ECONOMIA
Controlarán el «DNI» de las semillas que usa el campo argentino: el controvertido plan del Gobierno
Hay un debate que divide al campo argentino desde hace décadas y que ahora volvió a la superficie con fuerza inusitada. Está relacionado con quién tiene derecho a cobrar y cuánto por las semillas que los agricultores siembran cada año en el campo. El Gobierno de Javier Milei decidió meterse de lleno en el asunto, pero con una estrategia que busca evitar el pantano legislativo, ya que, en lugar de reformar la ley, pretende cambiar cómo se controla.
Todo parte de una norma que cumplió más de 50 años: la Ley de Semillas sancionada en 1973. En aquel momento no existía la soja transgénica, ni el trigo con tolerancia a herbicidas, ni las variedades de alto rendimiento desarrolladas por laboratorios privados con inversiones millonarias. El mundo agropecuario de hoy es radicalmente distinto, pero la ley que regula quién puede usar qué semilla —y en qué condiciones— sigue siendo, en lo esencial, la misma.
El corazón del conflicto es simple: los semilleros y empresas de biotecnología invierten años y millones en desarrollar una nueva variedad. Cuando esa semilla llega al productor, éste tiene el derecho histórico de guardar parte de su cosecha para volver a sembrarla al año siguiente. Es el llamado «uso propio», una práctica tan antigua como la agricultura misma. Las empresas sostienen que eso les recorta los ingresos y desincentiva la inversión en nuevas tecnologías. Los productores, en cambio, lo defienden como un derecho adquirido que no están dispuestos a resignar.
Legislación sobre semillas: la idea del Gobierno
A fines de abril, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el secretario de Agricultura Sergio Iraeta y el director del INASE (Instituto Nacional de Semillas) Martín Famulari convocaron a las entidades rurales —SRA, CRA, FAA, Coninagro— y a los semilleros para presentarles una propuesta concreta.
La idea es incorporar la identificación varietal en el primer eslabón de la cadena comercial: los acopios, las plantas de procesamiento y los puertos. En esos puntos ya se toman muestras rutinarias para medir humedad, calidad e impurezas. La novedad sería sumarle a ese análisis la identificación genética de la variedad entregada. Esa información llegaría al INASE y al titular de la variedad. Si no hay ningún problema, la muestra queda archivada y luego se descarta. Si surge un conflicto, el organismo actúa como árbitro.
Lo que resulta clave políticamente es que el esquema no sería retroactivo, sino que solo aplicaría a las variedades que se registren después de que la norma entre en vigencia. Quien hoy produce bajo las reglas actuales no vería alterada su situación. Además, el costo operativo de los análisis correría por cuenta de los obtentores —es decir, las empresas dueñas de la genética—, no de los agricultores.
La implementación no requiere pasar por el Congreso: se haría mediante una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial, con sanciones encuadradas en la propia Ley 20.247 vigente.
Javier Milei prepara cambio clave para el campo: los pasos siguientes
La hoja de ruta oficial establece primero la resolución de fiscalización y luego el proyecto de reforma legislativa. El tema ya figura en la agenda que el propio Milei mencionó en la apertura de sesiones ordinarias, lo que le da rango político al proceso. Las conversaciones abiertas con entidades del campo y del sector semillero, más una mesa de trabajo en marcha entre el Gobierno, la producción y los representantes del sector, dan sustento a esta iniciativa.
La próxima reunión de esa mesa está prevista para el 9 de junio. En el Ejecutivo la presentan como una instancia para seguir acercando posiciones antes de abrir la discusión en el Congreso. El cronograma sugiere que el Gobierno quiere llegar a esa instancia legislativa con el mayor consenso posible, evitando repetir el fracaso de intentos anteriores que naufragaron antes de llegar a votación.
El Gobierno apuesta a que esta solución por etapas —fiscalización primero, reforma de fondo después— pueda descomprimir años de tensión acumulada. Si lo logra, habrá dado un paso que sus predecesores no pudieron.
La recepción del campo: cautelosa, pero no hostil
Históricamente, cada vez que se intentó tocar el tema de semillas, la reacción del sector agropecuario fue de rechazo frontal. Esta vez la recepción fue diferente, aunque con matices.
