En un escenario de consumo retraído, un sector de la gastronomía parece resistir: se trata de las cadenas de empanadas y pizzas low cost, cuya presencia en distintas zonas de la ciudad no solo se mantiene sino que se expande. En ese contexto, una marca ofrece la posibilidad de sumarse a su red de franquicias.

Se trata de Brozziano, que se posiciona como una de las alternativas para invertir en el sector gastronómico argentino mediante este formato.

La cadena de empanadas artesanales ya tiene 56 franquicias operativas en todo el país. El modelo combina bajo costo de entrada con condiciones comerciales inusuales en el mercado: no cobra regalías, no cobra fletes y entrega equipamiento clave en comodato.

Cuánto hay que invertir en la franquicia de empandas low cost

Según detallaron desde la firma, la inversión inicial arranca en u$s35.000 y el recupero estimado ronda los 12 meses.

Y agregaron que cada local registra facturaciones superiores a $50 millones mensuales y requiere al menos cuatro empleados para funcionar. La marca ya confirmó 10 nuevas aperturas para lo que resta del año.

La empresa arrancó en 2017 impulsada por Pizza Gigante, firma con más de 25 años en el rubro gastronómico. El objetivo fue simplificar la operación de cada local y ofrecer un producto de alta calidad a precio competitivo, sin complicar la logística del franquiciado.

La apuesta funcionó desde los primeros meses. El crecimiento fue sostenido y la marca logró diferenciarse en un segmento donde abundan propuestas similares.

Hoy Brozziano tiene una estructura industrial capaz de producir más de 4 millones de empanadas y 2 millones de medialunas por mes. Ese nivel de escala permite bajar costos operativos y trasladar mejores condiciones económicas a cada punto de venta.

«El principal diferencial está en la calidad del relleno. La marca usa roast beef para las empanadas de carne y suprema para las de pollo, sin reemplazos ni agregados para abaratar costos», destacan desde la compañía.

«En un mercado donde muchos competidores recurren a soja texturada o aglutinantes, Brozziano decidió sostener una propuesta distinta. Las empanadas contienen mayor cantidad de relleno que otras alternativas del segmento low cost, lo que impacta directamente en la percepción del consumidor y explica el volumen de ventas que registra cada punto», agregaron.

La empresa mantiene una premisa desde sus inicios: ofrecer la mejor calidad posible dentro del segmento económico. Trabaja siempre con productos frescos y evita los congelados para preservar el estándar final.

Aunque el foco sigue siendo la empanada artesanal, los locales incorporaron nuevos productos. Medialunas, pizzas envasadas y otros panificados amplían la oferta sin modificar la línea central del negocio.

Franquicia de empanadas low cost: qué ofrece a los inversores

Para los franquiciados, Brozziano entrega en comodato el horno, la cámara y la heladera necesarios para operar. El inversor no debe afrontar el costo inicial de ese equipamiento, lo que facilita considerablemente el acceso al negocio.

La cadena no cobra regalías ni fletes a sus franquiciados. Tampoco cobra canon de publicidad. La empresa decidió disminuir sus propios márgenes para fortalecer la rentabilidad de cada local.

Todos los puntos de venta funcionan bajo el modelo de franquicia. La compañía no posee sucursales propias. Ese esquema fortalece el vínculo con cada operador y alinea los intereses comerciales de toda la red, porque el éxito de cada local impacta directamente en el crecimiento de la marca.

Y subrayan que la solidez del sistema se refleja en la cantidad de franquiciados múltiples. Muchos operadores ya administran más de siete sucursales, un indicador que suele asociarse con buenos resultados económicos y confianza en el modelo.

En ese contexto, desde la marca señalaron que se mantuvo «un crecimiento gradual y se priorizó siempre la evaluación del perfil de cada franquiciado antes de avanzar con nuevas aperturas. Esa selección cuidadosa del socio comercial es parte de la estrategia de expansión».

«Brozziano logró diferenciarse dentro del segmento low cost porque combina calidad real, operación simple y condiciones comerciales muy favorables para el franquiciado. No es habitual encontrar una marca que entregue equipamiento en comodato, no cobre regalías y además sostenga un producto percibido como superior por el consumidor», aseguró Pablo Cappa, Director Comercial de Lepus, consultora que desarrolla el modelo de franquicias de Brozziano.

La inversión inicial desde u$s35.000 posiciona a la franquicia como una alternativa accesible dentro del sector gastronómico. El recupero cercano al año es otro punto que suma atractivo comercial.

Con 56 franquicias operativas y 10 aperturas confirmadas, Brozziano consolida su presencia en el mercado argentino. En un contexto de consumo retraído e incertidumbre económica, también se convirtió en una alternativa para inversores que busquen sumarse a su red.

