El Gobierno avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a regir el 1° de noviembre y funcionará como un “seguro” para los empleadores ante eventuales pagos de indemnizaciones, además de apuntalar el desarrollo del mercado de capitales. Sin embargo, en el sector advierten que aún resta una decisión clave del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el límite de inversión permitido y la definición de aspectos operativos por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El Decreto 408/2026, publicado en el Boletín Oficial a comienzos de semana, dejó algunos puntos sin precisar. El artículo 11, referido a las políticas de inversión, señala que las entidades habilitadas deberán ajustarse a los límites que establezca el Ministerio de Economía según la Ley N° 27.802, aunque esos parámetros todavía no fueron definidos.

Según fuentes del quinto piso del Palacio de Hacienda consultadas por Infobae, la intención es asegurar la mayor liquidez posible en los fondos, pero la decisión final aún no esta tomada. “Es un límite de lo que podés hacer. La idea es que el fondo sea lo más líquido posible porque si no tenés que pagar una indemnización y no te vas a poder hacer del dinero”, sintetizaron desde Economía.

Además, los Agentes de Compensación y Liquidación (ALyCs) mantienen la expectativa puesta en los criterios y procedimientos que deberá definir y publicar la Comisión Nacional de Valores (CNV). “Necesitamos que la CNV nos diga cuál es el trámite para la aprobación de un fondo FAL, cuál es el reglamento de gestión base, en qué activos vamos a poder invertir y en cuáles no, cómo va a ser el procedimiento, cómo va a ser la declaración jurada que va a tener que recibir el Fondo”, describió otra fuente consultada en off the record.

Ante consultas previas de Infobae sobre el avance de la reglamentación, fuentes oficiales de la CNV señalaron que estaban a la espera de la publicación del decreto presidencial. Tras la oficialización de este lunes, el organismo que encabeza Roberto Silva ya cuenta con el marco necesario para avanzar.

Hasta ahora, el Decreto 408/2026 estableció que el FAL será exclusivo para empleadores del sector privado, excluyendo las relaciones laborales no alcanzadas por la ley y dejando fuera al sector público. La normativa dispone que cada empleador deberá abrir una cuenta individual en un fondo común de inversión o fideicomiso financiero habilitado por la CNV, donde se canalizarán los aportes mensuales. Solo accederán a la cobertura los trabajadores registrados de manera formal y continua durante al menos los doce meses previos a la desvinculación.

El procedimiento prevé que el empleador seleccione una entidad habilitada, abra la cuenta correspondiente y reciba un identificador único, el “ID FAL”. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será responsable de transferir las contribuciones mensuales a la cuenta respectiva, integrando ese pago a la declaración unificada de la seguridad social. Si la empresa omite informar el “ID FAL” durante un mes, la CNV asignará de oficio un fondo o fideicomiso, garantizando la portabilidad y la continuidad del sistema.

En la práctica, las empresas deberán informar el ID FAL para que ARCA pueda cruzar la información y procesar el pago junto con la declaración unificada de seguridad social. Si no cumplen en tiempo y forma, la CNV tomará la administración del fondo de manera automática, asegurando la continuidad operativa y la portabilidad de los recursos depositados.

La administración de los fondos tendrá un tope de comisión del 1% anual sobre los activos y las inversiones solo podrán destinarse a instrumentos financieros y valores negociados en el mercado argentino. “No pueden tomar riesgos innecesarios, como invertir en empresas del exterior. Además, deben ser productos con liquidez porque, si se produce una estampida de despidos, hay que cubrir el fondo y vender instrumentos con liquidez en el mercado argentino”, explicó una voz autorizada del mercado.

El circuito para el pago de indemnizaciones se apoya en la presentación de una declaración jurada electrónica por parte del empleador, que asume la responsabilidad por el cálculo indemnizatorio. La entidad habilitada verifica los datos bancarios y registrales del trabajador y transfiere los fondos en un plazo máximo de cinco días hábiles. Además, el sistema contempla la posibilidad de migrar los fondos a otra entidad habilitada y establece reglas claras para la transferencia de cuentas en casos de reorganización societaria, cesión de personal o transferencia de establecimientos.

En caso de disolución o extinción de la cuenta, los recursos solo podrán volver al empleador si no existen contingencias laborales pendientes y tras verificación de todas las autoridades competentes. El decreto implementó sanciones económicas para los empleadores que no cumplan con sus obligaciones, permitiendo que ARCA ejecute el cobro fiscalmente y destinando los ingresos por sanciones a los subsistemas de la seguridad social. Las cuentas del FAL quedarán exentas del impuesto a los créditos y débitos bancarios y el intercambio de datos entre organismos contará con garantías de confidencialidad y seguridad.

A pesar de los avances que se conocieron este lunes, que tomaron por sorpresa a varios, en sector privado aún espera definiciones sobre los límites de inversión y el procedimiento específico que debe instrumentar la CNV, la reglamentación avanza en la formalización del sistema y la asignación de responsabilidades. Los actores del mercado aguardan los próximos pasos regulatorios para conocer en detalle los instrumentos habilitados y los trámites de aprobación.

