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Congreso aprueba nueva Ley Antilavado de Dinero y renueva reglas para combatir delitos financieros en Guatemala

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El Congreso de Guatemala aprobó la Ley Integral contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo bajo el Decreto 15-2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la República de Guatemala aprobó, este martes, con 147 votos a favor, la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo, identificada como Decreto 15-2026. Esta legislación representa un paso relevante para el país, ya que actualiza el marco legal guatemalteco en prevención y combate de estos delitos, alineándose con estándares internacionales.

La votación se llevó a cabo tras semanas de negociaciones y discusiones, donde distintos bloques legislativos analizaron y consensuaron enmiendas al texto final. De acuerdo con la información difundida por el propio Congreso, la iniciativa busca dotar a Guatemala de herramientas legales modernas para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dos amenazas que han presionado la integridad del sistema financiero nacional.

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Entre los puntos destacados del nuevo decreto se encuentran:

  • Actualización del marco legal de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo
  • Armonización con estándares internacionales (GAFI / GAFILAT)
  • Fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir la entrada de capitales ilícitos
  • Protección de la reputación financiera de Guatemala
El Decreto 15-2026 alinea Guatemala con los estándares internacionales de GAFI y GAFILAT para combatir delitos financieros. (Cortesía: Congreso de la República de Guatemala)
El Decreto 15-2026 alinea Guatemala con los estándares internacionales de GAFI y GAFILAT para combatir delitos financieros. (Cortesía: Congreso de la República de Guatemala)

Durante la discusión parlamentaria, los diputados destacaron la necesidad de contar con una legislación actualizada que permita fortalecer la vigilancia y el control sobre las operaciones financieras sospechosas, así como mejorar los mecanismos de cooperación internacional.

La aprobación de la ley se produjo con el respaldo de la mayoría de los diputados presentes, reflejando una voluntad política orientada a blindar la economía nacional frente a delitos complejos y transnacionales.

La reforma fue producto de semanas de debate y consenso entre distintos bloques parlamentarios sobre los delitos financieros. (Cortesía: Congreso de la República de Guatemala)
La reforma fue producto de semanas de debate y consenso entre distintos bloques parlamentarios sobre los delitos financieros. (Cortesía: Congreso de la República de Guatemala)

La Superintendencia de Bancos (SIB) celebró la aprobación del Decreto 15-2026, considerándolo un hito. Según un comunicado oficial emitido tras la votación, la SIB reconoció el esfuerzo de los distintos actores institucionales que participaron en la elaboración, análisis y aprobación de la ley.

La nota resalta que por primera vez se integran en un solo cuerpo legal las disposiciones para combatir tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo, sustituyendo un marco legal que llevaba más de 25 años en vigencia.

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De acuerdo con la SIB, la efectividad de este nuevo marco dependerá de su implementación adecuada, la articulación entre las autoridades competentes y la participación de todos los actores del sistema financiero. La entidad reiteró su compromiso de contribuir a la aplicación efectiva de la ley y de mantener la integridad del sistema financiero guatemalteco en línea con los compromisos internacionales.

La Superintendencia de Bancos calificó la aprobación de la ley como un hito en la prevención contra lavado de activos. (Cortesía: Superintendencia de Bancos)
La Superintendencia de Bancos calificó la aprobación de la ley como un hito en la prevención contra lavado de activos. (Cortesía: Superintendencia de Bancos)

El Decreto 15-2026 incorpora principios y prácticas recomendadas por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este marco armonizado busca elevar la capacidad institucional de Guatemala para prevenir la entrada de capitales ilícitos, así como proteger la reputación financiera del país en el entorno global.

La SIB enfatizó que la aprobación de esta ley reafirma el compromiso del Estado de Guatemala con la transparencia y la resiliencia del sistema financiero, además de responder a la evolución de los delitos financieros y las crecientes exigencias regulatorias de la comunidad internacional. La entidad también subrayó que la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país, que requiere la participación coordinada de autoridades, sector privado y ciudadanía.

