Luis Caputo tiene desafíos pendientes para el corto plazo. El ministro de Economía sacó a relucir en las últimas horas que mediante su gestión bajó el riesgo país a un escalón cercano a los 400 puntos, un escenario que parecía lejano.

Este lunes, de hecho, el riesgo país siguió retrocediendo hasta tocar 422 puntos básicos, el nivel más bajo desde fines de abril de 2018.

También puede sacar pecho con el manejo del mercado cambiario.

Mientras el mundo financiero parece vivir una «fiesta«, la economía real muestra una fisonomía mucho más compleja y heterogénea.

Los últimos datos de la actividad confirman que la recuperación no es pareja: una economía de «dos marchas» donde sectores extractivos como la minería y el petróleo vuelan, mientras que la industria manufacturera y la construcción siguen atrapadas en el barro del ajuste.

La minería, el motor de la economía que no para

La «marcha rápida» de la economía está claramente liderada por la minería. En abril, este sector anotó una suba del 0,7% desestacionalizada frente a marzo, acumulando en el primer cuatrimestre un alza del 7,4% respecto al mismo período del año pasado.

Si miramos la película, el contraste es total. La dinámica del sector fue impulsada casi totalmente por la «extracción de petróleo», que representa la mitad del índice minero y trepó un impactante 19% frente a 2025 y un asombroso 34% contra los niveles de 2023, momento en que asume Javier Milei.

Es, hoy por hoy, el gran sostén de los números de actividad que el Gobierno exhibe con orgullo, apalancado en el potencial de Vaca Muerta.

La industria y la construcción siguen en rojo

En la otra vereda, la industria manufacturera parece haber puesto reversa. Tras un leve rebote en marzo, el sector retrocedió un 2,1% mensual en abril. Un informe de la consultora Eco Go, al que tuvo acceso iProfesional, echa luz sobre la cuestión.

Lo más preocupante es el acumulado anual: la industria está un 2,4% por debajo de 2025 y, lo que es más grave para medir el camino que queda por delante, se ubica un 8,9% por debajo de los niveles promedio de 2023.

¿Cuáles son los sectores que más sufren? La apertura comercial y la caída del consumo interno vienen pasando factura. Las caídas interanuales más profundas se registran en:

• Textil: -25,5%.
• Maquinarias y equipo: -19,8%.

Como contracara, dentro del mismo mundo industrial, sólo los rubros vinculados a la energía y la química logran sacar la cabeza del agua.

La refinación de petróleo creció un 9,6% y los productos químicos un 10,3% frente a 2025. Por su parte, alimentos y bebidas, aunque tuvo una leve merma del 0,5% en abril, se mantiene un 2,3% por encima de 2023.

Si hay un sector que refleja la crudeza del parate económico es la construcción. En abril experimentó una caída mensual del 4%, prolongando el impacto del freno total en la obra pública.

Si bien el índice logró una mejora acumulada del 2,1% respecto a un 2025, la comparación contra la prepandemia luce demoledora: el sector evidencia un desplome generalizado del 22,7% respecto a 2023.

En este escenario, prácticamente ningún rubro se salva, a excepción del segmento de pinturas para la construcción, que es el único que logra mantenerse en terreno positivo en esa comparación.

¿Cuánto falta para recuperar el terreno perdido?

La pregunta refiere a cuándo estos sectores retornarán a los niveles previos a esta crisis. Los datos de Eco Go sugieren que la brecha es todavía enorme para los sectores que dependen del mercado interno y de la inversión en infraestructura.

Para que la industria vuelva a niveles de 2023, debería crecer casi un 10% desde los niveles actuales, algo difícil de imaginar en un contexto de consumo debilitado.

En la construcción, el desafío es mayor: necesita recuperar casi un cuarto de su actividad perdida para volver a ser lo que era hace apenas dos años.

La economía se mueve hoy sobre un desfiladero. Por un lado, el frente financiero muestra señales de alivio con la desinflación —que Eco Go proyecta en torno al 1,9% para junio— y el ordenamiento de las cuentas públicas.