El superávit fiscal se convirtió en el principal dogma de la administración de Javier Milei. Es la meta que ordena toda la política económica y el argumento central con el que el Gobierno busca diferenciarse de las gestiones anteriores: ahora es diferente, dicen. Sin embargo, la ejecución del Presupuesto en los primeros cuatro meses de 2026 tiene señales que generan dudas sobre la calidad y la sustentabilidad de ese equilibrio de las cuentas públicas.

Según un estudio sobre datos oficiales de la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos (Funepe), que dirige el experto en finanzas Cristian Módolo, «el resultado fiscal se apoya en una fuerte reducción del gasto público, pero también en un incremento de obligaciones comprometidas, que todavía no fueron pagadas».

«Es decir, junto con la denominada ‘motosierra’ aparece otro fenómeno menos visible: la acumulación de deuda flotante dentro de la administración pública, que es el registro de pagos reconocidos, pero no ejecutados a proveedores», dijo Cristian Módolo a iProfesional. El histórico «pagadiós».

Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, que dirige Luis «Toto» Caputo, la deuda exigible en enero de 2026 fue de $1,58 billones, en febrero de $1,95 billones, y en marzo $4,04 billones. En abril descendió a $2,79 billones.

Si se suman estos meses, la deuda flotante acumulada en el cuatrimestre es de $10,36 billones, pero esa deuda no es acumulativa, porque existen pagos de deuda vieja que se van haciendo entre mes y mes, aunque se estima esa deuda como un flujo que podría acercarse a esa cifra porque el corte de los pagos a proveedores es total.

Una fuente de la Casa Rosada confió a iProfesional que «no están pagando a ningún proveedor del Estado y que no hay plata ni para la leche para los empleados de la Casa Rosada ni para arreglar los baños de los puestos fronterizos que están destruidos y hay que recuperar».

Precisamente, ese es un debate interno de la Casa Rosada. Entre el clan Menem (Martín y Eduardo «Lule», que responden a Karina Milei) y Santiago Caputo quieren disputarse las obras de esos pasos de frontera para concesionar shoppings en cada uno. Cada bando tiene sus posibles contratistas y concesionarios. Si hay pobreza, que no se note en los negocios eventuales.

Un empresario que no quiso dar su nombre a iProfesional se lamentó de que «un amigo proveedor del Estado tiene una deuda de u$s14 millones y la empresa casi fundida».

¿Cuáles son los rubros que el Gobierno dejó de pagar? 

En los gastos de personal la deuda fue de $428 mil millones en marzo y de $378 mil millones en abril. «Son pagos de contratos que se patean para adelante o cargas patronales que se postergan», dijo un experto del Ministerio de Economía.

En bienes y servicios, la deuda es de $364 mil millones en marzo y de $178 mil millones en abril. Las transferencias a las provincias se postergaron en $1,76 billones en marzo y en $1,02 billones en abril. Se trata de las transferencias no automáticas: obras públicas, Fondo de Incentivo Docente, Infraestructura Escolar, Extensión de la jornada escolar, infraestructura vial y otros.

Módolo reseñó que en su provincia, Santa Fe, «entre enero y mayo del 2026, se recibieron $21.769 millones en conceptos de transferencias no automáticas», y en el mismo período del 2023, a moneda constante, eso representó 155 veces menos de recursos. En cifras, agregó, «en cinco meses del 2023, la provincia recibió $530.000 millones contra $21.769 millones», con lo cual esas obras están paralizadas o debieron ser cubiertas con recursos y más presión tributaria local.

En el rubro de «gastos figurativos» de bienes y capital (transferencias intra estado) se patearon pagos por $1,27 billones en marzo y por $1,03 billones en abril. Eso por nombrar las deudas más importantes.

Según cifras del Ministerio de Economía relevadas por Funepe, el gasto primario registró una caída real acumulada del 4% durante el primer cuatrimestre del año, lo que fue exhibido por el ministro Luis «Toto» Caputo como un logro. Pero, lo que cuidadosamente no exhibió es que el ajuste se concentró principalmente en áreas vinculadas a prestaciones sociales y servicios esenciales.

Los recortes más profundos se observaron en:

• Vivienda, que sufrió una caída real del 63,7% interanual
• Promoción social, con una baja del 24,7%
• Trabajo, que retrocedió 24,6%
• Salud, con una reducción del 22,5%
• Educación y cultura registraron una disminución real del 8,7%, en un contexto de conflicto educativo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La caída en términos reales implica que esas partidas presupuestarias financian menos prestaciones, programas y servicios que un año atrás, en un contexto en el que amplios sectores de la población continúan afectados por la desaceleración económica. Sin embargo, el ajuste no se distribuyó de manera uniforme.

