POLITICA
Cómo se preparan los operativos de seguridad del domingo y la definición que falta de la AFA para el lunes
El gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires preparan distintos operativos de seguridad para este domingo, cuando la Selección argentina enfrente a España en la final de la Copa del Mundo. El objetivo es garantizar que las concentraciones y los festejos que puedan producirse después del partido se desarrollen en paz y sin incidentes. En todas las áreas involucradas existe una incógnita que todavía impide cerrar la planificación del día siguiente: qué decidirán hacer Lionel Messi y el resto de los jugadores cuando regresen al país el lunes.
Infobae consultó a fuentes de Cas Rosada, de la administración porteña y del gobierno bonaerense que intervienen en el diseño de los dispositivos. Todas coincidieron en la misma definición: la seguridad del domingo se encuentra encaminada, pero la gran duda es qué pasará el lunes. Hasta la tarde de este viernes, la Asociación del Fútbol Argentino no había comunicado a ninguna de las jurisdicciones cuál será el itinerario de la delegación ni si el plantel tiene previsto realizar una celebración pública.
La decisión dependerá de lo que quieran hacer los futbolistas de la Selección, encabezados por Messi. Una vez que los jugadores adopten una resolución, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, será el encargado de transmitirla formalmente a las autoridades. Las áreas de seguridad esperan esa comunicación para definir el operativo específico del regreso.
La secuencia horaria también forma parte de los cálculos oficiales. La final se disputará en Nueva York a partir de las 16 de la Argentina. Aun cuando el partido se resuelva durante los 90 minutos reglamentarios, no terminará antes de las 18, si se tiene en cuenta el entretiempo, las interrupciones y el desarrollo habitual de un encuentro de esta magnitud. Si hubiera alargue y penales, la definición podría extenderse todavía más.
Luego llegará la ceremonia de premiación, que se realizará cualquiera sea el resultado. Entre la entrega de medallas, la presentación de la copa, las fotografías, las entrevistas y el regreso de los jugadores a los vestuarios, las autoridades calculan que la actividad oficial no concluirá antes de las 20, hora argentina.
Los tiempos del regreso y la incógnita del lunes
A partir de allí habrá que contemplar el traslado de la delegación desde el estadio hasta el aeropuerto, los controles previos al embarque y la preparación del vuelo chárter. Como un viaje directo entre Nueva York y Buenos Aires demanda aproximadamente 11 horas, la previsión es que el seleccionado llegue a Ezeiza al promediar la tarde del lunes, aunque el horario definitivo dependerá de cuándo pueda despegar la delegación.
Ese margen temporal será determinante para la organización. Una vez terminada la final, Messi, sus compañeros, el cuerpo técnico y las autoridades de la AFA deberán resolver si el plantel se traslada directamente al predio de Ezeiza, si participa de algún festejo público o si realiza una actividad institucional en la Ciudad de Buenos Aires. Tapia deberá comunicar esa decisión a las distintas jurisdicciones para que cada una active el operativo correspondiente.
“Todavía no habló nadie con nadie”, resumió una fuente involucrada en la organización al describir la situación hasta este viernes por la tarde. En los distintos gobiernos consideran que no habrá una definición antes de que termine el partido, tanto por la concentración deportiva como por las habituales cábalas que rodean al fútbol y, especialmente, a una final del mundo.
La planificación contempla, de ese modo, dos momentos claramente diferenciados. El primero comenzará el domingo, una vez finalizado el partido que la Argentina y España disputarán en Nueva York. El segundo se desarrollará el lunes, con la llegada del vuelo de la Selección y el eventual traslado del plantel desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia el predio que la AFA posee en esa localidad o hacia algún otro destino que elijan los jugadores.
Para el domingo, las autoridades descuentan que habrá concentraciones en distintos puntos del país, independientemente del resultado. La final de una Copa del Mundo, por sí sola generará una importante movilización. Sin embargo, una victoria de la Argentina y la obtención de un nuevo título mundial producirán una afluencia muy superior, con celebraciones masivas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en los principales centros urbanos del país.
El Obelisco volverá a ser el epicentro histórico de los festejos en la Capital Federal. Por ese motivo, el gobierno porteño prepara un dispositivo especial basado en el esquema que desplegó durante la semifinal frente a Inglaterra, cuando participaron cerca de mil efectivos de la Policía de la Ciudad y el operativo se desarrolló sin incidentes de gravedad.
