ECONOMIA
Cómo es el plan para eliminar las retenciones al campo en tiempo récord

La discusión sobre las retenciones volvió formalmente al Congreso con dos proyectos de ley que buscan eliminar de manera gradual los derechos de exportación para el sector agropecuario y agroindustrial.
Las iniciativas, presentadas casi en simultáneo en la Cámara de Diputados, no solo apuntan a desmontar el esquema tributario que grava las exportaciones, sino también a quitarle al Poder Ejecutivo la facultad de modificar alícuotas por decreto.
De la mano del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Martín Ardohain, se presentó un proyecto de ley para eliminar de manera gradual todos los derechos de exportación aplicados al agro y a las economías regionales en un plazo de tres años. El otro lleva las firmas de la exvicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, y diputados vinculados a provincias productivas como Córdoba y Santa Fe.
Retenciones cero: el proyecto de Ardohain y el vínculo con Europa
La iniciativa presentada por Ardohain propone un «cronograma de adecuación» de los Derechos de Exportación para «armonizar el régimen tributario con los compromisos internacionales asumidos en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea».
El texto toma como punto de partida el 1 de mayo de 2026, fecha que menciona como inicio de la vigencia del acuerdo comercial con Europa, y establece un esquema de reducción gradual para manufacturas industriales, agroindustriales y economías regionales hasta alcanzar una alícuota cero en un plazo de 36 meses.
En el caso del complejo sojero, el proyecto fija un mecanismo diferencial con una reducción automática mensual de 0,5 puntos porcentuales hasta llegar a cero.
La iniciativa alcanza a productos comprendidos en las secciones I, II, III y IV de la Nomenclatura Común del Mercosur, donde se listan productos del reino animal, vegetal, aceites, grasas y alimentos, incluyendo materias primas y manufacturas agroindustriales, forestales, cuero, textiles de origen natural y biocombustibles, es
En los fundamentos, Ardohain sostiene que el objetivo es «establecer un marco de certidumbre y competitividad para el sector agroindustrial argentino» y plantea que la reforma busca «restituir la potestad tributaria al Congreso».
Por eso el proyecto propone derogar los apartados a) y c) del artículo 755 del Código Aduanero, que actualmente habilitan al Poder Ejecutivo a gravar exportaciones y modificar alícuotas.
El otro proyecto propone una eliminación total en cuatro años
El segundo proyecto, identificado como «Reducción gradual y eliminación de los Derechos de Exportación para el sector agropecuario y agroindustrial, estabilidad fiscal e institucional», fue presentado por Gisela Scaglia junto a Carlos Gutiérrez, José Núñez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán.
La propuesta plantea un esquema de reducción lineal y uniforme durante cuatro años, con una baja anual equivalente al 25% de la alícuota vigente al momento de la promulgación de la ley.
El cronograma establece una reducción inicial inmediata del 25%, luego un recorte acumulado del 50% desde diciembre de 2026, del 75% desde diciembre de 2027 y finalmente una alícuota cero permanente desde diciembre de 2028.
A diferencia del proyecto de Ardohain, esta iniciativa detalla específicamente las posiciones arancelarias alcanzadas y menciona cereales, oleaginosas y derivados industriales como trigo, maíz, soja, girasol, harinas, aceites, pellets y expellers. También excluye expresamente a la minería y a los hidrocarburos.
En los fundamentos, el proyecto plantea una crítica directa al esquema actual de derechos de exportación. «Hay una pregunta que el campo le viene haciendo a la política argentina desde hace décadas y que todavía espera respuesta: ¿hasta cuándo el interior produce la riqueza que después se gasta en el centro?», sostiene el texto.
La iniciativa afirma que el sector agroexportador cerró 2025 con ingresos superiores a los 31.000 millones de dólares y señala que el complejo agroexportador explicó «más del 90%» de la recaudación total por derechos de exportación.
También argumenta que las retenciones «gravan el ingreso bruto, no la renta neta» y que afectan especialmente a productores alejados de los puertos por el impacto del flete.
«Argentina compite globalmente contra países que no aplican estos gravámenes», agrega el proyecto.
El punto en común: limitar el poder del Ejecutivo
Más allá de las diferencias de diseño, ambos proyectos coinciden en el aspecto central de restringir la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar derechos de exportación sin pasar por el Congreso.
El proyecto de Scaglia directamente propone derogar el artículo 755 del Código Aduanero y establece que «toda creación, modificación o restablecimiento de alícuotas al sector agropecuario y agroindustrial deberá ser dispuesta por ley formal del Honorable Congreso de la Nación».