«Mientras las áreas sociales enfrentaron fuertes recortes, los subsidios energéticos registraron un crecimiento real interanual del 90%, aun cuando las tarifas aumentaron significativamente durante el último año. Al mismo tiempo, los intereses de la deuda pública crecieron 63,7% en términos reales», señaló Cristian Módolo.

De acuerdo con los datos oficiales, durante los primeros cuatro meses del año se destinaron casi $5 billones al pago de intereses de la deuda. La evolución de estas partidas refleja una transformación en la composición del gasto público. Los recursos destinados a programas sociales, infraestructura y transferencias discrecionales pierden participación, mientras aumentan los compromisos financieros y energéticos.

Superávit libertario: qué pasa con la recaudación

Del lado de los ingresos, el panorama tampoco muestra señales especialmente alentadoras. La recaudación tributaria acumuló una caída real del 6,7% interanual durante el primer cuatrimestre, pese a que en mayo se percibió un repunte de 1,7% de la recaudación con un aumento extraordinario en ganancias del 26% porque fue el mes de liquidación de las grandes empresas.

Pero el IVA, que traduce la actividad económica, siguió cayendo en un 8%, al igual que el impuesto al cheque que retrocedió un 3% en términos reales.

En el primer cuatrimestre, excluido mayo, de los principales tributos:

• El IVA retrocedió 8,6%
• Los aportes y contribuciones a la seguridad social disminuyeron 4,1%
• Los derechos de exportación se desplomaron 37,5%, impactados por la reducción de retenciones y por una menor liquidación de exportaciones agropecuarias

Los datos reflejan una economía que todavía muestra debilidad en el consumo, dificultades en el empleo registrado y una dinámica de actividad que aún no logra consolidar una recuperación amplia vinculada al mercado interno. La situación adquiere especial relevancia porque el Gobierno necesita sostener el superávit primario en un escenario donde los ingresos tributarios continúan perdiendo poder de recaudación en términos reales.

La deuda que no aparece en el resultado fiscal

El indicador que genera mayor preocupación entre algunos especialistas es la evolución de la denominada deuda flotante o deuda exigible de la Administración Central. Se trata de gastos ya devengados (registrados) por el Estado, pero que todavía no fueron cancelados (pagados). En otras palabras, compromisos pendientes de pago.

Los datos oficiales muestran que la deuda exigible pasó de aproximadamente $1,58 billones en enero, $1,95 billones en febrero, más de $4,04 billones en marzo. Posteriormente descendió hasta los $2,79 billones en abril, aunque continuó ubicándose muy por encima de los niveles observados a comienzos del año. La suma da más de $10 billones frenados.

Gran parte de estas obligaciones corresponden a transferencias, pagos a organismos públicos, proveedores y distintos compromisos de la administración nacional. Según distintas fuentes presupuestarias, entre los mayores pagos postergados figuran transferencias a provincias, compromisos con universidades nacionales, fondos destinados al PAMI y cancelaciones vinculadas a insumos y servicios del sistema de salud. Medicamentos que no llegaron a tiempo o nunca llegaron.

En términos prácticos, esto implica que una parte del equilibrio fiscal se obtiene demorando pagos y trasladando obligaciones hacia los meses siguientes. La deuda flotante suele utilizarse como una herramienta de administración financiera para ordenar el flujo de caja del Estado. Sin embargo, cuando se mantiene durante períodos prolongados puede generar dificultades para organismos públicos, contratistas, proveedores y gobiernos provinciales que dependen de esos recursos para funcionar.

Un equilibrio bajo presión

«El cuadro fiscal deja así una situación de contrastes. Por un lado, el Gobierno logró mantener el orden presupuestario, evitar la emisión monetaria para financiar el déficit y sostener el superávit financiero como principal ancla de su programa económico», reseñó Módolo.

«Por otro, ese resultado se alcanza mediante una combinación de fuerte ajuste sobre partidas sociales, caída de la inversión pública, reducción de transferencias y acumulación de obligaciones pendientes de pago», concluyó el economista.

La sostenibilidad futura del esquema dependerá en gran medida de la recuperación de la actividad económica y de la capacidad del Estado para aumentar la recaudación sin recurrir a nuevas cargas tributarias. El desafío no es menor. Si los ingresos continúan debilitados y los intereses de la deuda mantienen su ritmo de crecimiento, el margen para profundizar recortes sobre áreas sociales e infraestructura podría comenzar a agotarse.

En ese contexto, el reciente informe del Fondo Monetario Internacional introdujo una advertencia adicional al señalar los riesgos vinculados a la sustentabilidad política del ajuste. Por ejemplo, el FMI señaló que la Argentina aún conserva regímenes impositivos de privilegios (sin nombrarlos, minería, economía del conocimiento, jueces o Tierra del Fuego), recomendó reducir el monotributo y expandir el impuesto a las ganancias, así como mayores alícuotas del IVA para hacer sustentable el programa fiscal.