Se incorpora la declaración emitida por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien celebró la aprobación de la nueva normativa a través de sus redes sociales. El mandatario expresó: “Hoy gana Guatemala. Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Porque proteger al pueblo también significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas. Tenemos Ley Antilavado”.

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Bernardo Arévalo, mandatario guatemalteco, afirmó que la protección al pueblo requiere golpear al crimen donde más le duele: sus recursos económicos. (Cortesía: Bernardo Arévalo)
Bernardo Arévalo, mandatario guatemalteco, afirmó que la protección al pueblo requiere golpear al crimen donde más le duele: sus recursos económicos. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

La publicación del presidente resalta el alcance de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo, y enfatiza el objetivo de la nueva legislación: debilitar las estructuras financieras de organizaciones delictivas y proteger a la ciudadanía.

Este mensaje refuerza el posicionamiento oficial del Gobierno respecto a la importancia de endurecer la lucha contra los delitos financieros y el crimen organizado, sumando respaldo político a la implementación del Decreto 15-2026.



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INTERNACIONAL

Donald Trump demanda a periodistas del New York Times por informar sobre supuestas fallas de su nuevo avión Air Force One

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En una escalada del enfrentamiento con la prensa independiente, el gobierno de Donald Trump emitió el viernes citaciones judiciales a varios periodistas de The New York Times, después de que el diario informara esta semana sobre las preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo avión presidencial Air Force One, donado por Qatar.

Las citaciones, que pretenden obligar a los periodistas a testificar ante un gran jurado federal en Manhattan el miércoles, representan una escalada extraordinaria en los esfuerzos del presidente Trump por amenazar e intimidar a las organizaciones de noticias independientes.

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En algunos casos, las citaciones fueron entregadas por agentes federales que se presentaron en los domicilios de los periodistas. El Times denunció las acciones del gobierno.

“La presencia de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege”, declaró David McCraw, el principal abogado de la redacción de The New York Times, en un comunicado el viernes por la noche.

«Nuestros periodistas informan sobre los hechos y defienden el derecho del público estadounidense a saber cómo funciona su gobierno y cómo se utilizan sus impuestos», escribió McCraw. «Este acto descarado no debe considerarse más que un intento de impedir que el público sepa lo que ocurre en su país, intimidando a los periodistas para que no puedan ejercer su profesión», agregó.

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Las citaciones contienen pocos detalles y solo solicitan que los periodistas testifiquen “en relación con una presunta violación de la ley penal federal”. Fueron emitidas por Jay Clayton, fiscal federal de Manhattan. Clayton, quien dirige una de las oficinas de aplicación de la ley más importantes del país, fue nominado recientemente por Trump para el cargo de director de inteligencia nacional.

Los representantes de la Casa Blanca y del fiscal federal de Manhattan no respondieron a las preguntas formuladas el viernes por la noche.

Entre los periodistas del Times que recibieron citaciones se encontraban Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, quienes informaron el miércoles que Trump había partido de Turquía en el antiguo Air Force One como medida de seguridad, a instancias del Servicio Secreto.

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Las deficiencias del nuevo avión

El jueves, el Times informó que el nuevo Air Force One, un Boeing 747-8 donado por Qatar, carecía de algunas de las características de seguridad avanzadas del avión anterior, incluidas las capacidades antimisiles. Ambos artículos citaron fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para tratar temas de seguridad delicados.

Antes de la publicación del artículo del miércoles, un alto funcionario del FBI contactó a un reportero y a un editor sénior de The Times para solicitar que se retuviera la publicación, alegando que se trataba de un asunto de seguridad nacional, según una persona familiarizada con la conversación.

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El funcionario del FBI se negó a explicar el motivo de la cuestión de seguridad. Asimismo, solicitó al Times que revelara sus fuentes para el artículo; el periódico se negó a hacerlo. Un portavoz del Times, Charlie Stadtlander, confirmó la versión.