La iniciativa de Ardohain avanza en el mismo sentido, aunque mantiene para el Ejecutivo la facultad de reducir o eliminar alícuotas cuando eso implique una mejora de competitividad.
El proyecto impulsado por Scaglia menciona que durante 2025 hubo seis cambios en los derechos de exportación de cereales y oleaginosas mediante decretos, lo que «cambió el ritmo de ventas de granos y trajo distorsiones en el mercado».
Qué dice el acuerdo Mercosur-Unión Europea
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no obliga a la Argentina a eliminar retenciones agropecuarias, pero sí establece compromisos vinculados a la liberalización comercial y a la reducción de restricciones sobre exportaciones.
En particular, el capítulo comercial del entendimiento apunta a eliminar aranceles y facilitar el acceso recíproco a mercados para una parte significativa del comercio bilateral, incluyendo productos agroindustriales.
En ese contexto, los proyectos presentados en Diputados buscan instalar la idea de que la Argentina deberá converger hacia un esquema tributario más previsible y competitivo si pretende aprovechar plenamente la apertura comercial.
Por ahora ninguno de los dos proyectos tiene fecha de tratamiento en comisión. Pero ambos volvieron a instalar en el Congreso un debate que atraviesa desde hace más de veinte años a la política agropecuaria argentina y versa en el peso de las retenciones, la distribución federal de los recursos y el rol del Estado sobre el principal sector exportador del país.
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ECONOMIA
Se desplomó la producción de autos pero marcas aseguran que las cifras se están «estabilizando»

Después de meses de fuertes caídas y con la preocupación por el cambio del mercado automotor local, ante la llegada de las marcas chinas y la apertura de las importaciones, la producción y las exportaciones de autos empiezan a encontrar su piso. Así lo adelantaron desde ADEFA, la Asociación de Fábrica de Automotores de Argentina, que dio a conocer los datos de mayo.
De acuerdo con los resultados, se produjeron 37.762 vehículos automotores el mes pasado, un 0,6% más respecto de abril y 21,5% menos en su comparación con mayo de 2025.
Por otro lado, se exportaron 25.237 unidades, 6,1% menos en su comparación con el mes pasado, y una baja de 4,2% respecto del volumen de mayo del año anterior.
En cuanto a las ventas a concesionarios, fueron de 35.979 vehículos en mayo, 0,01% más comparado con abril, y 39,0% por debajo del volumen de mayo de 2025.
El análisis sobre la producción de autos
«Los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad. Como habíamos anticipado, este año la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones«, señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
Algunas de las inversiones son en Córdoba, donde Renault produce la nueva camioneta Niágara, y también en Pacheco, donde se está dando el cambio de la camioneta Amarok, que pasa a la nueva generación.
Niágara es la nueva camioneta que se fabricará en Córdoba, en Renault.
A su vez en El Palomar, Peugeot y Citroën están dejando de fabricar Partner y Berlingo, mientras que la planta producirá solo 208 y 2008. El plan es que fabriquen nuevos motores híbridos para estos modelos.
El directivo en su balance señaló también el comportamiento estable en las exportaciones y destacó la importancia de la última medida que anunció el Presidente dy se trabajó con el Ministro de Economía y su equipo tendiente a la baja gradual de los derechos de exportación.
«Es un paso clave, ahora necesitamos el acompañamiento de provincias y municipios. Ingresos Brutos y las tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado; reducir esa carga es urgente para ganar competitividad y consolidar nuestro modelo de negocio», concluyó Pérez Graziano.
En cuanto a ventas mayoristas, las automotrices mantuvieron el volumen comercializado a la red de concesionario el mes anterior. Los 35.979 vehículos que se entregaron, reportaron una caída de 39,0% respecto de las 58.952 unidades de mayo del 2025. En el acumulado anual, se entregaron 184.033 unidades, 23,1% menos en su comparativo interanual.
Datos de mayo de ADEFA
Con 18 días hábiles de actividad, en mayo se produjeron 37.762 vehículos (automóviles y comerciales livianos). Este volumen se ubica 0,6 % por arriba de abril y 21,5% menos en su comparación con mayo de 2025, cuando se produjeron 48.109 unidades.
Entre enero y mayo, las terminales automotrices produjeron 167.629 unidades, esto es 19,3% menos respecto del mismo período de 2025.