El personal afectado pertenece a Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas, conocida como DIR; el Grupo de Acción Motorizada de la Policía Motorizada; brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y las comisarías vecinales 1B y 1D. La distribución de los agentes apunta a ordenar la circulación, prevenir hechos de violencia, proteger el patrimonio público y garantizar corredores para el ingreso de ambulancias y servicios de emergencia.
El dispositivo porteño contempla el cierre de vallados al finalizar el partido en distintos puntos del centro. Entre ellos, la avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito; Corrientes, entre Carlos Pellegrini y Suipacha, y la avenida Roque Sáenz Peña, entre Cerrito y Libertad.
También fueron colocados paneles fenólicos alrededor del Obelisco como medida de protección preventiva. Las autoridades realizarán un seguimiento en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano y dispondrán cortes preventivos de tránsito en función de la cantidad de personas que se acerquen a la zona.
La Ciudad utilizará como base el esquema aplicado durante la semifinal, aunque el despliegue podrá ampliarse o modificarse de acuerdo con la evolución de la jornada. La cantidad de público esperada para una final es superior a la que se reunió durante las instancias anteriores del torneo y, en caso de una victoria, se prevé una concentración multitudinaria.
En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad también trabaja sobre un dispositivo preventivo para el domingo. La Policía Bonaerense tiene presencia en los 135 municipios y adapta sus despliegues cotidianos ante acontecimientos que pueden provocar reuniones masivas, posibles episodios de violencia o alteraciones en la circulación.
Las principales medidas estarán concentradas en los grandes centros urbanos del territorio bonaerense, como el conurbano, La Plata y Mar del Plata. En las localidades del interior, los festejos suelen desarrollarse en las plazas centrales y en puntos ya identificados por cada municipio. En las zonas más densamente pobladas, en cambio, se requiere una planificación más amplia para anticipar aglomeraciones y ordenar el tránsito.
El Ministerio de Seguridad bonaerense mantiene un vínculo permanente con la AFA y los clubes a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, la Aprevide. La provincia alberga a más de la mitad de los clubes que participan en las distintas ligas del fútbol argentino, por lo que la coordinación vinculada a los partidos, las hinchadas y la prevención de incidentes forma parte de su actividad habitual.
Según explicaron fuentes provinciales, los despliegues se incrementaron a medida que la Selección avanzó en la Copa del Mundo. La semifinal frente a Inglaterra requirió un trabajo más importante por la cantidad de personas que salió a las calles, y para la final se prevé un dispositivo acorde con la expectativa generada en todo el territorio.
El objetivo común de las autoridades es que los hinchas puedan festejar, circular y reunirse sin incidentes. Los operativos no tienen como propósito impedir las celebraciones, sino acompañarlas, ordenar las concentraciones y evitar que situaciones aisladas de violencia afecten a quienes concurran con sus familias.
En paralelo con las medidas previstas para el domingo, el Gobierno nacional comenzó a trabajar bajo reserva sobre el eventual regreso del seleccionado. Este viernes al mediodía, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión de coordinación en la sede de esa cartera.
Del encuentro participaron representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue comenzar a analizar los distintos escenarios posibles para la llegada de la delegación argentina después de la final.
Las medidas se diseñan con reserva porque todavía no existe un itinerario definido. Sin la decisión de los jugadores y la posterior comunicación de Tapia, las autoridades no pueden determinar recorridos, horarios, zonas de concentración ni la cantidad de efectivos que será necesario desplegar.
En el Gobierno explican que se trata, por el momento, de una planificación preventiva. Las distintas áreas buscan tener preparados los recursos y las alternativas para poder reaccionar con rapidez cuando la AFA informe qué quiere hacer el plantel.
Las fuentes consultadas por Infobae coincidieron en que el punto decisivo será la voluntad de Messi y sus compañeros. No será el Gobierno el que determine dónde deben ir los jugadores ni la AFA la que les imponga una celebración. Tapia funcionará como el interlocutor institucional y transmitirá a las autoridades lo que haya resuelto el plantel.
