Las acciones argentinas finalizaron con mayoría de pérdidas, mientras que los bonos soberanos recuperaron la tónica alcista, con un retroceso en el riesgo país. En la plaza cambiaria el dólar negoció con una suba moderada.

La cotización del petróleo subió más de 1%: el barril de crudo Brent del Mar del Norte para entregar en agosto se pactó a USD 95,97, mientras que el WTI (crudo intermedio de Texas) alcanzó los USD 93,59 en las posiciones para julio. YPF ganó 1,5%, en los USD 55,55, mientras que Vista Energy ascendió 0,9 por ciento.

Los bonos soberanos argentinos en dólares -Bonares y Globales- avanzaron 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó cuatro enteros, a 488 puntos básicos.

“La economía argentina comienza junio con la revisión aprobada del programa con el FMI y las reservas internacionales en máximos desde octubre de 2019. Por su lado, las proyecciones de inflación para mayo se ubican entre el 2,1% y el 2,5%”, puntualizaron los analistas de Rava Bursátil.

“El riesgo geopolítico volvió a escalar con Irán y reactivó la presión sobre el petróleo, los rendimientos y el dólar. Aun así, las acciones globales encontraron soporte en tecnología y actividad manufacturera”, describieron desde Cohen Aliados Financieros.

Las bolsas de Nueva York alcanzaron tenues alzas sobre el cierre, para volver a marcar niveles máximos históricos nominales. El índice Dow Jones de Industriales ganó un 0,5 por ciento.

Las acciones estadounidenses registraron resultados ligeramente positivos al cierre, a pesar de que los inversores sopesaron la incertidumbre en torno a las conversaciones con Irán junto con los últimos avances en inteligencia artificial.

“El petróleo vuelve a situarse en el centro de atención de los mercados ante la persistencia de las tensiones geopolíticas y las dudas sobre la evolución de la demanda mundial. Aunque los inversores continúan apostando por una desaceleración económica que limite el avance del crudo, el riesgo de interrupciones en el suministro sigue presente y podría estar siendo infravalorado por parte del mercado”, explicó Ion Jauregui, analista de ActivTrades.

“En los Estados Unidos, el panorama macroeconómico y los flujos en los mercados de renta fija y variables reflejan una fase de consolidación técnica y cautela operativa”, consideró Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group. “La desaceleración de la actividad manufacturera en Estados Unidos fortaleció las expectativas de futuros recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal”, acotó.

El dólar mayorista ganó un peso, a $1.427, en un máximo desde el 6 de febrero, en una sesión con negocios por USD 663,2 millones en el segmento de contado. Mantiene en junio un suba de 19 pesos o 1,3 por ciento.

“El mercado comenzó la jornada con cierta apertura de precios, ya que la oferta se mostró más cautelosa y por momentos se retiró de manera repentina, observándose posturas vendedoras recién en la zona de $1.440. Con el correr de las horas el mercado fue encontrando mayor equilibrio, aunque siempre con la cotización sostenida en niveles elevados”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En 2026 el tipo de cambio oficial registra una baja de 28 pesos o 1,9%, frente a una inflación acumulada que se acercó a 1% en el período.

El BCRA estableció una banda superior de su régimen cambiario en los $1.764,15: el dólar mayorista quedó así a 337,15 pesos o 23,6% de dicho umbral.

El dólar al público avanzó cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue quedó sin variantes a 1.435 pesos.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.448,79 para la venta y $1.397,86 para la compra.

El Banco Central absorbió USD 175 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 26,4% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 59 millones, a 48.427 millones de dólares.

Las paridades bursátiles del dólar -implícitas en las valuaciones de activos que son negociados en simultáneo en la Bolsa local y el exterior- operaron en alza y puntualmente el “contado con liquidación” volvió a negociarse sobre los 1.500 pesos: cerró a $1.503,17 (+0,7%) por primera vez desde el 28 de abril.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital, el bufete inglés que es el principal demandante contra Argentina en el caso por la expropiación de YPF.

Burford, que había conseguido un fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a indemnizarlo con unos USD 18.000 millones, recibió un fallo adverso en marzo y quedó como el principal perdedor de esta contienda jurídica que lleva unos 10 años y que se originó por el reclamo de una serie de accionistas luego de expropiación de la petrolera, en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Luego del fallo adverso de Cámara, el bufete que cotiza en Nueva York y Londres, y cuyas acciones se desbarrancaron luego de esa decisión, le había pedido al pleno de la Cámara –y no solo a los tres jueces que fallaron en su contra, Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson– que revea la sentencia.

