. Más tarde presentó un proyecto alternativo que propone endurecer las penas contra los operadores clandestinos, pero evita tocar el corazón del negocio del juego: la publicidad, los patrocinios deportivos y las promociones utilizadas para captar nuevos usuarios.
La Iglesia intervino directamente en el debate. En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por monseñor Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para pedir que el Senado avanzara con la sanción.
“A costa del negocio de algunos inescrupulosos estamos generando una sociedad de ludópatas y fomentando la cultura de la ‘timba y del azar’ en lugar de intensificar la cultura del trabajo”, advirtieron los obispos. Y pusieron especialmente el foco en la publicidad de las plataformas de apuestas: “Es una seductora propuesta que genera adictos a una enfermedad que pone en juego la vida”.
Ante la proximidad de la visita papal y el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario, Frade decidió llevar el reclamo hasta el Vaticano. En junio, la diputada envió una carta dirigida a León XIV a través de la Nunciatura Apostólica.
En la misiva, Frade describió el avance de la problemática en la Argentina, repasó el recorrido legislativo de la iniciativa y le solicitó al Papa que contribuya a “visibilizar la importancia de esta causa” y a evitar que quede inconcluso el trabajo realizado durante los últimos años.
“Su palabra y su autoridad moral pueden constituir un valioso llamado a la responsabilidad común frente a una problemática que afecta a miles de familias y que requiere respuestas urgentes y comprometidas por parte de toda la sociedad”, dijo a León XIV.
Los ejes de la media sanción
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POLITICA
El Gobierno retoma la reforma política en el Senado, pero todavía no tiene los votos para aprobarla
La Libertad Avanza (LLA) retomará este martes a las 15.30 el tratamiento en el Senado de la Reforma Política impulsada por el Poder Ejecutivo, pese a que todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobarla. El proyecto contempla la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones en la Boleta Única de Papel (BUP) y la incorporación del sistema de Ficha Limpia.
El senador fueguino de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, incorporó al temario las iniciativas de los legisladores del PRO Martín Goerling Lara y Andrea Cristina sobre la implementación de Ficha Limpia, que propone cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
También sumó una propuesta de la senadora Edith Terenzi, de Despierta Chubut, espacio con terminal en el gobernador Ignacio Torres. Una iniciativa similar ya había sido presentada en la Cámara alta por el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
“Reafirmamos la vigencia y necesidad de las primarias como una garantía de efectiva democracia dentro de la vida de los partidos políticos. Las PASO fueron concebidas para que la selección de candidatos no dependa exclusivamente de acuerdos cupulares o de la capacidad movilizadora de aparatos partidarios, sino de la voluntad soberana de la ciudadanía”, fundamentó Terenzi.
Las negociaciones para conseguir los 37 votos
El oficialismo necesita alcanzar los 37 votos a favor para aprobar la reforma en el Senado, una mayoría que supera las 21 bancas con las que cuenta La Libertad Avanza. Por eso, las negociaciones están concentradas principalmente en el PRO y la UCR, además de los acuerdos con los gobernadores provinciales.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene desde hace tiempo conversaciones con los mandatarios provinciales. Los gobernadores aliados a la Casa Rosada se reúnen con el ministro coordinador, mientras que en otros casos es el propio Santilli quien viaja a las provincias.
Los representantes del PRO también mantienen reuniones con los libertarios, aunque todavía no garantizaron los tres votos de su espacio. Cristian Ritondo y Fernando De Andreis son quienes conversan sobre el tema con Santilli y con el subsecretario de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
Además, Martín Goerling Lara, titular de la bancada del PRO, se manifestó abiertamente en contra de eliminar las PASO y acepta como alternativa que sean optativas.
La UCR, que cuenta con diez senadores nacionales, aparece como otro de los sectores que podría aportar votos. Varios de sus integrantes responden a gobernadores: los mendocinos a Alfredo Cornejo, los correntinos a Juan Pablo Valdés y la chaqueña Silvana Schneider a Leandro Zdero, de quien fue vicegobernadora.
Otros senadores radicales, como Flavio Fama, de Catamarca; Maximiliano Abad, de Buenos Aires; y Daniel Kroneberger, de La Pampa, no responden a sus gobernadores, que pertenecen a otras fuerzas políticas.
En Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Galaretto tienen como gobernador a Maximiliano Pullaro, quien se encuentra a favor de mantener las PASO.
A su vez, los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Gustavo Sáenz, de Salta; mantienen conversaciones con los funcionarios nacionales por la Reforma Política, el Presupuesto 2027 y las obras públicas.
El acuerdo que alcance el Gobierno con los gobernadores será determinante para definir el avance del proyecto en el Senado, tal como buscan el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Ficha Limpia: qué propone el proyecto del PRO
El proyecto de Ficha Limpia presentado por Martín Goerling Lara junto a la senadora Andrea Cristina establece un régimen de inhabilitación para personas con condenas confirmadas por delitos dolosos vinculados con la administración pública. La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de la UCR y plantea modificaciones a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
Según explicó Goerling Lara, el objetivo es “garantizar la probidad en la función pública y resguardar la integridad del sistema democrático”.
La propuesta contempla delitos como fraude contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, entre otros.
Los principales cambios de la Reforma Política
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo propone eliminar las PASO, modificar el financiamiento de los partidos políticos, introducir cambios en la BUP e implementar Ficha Limpia.
El proyecto también eleva el piso de votos exigido y aumenta la cantidad de distritos o afiliados necesarios para mantener el reconocimiento como partido nacional o distrital. Las fuerzas que no alcancen esos requisitos podrían perder su personería jurídica, una modificación que podría afectar incluso a espacios aliados del Gobierno.
En el capítulo cuarto se establece la aplicación de Ficha Limpia: no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.
Para ser reconocidos, los candidatos a presidente deberán contar con el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso el requisito será del 0,5% del padrón de cada distrito.
Los partidos políticos que busquen reconocimiento a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y contar con un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.
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