Una de las alternativas es que la Selección aterrice en Ezeiza durante la tarde del lunes y se trasade directamente al predio de la AFA. La provincia de Buenos Aires cuenta con protocolos previamente establecidos para custodiar ese recorrido. Ya lo hizo después de la consagración en el Mundial de Qatar, cuando acompañó a la delegación desde el aeropuerto hasta el complejo deportivo.
En aquella oportunidad, al día siguiente, la Policía Bonaerense también custodió el desplazamiento del micro desde el predio de la AFA hasta el límite con la avenida General Paz. El operativo en territorio provincial pudo completarse, pero el recorrido posterior por la Ciudad de Buenos Aires debió modificarse por la cantidad de personas que había ingresado a las autopistas.
La experiencia de diciembre de 2022 constituye el principal antecedente para los organismos de seguridad. La multitud superó todas las previsiones y obligó a interrumpir el traslado terrestre del plantel. Los jugadores debieron continuar el recorrido en helicópteros porque el micro ya no podía avanzar.
Ahora, las autoridades buscan evitar que se repitan los problemas registrados en aquella celebración. Sin embargo, admiten que cualquier planificación será incompleta hasta conocer el destino elegido por los jugadores.
Hasta este viernes, el gobierno bonaerense no había recibido información sobre la hora exacta de llegada del vuelo, el posible traslado al predio de la AFA ni un eventual recorrido hacia el centro porteño. Tampoco existía una comunicación oficial sobre la posibilidad de que la delegación se dirija al Obelisco o participe de una celebración organizada.
En el gobierno nacional y en la Ciudad de Buenos Aires la situación era la misma. Todos los sectores consultados seguían a la espera de la comunicación de Tapia.
El presidente Javier Milei ya puso a disposición la Casa Rosada para un eventual encuentro con el plantel. El mandatario aseguró que la Selección podrá concurrir a la sede del Poder Ejecutivo si así lo desean los jugadores y señaló que, en ese caso, no habrá interferencias ni presencias políticas que puedan incomodarlos.
La oferta presidencial busca dejar abierta la posibilidad de repetir el saludo desde los balcones de la Casa Rosada, pero la decisión será exclusivamente del plantel. Milei aseguró que está dispuesto a no participar de la actividad si los jugadores consideran que una presencia política puede afectar el carácter popular de la celebración.
En las distintas áreas de seguridad subrayan que también deberán trabajar el lunes aunque el plantel decida no realizar ningún recorrido. Una eventual consagración provocará festejos espontáneos incluso si los jugadores permanecen en el predio de Ezeiza o eligen regresar directamente a sus domicilios.
Los operativos: Ciudad, Provincia y Nación, a la espera de la decisión del plantel
Por eso, el operativo del domingo se encuentra más avanzado que el del lunes. Para el primer día, cada jurisdicción conoce los lugares tradicionales de concentración y puede desplegar sus fuerzas de acuerdo con antecedentes previos. Para el regreso del seleccionado, en cambio, se necesita saber con precisión cuándo despegará el vuelo, a qué hora llegará, hacia dónde se trasladará la delegación y si los jugadores quieren encontrarse con los hinchas.
La expectativa oficial es que la comunicación se produzca poco después de la final. Una vez terminado el partido y concluida la ceremonia de premiación, Messi, el resto del plantel, el cuerpo técnico y la conducción de la AFA analizarán los pasos a seguir. Tapia deberá entonces informar la decisión a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense para que cada jurisdicción active el dispositivo correspondiente.
Hasta que eso ocurra, las autoridades mantendrán abiertos todos los escenarios. La seguridad del domingo ya tiene una estructura definida. La del lunes, en cambio, permanece atravesada por una pregunta que repitieron todas las fuentes consultadas por Infobae: qué querrán hacer los jugadores de la Selección cuando regresen al país, previsiblemente durante la tarde del lunes.
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POLITICA
Advierten que la ley por Malvinas incluye amenazas a la libertad de expresión y riesgos de censura
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso generó cuestionamientos por las posibles limitaciones a la libertad de expresión y de prensa y los riesgos de censura que podrían derivarse de algunos de sus artículos. La iniciativa incorpora nuevos delitos vinculados con la “desinformación masiva”, la “manipulación de la opinión pública”, la influencia extranjera y las operaciones clandestinas, con penas que parten de cinco años de prisión y, en algunos casos, llegan hasta 20. Constitucionalistas y dirigentes de la oposición consultados por Infobae advirtieron sobre tipos penales abiertos, márgenes de discrecionalidad y un eventual efecto intimidatorio que podría favorecer la autocensura.