Carlos Castagnani, presidente de CRA, calificó la propuesta como «un adelanto» y destacó especialmente el carácter no retroactivo del esquema. «No hay manera de que el productor esté peor o menos protegido que ahora», señaló. Y agregó que cree que la iniciativa «puede lograr un consenso que sería bueno».
Sin embargo, todas las entidades aclararon que esperarán recibir el texto escrito completo antes de tomar una posición definitiva. La historia de este debate enseñó que los detalles importan tanto como los titulares.
UPOV 91 y la presión de Donald Trump
Detrás de esta discusión técnica hay una dimensión geopolítica que no puede ignorarse. Argentina firmó el Convenio UPOV en su versión de 1978, que admite el uso propio con ciertas restricciones. Hay una versión más nueva y restrictiva —la UPOV 91— que amplía los derechos de los obtentores y reduce el margen de los productores para guardar semilla sin pagar regalías.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría condicionado la firma de un acuerdo comercial con Argentina a que el país adhiera a UPOV 91. Esa presión puso el tema en el centro de la agenda y también generó alarma en el sector agropecuario local. La Mesa de Enlace acepta modernizar la ley, pero rechaza adherir a UPOV 91. Organizaciones del norte del país fueron aún más terminantes, calificando esa adhesión como «el camino a la inmolación».
El Gobierno, por ahora, decidió no forzar ese frente. La estrategia de avanzar con una resolución administrativa —sin abrir el debate legislativo sobre UPOV 91— puede leerse como una forma de ganar tiempo, construir confianza con el sector productivo y mostrar voluntad de acción sin encender la mecha del conflicto mayor.
Un dato que habla del peso de Argentina en el sector
En mayo, en Lisboa, se celebró el Congreso Mundial de Semillas de la Federación Internacional de Semillas (ISF), que reunió a más de 1.300 representantes de más de 80 países. El evento tuvo un protagonismo inesperado para Argentina: Lorena Basso, referente de Basso Semillas —empresa familiar argentina de tercera generación— asumió como primera presidenta mujer en los cien años de historia de la organización.
Basso, que había presidido la Asociación de Semilleros Argentinos entre 2019 y 2023, llega a la conducción de la ISF en un momento en que su propio país debate el futuro del sistema semillero. Su presidencia podría darle mayor peso a la industria local en los foros globales donde se definen estándares y regulaciones internacionales.
Por qué importa más allá del campo
Argentina es una de las principales potencias agrícolas del mundo. La soja y el trigo —dos cultivos autógamos en los que el debate del uso propio es más intenso— representan una parte central de las exportaciones del país y, por ende, de la entrada de divisas.
Un sistema de semillas que funcione mal tiene consecuencias como menos inversión en nuevas variedades, menor adopción de tecnología y, a la larga, rindes más bajos. Pero una regulación que ahogue el uso propio también tiene costos, ya que sube los gastos de producción de miles de agricultores, muchos de ellos pequeños y medianos.
El Gobierno apuesta a que esta solución intermedia —controlar mejor sin cambiar la ley— pueda descomprimir años de tensión acumulada. Si lo logra, habrá dado un paso que sus predecesores no pudieron. Si no, el debate de fondo seguirá pendiente. Con o sin resolución administrativa, la ley de 1973 tarde o temprano tendrá que ponerse al día con el siglo XXI.
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ECONOMIA
El Gobierno insiste con que «sobran dólares» pero el mercado cree que se frena el viento de cola
«Algo cambió. Las próximas semanas serán claves para definir la perspectiva del segundo semestre». El director de un banco de capitales extranjeros, líder en el sistema, no vacila en su diálogo con iProfesional.
En el mercado financiero cambió la percepción que hasta ahora existía respecto del manejo oficial en el mercado cambiario. La mirada de los operadores es que el «viento de cola» existente en la plaza cambiaria hasta ahora empezó a darse vuelta.
A pesar de que, como dice el Gobierno, «sobran dólares» o que «los dólares van a salir por las orejas», eso no significa que la Argentina esté a salvo de las presiones sobre el tipo de cambio. Ese escenario, esbozado detrás de los anuncios del RIGI, no parece que vaya a darse en el corto plazo.
La cuestión de fondo se relaciona con el valor real del tipo de cambio. El Gobierno habilitó este mes una suba del dólar superior a la expectativa de inflación para este mes de junio. Mientras el billete verde ya se movió un 3,8% —a $1.461 en el mercado mayorista—, el IPC de este mes podría situarse en el 2%, o incluso alguna décima por debajo de ese techo.