El nuevo avión presidencial Air Force One, en la base Andrews, en Maryland, Estados Unidos, semanas atrás. Foto: EFE

Ataques a la prensa

Trump siempre ha sido un duro crítico de los medios de comunicación. Pero en su segundo mandato, ha recurrido con vehemencia al inmenso poder del gobierno federal para atacar a la prensa.

A principios de este año, el Departamento de Justicia intentó obligar a declarar a periodistas de The Wall Street Journal y The Washington Post. El Departamento de Justicia retiró las citaciones después de que ambos medios de comunicación presentaran alegatos en documentos confidenciales.

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Tanto las administraciones demócratas como las republicanas han iniciado investigaciones sobre filtraciones de información clasificada. Sin embargo, las citaciones dirigidas a periodistas no son comunes, y los defensores de la Primera Enmienda afirman que pueden coartar la labor periodística.

En enero, agentes del FBI tomaron la inusual medida de registrar la casa de la periodista del Washington Post, Hannah Natanson, como parte de una investigación sobre el manejo de material clasificado por parte de un contratista del gobierno. Tras ejecutar una orden de registro, los agentes confiscaron teléfonos, computadoras portátiles y un reloj inteligente. Natanson había pasado meses hablando con empleados del gobierno mientras informaba sobre los esfuerzos de la administración Trump para reducir la plantilla federal.

El Times es parte en varias demandas que involucran a Trump y su administración.

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El presidente demandó al diario neoyorquino el año pasado, acusándolo de difamación, de menoscabar su reputación y de intentar socavar su candidatura para 2024.

En diciembre, el Times demandó al Departamento de Defensa después de que este impusiera restricciones a los periodistas que cubren temas militares. La empresa volvió a demandar después de que la agencia redujera el acceso físico de los periodistas al Pentágono.

En mayo, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo demandó a The New York Times, acusándolo de discriminación laboral. El viernes, The Times presentó una contrademanda, alegando que la citación era una represalia por su cobertura de la presidencia de Trump y una violación de sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

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Trump-aligned House holdouts accused of holding ‘life-saving’ veterans bill ‘hostage’ over SAVE America Act

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

A sweeping veterans package supporters describe as the largest expansion of veterans’ health care and benefits in more than a decade is expected to return to the House floor when lawmakers come back from the July recess, but backers warn the legislation could once again become collateral damage in the Republican standoff over the SAVE America Act.

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The Take Care of America’s Veterans Act rolls roughly 60 veterans bills into a package that would dramatically expand veterans’ health care and benefits. At its core, the legislation would cement veterans’ access to community care outside the VA while increasing benefits for combat-wounded veterans, caregivers and Gold Star families, expanding mental health services and enacting dozens of additional reforms.

House Veterans’ Affairs Committee Chairman Mike Bost, R-Ill., told Fox News Digital he intends to bring the Take Care of America’s Veterans Act back for a vote as soon as the House reconvenes next week.

WASHINGTON, D.C. – MARCH 17: Eugene Simpson, 29, from Dale City, Virginia goes through physical therapy at the Veterans Affairs Medical Center in Washington, D.C. with Michael Minor, a kinesiotherapist with the United States Department of Veterans Affairs on March 17, 2006 in Washington, D.C., USA. (Photo by Jeff Hutchens/Getty Images) (Jeff Hutchens/Getty Images)

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HOUSE CONSERVATIVES DERAIL GOP AGENDA IN SAVE AMERICA ACT SHOWDOWN

The legislation was held up last month after a group of House Republicans joined Democrats to defeat a procedural vote, stopping the House from taking up the bill.

«I’m feeling good as long as my members stay with us on the rule,» Bost said. «Right now, there’s some politics being played, not about this bill, but just in general.»

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The bill became entangled in a broader House Republican fight over the SAVE America Act, legislation championed by President Donald Trump that would require proof of U.S. citizenship to register to vote in federal elections.