“Hay riesgos claros de censura previa a través de lo que se llama el efecto intimidante”, afirmó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien cuestionó la combinación entre definiciones que considera indeterminadas y sanciones penales elevadas. “El miedo a un tipo penal de estas características. Vos empezás a cuidar lo que vas a decir”, explicó.
El principal punto de controversia está en el artículo 111 del proyecto, que propone incorporar un nuevo artículo 225 bis al Código Penal. La norma establece entre cinco y doce años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, una organización o un agente extranjero, procure alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. La pena aumenta a ocho a quince años cuando la conducta se comete mediante amenazas, sobornos, coerción o utilización de estructuras criminales.
La discusión sobre la libertad de expresión también abarca el artículo 88, que contempla como infracción contra la Seguridad Nacional determinadas conductas vinculadas con un Estado u organización extranjera que interfieran, mediante medios “clandestinos, engañosos o coercitivos”, en el proceso decisorio de las autoridades argentinas. El artículo 90 convierte al Consejo de Seguridad Nacional en autoridad de aplicación de ese régimen y el artículo 97 le permite tomar medidas urgentes frente a una amenaza considerada “grave e inminente”, incluso antes de que se inicie formalmente un procedimiento sancionatorio.
Desde el Gobierno aclararon que la aplicación de esos artículos solo apunta respecto de “quien actúa por cuenta y orden de un Estado u organización extranjera para generar campañas de desinformación masivas en el territorio” y resaltaron que la iniciativa “no tiene nada que ver con perseguir al periodismo”.
“Se deberá demostrar que la campaña fue masiva, y que se actuó por cuenta y orden de un Estado extranjero o con su financiamiento”, destacaron.
Las dudas sobre la definición de desinformación
Más allá de las aclararciones oficiales, el cuestionamiento central apunta a quién determinará qué constituye “desinformación”, cuándo una campaña busca “manipular la opinión pública”, qué convierte un mecanismo de comunicación en “engañoso” y cuáles serán los parámetros para definir una amenaza a la Seguridad Nacional. Esas preguntas adquieren relevancia por la escala de las sanciones: una interpretación sobre esos conceptos puede abrir una investigación por delitos cuyo mínimo es de cinco años de prisión.
La figura del artículo 111 exige expresamente una conexión con el exterior. El imputado debe actuar por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero. Ese elemento restringe el universo de conductas alcanzadas. Sin embargo, para los especialistas consultados por Infobae, la norma no define qué condiciones convierten información falsa o controvertida en una “campaña coordinada de desinformación masiva” ni qué elementos permiten demostrar que una persona procuró “manipular la opinión pública”.
Gil Domínguez señaló que esa falta de precisión entra en tensión con uno de los principios centrales del derecho penal.
“Es un tipo penal abierto, indeterminado, que va en contra de lo que es el principio de legalidad penal, que los tipos penales tienen que ser taxativos, cerrados”, sostuvo.
El constitucionalista cuestionó además la relación entre la conducta descripta y la magnitud de la pena prevista.
Penas previstas y efecto intimidatorio
“Esto de manipular la opinión pública a través de desinformación masiva, con un nivel de penas muy elevado, es casi la misma pena que el homicidio”, señaló.
La comparación requiere una precisión. El homicidio simple tiene actualmente una escala de ocho a 25 años de prisión. La figura agravada incluida en el proyecto tendría entre ocho y 15 años. Ambas comparten, por lo tanto, un mínimo de ocho años, aunque sus máximos son diferentes. El Código Penal vigente establece, además, entre cinco y 10 años para la extorsión y entre cinco y 15 para el secuestro extorsivo. Las comparaciones permiten dimensionar las escalas de castigo, aunque se trate de delitos de naturaleza distinta.
Para Gil Domínguez, el problema constitucional excede la proporcionalidad de las penas.
“Me parece que es un tipo penal que desde el punto de vista formal es inconstitucional. Y desde el punto de vista sustancial, afecta a lo que es la libertad de expresión de un sistema democrático”, afirmó a Infobae.
Su principal advertencia está relacionada con el efecto que una norma penal puede producir antes de cualquier condena. “No es porque te está prohibiendo expresarte, sino porque te genera el daño a expresarte. El daño a criticar. El daño a ser opositor”, sostuvo.