Las razones detrás de la suba del dólar mayorista
Esta movida fue celebrada por distintos informes publicados durante el último fin de semana por consultoras locales, los cuales destacaron la flamante corriente alcista del tipo de cambio en función de la competitividad de la economía. De todas formas, desde la City destacaron algo indisimulable: detrás de la suba de la cotización de la divisa existe una mayor demanda de dólares por parte del sector privado.
«No es una suba que preocupe, todo lo contrario: vemos como positivo que el peso no se siga atrasando y recupere algo de terreno. Por el momento, tampoco se lo ve al Gobierno demasiado preocupado por este movimiento, y estimamos que no hubo intervención considerable del Banco Central ni en futuros ni en dollar linked», opinó Miguel Kiguel desde el último reporte de EconViews.
Para los financistas y analistas más atentos, lo que se observa en el mercado cambiario no es un fenómeno fortuito ni una sorpresa.
Compras del Banco Central: qué pasará con el dólar en el segundo semestre
A punto de ingresar al tercer trimestre del año, luce previsible que haya un aumento en la presión sobre el mercado de divisas. Esta tendencia responde a una estacionalidad bien conocida: el mercado suele anticiparse al fin de la cosecha gruesa, un periodo donde los flujos de dólares provenientes de las exportaciones agrícolas comienzan a mermar de manera natural.
El impacto de esta transición ya es palpable en las planillas del Banco Central. Mientras que durante los meses de abril y mayo la entidad monetaria lograba compras diarias que promediaban los u$s138 millones, esa cifra cayó drásticamente a un promedio de u$s79 millones en lo que llevamos de junio. Ayer lunes, el BCRA embolsó todavía menos de ese promedio: fueron 50 millones de dólares.
El diagnóstico de la situación actual sugiere que la presión cambiaria no cederá en el corto plazo. Eso es lo que plantea Kiguel en su informe a clientes. Para los técnicos de PPI, esta será «una semana para monitorear el tipo de cambio».
Emiliano Anselmi, de PPI, agregó un dato interesante en su último informe: «La suba acumulada en el último mes (desde el 21 de mayo) es de 5,1%, magnitud que más que duplica los rendimientos de la deuda en pesos en todas sus variantes. Aun luego de esta suba, la distancia del techo de la banda con el spot sigue siendo holgada, ubicada en el 22,5%«.
Hay al menos un par de claves para tener en cuenta en este aparente cambio de marcha:
- Por un lado, se siente el efecto de la desaceleración en la liquidación de divisas por parte del sector agropecuario, el cual, si bien se mantiene en niveles elevados, empieza a mostrar señales de agotamiento estacional
- Por otro lado, el contexto internacional dejó de ser el aliado incondicional de los últimos meses, con el barril de petróleo ya lejos de los u$s110 de algunas semanas atrás. La balanza energética tendrá una menor oferta de divisas con el fin de las hostilidades en Medio Oriente
Un crudo por debajo de u$s80 podría ayudar al Gobierno a desinflar el IPC, en caso de que traslade esa merma a los surtidores de YPF, pero —mientras tanto— esa baja en los precios de las materias primas energéticas impacta directamente en las proyecciones de ingresos y en la valoración de los activos financieros vinculados.
La demanda de dólares del sector privado se mantiene en niveles históricamente elevados, superiores a los u$s2.000 millones mensuales. Un nivel que podría superarse si el tipo de cambio se percibe como «barato».
La Fed y el impacto en la política cambiaria argentina
Otro punto refiere a la política monetaria en los Estados Unidos, que volvió a estar bajo la lupa. El flamante presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, mantuvo sin cambios la tasa de referencia en el 3,75% anual, pero el mensaje hacia el futuro fue contundente: las proyecciones indican que la mitad de los miembros del directorio prevén al menos un incremento adicional de tasas para este 2026. De hecho, el mercado de futuros ya le asigna una probabilidad del 89% a que este endurecimiento monetario ocurra efectivamente.
Un mundo con tasas de interés más altas y precios de commodities a la baja genera una presión adicional sobre el peso, dificultando el camino de la estabilización cambiaria.