On June 30, the House voted on H. Res. 1398, the procedural rule governing floor consideration of several bills, including the National Defense Authorization Act and the Take Care of America’s Veterans Act. The rule failed after 14 Republicans joined Democrats in opposition, preventing the House from taking up the veterans package and bringing floor business to a standstill. Rep. Anna Paulina Luna, R-Fla., claimed to have voted against the rules vote in protest against House leadership’s handling of the SAVE America Act. As a result, Speaker of the House Mike Johnson sent the members home early.

Bost accused the holdouts of effectively putting veterans legislation on hold.

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VA building sign in Washington DC

The US Department of Veterans Affairs building is seen in Washington, DC, on July 22, 2019. (Photo by Alastair Pike / AFP) (Photo credit should read ALASTAIR PIKE/AFP via Getty Images) (Photo credit should read ALASTAIR PIKE/AFP via Getty Image)

‘IT’S A MESS’: GOP TURNS ON HOUSE CONSERVATIVES AS VOTER ID BLOCKADE STALLS TRUMP’S AGENDA

«They’re holding all bills hostage,» Bost said. «They’re not voting for any rule. Any bill that has to pass a rule before it comes to the floor—which this bill does because of its size—can’t move.»

Although Bost said he supports the SAVE America Act and has voted for it three times, he argued the Senate’s failure to act should not stop the House from advancing unrelated legislation.

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«I agree with that bill,» Bost said. «But the Senate still has to do their work. We don’t stop our work because the Senate isn’t doing it.»

With 23 legislative days left in the Congressional session, Concerned Veterans for America Strategic Director John Byrnes, a supporter of the bill, said time is of the essence.

«There are lots and lots of things that have to get done,» Byrnes told Fox News Digital. «There’s also the National Defense Authorization Act, which is a must pass every year, so these things eat up time. There’s requirements to have debate on these, which eat up session time.»

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Byrnes argued that every procedural delay pushes other legislation further down the calendar.

«This bill will save lives in 2027,» Byrnes said. «If we lose veterans because they could have had faster, better access to health care, we’re never going to get those veterans back.»

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Rep. Mike Bost, R-Ill. ( )

TRUMP’S SAVE AMERICA ACT SHOWS SIGNS OF LIFE IN THE SENATE DESPITE REPUBLICAN REVOLT

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But Rep. Chip Roy, R-Texas, who also voted no on the procedural vote, told Fox News Digital that he has concerns about how the bill is financed.

«I appreciate what the chairman’s trying to do in some respects, but there’s a few issues,» Roy said.

Among them, Roy pointed to provisions offsetting new spending through changes affecting other veterans.

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«You’re taxing certain veterans to provide some sort of benefits and changes to other veterans,» Roy said. «There are concerns about some of the pay-fors.»

Veterans of Foreign Wars has also taken issue with Section 108 of the bill, warning that it would codify changes to future disability ratings for tinnitus and sleep apnea to help finance other veterans priorities.

But Bost said this is inaccurate.

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«No veteran is going to have their benefits reduced,» Bost said. «If you’re receiving a benefit right now, that’s not going to be reduced at all.»

Roy, who previously served two years on the House Veterans’ Affairs Committee, said he supported a lot of what the bill was seeking to accomplish; but said other pieces of legislation are priorities, too.

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«There is a block of us for whom border security, the SAVE Act and demonstrating our leadership on major issues is critical,» Roy said. «Some of these other bills may or may not get hung up based on a desire of many in the conference to see movement on other things.»

Fox News Digital reached out to Luna’s office and the White House for comment.

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La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a dos personas vinculadas al narcomenudeo

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José Fernando Barillas Chinchilla y Katherine Yohana Ramos fueron detenidos cuando transportaban nueve porciones de marihuana en un vehículo./ (Redes Gustavo Villatoro)

El ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, anunció la captura de dos personas vinculadas al narcomenudeo y la incautación de marihuana valorada en casi 20 mil dólares. El operativo, realizado el 9 de julio de 2026, fue ejecutado por la Policía Nacional Civil (PNC) en el marco de las acciones del Plan Control Territorial.