El constitucionalista identifica ese fenómeno como un efecto intimidatorio: la posibilidad de enfrentar una investigación o una pena modifica anticipadamente aquello que una persona está dispuesta a decir, investigar o publicar.
De allí surge su referencia directa a la censura previa. “Es censura previa, a través de lo que se llama el efecto intimidante”, insistió.
Para un medio o un periodista, el interrogante tiene una dimensión particular. La actividad periodística supone recibir información de fuentes de distinta procedencia, mantener contactos internacionales, publicar investigaciones que pueden afectar intereses políticos, económicos o diplomáticos y difundir datos cuya veracidad puede ser controvertida por las personas involucradas. La discusión jurídica que abrirá el Congreso será hasta dónde puede llegar una figura penal relacionada con la desinformación sin condicionar esas actividades.
El constitucionalista Félix Lonigro, también consultado por Infobae, planteó una advertencia en la misma dirección. “Es grave porque, leyendo un proyecto de ley que tiene que ver con la defensa de soberanía nacional, uno se encuentra con esta sorpresa que pareciera nada que ver con el tema de la soberanía”, sostuvo.
Lonigro cuestionó la posibilidad de que una autoridad determine qué información desinforma.
“¿Entonces a quién se pretende castigar? A los que de pronto, con algún tipo de información o simplemente el que critica, dando datos que al Gobierno le parece que desinforman”, afirmó. “Por ese motivo te podrías ligar una denuncia penal por incumplimiento de este artículo”, agregó.
Para Lonigro, el problema reside en “una descripción insólita, de una conducta ambigua” que puede otorgar al Gobierno “un instrumento para perseguir, para condicionar la libertad de expresión”.
El constitucionalista relacionó además esa preocupación con la evolución de las garantías de expresión frente al poder político en la Argentina y recordó la eliminación de la figura del desacato. “Eso es un retroceso”, afirmó.
También cuestionó la graduación de las penas: “Que a este proyecto de figura delictiva le pongan una pena de cinco a doce años […] es una cosa inexplicable”.
Durante la conversación con Infobae, Lonigro comparó esa escala con la prevista para la defraudación contra la administración pública. Esa figura establece actualmente una pena de dos a seis años de prisión, mientras que el delito propuesto para las campañas de desinformación tendría un mínimo de cinco. Y recordó que Cristina Kirchner, por en la causa Vialidad, recibió ese máximo.
El capítulo incorpora además otros delitos relacionados con información y operaciones de inteligencia extranjera.
El artículo 109 prevé entre cinco y 15 años para determinadas conductas relacionadas con la transmisión o entrega de secretos a un Estado extranjero, un servicio de inteligencia extranjero o una persona que actúe por cuenta de ellos. La escala se eleva a ocho a 20 años durante un conflicto armado, una agresión extranjera o cuando la conducta se realice en beneficio directo de un Estado enemigo.
El artículo 110 establece entre tres y 10 años de prisión para quien, con conocimiento de su naturaleza y finalidad, proporcione deliberadamente recursos, documentación, identidades, instalaciones, medios técnicos u otro apoyo material relevante a una operación clandestina de inteligencia desarrollada por cuenta de un Estado extranjero.
Esas figuras contienen requisitos específicos que las diferencian del ejercicio periodístico: exigen conocimiento sobre la operación clandestina, colaboración material y vinculación con actividades de inteligencia extranjera. Sin embargo, la inclusión en el mismo capítulo de una figura construida alrededor de la “desinformación” y la “manipulación de la opinión pública” reforzó las advertencias sobre la necesidad de delimitar con precisión cada conducta.
Otro de los constitucionalistas consultados por Infobae, Diego Armesto, se refirió al uso reiterado de la palabra “amenaza” en el proyecto.
“Hay cosas que hacen ruido, porque con la modificación del Código Penal se permite un cierto grado de discrecionalidad al funcionario o al Ejecutivo”, sostuvo. “La amenaza es un concepto muy ambiguo. ¿Qué es amenaza para un funcionario, para un abogado o para un periodista?”, agregó.
Armesto marcó una diferencia con la noción de “agresión”, que considera más concreta y susceptible de comprobación objetiva.
