ECONOMIA
El lado B del superávit libertario: ajuste social, pagos postergados y deuda flotante que crece

El superávit fiscal se convirtió en el principal dogma de la administración de Javier Milei. Es la meta que ordena toda la política económica y el argumento central con el que el Gobierno busca diferenciarse de las gestiones anteriores: ahora es diferente, dicen. Sin embargo, la ejecución del Presupuesto en los primeros cuatro meses de 2026 tiene señales que generan dudas sobre la calidad y la sustentabilidad de ese equilibrio de las cuentas públicas.
Según un estudio sobre datos oficiales de la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos (Funepe), que dirige el experto en finanzas Cristian Módolo, «el resultado fiscal se apoya en una fuerte reducción del gasto público, pero también en un incremento de obligaciones comprometidas, que todavía no fueron pagadas».
«Es decir, junto con la denominada ‘motosierra’ aparece otro fenómeno menos visible: la acumulación de deuda flotante dentro de la administración pública, que es el registro de pagos reconocidos, pero no ejecutados a proveedores», dijo Cristian Módolo a iProfesional. El histórico «pagadiós».
Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, que dirige Luis «Toto» Caputo, la deuda exigible en enero de 2026 fue de $1,58 billones, en febrero de $1,95 billones, y en marzo $4,04 billones. En abril descendió a $2,79 billones.
Si se suman estos meses, la deuda flotante acumulada en el cuatrimestre es de $10,36 billones, pero esa deuda no es acumulativa, porque existen pagos de deuda vieja que se van haciendo entre mes y mes, aunque se estima esa deuda como un flujo que podría acercarse a esa cifra porque el corte de los pagos a proveedores es total.
Una fuente de la Casa Rosada confió a iProfesional que «no están pagando a ningún proveedor del Estado y que no hay plata ni para la leche para los empleados de la Casa Rosada ni para arreglar los baños de los puestos fronterizos que están destruidos y hay que recuperar».
Precisamente, ese es un debate interno de la Casa Rosada. Entre el clan Menem (Martín y Eduardo «Lule», que responden a Karina Milei) y Santiago Caputo quieren disputarse las obras de esos pasos de frontera para concesionar shoppings en cada uno. Cada bando tiene sus posibles contratistas y concesionarios. Si hay pobreza, que no se note en los negocios eventuales.
Un empresario que no quiso dar su nombre a iProfesional se lamentó de que «un amigo proveedor del Estado tiene una deuda de u$s14 millones y la empresa casi fundida».
¿Cuáles son los rubros que el Gobierno dejó de pagar?
En los gastos de personal la deuda fue de $428 mil millones en marzo y de $378 mil millones en abril. «Son pagos de contratos que se patean para adelante o cargas patronales que se postergan», dijo un experto del Ministerio de Economía.
En bienes y servicios, la deuda es de $364 mil millones en marzo y de $178 mil millones en abril. Las transferencias a las provincias se postergaron en $1,76 billones en marzo y en $1,02 billones en abril. Se trata de las transferencias no automáticas: obras públicas, Fondo de Incentivo Docente, Infraestructura Escolar, Extensión de la jornada escolar, infraestructura vial y otros.
Módolo reseñó que en su provincia, Santa Fe, «entre enero y mayo del 2026, se recibieron $21.769 millones en conceptos de transferencias no automáticas», y en el mismo período del 2023, a moneda constante, eso representó 155 veces menos de recursos. En cifras, agregó, «en cinco meses del 2023, la provincia recibió $530.000 millones contra $21.769 millones», con lo cual esas obras están paralizadas o debieron ser cubiertas con recursos y más presión tributaria local.
En el rubro de «gastos figurativos» de bienes y capital (transferencias intra estado) se patearon pagos por $1,27 billones en marzo y por $1,03 billones en abril. Eso por nombrar las deudas más importantes.
Según cifras del Ministerio de Economía relevadas por Funepe, el gasto primario registró una caída real acumulada del 4% durante el primer cuatrimestre del año, lo que fue exhibido por el ministro Luis «Toto» Caputo como un logro. Pero, lo que cuidadosamente no exhibió es que el ajuste se concentró principalmente en áreas vinculadas a prestaciones sociales y servicios esenciales.