A pesar de este combo de factores internos y externos, la postura oficial parece ser de cautela y monitoreo constante, sin signos de desesperación. Hasta el momento, el Gobierno no mostró una preocupación excesiva por el deslizamiento del dólar, entendiéndolo como un proceso de normalización más que de estrés.
De hecho, las estimaciones privadas indican que no ha habido una intervención considerable por parte del Banco Central, ni en el mercado de futuros ni a través de instrumentos «dollar linked», para frenar esta suba.
En este contexto, las principales consultoras de la City estiman una «suba ordenada» del tipo de cambio para el segundo semestre del año. Un alza que acompañe, al menos, la inflación. En ese caso, habrá que monitorear cada reacción del Gobierno en relación a posibles intervenciones y a la trayectoria de las tasas de interés.
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En junio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos ajustado por la fórmula de movilidad previsional, que actualiza haberes, asignaciones y pensiones según la inflación calculada por el INDEC. Este mes, el aumento es del 2,58%, reflejando la suba de precios de abril, y se abona además el medio aguinaldo.
Los pagos están organizados según la terminación del DNI para facilitar el acceso de millones de jubilados, pensionados, titulares de la AUH, Asignación Familiar por Hijo y Pensiones No Contributivas.
En el cronograma de junio, el 23 de junio está destinado al pago de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo para quienes poseen DNI terminados en 0 y 1. Estos beneficiarios reciben, junto con su haber mensual actualizado por la fórmula de movilidad, el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.
Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 8 reciben hoy el pago correspondiente al mes de junio, según el calendario oficial. Esta asignación también se ve alcanzada por el incremento del 2,58% aplicado en el mes.
Finalmente, quienes forman parte del Plan de Desempleo 1 y tienen DNI terminado en 4 o 5 acceden hoy a su prestación. El sistema de cobros escalonado busca agilizar el acceso y minimizar las demoras en los canales presenciales y electrónicos.
Desde hoy, inicia el período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), el cual se extiende hasta el 8 de julio para todos los documentos.
En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.
Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).
La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos $1.281.605,41 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.
Para quienes perciben AUH por Discapacidad, el monto mensual es de $471.915. En este caso, el beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta que se acredite la documentación correspondiente. Este beneficio está destinado a familias con hijos con discapacidad, y no tiene límite de edad para el menor a cargo.
Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.
En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:
- Por Nacimiento, el monto es de $84.478;
- Por Matrimonio, asciende a $126.489;
- Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.
La pensión no contributiva (PNC) por invalidez laboral es una de las prestaciones más consultadas ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Está destinada a personas que presentan una incapacidad laboral total y permanente, no cuentan con ingresos suficientes y no pueden acceder a una jubilación u otra prestación contributiva.
Se trata de una asistencia económica mensual otorgada por el Estado, orientada a garantizar un ingreso mínimo y acceso a cobertura de salud a personas en situación de vulnerabilidad social.
Uno de los puntos centrales del sistema es que el otorgamiento no depende únicamente del diagnóstico médico, sino del impacto real de la condición en la capacidad de trabajar y sostenerse económicamente.
Qué es la pensión no contributiva por invalidez
La PNC por invalidez es un beneficio administrado por ANSES junto con organismos del área de salud y discapacidad.
Está dirigida a personas que no lograron reunir aportes previsionales suficientes y que presentan una incapacidad laboral igual o superior al 76%, de acuerdo con la normativa vigente de evaluación médica.
El objetivo del programa es garantizar:
- Un ingreso mensual básico
- Acceso a cobertura médica a través de PAMI u obra social correspondiente
- Protección social frente a situaciones de vulnerabilidad
Requisitos para cobrar la PNC por invalidez en julio 2026
Para iniciar el trámite en 2026, se deben cumplir todos los siguientes requisitos:
- Tener una incapacidad laboral del 76% o más, certificada por autoridad médica oficial
- No cobrar jubilación, pensión o retiro, contributivo o no contributivo
- No estar trabajando en relación de dependencia (se admite Monotributo Social)
- No poseer ingresos ni recursos suficientes
- Ser argentino nativo o naturalizado, o ser extranjero con residencia prolongada acreditada según normativa vigente
- No estar detenido ni a disposición de la Justicia
En el caso de menores de edad, la evaluación incluye también la situación socioeconómica del grupo familiar conviviente.