“La agresión es más concreta. Vos la podés comprobar. Acá habla mucho de amenazas”, afirmó a Infobae.
Para el especialista, la cuestión adquiere importancia porque la determinación inicial quedará dentro del Poder Ejecutivo.
“Queda en cabeza del funcionario o el Poder Ejecutivo o del organismo que crean como órgano de aplicación. Entonces eso abre un cierto margen de discrecionalidad que puede afectar otros derechos”, advirtió.
Ese organismo es el Consejo de Seguridad Nacional, que el proyecto convierte en órgano rector del nuevo sistema y cuya presidencia corresponderá al Presidente. La iniciativa le concede facultades para requerir información de organismos públicos y le asigna la aplicación del régimen sancionatorio del Título IV.
Las sanciones administrativas incluyen multas de entre 30.000 y 180.000 UVA, revocación de autorizaciones, permisos, habilitaciones, concesiones o contratos, impedimentos para contratar con el Estado, pérdida de beneficios fiscales e inhabilitación para intervenir en sectores vinculados con la Seguridad Nacional.
Además, ante una amenaza “grave e inminente”, el artículo 97 permite restringir operaciones de cambio, transferencias y pagos, bloquear temporalmente activos, suspender permisos y concesiones y adoptar otras medidas antes de la apertura formal del procedimiento sancionatorio.
El proyecto establece mecanismos de defensa y revisión judicial. El investigado deberá poder conocer los hechos esenciales de la imputación, presentar un descargo, ofrecer pruebas y obtener una resolución fundada. La norma admite restricciones de acceso cuando exista información clasificada o cuando su difusión pueda comprometer la Seguridad Nacional, derechos de terceros o investigaciones en curso.
Las sanciones y medidas urgentes podrán ser recurridas judicialmente. Sin embargo, la interposición de esos recursos no suspenderá automáticamente los efectos del acto impugnado.
Las objeciones también fueron planteadas en el Congreso.
El diputado Nicolás Trotta (Unión por la Patria), vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, expresó a Infobae su preocupación por el alcance del proyecto y advirtió que la amplitud y falta de precisión del nuevo tipo penal podría transformarlo en “una herramienta de censura y persecución” contra opositores, periodistas y medios de comunicación. Cuestionó además que esas disposiciones hayan sido incorporadas dentro de una iniciativa vinculada con Malvinas y sostuvo que podrían derivar tanto en “censura previa” como en mecanismos posteriores de “persecución e intimidación”.
Trotta anticipó que trabajará para que esos artículos sean rechazados durante el debate parlamentario y adelantó que buscará que la Comisión de Libertad de Expresión analice específicamente el capítulo. Señaló que la comisión, presidida por La Libertad Avanza, sólo realizó este año su reunión constitutiva y que la oposición ya organizó encuentros informales con entidades periodísticas. “Vamos a pedirle primero a la presidencia que convoque” para discutir estas disposiciones y, si eso no ocurre, los diputados opositores impulsarán una nueva reunión por su cuenta, afirmó.
La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica y que también integrante de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, cuestionó la iniciativa en declaraciones realizadas a Infobae.
“El proyecto encubre intereses que nada tienen que ver con el título del Proyecto, ni la soberanía, ni la defensa de Malvinas. Introduce un nuevo tipo penal, el de la ‘desinformación’, además de resultar un instrumento de control político, profundizará la autocensura en un contexto de ataque sistemático a periodistas y opositores”, afirmó.
Frade vinculó además sus objeciones con el artículo 18 de la Constitución: “Sus tipos penales vagos y abiertos afectan la garantía de defensa. Es un proyecto inconstitucional”.
La palabra utilizada por la diputada, “autocensura”, coincide con una de las consecuencias que los constitucionalistas consultados observan ante la amenaza de sanciones penales elevadas: la decisión de limitar preventivamente una expresión para evitar la posibilidad de ser investigado.
A esas objeciones se sumaron públicamente otros dirigentes opositores. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro advirtió que la norma podría convertirse en una herramienta penal de “persecución política” y cuestionó la amplitud del nuevo delito relacionado con la desinformación. El radical Pablo Juliano también expresó reparos sobre la posibilidad de que acusaciones políticas sobre operaciones o intentos de desestabilización puedan transformarse, a partir de una interpretación amplia de la nueva figura, en denuncias penales.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) planteó una advertencia institucional sobre el artículo. La organización reclamó una delimitación taxativa de expresiones como “manipular la opinión pública” y “desinformación”, y pidió incorporar garantías específicas para proteger opiniones, informaciones y críticas comprendidas dentro de la libertad de expresión.