Los recortes más profundos se observaron en:
- Vivienda, que sufrió una caída real del 63,7% interanual
- Promoción social, con una baja del 24,7%
- Trabajo, que retrocedió 24,6%
- Salud, con una reducción del 22,5%
- Educación y cultura registraron una disminución real del 8,7%, en un contexto de conflicto educativo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
La caída en términos reales implica que esas partidas presupuestarias financian menos prestaciones, programas y servicios que un año atrás, en un contexto en el que amplios sectores de la población continúan afectados por la desaceleración económica. Sin embargo, el ajuste no se distribuyó de manera uniforme.
«Mientras las áreas sociales enfrentaron fuertes recortes, los subsidios energéticos registraron un crecimiento real interanual del 90%, aun cuando las tarifas aumentaron significativamente durante el último año. Al mismo tiempo, los intereses de la deuda pública crecieron 63,7% en términos reales», señaló Cristian Módolo.
De acuerdo con los datos oficiales, durante los primeros cuatro meses del año se destinaron casi $5 billones al pago de intereses de la deuda. La evolución de estas partidas refleja una transformación en la composición del gasto público. Los recursos destinados a programas sociales, infraestructura y transferencias discrecionales pierden participación, mientras aumentan los compromisos financieros y energéticos.
Superávit libertario: qué pasa con la recaudación
Del lado de los ingresos, el panorama tampoco muestra señales especialmente alentadoras. La recaudación tributaria acumuló una caída real del 6,7% interanual durante el primer cuatrimestre, pese a que en mayo se percibió un repunte de 1,7% de la recaudación con un aumento extraordinario en ganancias del 26% porque fue el mes de liquidación de las grandes empresas.
Pero el IVA, que traduce la actividad económica, siguió cayendo en un 8%, al igual que el impuesto al cheque que retrocedió un 3% en términos reales.
En el primer cuatrimestre, excluido mayo, de los principales tributos:
- El IVA retrocedió 8,6%
- Los aportes y contribuciones a la seguridad social disminuyeron 4,1%
- Los derechos de exportación se desplomaron 37,5%, impactados por la reducción de retenciones y por una menor liquidación de exportaciones agropecuarias
Los datos reflejan una economía que todavía muestra debilidad en el consumo, dificultades en el empleo registrado y una dinámica de actividad que aún no logra consolidar una recuperación amplia vinculada al mercado interno. La situación adquiere especial relevancia porque el Gobierno necesita sostener el superávit primario en un escenario donde los ingresos tributarios continúan perdiendo poder de recaudación en términos reales.
La deuda que no aparece en el resultado fiscal
El indicador que genera mayor preocupación entre algunos especialistas es la evolución de la denominada deuda flotante o deuda exigible de la Administración Central. Se trata de gastos ya devengados (registrados) por el Estado, pero que todavía no fueron cancelados (pagados). En otras palabras, compromisos pendientes de pago.
Los datos oficiales muestran que la deuda exigible pasó de aproximadamente $1,58 billones en enero, $1,95 billones en febrero, más de $4,04 billones en marzo. Posteriormente descendió hasta los $2,79 billones en abril, aunque continuó ubicándose muy por encima de los niveles observados a comienzos del año. La suma da más de $10 billones frenados.
Gran parte de estas obligaciones corresponden a transferencias, pagos a organismos públicos, proveedores y distintos compromisos de la administración nacional. Según distintas fuentes presupuestarias, entre los mayores pagos postergados figuran transferencias a provincias, compromisos con universidades nacionales, fondos destinados al PAMI y cancelaciones vinculadas a insumos y servicios del sistema de salud. Medicamentos que no llegaron a tiempo o nunca llegaron.
En términos prácticos, esto implica que una parte del equilibrio fiscal se obtiene demorando pagos y trasladando obligaciones hacia los meses siguientes. La deuda flotante suele utilizarse como una herramienta de administración financiera para ordenar el flujo de caja del Estado. Sin embargo, cuando se mantiene durante períodos prolongados puede generar dificultades para organismos públicos, contratistas, proveedores y gobiernos provinciales que dependen de esos recursos para funcionar.