En fallo de pocas líneas, firmado por la Clerk (una suerte de secretaria del tribunal) de la corte Catherine O’Hagan Wolfe, rechazó lo que técnicamente se denomina apelación “en banc”. Una medida que solo se acepta en casos excepcionales.

Ahora, Burford sólo tendrá la opción judicial de apelar a la Corte Suprema de Justicia de EEUU. Y, como anunció, acudir al Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.

“Tras esta decisión, Burford tiene 90 días para intentar el último recurso disponible en EEUU: un pedido de revisión a la Corte Suprema (virtualmente cero chance de que eso prospere)”, dijo en X el ex subprocurador del Tesoro del gobierno de Alberto Fernández, Sebastián Soler.

“Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000 millones de dólares más intereses. Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4×4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas”, dijo en la misma red social, Horacio Marín, presidente de YPF.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, que comanda Sebastián Amerio y que llevó el caso adelante, aseguraron que el fallo es un “nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.

“Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”, dijo la PTN.

En un comunicado posterior al fallo de marzo, Burford había asegurado que la medida fue “muy decepcionante” y que analizaba llevar el caso a la Corte Suprema de EEUU y al Ciadi.

LE 27 de marzo pasado, la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo de primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF y dejó sin efecto una condena que superaba los USD 16.000 millones. Era el mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal del exterior y la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano.

El impacto del fallo también se vio en el mercado: la acción de Burford Capital, el principal beneficiario esperado de la sentencia de primera instancia, cayó más de 43% tras conocerse la decisión, mientras su capitalización bursátil pasó de unos USD 3.500 millones en septiembre de 2023 a USD 809 millones.

El tribunal del Segundo Distrito de Nueva York devolvió además el caso para que continúen las actuaciones de acuerdo con su criterio. En su resolución, los jueces afirmaron: “Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”.

La votación fue dos a uno: Cabranes se pronunció a favor de los demandantes, según el texto fuente. A grandes rasgos, la Cámara aplicó la ley argentina y concluyó que la Ley de Expropiación aprobada por el Congreso en 2012 prevalece sobre el estatuto de la empresa.

El núcleo de la decisión fue que las pretensiones de los accionistas no podían sostenerse en los términos planteados. El tribunal de alzada de Estados Unidos señaló: “Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”.

Eso significa, en términos directos, que la condena quedó completamente revertida y que Argentina no debe pagar la suma fijada por la jueza Loretta Preska en primera instancia. Ese escenario era el más favorable para el país entre las alternativas que evaluaba el Gobierno después de la audiencia de octubre pasado.

El superávit fiscal se convirtió en el principal dogma de la administración de Javier Milei. Es la meta que ordena toda la política económica y el argumento central con el que el Gobierno busca diferenciarse de las gestiones anteriores: ahora es diferente, dicen. Sin embargo, la ejecución del Presupuesto en los primeros cuatro meses de 2026 tiene señales que generan dudas sobre la calidad y la sustentabilidad de ese equilibrio de las cuentas públicas.

Según un estudio sobre datos oficiales de la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos (Funepe), que dirige el experto en finanzas Cristian Módolo, «el resultado fiscal se apoya en una fuerte reducción del gasto público, pero también en un incremento de obligaciones comprometidas, que todavía no fueron pagadas».

«Es decir, junto con la denominada ‘motosierra’ aparece otro fenómeno menos visible: la acumulación de deuda flotante dentro de la administración pública, que es el registro de pagos reconocidos, pero no ejecutados a proveedores», dijo Cristian Módolo a iProfesional. El histórico «pagadiós».

Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, que dirige Luis «Toto» Caputo, la deuda exigible en enero de 2026 fue de $1,58 billones, en febrero de $1,95 billones, y en marzo $4,04 billones. En abril descendió a $2,79 billones.

Si se suman estos meses, la deuda flotante acumulada en el cuatrimestre es de $10,36 billones, pero esa deuda no es acumulativa, porque existen pagos de deuda vieja que se van haciendo entre mes y mes, aunque se estima esa deuda como un flujo que podría acercarse a esa cifra porque el corte de los pagos a proveedores es total.