Frente a esos cuestionamientos, fuentes oficiales explicaron a Infobae que el proyecto fue diseñado dentro del funcionamiento institucional previsto por la Constitución y que las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo o el Consejo de Seguridad Nacional estarán sujetas al control judicial. En el Gobierno rechazan que el nuevo organismo pueda actuar como un poder independiente o sin límites y sostienen que las medidas previstas forman parte de un régimen administrativo sancionatorio, con procedimientos, derecho de defensa y posibilidad de revisión ante la Justicia. La posición oficial es que, en última instancia, será el Poder Judicial el que podrá controlar y eventualmente revertir las decisiones que adopte la administración.
Las mismas fuentes señalaron que las facultades incorporadas al proyecto buscan responder a amenazas externas que cambiaron de naturaleza y que ya no se limitan a una agresión militar convencional. Según explicaron, los nuevos riesgos incluyen operaciones clandestinas, acciones de influencia extranjera y otras amenazas denominadas “no cinéticas”, que pueden afectar decisiones estratégicas, procesos institucionales o intereses nacionales sin recurrir a un enfrentamiento armado. Para el Gobierno, ese cambio obliga a actualizar las herramientas legales disponibles y a establecer mecanismos de coordinación entre distintos organismos del Estado.
Desde la Casa Rosada sostienen además que esas atribuciones deben analizarse junto con los controles democráticos e institucionales vigentes. Señalan que las medidas administrativas podrán ser discutidas judicialmente, que el Congreso tendrá la posibilidad de modificar y precisar el proyecto durante su tratamiento y que varias de las herramientas incorporadas tienen antecedentes en legislaciones de otros países, particularmente en materia de seguridad nacional.
El proyecto se encuentra ahora en manos del Congreso, que deberá definir el contenido definitivo de esas figuras. El debate incluirá la precisión con la que quede definido el concepto de desinformación, los requisitos para acreditar una campaña coordinada, la prueba del vínculo con un Estado, organización o agente extranjero, la proporcionalidad de las penas, las facultades del Consejo de Seguridad Nacional y las salvaguardas para evitar afectaciones sobre periodistas, medios, dirigentes y ciudadanos.
POLITICA
Karina Milei evalúa no viajar con Javier Milei a Estados Unidos para concentrarse en la agenda del Gobierno
Karina Milei no prevé acompañar a Javier Milei en el viaje que comenzará el lunes por la noche a Estados Unidos para concentrarse en la agenda política del Gobierno. En la Casa Rosada aseguran que, por ahora, la secretaria general permanecerá en Buenos Aires y mantiene en agenda la reunión semanal de la mesa política.
“Karina por ahora no viaja. Tiene la reunión de mesa política”, explican funcionarios de primera línea. La definición todavía puede modificarse antes de la partida presidencial, prevista para las 23 del lunes, pero en el entorno de la secretaria general trabajan sobre la hipótesis de que se quede en el país.
La presencia de Karina es determinante para el funcionamiento de ese espacio. Cerca de la conducción oficialista reconocen que si finalmente viaja a Nueva York, la mesa política será postergada. La reunión reúne a los principales responsables del armado político, parlamentario y económico y viene funcionando los martes.
La decisión se analiza en una semana especialmente cargada para el Gobierno. El oficialismo abrió la negociación del Presupuesto 2027, busca recomponer la coordinación después del conflicto por Discapacidad y mantiene conversaciones para avanzar con la suspensión de las PASO, el proyecto por Malvinas, el super-RIGI y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Karina también tiene varias reuniones políticas previstas o en preparación. Una de las conversaciones abiertas es con el PRO, aunque desde ese partido aclaran que todavía no está agendado formalmente un encuentro para el jueves. La Casa Rosada intenta sostener los acuerdos parlamentarios mientras comienza a ordenar el esquema electoral para 2027.
La mesa política llegará además atravesada por los cuestionamientos de Patricia Bullrich. La senadora cuestionó que los cambios sobre Discapacidad incluidos en el Presupuesto no hubieran sido anticipados y puso en discusión el funcionamiento del espacio. En el Gobierno reconocen un problema de coordinación, pero cuestionan que las diferencias hayan sido expuestas públicamente.