Un equilibrio bajo presión
«El cuadro fiscal deja así una situación de contrastes. Por un lado, el Gobierno logró mantener el orden presupuestario, evitar la emisión monetaria para financiar el déficit y sostener el superávit financiero como principal ancla de su programa económico», reseñó Módolo.
«Por otro, ese resultado se alcanza mediante una combinación de fuerte ajuste sobre partidas sociales, caída de la inversión pública, reducción de transferencias y acumulación de obligaciones pendientes de pago», concluyó el economista.
La sostenibilidad futura del esquema dependerá en gran medida de la recuperación de la actividad económica y de la capacidad del Estado para aumentar la recaudación sin recurrir a nuevas cargas tributarias. El desafío no es menor. Si los ingresos continúan debilitados y los intereses de la deuda mantienen su ritmo de crecimiento, el margen para profundizar recortes sobre áreas sociales e infraestructura podría comenzar a agotarse.
En ese contexto, el reciente informe del Fondo Monetario Internacional introdujo una advertencia adicional al señalar los riesgos vinculados a la sustentabilidad política del ajuste. Por ejemplo, el FMI señaló que la Argentina aún conserva regímenes impositivos de privilegios (sin nombrarlos, minería, economía del conocimiento, jueces o Tierra del Fuego), recomendó reducir el monotributo y expandir el impuesto a las ganancias, así como mayores alícuotas del IVA para hacer sustentable el programa fiscal.
El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ya adelantó en la intimidad de la Casa Rosada que es inviable ese ajuste impositivo porque implosionaría el modelo porque la clase media no resiste otro ajustazo tributario.
Detrás del relato del déficit cero, sostienen algunos analistas, emerge una realidad más compleja: un Estado que logra equilibrar sus cuentas mediante una combinación de licuación del gasto, reducción de prestaciones y postergación de pagos. La incógnita que comienza a instalarse es cuánto tiempo puede sostenerse ese mecanismo sin que las tensiones económicas, sociales y políticas terminen condicionando la viabilidad del propio programa fiscal.
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ECONOMIA
Fue un peso pesado del BCRA y alerta que el resultado del plan Caputo por ahora es decepcionante

El diagnóstico no proviene de un economista opositor ni de un crítico habitual de la administración de Javier Milei.
Proviene de Gustavo Cañonero, exvicepresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, cuando la entidad era presidida por Luis Caputo.
Quien fuera el número dos del actual ministro de Economía publicó un informe en el que reconoce los avances macro, pero define con una frase contundente la situación de la actividad económica: «Todavía luce decepcionante», publicó Cañonero en su último informe a clientes. El exfuncionario preside la consultora CMF Asset Management.
Diagnóstico crítico desde adentro del círculo de Caputo
La definición aparece en un documento donde Cañonero analiza el presente de la economía argentina y, sobre todo, los desafíos que enfrenta el oficialismo para sostener el proceso de estabilización con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027.
El ex banquero central sostiene que «la contención macroeconómica y la renovada estabilidad del mercado energético» permitieron retomar la desaceleración de la inflación y consolidar expectativas favorables para los próximos meses.
Incluso afirma que, si se mantiene estable el precio internacional del petróleo, no sería extraño observar una inflación mensual dentro del rango del 1% al 2% hasta fin de año.
Sin embargo, inmediatamente plantea el principal déficit del programa: «El mejor escenario inflacionario también refleja un nivel de actividad que todavía luce decepcionante«.
La inversión sigue siendo la gran ausente del modelo Luis Caputo
Para Cañonero, la recuperación continúa siendo desigual.
Los sectores vinculados a la exportación de recursos naturales muestran un desempeño favorable, pero ese fenómeno contrasta con la situación de actividades intensivas en empleo como la industria y la construcción, que siguen sin encontrar un piso firme.