Una fuente de la Casa Rosada confió a iProfesional que «no están pagando a ningún proveedor del Estado y que no hay plata ni para la leche para los empleados de la Casa Rosada ni para arreglar los baños de los puestos fronterizos que están destruidos y hay que recuperar».

Precisamente, ese es un debate interno de la Casa Rosada. Entre el clan Menem (Martín y Eduardo «Lule», que responden a Karina Milei) y Santiago Caputo quieren disputarse las obras de esos pasos de frontera para concesionar shoppings en cada uno. Cada bando tiene sus posibles contratistas y concesionarios. Si hay pobreza, que no se note en los negocios eventuales.

Un empresario que no quiso dar su nombre a iProfesional se lamentó de que «un amigo proveedor del Estado tiene una deuda de u$s14 millones y la empresa casi fundida».

¿Cuáles son los rubros que el Gobierno dejó de pagar? 

En los gastos de personal la deuda fue de $428 mil millones en marzo y de $378 mil millones en abril. «Son pagos de contratos que se patean para adelante o cargas patronales que se postergan», dijo un experto del Ministerio de Economía.

En bienes y servicios, la deuda es de $364 mil millones en marzo y de $178 mil millones en abril. Las transferencias a las provincias se postergaron en $1,76 billones en marzo y en $1,02 billones en abril. Se trata de las transferencias no automáticas: obras públicas, Fondo de Incentivo Docente, Infraestructura Escolar, Extensión de la jornada escolar, infraestructura vial y otros.

Módolo reseñó que en su provincia, Santa Fe, «entre enero y mayo del 2026, se recibieron $21.769 millones en conceptos de transferencias no automáticas», y en el mismo período del 2023, a moneda constante, eso representó 155 veces menos de recursos. En cifras, agregó, «en cinco meses del 2023, la provincia recibió $530.000 millones contra $21.769 millones», con lo cual esas obras están paralizadas o debieron ser cubiertas con recursos y más presión tributaria local.

En el rubro de «gastos figurativos» de bienes y capital (transferencias intra estado) se patearon pagos por $1,27 billones en marzo y por $1,03 billones en abril. Eso por nombrar las deudas más importantes.

Según cifras del Ministerio de Economía relevadas por Funepe, el gasto primario registró una caída real acumulada del 4% durante el primer cuatrimestre del año, lo que fue exhibido por el ministro Luis «Toto» Caputo como un logro. Pero, lo que cuidadosamente no exhibió es que el ajuste se concentró principalmente en áreas vinculadas a prestaciones sociales y servicios esenciales.

Los recortes más profundos se observaron en:

• Vivienda, que sufrió una caída real del 63,7% interanual
• Promoción social, con una baja del 24,7%
• Trabajo, que retrocedió 24,6%
• Salud, con una reducción del 22,5%
• Educación y cultura registraron una disminución real del 8,7%, en un contexto de conflicto educativo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La caída en términos reales implica que esas partidas presupuestarias financian menos prestaciones, programas y servicios que un año atrás, en un contexto en el que amplios sectores de la población continúan afectados por la desaceleración económica. Sin embargo, el ajuste no se distribuyó de manera uniforme.

«Mientras las áreas sociales enfrentaron fuertes recortes, los subsidios energéticos registraron un crecimiento real interanual del 90%, aun cuando las tarifas aumentaron significativamente durante el último año. Al mismo tiempo, los intereses de la deuda pública crecieron 63,7% en términos reales», señaló Cristian Módolo.

De acuerdo con los datos oficiales, durante los primeros cuatro meses del año se destinaron casi $5 billones al pago de intereses de la deuda. La evolución de estas partidas refleja una transformación en la composición del gasto público. Los recursos destinados a programas sociales, infraestructura y transferencias discrecionales pierden participación, mientras aumentan los compromisos financieros y energéticos.

Superávit libertario: qué pasa con la recaudación

Del lado de los ingresos, el panorama tampoco muestra señales especialmente alentadoras. La recaudación tributaria acumuló una caída real del 6,7% interanual durante el primer cuatrimestre, pese a que en mayo se percibió un repunte de 1,7% de la recaudación con un aumento extraordinario en ganancias del 26% porque fue el mes de liquidación de las grandes empresas.

Pero el IVA, que traduce la actividad económica, siguió cayendo en un 8%, al igual que el impuesto al cheque que retrocedió un 3% en términos reales.