La discusión no es menor para Karina Milei, que concentra la conducción política de La Libertad Avanza. La secretaria general les pidió esta semana a los legisladores bajar la confrontación con gobernadores y aliados hasta diciembre, mientras el Gobierno intenta reunir los votos para su paquete de leyes y evitar que la campaña electoral cierre antes de tiempo los canales de negociación.
POLITICA
Santilli habló del video de Bullrich con el tema de Lali Espósito: “Estuvo muy bien, divertido”
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo este sábado que la mesa política del Gobierno aborda los temas de agenda cada martes, al ser consultado sobre el reclamo de la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por no haber sido informada de los cambios en temas de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.
La respuesta expuso una diferencia sobre el alcance de esas reuniones: mientras la senadora denunció que la modificación no fue tratada, el funcionario afirmó que las discusiones internas existen, aunque admitió que no todos los asuntos se analizan con el mismo grado de detalle.
Santilli no precisó si el punto específico sobre discapacidad había sido analizado antes de que Bullrich se retirara del encuentro. En cambio, reiteró el criterio de discusión colectiva: “Los temas nuestros los hablamos el martes”, insistió.
Los cambios cuestionados figuran en el Capítulo VI del proyecto presupuestario y alcanzan artículos de la ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, y de la ley 24.901, que regula las prestaciones básicas de atención integral desde 1997. Según publicó Infobae, la iniciativa elimina los valores universales de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas y modifica el esquema de actualización de los aranceles.
Santilli afirmó que la definición política sobre discapacidad todavía depende de la discusión legislativa en la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete reveló que el Gobierno trabaja con el presidente de Diputados, Martín Menem, y el Ministerio de Salud para resolver el texto antes de responder a los cuestionamientos de Bullrich.
Durante un diálogo con periodistas, Santilli también se refirió al video que difundió la senadora mientras escuchaba una canción de Lali Espósito. “Estuvo muy bien, estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así”, sostuvo.
Santilli dijo que Bullrich se retiró antes de la reunión del martes
El jefe de Gabinete ubicó la discrepancia en el funcionamiento de la mesa política, donde, según explicó, se debaten los asuntos que luego impactan en la agenda parlamentaria. “Tenemos una mesa de trabajo los martes. En esa mesa de trabajo hablamos los temas”, afirmó.
Ante la consulta insistente de los periodistas sobre si el proyecto de discapacidad había sido abordado en ese ámbito, Santilli planteó que existen distintos niveles de discusión. “Algunos con profundidad, otros con profundidad, pero no total. Pero sí, sí hablamos”, señaló, antes de añadir que Bullrich “se tuvo que ir antes también el martes”.
La senadora había dicho que la letra vinculada a discapacidad no había surgido en la mesa política y que llegó al Congreso sin información previa para los integrantes del bloque oficialista. También había advertido que esa falta de coordinación podía deteriorar las relaciones internas, porque los legisladores quedan expuestos ante sus pares y ante la oposición.
Consultado sobre posibles cambios tras el reclamo de Bullrich, Santilli vinculó cualquier decisión a la negociación parlamentaria. “Nosotros venimos trabajando en dos frentes. Un frente es la ley que se está tratando en Diputados”, explicó.
El funcionario indicó que en esa instancia intervienen Menem y el equipo del Ministerio de Salud. “Estamos aproximándonos a una definición”, dijo, y agregó: “A partir de si tenemos una definición allí, vendrán las respuestas que vos estás buscando”.
El proyecto presupuestario prevé modificaciones permanentes para el sistema de atención a personas con discapacidad. Entre sus disposiciones, altera las reglas para la fijación de aranceles, elimina mecanismos de actualización automática y modifica las condiciones de acceso a prestaciones vinculadas con la discapacidad.
Al final de la entrevista, una periodista relató que el equipo periodístico encontró a Santilli cuando ingresaba a una farmacia frente al centro de salud donde se encuentra internada Mirtha Legrand. “Estábamos con el trípode en frente del Sanatorio Mater Dei y de pronto vemos a alguien que está entrando a la farmacia”, contó, y al notar que era el jefe de Gabinete, los periodistas se acercaron a dialogar con él.
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