Aun cuando reconoce que la mejora del frente externo y la caída del riesgo país podrían terminar impulsando la inversión, advierte que ese motor todavía no apareció. «La inversión sigue siendo la gran ausente», sostiene.
Según el economista, los malos registros de los últimos trimestres responden parcialmente a la incertidumbre propia del proceso electoral y a la fuerte restricción monetaria aplicada durante el último año, aunque también reflejan las dudas que todavía existen sobre la continuidad política del programa económico.
En ese contexto, plantea que si el mercado termina convencido de que las actuales políticas tendrán continuidad más allá de 2027, podrían acelerarse las inversiones, financiarse obras de infraestructura y generarse nuevos puestos de trabajo capaces de absorber parte del empleo perdido en sectores menos competitivos.
Consumo en alza pero empleo e ingresos estancados
El informe de la consultora CMF coincide con otras que surgen en la City, y en definitiva describe una economía que comienza a estabilizarse, pero donde los beneficios todavía no llegan plenamente a los hogares.
Cañonero destaca que el consumo privado mantiene un crecimiento moderado durante este 2026, aunque observa que el empleo agregado prácticamente no muestra mejoras y que los ingresos permanecen estancados desde mediados del año pasado.
Si bien reconoce una recuperación reciente de los salarios reales, advierte que la prioridad de consolidar la estabilidad financiera limita aumentos más significativos mientras no aparezca un repunte sostenido de la inversión.
El diagnóstico coincide con una percepción que hoy también reflejan numerosos indicadores oficiales: la desinflación avanza con mayor velocidad que la recuperación del mercado laboral y del ingreso disponible de las familias.
Las críticas al desempeño de la economía real conviven, sin embargo, con una valoración positiva de varios aspectos centrales del programa que conduce Caputo.
Cañonero considera que uno de los mayores logros recientes fue la consolidación del superávit comercial, que permitió:
- Abastecer la elevada demanda privada de dólares
- Sostener el pago de dividendos de empresas
- Fortalecer las reservas del Banco Central
También destaca la estabilidad alcanzada en el mercado cambiario y atribuye buena parte de ese resultado a la política monetaria orientada a retirar excedentes de liquidez.
Aunque admite que esa estrategia provocó inicialmente una fuerte volatilidad de las tasas de interés y todavía afecta a algunos deudores, sostiene que el esquema terminó estabilizándose con tasas reales reducidas.
No obstante, identifica otro problema estructural: la demanda de pesos continúa siendo baja. Un punto admitido por el propio Gobierno.
Según el informe, la monetización de la economía sigue por debajo de los niveles observados en 2023 y el crecimiento del crédito se explica casi exclusivamente por préstamos en dólares, una situación que las autoridades buscan revertir incentivando una mayor bancarización de los ahorros en moneda estadounidense.
El ex vice del BCRA en tiempos de Caputo también valoró la fuerte recomposición de las reservas, la renovación de los préstamos repo y el respaldo de los organismos multilaterales, factores que permitieron despejar buena parte de las necesidades financieras de este año y mejorar las perspectivas para 2027.
Justamente, fue lo anunciado por Caputo y su equipo en las últimas horas.
Sin embargo, deja una conclusión que resume el principal desafío del Gobierno: la estabilidad macroeconómica, por sí sola, todavía no alcanza.
En los últimos meses, otro economista que trabajó codo a codo con Caputo, Joaquín Cottani, también había expresado reparos sobre distintos aspectos del programa. Ahora, la advertencia llegó desde otro economista estrechamente vinculado a Caputo durante su paso por el Banco Central.
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ECONOMIA
El Gobierno girará esta semana el proyecto para desregular el mercado inmobiliario

Con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a la cabeza, el Gobierno prepara un paquete de proyectos orientados a desregular distintas áreas clave y se enviará al Congreso esta semana, antes del receso de invierno. Entre las iniciativas se encuentra una propuesta para modificar el mercado inmobiliario, con el objetivo de que el corretaje deje de considerarse una profesión liberal y pase a ser un servicio de intermediación comercial. Esta medida apunta a reducir los costos de construcción y a facilitar el acceso a la vivienda.