El dólar arrancó el mes más firme. La cotización minorista saltó casi 1,5% y finalizó a 1.445 pesos. El mayorista también saltó del rango que se venía moviendo en los últimos meses para cerrar en torno a 1.425 pesos. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomó nota y compró solo USD 55 millones para no presionar más la cotización, bien por debajo del promedio de mayo.

Es probable que el arranque del mes haya tenido algo que ver. Con el cobro de sueldos, es posible que muchos hayan decidido la oportunidad para dolarizarse, aprovechando la estabilidad del tipo de cambio. Pero no es una indicación de lo que podría ocurrir a lo largo del mes. Se espera que la oferta del agro siga firme y que además ingreses más dólares de colocaciones de deuda en el exterior de parte de empresas y provincias.

Las cifras oficiales del Central muestran que la compra de dólares por parte del público se mantiene firme, aunque en niveles muy inferiores a los observados durante los meses preelectorales.

Según el último balance cambiario, en abril las compras netas fueron de 2.363 millones de dólares. En total fueron 1,5 millones de personas. La cifra estuvo bien por encima de los USD 1.750 millones registrados el mes anterior y solo fue superada por enero, que es un mes de estacionalidad alta en materia de compra de divisas sobre todo por las vacaciones. En los primeros cuatro meses del año el público adquirió USD 9.000 millones, es decir más de lo que había comprado el Central hasta ese momento (USD 7.200 millones).

Una parte de esos dólares quedan dentro del sistema financiero, aumentando los depósitos en moneda extranjera del sector privado, que ya superan los 39.000 millones de dólares. Otro porcentaje, sin embargo, no queda dentro del sistema.

El pico se registró en septiembre, cuando las compras llegaron a un récord histórico de 6.500 millones de dólares. Desde el levantamiento del cepo para el público, hace un año, la cifra se eleva a más de 50.000 millones de dólares.

Hasta el momento los dólares alcanzan para todos. El Banco Central está a punto de superar comprar por USD 10.000 millones en lo que va del año, la gente sigue dolarizándose ya sea para atesorar o para viajar, mientras que los importadores ya no tienen restricciones para acceder al mercado cambiario como ocurrió durante el gobierno anterior.

La gran incógnita es cómo seguirá el ritmo de compras del público de ahora en más y en especial cuando se acerque el período electoral. Luis Caputo consideró que el 2027 será un año calmo para el mercado cambiario. La tesis del ministro de Economía es que la reelección de Javier Milei estaría casi asegurada por la recuperación económica que se avecina y por la negativa de la gente de volver al pasado, es decir al kirchnerismo.

En ese contexto, la búsqueda de cobertura cambiaria sería muy inferior a la registrada el año pasado en los meses previos a las elecciones. Desde la apertura del cepo en abril la compra de dólares había llegado a un récord de USD 30.000 millones en los primeros seis meses.

En cuanto al funcionamiento del mercado cambiario, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, elogió la decisión del Gobierno de ponerle prioridad a la compra de dólares para fortalecer al Central. Sin embargo, el ex titular de Hacienda insistió en que se debería avanzar en la liberación total del mercado cambiario. Y además permitir que los bancos puedan prestar sus dólares a cualquier persona o empresa “solvente”, sin que sea necesario exigirle que posea ingreso en divisas como sucede hoy.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) consolidó una masa de capitales clave para el mediano y largo plazo en la Argentina, y así lo refleja un relevamiento de la consultora Paspartú que determinó que el esquema oficial computa un total global de u$s94.922 millones entre las iniciativas que ya obtuvieron el visto bueno gubernamental y aquellas que aguardan en los despachos bajo análisis técnico.

El reporte sectorial identificó que del universo que superó los filtros regulatorios, la minería acapara el 51% de las asignaciones, seguida de cerca por el segmento del petróleo y el gas con un 42%. El margen restante se distribuye de manera decreciente entre proyectos de energía con el 3%, siderurgia con el 2% e infraestructura con idéntica proporción.

A la fecha, el Ministerio de Economía dictó la aprobación de 15 proyectos de Vehículos de Proyecto Único (VPU), mientras que desestimó una sola postulación. El bloque de inversiones autorizadas contempla un desembolso inicial de u$s6.860 millones para los primeros dos años, una obligación mínima en activos computables de u$s13.970 millones con plazo extendido hasta 2035 y un volumen total proyectado que escala a los u$s19.557 millones.

El escenario inversor proyecta un dinamismo adicional a partir de la reciente instrumentación del denominado Súper RIGI. Con una exigencia de inversión mínima de u$s1.000 millones en activos computables y la obligación de desembolsar el 20% de ese monto durante los primeros dos años, el esquema apunta a viabilizar proyectos de vanguardia global que van desde la industrialización del litio y la producción de hidrógeno verde, hasta la instalación de reactores nucleares modulares (SMR) y plantas petroquímicas.