En el primer cuatrimestre, excluido mayo, de los principales tributos:

• El IVA retrocedió 8,6%
• Los aportes y contribuciones a la seguridad social disminuyeron 4,1%
• Los derechos de exportación se desplomaron 37,5%, impactados por la reducción de retenciones y por una menor liquidación de exportaciones agropecuarias

Los datos reflejan una economía que todavía muestra debilidad en el consumo, dificultades en el empleo registrado y una dinámica de actividad que aún no logra consolidar una recuperación amplia vinculada al mercado interno. La situación adquiere especial relevancia porque el Gobierno necesita sostener el superávit primario en un escenario donde los ingresos tributarios continúan perdiendo poder de recaudación en términos reales.

La deuda que no aparece en el resultado fiscal

El indicador que genera mayor preocupación entre algunos especialistas es la evolución de la denominada deuda flotante o deuda exigible de la Administración Central. Se trata de gastos ya devengados (registrados) por el Estado, pero que todavía no fueron cancelados (pagados). En otras palabras, compromisos pendientes de pago.

Los datos oficiales muestran que la deuda exigible pasó de aproximadamente $1,58 billones en enero, $1,95 billones en febrero, más de $4,04 billones en marzo. Posteriormente descendió hasta los $2,79 billones en abril, aunque continuó ubicándose muy por encima de los niveles observados a comienzos del año. La suma da más de $10 billones frenados.

Gran parte de estas obligaciones corresponden a transferencias, pagos a organismos públicos, proveedores y distintos compromisos de la administración nacional. Según distintas fuentes presupuestarias, entre los mayores pagos postergados figuran transferencias a provincias, compromisos con universidades nacionales, fondos destinados al PAMI y cancelaciones vinculadas a insumos y servicios del sistema de salud. Medicamentos que no llegaron a tiempo o nunca llegaron.

En términos prácticos, esto implica que una parte del equilibrio fiscal se obtiene demorando pagos y trasladando obligaciones hacia los meses siguientes. La deuda flotante suele utilizarse como una herramienta de administración financiera para ordenar el flujo de caja del Estado. Sin embargo, cuando se mantiene durante períodos prolongados puede generar dificultades para organismos públicos, contratistas, proveedores y gobiernos provinciales que dependen de esos recursos para funcionar.

Un equilibrio bajo presión

«El cuadro fiscal deja así una situación de contrastes. Por un lado, el Gobierno logró mantener el orden presupuestario, evitar la emisión monetaria para financiar el déficit y sostener el superávit financiero como principal ancla de su programa económico», reseñó Módolo.

«Por otro, ese resultado se alcanza mediante una combinación de fuerte ajuste sobre partidas sociales, caída de la inversión pública, reducción de transferencias y acumulación de obligaciones pendientes de pago», concluyó el economista.

La sostenibilidad futura del esquema dependerá en gran medida de la recuperación de la actividad económica y de la capacidad del Estado para aumentar la recaudación sin recurrir a nuevas cargas tributarias. El desafío no es menor. Si los ingresos continúan debilitados y los intereses de la deuda mantienen su ritmo de crecimiento, el margen para profundizar recortes sobre áreas sociales e infraestructura podría comenzar a agotarse.

En ese contexto, el reciente informe del Fondo Monetario Internacional introdujo una advertencia adicional al señalar los riesgos vinculados a la sustentabilidad política del ajuste. Por ejemplo, el FMI señaló que la Argentina aún conserva regímenes impositivos de privilegios (sin nombrarlos, minería, economía del conocimiento, jueces o Tierra del Fuego), recomendó reducir el monotributo y expandir el impuesto a las ganancias, así como mayores alícuotas del IVA para hacer sustentable el programa fiscal.

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ya adelantó en la intimidad de la Casa Rosada que es inviable ese ajuste impositivo porque implosionaría el modelo porque la clase media no resiste otro ajustazo tributario.

Detrás del relato del déficit cero, sostienen algunos analistas, emerge una realidad más compleja: un Estado que logra equilibrar sus cuentas mediante una combinación de licuación del gasto, reducción de prestaciones y postergación de pagos. La incógnita que comienza a instalarse es cuánto tiempo puede sostenerse ese mecanismo sin que las tensiones económicas, sociales y políticas terminen condicionando la viabilidad del propio programa fiscal.