El envío del paquete de proyectos de desregulación, diseñado por Sturzenegger, se producirá en las próximas horas. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, alcanza no solo al sector inmobiliario, sino también al mercado de capitales local y al cabotaje, entre otros, y se anunciará en la conferencia de prensa de mañana del flamante vocero presidencial, Adrian Ravier. A su vez, la próxima semana, el oficialismo planea ingresar a la Cámara de Diputados el proyecto Inocencia Fiscal II, que introduce cambios a la normativa vigente tras el diálogo entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y contadores sobre los puntos críticos de la ley actual.
El texto de la iniciativa inmobiliaria contempla la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, la supresión de aranceles y honorarios mínimos, y el fin de la exigencia de título universitario establecida por la Ley 25.028. Además, prevé desarticular el monopolio sancionador de los colegios, derogar las sanciones por ejercicio sin matrícula y eliminar las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones.

Los actores que participaron en la redacción sostienen que el proyecto busca que el corretaje inmobiliario deje de encuadrarse como profesión liberal y pase a tener el carácter de servicio de intermediación comercial. Ya que aseguran que sindicatos, cámaras y asociaciones inmobiliarias establecieron barreras académicas y territoriales, como la matriculación obligatoria y los honorarios mínimos, que restringieron el acceso a la actividad, fijaron precios y limitaron la competencia.
Meses atrás, durante el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, realizado en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), Sturzenegger defendió la reforma y calificó como “una aberración social” que un colegio profesional fije un precio mínimo para los servicios inmobiliarios. El funcionario afirmó: “El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”. Explicó que la iniciativa apunta a reducir los costos de construcción y facilitar el acceso a la vivienda.
El carácter federal de la desregulación generó preocupación entre los martilleros. El 4 de junio, autoridades del Colegio y Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires mantuvieron una reunión con el ex ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, para buscar respaldo político frente al avance del proyecto. El encuentro representó una de las últimas apariciones públicas del líder del Frente Renovador (FR) y reflejó la inquietud del sector frente a la posibilidad de perder el esquema de colegiación y los beneficios asociados.
Una fuente con acceso a la redacción del proyecto precisó que todas las leyes provinciales que definieron al corretaje como profesión liberal surgieron a partir del año 2003, diez días después de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Por lo que los colegios inmobiliarios consolidaron su posición a partir de esas normas. Antes de ese momento ya existían asociaciones y sindicatos, pero el monopolio de las matrículas y la colegiatura obligatoria se instauró entonces. Algunas fuentes describen a esos colegios como “unidades básicas peronistas”.

En paralelo, el oficialismo se dispone a enviar el proyecto de Inocencia Fiscal II al Congreso la próxima semana. Caputo explicó en conferencia de prensa que la nueva versión responde a sugerencias de un grupo de contadores sobre los motivos por los cuales la ley vigente no tuvo el impacto esperado. “Corregimos esas cosas, pero está claro que del lado del Congreso, el mandato está porque ya la han aprobado originalmente; no veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, sostuvo.
Al mismo tiempo, el titular de la cartera económica remarcó que el objetivo es movilizar el ahorro informal. “La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente está perdiendo poder de compra y, a su vez, el país no se beneficia porque ese es el ahorro que debería estar capitalizándose o convirtiéndose en inversión. Y ese es el ahorro que bancos y ALyCs podrían destinar para poder financiar proyectos de infraestructura, pymes. Es una masa crítica muy importante porque los números oficiales que maneja el Banco Central es que hay USD 170.000 millones abajo de los colchones”, puntualizó.
El paquete de reformas, elaborado por el equipo de Sturzenegger, apunta a remover obstáculos regulatorios históricos en el sector inmobiliario y en los instrumentos fiscales. Fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron que el envío de los proyectos se concretará en los próximos días, en busca de acelerar el debate en el Congreso antes del receso de invierno.