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ya adelantó en la intimidad de la Casa Rosada que es inviable ese ajuste impositivo porque implosionaría el modelo porque la clase media no resiste otro ajustazo tributario.

Detrás del relato del déficit cero, sostienen algunos analistas, emerge una realidad más compleja: un Estado que logra equilibrar sus cuentas mediante una combinación de licuación del gasto, reducción de prestaciones y postergación de pagos. La incógnita que comienza a instalarse es cuánto tiempo puede sostenerse ese mecanismo sin que las tensiones económicas, sociales y políticas terminen condicionando la viabilidad del propio programa fiscal.

La morosidad de los préstamos bancarios a las familias volvió a crecer en abril y alcanzó un nuevo récord al ubicarse en 12%, 0,5 puntos porcentuales por encima de marzo. En total, ya hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular.

Así surge de un informe de la consultora 1816, en base a datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU). Además, detalló que la irregularidad en el crédito a las empresas pasó de 3,1% a 3,3% en el cuarto mes del año. Así, la mora del sector privado en su conjunto se elevó a 7,3 por ciento.

En el caso puntual del crédito a hogares, se trata de la decimoctava suba mensual consecutiva de la mora, que sigue batiendo récords en más de 2 décadas. En perspectiva, en octubre de 2024 era de apenas 2,5% y se multiplicó por casi cinco en un año y medio, período en el que el PBI continuó creciendo.

“Quizás lo peor del dato de abril es que, a diferencia de lo que habíamos visto en marzo, en esta oportunidad se aceleró el aumento de la mora, que había crecido 0,3 puntos y ahora subió 0,5 puntos. Si bien todavía es posible que veamos un pico en algún momento del segundo trimestre de 2026, ahora hay motivos para tener dudas sobre el tema”, consideró 1816.

La problemática es generalizada: de las 30 entidades más grandes en términos de préstamos a familias, 1816 calcula que en 26 la mora aumentó durante abril.

El incumplimiento en los hogares con entidades no financieras también presentó un alza en dicho mes. En ese caso, llegó el 31,5% contra el 30,7% de marzo.

“Uno de los problemas que tiene el fenómeno de la elevada morosidad es que muchos individuos dejarán de ser ‘sujetos de crédito’ durante un tiempo, limitando la expansión de los préstamos a familias en el futuro inmediato. Según nuestro procesamiento de los datos, hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular (es decir, impago hace al menos 90 días), sea con entidades financieras o no financieras, sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos”, precisó el informe.

En otras palabras, el 26,7% de la gente que tiene algún crédito en el sistema tiene un préstamo en situación irregular. “Eso significa que, al menos hasta las elecciones del próximo año (si hay PASO serán en apenas 14 meses), difícilmente el crédito a las familias pueda convertirse en un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre 2024 y el primer semestre 2025″, explicó 1816.

Aunque todavía no hay datos consolidados de mayo, los registros disponibles hasta el 22 de ese mes muestran que los préstamos al sector privado en pesos habrían vuelto a caer en términos reales respecto del 22 de abril. De confirmarse esta tendencia, sería el quinto mes consecutivo de retroceso.

Sin embargo, según la consultora, el bajo nivel de penetración del crédito en Argentina —equivalente a alrededor del 12% del PBI— implica que esta dinámica no necesariamente constituye un obstáculo para la expansión de la actividad económica.

Entre los factores que dificultan la recuperación del financiamiento se encuentran las elevadas tasas activas en términos reales, una situación vinculada, en parte, a los altos niveles de morosidad. En ese contexto, la tasa nominal anual (TNA) promedio de los préstamos personales bancarios se ubicó en 66,9% durante los primeros 17 días hábiles de mayo, frente al 68,8% observado en igual lapso de enero.

En paralelo, en el sector bancario aseguran que la mora en los préstamos está cediendo y esperan que el crédito vuelva a crecer. “No diría que está en pleno descenso pero sí que se amesetó, que ya no crece. La situación es delicada y requiere mucha cercanía con el cliente, para refinanciar o reestructurar la deuda, apoyados en la estabilidad de la tasa”, explicó Gustavo “Paco” Manríquez, CEO de Banco Supervielle, durante el evento AI in Finance – AIFI 2026.

En la misma línea, el CEO de Banco Macro, Juan Parma, señaló que si bien la irregularidad en los créditos para individuos “casi se cuadruplicó” el año pasado, el escenario cambió y ahora “ya está dando la vuelta”.

Asimismo, un informe realizado por la Cámara Argentina Fintech y el ITBA sostuvo: “Si bien la mora de la cartera fintech aumentó en sintonía con el total del sistema, indicadores de alta frecuencia muestran una desaceleración desde noviembre”.