Las exportaciones, por su parte, alcanzaron las 25.237 unidades, 6,1% menos que abril, y 4,2% por debajo de mayo del 2025.
En el acumulado de los primeros cinco meses del año, se exportaron 104.520 vehículos, 2,2% menos respecto de las 106.894 unidades del mismo periodo del año pasado.
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ECONOMIA
Una provincia dejará de aplicar retenciones de Ingresos Brutos a las operaciones con billeteras virtuales

Las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales en Misiones dejarán de estar sujetas a las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, considerados uno de los tributos más distorsivos. La medida representa un cambio en el régimen fiscal para quienes utilizan estos medios de pago electrónicos en la provincia.
La medida comenzará a regir el 1° de agosto y permitirá que usuarios de billeteras virtuales con acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto de referencia equivalente al límite vigente de la Categoría D del monotributo, reciban sus transferencias sin retenciones anticipadas de Ingresos Brutos.
Superado ese monto, las operaciones continuarán alcanzadas por el régimen de recaudación vigente, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa tributaria.
Según estimaciones oficiales, el beneficio alcanzará a casi 200.000 misioneros, “fortaleciendo la liquidez de familias, emprendedores, trabajadores independientes y pequeños operadores económicos”, señalaron fuentes oficiales.

Vale mencionar que la normativa habilita al Ministerio de Hacienda a actualizar periódicamente los parámetros de exclusión, “de acuerdo con la evolución de la realidad económica y social de la provincia, garantizando la protección de los contribuyentes de menor capacidad contributiva y la eficiencia del sistema tributario”.
El gobernador Hugo Passalacqua explicó que “el objetivo de esta medida es neutralizar las retenciones para operaciones de escala menor, garantizando la percepción íntegra de las transferencias recibidas en dichos mecanismos electrónicos. A partir de la medida, los pequeños contribuyentes, emprendedores y usuarios de billeteras virtuales dispondrán de mayor capital de trabajo de manera inmediata”.
El mandatario agregó que la decisión contribuirá a mejorar el flujo de fondos de quienes utilizan estos medios de pago, fortaleciendo su capacidad de consumo, reinversión productiva y sostenimiento de actividades económicas.
“En definitiva, se trata de una optimización de la gestión fiscal, que aporta previsibilidad al circuito financiero local y asegura la eficiencia del sistema, permitiendo que los sectores con menor capacidad contributiva dispongan de sus recursos de manera íntegra, sin deducciones ni detrimentos previos”, concluyó.
En contraposición, cabe recordar que en octubre pasado el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que monotributistas, comerciantes y pequeños empresarios que cobran a través de cuentas en billeteras virtuales (como Mercado Pago, Personal Pay u otras) comiencen a recibir retenciones por Ingresos Brutos de manera similar a las que ya abonaban cuando cobraban en sus cuentas bancarias.
Vinculado a este tributo también, este martes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actualizó los topes de facturación que determinan las alícuotas sobre Ingresos Brutos.
Detalló que desde el 1° de junio, el nuevo umbral anual para actividades vinculadas a servicios públicos, restaurantes, hoteles, comunicaciones, servicios inmobiliarios, de alquiler, sociales, de salud, enseñanza y administración pública ascendió a $2.154.300.000. Previamente, ese límite se ubicaba en $2.004.000.000.

Para los servicios de comercialización y reparaciones, el monto anual subió de $364.000.000 a 391.128.000 pesos.
A criterio de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), “si la facturación creció por precios pero no por actividad real, el contribuyente no debería pagar más”.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló días atrás sus intenciones de llamar a los gobernadores de cara a una reforma tributaria, a modo de pacto fiscal.
“La idea es comprometerlos para que la carga impositiva que viene de provincias y municipios, que son esencialmente Ingresos Brutos y tasas, que hoy son el costo más alto. Hay que hacer un esfuerzo desde el lado de provincias y municipios”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.
Sucede que el impuesto a los Ingresos Brutos es distorsivo porque encarece todo lo que se produce y consume mediante el fenómeno de la “cascada”, dado que grava la facturación de cada etapa del proceso productivo y comercial, sin compensar lo ya tributado en etapas anteriores. Su peso central en la recaudación de las provincias dificulta su reforma o eliminación, aunque existe consenso técnico y empresarial sobre la necesidad de corregir estos problemas.
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ECONOMIA
Cuánto cobra un empleado de estación de servicio en junio, según la categoría

Los empleados de estaciones de servicio recibirán un aumento de sueldo tras un acuerdo paritario que estableció una suba del 15% para el trimestre abril-junio. De esta manera, los trabajadores recibirán desde $1.475.559 hasta $1.570.406, según la categoría correspondiente.