La iniciativa tiene impacto directo en la estructura vigente de los colegios profesionales, el esquema de honorarios y el acceso a la actividad en todo el país. Sus impulsores sostienen que las barreras regulatorias y la intervención de los colegios limitaron la competencia y establecieron precios en el mercado inmobiliario. El Ejecutivo nacional plantea que la desregulación permitirá mayor dinamismo y transparencia en las operaciones.
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ECONOMIA
Ranking actualizado de bancos para plazos fijos en julio 2026

Enterate qué entidades, públicas y privadas, pagan más por tus ahorros en pesos tras la última actualización del Banco Central.
14/07/2026 – 00:08hs
En un escenario económico donde la inflación obliga a los ahorristas a buscar alternativas para que sus pesos no pierdan poder adquisitivo, el plazo fijo tradicional se mantiene como una de las herramientas más consultadas por los argentinos. Tras la desregulación dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que eliminó los rendimientos mínimos obligatorios, cada entidad financiera define de forma independiente su propia estrategia para atraer depósitos.
A través del relevamiento oficial que actualiza diariamente la autoridad monetaria presidida por Santiago Bausili, se puede observar una marcada dispersión entre las propuestas del mercado. La competencia actual genera un abanico de opciones que obliga a los usuarios a comparar detalladamente las pizarras digitales antes de colocar su capital a resguardo por un mes entero.
Para quienes buscan maximizar sus ganancias mensuales sin incurrir en trámites complejos, la alternativa de operar de manera online (home banking) incluso en bancos donde no se es cliente habitual se convirtió en una vía rápida de acceso a mejores beneficios. A continuación, el detalle actualizado de los rendimientos disponibles para este lunes 13 de julio.
Tasa de interés de plazo fijo: qué banco paga más hoy
Dentro del grupo de las diez entidades con mayor volumen de depósitos en el país, el panorama muestra rendimientos anuales que oscilan principalmente entre el 16% y el 19,5%. En este segmento de los principales bancos comerciales, tanto públicos como privados, las opciones se configuran de la siguiente manera:
Banco Provincia: 19,5%
Banco Macro: 19,5%
Banco Nación: 19%
Banco BBVA: 18,25%
Banco Galicia: 17,5%
Banco Credicoop: 17,5%
Banco ICBC: 17,2%
Banco Ciudad: 17%
Banco Santander: 16%
Banco Patagonia: 16%
En esta franja, el Banco Provincia y el Banco Macro encabezan la lista de rendimientos, seguidos de cerca por la propuesta del Banco Nación. Por el contrario, entidades de gran envergadura como el Santander y el Patagonia se ubican en el escalón más bajo de las colocaciones tradicionales para los clientes.
Rendimientos más altos en canales online para no clientes
Para aquellos pequeños inversores dispuestos a colocar su dinero a través de plataformas digitales o canales no tradicionales de forma virtual, el abanico se expande con rendimientos que superan la barrera del 20% anual. Estas operaciones se efectúan de forma directa mediante la web de las entidades seleccionadas, sin costos adicionales de mantenimiento de cuenta ni burocracia de por medio.
Las mejores alternativas vigentes en el mercado secundario y de entidades complementarias muestran tasas que llegan a rozar el 23%. En el podio de este grupo aparecen alternativas digitales y financieras de crédito:
Crédito Regional Compañía Financiera: 23%
Reba: 23%
Banco Meridian: 22,25%
Banco BICA S.A.: 22%
Banco CMF S.A.: 22%
Banco Voii S.A.: 22%
Banco Columbia: 22%
Banco del Sol: 21%
Banco Mariva: 21%
Bibank S.A.: 21%
Banco de Córdoba: 20,75%
Banco Dino S.A.: 20%
Otras entidades más tradicionales dentro de esta misma modalidad para no clientes, como el Banco de Comercio, el Banco del Chubut, el Banco de Formosa, el Banco Hipotecario o el Banco Comafi, sostienen ofertas alineadas con el promedio general, variando entre el 17% y el 19% anual. La brecha de hasta siete puntos entre la tasa más baja y la más alta de todo el sistema financiero refuerza la importancia de analizar la tabla del BCRA de forma constante antes de convalidar cualquier renovación o apertura de depósitos en pesos.
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