Según los datos difundidos por Villatoro a través de sus redes sociales, los detenidos fueron identificados como José Fernando Barillas Chinchilla y Katherine Yohana Ramos. Ambos fueron interceptados mientras se desplazaban en un vehículo que transportaba nueve porciones de marihuana, en presentaciones grandes y medianas, cuyo valor fue estimado en 19,768 dólares.

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Tras la detención y la divulgación de sus fotografías, las autoridades recibieron denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia de más drogas en la vivienda donde los sospechosos se hospedaban. En respuesta, la PNC, con el apoyo de la unidad K9, llevó a cabo un operativo que permitió incautar 28 paquetes adicionales de marihuana, varios teléfonos celulares y 805 dólares en efectivo.

El ministro Villatoro destacó que estos resultados se logran gracias a la colaboración ciudadana y la confianza depositada en las instituciones de seguridad. “No vamos a permitir este veneno en nuestro querido y nuevo gran país. Estamos combatiendo este flagelo de manera frontal y con toda firmeza, sin importar si se trata de grandes o pequeñas cantidades”, subrayó el funcionario.

La PNC y la unidad K9 incautaron 28 paquetes adicionales de marihuana, teléfonos celulares y 805 dólares en la vivienda donde se hospedaban los sospechosos./ (Redes Gustavo Villatoro)
La PNC y la unidad K9 incautaron 28 paquetes adicionales de marihuana, teléfonos celulares y 805 dólares en la vivienda donde se hospedaban los sospechosos./ (Redes Gustavo Villatoro)

En los últimos años, El Salvador ha intensificado su combate al narcotráfico y el narcomenudeo como parte de una estrategia integral de seguridad. El Plan Control Territorial, implementado desde 2019, ha priorizado la presencia policial en las zonas más vulnerables y el fortalecimiento de unidades especializadas en la detección y persecución de delitos relacionados con las drogas.

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2026 la PNC ha incrementado los operativos focalizados contra el narcomenudeo en distintas regiones del país. Entre enero y julio de este año, las autoridades reportan la incautación de más de 2.5 toneladas de marihuana, además de cocaína y otras sustancias ilícitas. Las acciones han derivado en la captura de más de 1,200 personas vinculadas al tráfico y distribución de drogas en pequeñas y medianas cantidades.

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El narcomenudeo representa uno de los principales desafíos para la seguridad interna, ya que constituye el eslabón más visible en la cadena del narcotráfico y tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las comunidades. Las autoridades salvadoreñas han señalado que muchas estructuras de narcomenudeo operan de forma fragmentada, ocultándose en áreas urbanas y rurales, lo que exige una labor investigativa permanente y el uso de tecnología especializada, como la participación de equipos K9 para la detección de drogas.

Los recientes decomisos evidencian la continuidad de una política de cero tolerancia frente al tráfico de drogas, así como la articulación entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía. El ministro Villatoro reiteró el compromiso del gobierno de no permitir que el narcotráfico se arraigue en el territorio nacional, al tiempo que hizo un llamado a la población para seguir denunciando cualquier actividad sospechosa.

Gustavo Villatoro atribuyó el resultado del operativo contra el narcomenudeo a la colaboración ciudadana y a la confianza en las instituciones de seguridad./ (Redes Gustavo Villatoro)
Gustavo Villatoro atribuyó el resultado del operativo contra el narcomenudeo a la colaboración ciudadana y a la confianza en las instituciones de seguridad./ (Redes Gustavo Villatoro)

Organismos internacionales han señalado que la presión ejercida sobre el narcomenudeo en El Salvador ha provocado una disminución en la circulación de drogas en zonas urbanas y la desarticulación de varias bandas dedicadas a la comercialización de este tipo de ilícitos. No obstante, el país continúa enfrentando retos, como el surgimiento de nuevas rutas de tráfico y la adaptación constante de los grupos criminales.

Las autoridades mantienen la vigilancia en puntos estratégicos y refuerzan el mensaje de que no se tolerará el tráfico de drogas por ninguna vía —ni por mar, ni por aire, ni por tierra— en el territorio salvadoreño.

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corresponsal:Desde San Salvador, El Salvador

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