El entendimiento lo firmaron el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio junto a cámaras empresarias como CECHA, FECRA, AES y FEC. La negociación se selló en el Ministerio de Capital Humano después de varias rondas orientadas a corregir el desfasaje salarial que el gremio reclamaba desde la paritaria anterior.
Las categorías alcanzadas incluyen playeros, encargados, administrativos, operarios, conductores y serenos. Todos los trabajadores bajo los convenios colectivos 521/07 y 488/07 reciben el ajuste.
Cuánto cobra un empleado de estación de servicio en junio de 2026
Los sueldos básicos quedaron definidos con todos los incrementos aplicados. Las cifras para junio son:
- Encargados: $1.570.406,46
- Administrativos: $1.539.084,68
- Operador de servicio: $1.534.268,58
- Operador de playa (playero): $1.515.472,32
- Operador conductor: $1.505.177,25
- Serenos: $1.511.730,26
- Operador interior y anexos: $1.499.943,26
- Operador auxiliar: $1.475.559,35
Un playero de estación de servicio percibe $1.515.472,32 de básico en junio de 2026. Los encargados alcanzan el tope de la escala con $1.570.406,46.
Estas cifras representan solo el sueldo básico. A ese monto se suman adicionales que pueden elevar el salario final entre un 10% y un 20%, según antigüedad y otros conceptos.
Qué adicionales se suman al salario básico
El convenio colectivo establece tres tipos de adicionales que impactan en el sueldo final. Todos se calculan como porcentaje del básico.
El adicional por asistencia y el de movimiento de fondos representan el 8% del básico cada uno para las categorías correspondientes, lo que puede sumar hasta $242.465 adicionales al mes para un encargado.
Por antigüedad, el esquema es progresivo:
- Entre 1 y 20 años de servicio: 2% adicional
- Más de 21 años de servicio: 3% adicional
Un playero con 15 años de antigüedad suma $30.309 por ese concepto. Si tiene más de 21 años, el adicional trepa a $45.464.
El valor de la hora para la categoría Operador de Playa se ubicó en $7.577,36. Las horas extras al 50% ascienden a $11.366,04 y al 100% a $15.154,72.
Cómo se aplica el aumento del 15% en el trimestre
El ajuste salarial trimestral se fraccionó en tres tramos escalonados. El sindicato acordó con las empresas aplicar 2,3% en abril, 2,2% en mayo y 2% en junio.
Estos porcentajes suman 6,5%, pero el secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, explicó que el 15% total surge al considerar otros componentes. El cálculo incluye el reconocimiento del desajuste previo y la suma fija que se incorporará al básico.
El acuerdo contempló un reconocimiento parcial del atraso salarial, calculado en unos $70.000. Además, se pactó una suma fija de $30.000 que se incorporará al básico a partir de julio de 2026.
Esa suma fija quedará consolidada en la escala salarial desde el próximo mes. No será un pago por única vez: pasará a formar parte del salario de convenio.
Cuándo cobran el retroactivo los empleados
El personal percibirá el retroactivo correspondiente a abril junto con la liquidación actualizada de haberes. Carlos Acuña detalló que «los empleados van a cobrar el retroactivo y el aumento ya impactará en los próximos haberes».
La mejora se refleja de inmediato en el poder adquisitivo: el retroactivo se paga en una sola liquidación y los nuevos valores quedan vigentes para los meses siguientes del trimestre.
El acuerdo rige para trabajadores en estaciones, garages, playas de estacionamiento, lavaderos y anexos en todo el país. Las cámaras empresarias y el sindicato pactaron que todos los empleados bajo convenio recibirán el ajuste sin excepciones.
Qué sigue en las negociaciones paritarias
El sindicato informó que a mediados de junio se retomarán las gestiones para negociar una nueva recomposición salarial. El objetivo es definir los valores para el trimestre julio-septiembre de 2026.
La negociación se desarrolla en un contexto internacional volátil. El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre en los precios del petróleo marcan la pauta de las discusiones.
Para el sector, la estabilidad salarial representa un punto relevante en medio de las fluctuaciones del mercado energético. Las cámaras empresarias buscan anticipar los aumentos para evitar desfasajes como el que motivó esta última ronda de negociaciones.
El entendimiento alcanzado surgió tras varias reuniones entre el gremio y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y otras entidades del sector.
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