RIGI: para el Gobierno lo mejor está por venir 

En una instancia posterior de evaluación técnica se localizan 21 proyectos en trámite, cuyas inversiones anunciadas trepan a u$s75.365 millones. La geografía de estos capitales en espera exhibe una fuerte impronta federal con epicentro en la provincia de Neuquén, que concentra el 41,6% de las intenciones de desembolso, traccionada por el yacimiento Vaca Muerta, secundada por San Juan con el 28,5% mediante megaemprendimientos de cobre.

El mapa de los fondos bajo análisis oficial se complementa con la participación de Salta, que absorbe el 10,8% del dinero en trámite, Río Negro con el 10,4% y Catamarca con el 6,4%. En escalones inferiores aparecen Jujuy con el 1,6%, Buenos Aires con el 0,4% y La Pampa con el 0,1%, lo cual evidencia el sesgo netamente cordillerano y extractivo del interés corporativo internacional.

La procedencia del capital para los desarrollos vigentes demuestra un fuerte protagonismo de firmas originarias de Europa, Canadá, Australia y China. En contrapartida, el informe de la consultora Paspartú remarcó que las corporaciones de Estados Unidos poseen apenas una participación marginal en el entramado vigente, al figurar como accionistas minoritarios en solamente dos de los Vehículos de Proyecto Único que consiguieron luz verde institucional.

Entre los planes de inversión más significativos que se encuentran en el listado de aprobados destaca el tramo rionegrino del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que prevé un desembolso total de u$s2.720 millones. En la misma provincia, el proyecto de licuefacción de gas natural flotante (FLNG) registra un presupuesto global de u$s6.878 millones, lo que convierte a esa zona costera en un nodo exportador estratégico para el mercado de hidrocarburos.

Megadesarrollos bajo la lupa oficial

Los proyectos con RIGI en trámite

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Algunos proyectos presentados llaman la atención por la magnitud de las inversiones previstas, de los cuales el más emblemático de este grupo es el megadesarrollo de upstream «LLL OIL» presentado por YPF para la formación Vaca Muerta, una ambiciosa apuesta de desarrollo masivo que contempla desembolsos por u$s25.000 millones que permitirá dar el impulso a las metas exportadoras de crudo.  

En sintonía con la reconversión de los bloques productivos, Pan American Energy (PAE) sacudió el tablero con una primera postulación para el segmento convencional. La operadora busca estructurar un programa de inversiones de más de u$s680 millones orientado a la optimización de recursos maduros a través de técnicas de recuperación terciaria que apuntan a extender la vida útil y revertir el declive técnico de sus principales activos en Chubut.

La capilaridad del RIGI también alcanza a jugadores independientes enfocados en consolidar su posicionamiento estratégico en la ventana del shale. La colombiana GeoPark mantiene bajo revisión una propuesta para los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste que asciende a los u$s1.000 millones, mediante un esquema de inversión que busca acelerar la delimitación y el desarrollo de infraestructura de evacuación temprana.

Por su parte, Pampa Energía tracciona un ambicioso pipeline corporativo que acumula compromisos globales por aproximadamente u$s10.000 millones entre sus diferentes unidades de negocio. Este portafolio diversificado incluye una planta de separación de líquidos del gas natural, la producción masiva de petróleo a través del área Rincón de Aranda y la construcción de una planta de producción de urea granulada en Bahía Blanca.

La minería metalifera también asoma

Por el lado de la minería metalífera con aval formal, la provincia de San Juan encabeza la nómina mediante el Proyecto Los Azules, orientado a la extracción de cobre, con una inversión total calculada en u$s2.672 millones. En paralelo, Salta se posiciona firmemente en la carrera del litio con el Proyecto Rincón, una iniciativa que compromete fondos por u$s2.744 millones para la construcción de su planta de procesamiento.

El análisis crítico de la consultora Paspartú advirtió sobre ciertos márgenes de opacidad regulatoria en la implementación cotidiana del régimen, debido a que el Estado no dispone de un repositorio centralizado que unifique, ordene y publicite los datos consolidados. Esta falencia técnica debilita los estándares de acceso a la información pública, un aspecto sensible considerando que se otorgan amplias exenciones fiscales por un período de 30 años.

Asimismo, el informe técnico planteó reparos respecto de la ampliación del RIGI al upstream petrolero en la cuenca neuquina. Los analistas sectoriales advirtieron sobre el riesgo fiscal de otorgar beneficios extraordinarios a proyectos de producción en Vaca Muerta que poseían rentabilidad garantizada antes de la ley, puesto que la vaguedad en los límites para áreas con desarrollo previo deja un margen de discrecionalidad en la autoridad de aplicación.

El horizonte de los próximos catorce meses estará marcado por una aceleración en las presentaciones corporativas debido a la prórroga anual del plazo de adhesión extendido hasta el 8 de julio de 2027. Las compañías buscarán adecuar sus estructuras jurídicas para capturar la estabilidad fiscal, mientras la petrolera estatal YPF lidera la tracción de los planes de mayor envergadura como el megaproyecto de shale oil denominado LLL OIL por u$s25.000 millones.