Qué documentación pide ANSES
Para tramitar la pensión se requiere:
- DNI actualizado del solicitante
- Partida de nacimiento (en caso de menores)
- Certificado Médico Oficial (CMO) digital
- Historia clínica, estudios médicos y antecedentes
- Formulario P.S. 6.4 (en caso de apoderado)
- Copia del DNI (frente y dorso)
El Certificado Médico Oficial debe ser emitido en hospitales públicos o centros de salud habilitados dentro del sistema de certificación oficial.
Cómo tramitar la pensión no contributiva paso a paso
El trámite es gratuito, personal y semipresencial.
1. Obtener el Certificado Médico Oficial (CMO)
Es el primer paso obligatorio. Sin este certificado no se puede iniciar la solicitud.
2. Ingresar a Mi ANSES
Se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social en el sistema de ANSES.
3. Actualizar datos personales
Se deben verificar domicilio, grupo familiar y datos de contacto.
4. Iniciar la solicitud
Dentro del sistema se selecciona la opción: «Pensión No Contributiva por Invalidez» y se carga la documentación requerida.
Qué enfermedades pueden dar lugar a la pensión
No existe un listado cerrado de enfermedades habilitantes.
Sin embargo, entre las patologías más evaluadas suelen encontrarse:
El diagnóstico por sí solo no garantiza el acceso al beneficio, ya que la evaluación es funcional y laboral.
Qué evalúa el tribunal médico
La evaluación médica contempla un análisis integral que incluye la evolución de la enfermedad, tratamientos realizados o en curso, limitaciones físicas, cognitivas o sensoriales, posibilidad real de inserción laboral y tipo de trabajo previo del solicitante.
El beneficio puede ser rechazado si se considera que la persona puede desempeñar alguna actividad laboral o si existen tratamientos que podrían mejorar su condición.
Compatibilidad con AUH y otros beneficios
Mientras el trámite está en análisis, el solicitante puede seguir percibiendo:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo
Una vez otorgada la pensión, puede acceder además a:
- Cobertura médica a través de PAMI u obra social asignada
- Asignaciones familiares en determinados casos
- Acceso a programas sociales complementarios
- Inscripción al Monotributo Social, según evaluación socioeconómica
Cambios y revisión del sistema de pensiones en 2026
En los últimos años, el sistema de pensiones no contributivas por invalidez se encuentra bajo un proceso de revisión administrativa y auditorías impulsadas por el Estado, a través de ANDIS y ANSES.
El objetivo declarado de estas revisiones es:
- Fortalecer controles de acceso
- Actualizar padrones de beneficiarios
- Verificar requisitos médicos y socioeconómicos
- Detectar incompatibilidades o irregularidades
Entre las medidas aplicadas o en evaluación se incluyen:
- Reempadronamientos periódicos de beneficiarios
- Auditorías médicas presenciales o digitales
- Cruce de datos entre organismos estatales
- Revisión continua de requisitos de acceso
En algunos casos, se contemplan suspensiones preventivas durante auditorías, con instancias posteriores de revisión y derecho a defensa para los titulares.
Proyecto de ley del Gobierno para reformar las pensiones por invalidez
En paralelo al esquema vigente, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar integralmente el sistema de pensiones no contributivas por invalidez, con intervención de la ANDIS y la ANSES.
La iniciativa aún se encuentra en etapa de debate legislativo y busca modernizar los criterios de acceso, fortalecer los controles y ordenar el universo de beneficiarios.
Entre los ejes principales del proyecto se destacan:
- Unificación de criterios médicos y socioeconómicos para la evaluación de la incapacidad laboral
- Revisión periódica obligatoria de los beneficios ya otorgados
- Fortalecimiento del uso del Certificado Médico Oficial digital (CMO) y mayor trazabilidad del expediente
- Cruces automáticos de información entre organismos del Estado para detectar incompatibilidades
- Actualización de requisitos administrativos vinculados a residencia, ingresos y situación laboral
- Facultades ampliadas para auditorías presenciales y digitales
Uno de los puntos centrales del proyecto es ordenar la transición hacia un sistema más homogéneo de evaluación, evitando criterios dispares entre jurisdicciones y reforzando la fiscalización del otorgamiento.
El texto también contempla la posibilidad de suspensiones preventivas temporales en casos de inconsistencias detectadas durante auditorías, aunque garantiza instancias de revisión administrativa y derecho a defensa para los titulares del beneficio.
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