La discusión sobre las retenciones volvió formalmente al Congreso con dos proyectos de ley que buscan eliminar de manera gradual los derechos de exportación para el sector agropecuario y agroindustrial.

Las iniciativas, presentadas casi en simultáneo en la Cámara de Diputados, no solo apuntan a desmontar el esquema tributario que grava las exportaciones, sino también a quitarle al Poder Ejecutivo la facultad de modificar alícuotas por decreto.

De la mano del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Martín Ardohain, se presentó un proyecto de ley para eliminar de manera gradual todos los derechos de exportación aplicados al agro y a las economías regionales en un plazo de tres años. El otro lleva las firmas de la exvicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, y diputados vinculados a provincias productivas como Córdoba y Santa Fe.

Retenciones cero: el proyecto de Ardohain y el vínculo con Europa

La iniciativa presentada por Ardohain propone un «cronograma de adecuación» de los Derechos de Exportación para «armonizar el régimen tributario con los compromisos internacionales asumidos en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea».

El texto toma como punto de partida el 1 de mayo de 2026, fecha que menciona como inicio de la vigencia del acuerdo comercial con Europa, y establece un esquema de reducción gradual para manufacturas industriales, agroindustriales y economías regionales hasta alcanzar una alícuota cero en un plazo de 36 meses.

En el caso del complejo sojero, el proyecto fija un mecanismo diferencial con una reducción automática mensual de 0,5 puntos porcentuales hasta llegar a cero.

La iniciativa alcanza a productos comprendidos en las secciones I, II, III y IV de la Nomenclatura Común del Mercosur, donde se listan productos del reino animal, vegetal, aceites, grasas y alimentos, incluyendo materias primas y manufacturas agroindustriales, forestales, cuero, textiles de origen natural y biocombustibles, es

En los fundamentos, Ardohain sostiene que el objetivo es «establecer un marco de certidumbre y competitividad para el sector agroindustrial argentino» y plantea que la reforma busca «restituir la potestad tributaria al Congreso».

Por eso el proyecto propone derogar los apartados a) y c) del artículo 755 del Código Aduanero, que actualmente habilitan al Poder Ejecutivo a gravar exportaciones y modificar alícuotas.

El otro proyecto propone una eliminación total en cuatro años

El segundo proyecto, identificado como «Reducción gradual y eliminación de los Derechos de Exportación para el sector agropecuario y agroindustrial, estabilidad fiscal e institucional», fue presentado por Gisela Scaglia junto a Carlos Gutiérrez, José Núñez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán.

La propuesta plantea un esquema de reducción lineal y uniforme durante cuatro años, con una baja anual equivalente al 25% de la alícuota vigente al momento de la promulgación de la ley.

El cronograma establece una reducción inicial inmediata del 25%, luego un recorte acumulado del 50% desde diciembre de 2026, del 75% desde diciembre de 2027 y finalmente una alícuota cero permanente desde diciembre de 2028.

A diferencia del proyecto de Ardohain, esta iniciativa detalla específicamente las posiciones arancelarias alcanzadas y menciona cereales, oleaginosas y derivados industriales como trigo, maíz, soja, girasol, harinas, aceites, pellets y expellers. También excluye expresamente a la minería y a los hidrocarburos.

En los fundamentos, el proyecto plantea una crítica directa al esquema actual de derechos de exportación. «Hay una pregunta que el campo le viene haciendo a la política argentina desde hace décadas y que todavía espera respuesta: ¿hasta cuándo el interior produce la riqueza que después se gasta en el centro?», sostiene el texto.

La iniciativa afirma que el sector agroexportador cerró 2025 con ingresos superiores a los 31.000 millones de dólares y señala que el complejo agroexportador explicó «más del 90%» de la recaudación total por derechos de exportación.

También argumenta que las retenciones «gravan el ingreso bruto, no la renta neta» y que afectan especialmente a productores alejados de los puertos por el impacto del flete.

«Argentina compite globalmente contra países que no aplican estos gravámenes», agrega el proyecto.

El punto en común: limitar el poder del Ejecutivo

Más allá de las diferencias de diseño, ambos proyectos coinciden en el aspecto central de restringir la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar derechos de exportación sin pasar por el Congreso.

El proyecto de Scaglia directamente propone derogar el artículo 755 del Código Aduanero y establece que «toda creación, modificación o restablecimiento de alícuotas al sector agropecuario y agroindustrial deberá ser dispuesta por ley formal del Honorable Congreso de la Nación».

La iniciativa de Ardohain avanza en el mismo sentido, aunque mantiene para el Ejecutivo la facultad de reducir o eliminar alícuotas cuando eso implique una mejora de competitividad.

El proyecto impulsado por Scaglia menciona que durante 2025 hubo seis cambios en los derechos de exportación de cereales y oleaginosas mediante decretos, lo que «cambió el ritmo de ventas de granos y trajo distorsiones en el mercado».

Qué dice el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no obliga a la Argentina a eliminar retenciones agropecuarias, pero sí establece compromisos vinculados a la liberalización comercial y a la reducción de restricciones sobre exportaciones.

En particular, el capítulo comercial del entendimiento apunta a eliminar aranceles y facilitar el acceso recíproco a mercados para una parte significativa del comercio bilateral, incluyendo productos agroindustriales.

En ese contexto, los proyectos presentados en Diputados buscan instalar la idea de que la Argentina deberá converger hacia un esquema tributario más previsible y competitivo si pretende aprovechar plenamente la apertura comercial.

Por ahora ninguno de los dos proyectos tiene fecha de tratamiento en comisión. Pero ambos volvieron a instalar en el Congreso un debate que atraviesa desde hace más de veinte años a la política agropecuaria argentina y versa en el peso de las retenciones, la distribución federal de los recursos y el rol del Estado sobre el principal sector exportador del país.