Por el otro, el tejido productivo tradicional (pymes, textiles, metalmecánicas) y la construcción siguen sufriendo el impacto de una recesión sectorial y también de la decisión del Gobierno de mantenerse aislado de las inversiones en la obra pública.

La decisión de que esas inversiones de capitales las desarrollen los privados puede llevar más tiempo.

El Gobierno apuesta a que el «rally» de los bonos y la mejora crediticia eventualmente se traduzcan en una baja del costo de financiamiento que reactive la inversión. Pero mientras tanto, la realidad es la de una Argentina a dos velocidades: una que viaja en el jet de la energía y otra que camina con pesadez por el llano de la industria y la obra pública.

El dólar mantuvo ayer su tendencia alcista y, salvo el oficial, el resto de las cotizaciones superaron los 1.500 pesos. La mayor presión compradora del mercado obligó al Banco Central a reducir su participación en el mercado, donde adquirió solo USD 20 millones, una de las cifras más bajas de los últimos meses.

El “blue” cerró la jornada a $1.505, mientras que el dólar MEP (que es el que operan los inversores no autorizados a comprar y vender por el oficial) trepó 1,6% para finalizar en 1.507 pesos. La cotización más alta quedó para el contado con liquidación, que llegó 1.550 pesos.

La suba del CCL también reflejó mayor presión de los inversores por dolarizarse y enviar divisas al exterior. La brecha con el tipo de cambio oficial subió significativamente desde menos de 3% a 4,5% en las últimas horas.

La suba de la divisa de los últimos días habría estado influida por distintos factores: por un lado el pago del medio aguinaldo, que llevó a mucha gente a comprar dólares con el dinero adicional que recibieron en sus cuentas. También estaría influyendo que muchos inversores aprovecharon para dolarizarse a lo largo del mes, aprovechando que el tipo de cambio venía muy planchado.

El ajuste del dólar ya se ubica en alrededor del 4,5% en lo que va de junio. Esto significa que por primera vez en lo que va de 2026 le gana a la inflación del mes, que perforaría el 2 por ciento. De esta forma, la economía dejó de encarecerse en moneda dura, un tema que preocupa especialmente a los sectores que se ven obligados a competir con las importaciones.

En los primeros cinco meses del año, producto de un dólar planchado y la inflación que acumuló un incremento superior al 14%, la apreciación cambiaria resultó significativa. Pero para adelante se espera un escenario más parejo, donde el tipo de cambio no se atrasaría tanto en relación a la evolución de la inflación.

El nuevo escenario, con el dólar nuevamente arriba de los $1.500, llevó a algunos asesores de inversión a recomendar un regreso al “carry trade”. “Estamos diciéndoles a nuestros clientes que aprovechen el tipo de cambio a este nivel para pasarse a pesos, porque creemos que la cotización del dólar no tiene mucho recorrido en estos niveles”, explicó el director de una Alyc local.

La desaceleración de compras por parte del Banco Central sería una clara muestra de la voluntad del Gobierno de evitar que el tipo de cambio se escape. Por eso, el ritmo de compras oficiales a lo largo de junio disminuyó sustancialmente. Si el BCRA se hubiera mantenido con la mismas posturas compradoras de mayo, por ejemplo, el tipo de cambio hubiera tenido un ajuste mucho más sustancial.

No obstante, el BCRA ya compró casi USD 11.000 millones en lo que va del año, aunque desacelerando de manera sustancial en lo que va de junio. Además, este mes también dejaron de subir las reservas, que ayer finalizaron en 47.469 millones de dólares.

Junto a la suba del dólar, también repuntó el riesgo país más de 2%, hasta los 433 puntos básicos. Fue una jornada muy negativa para los mercados internacionales y el índice tecnológico Nasdaq se derrumbó 3%. Esto impactó negativamente en los bonos argentinos y también en las acciones. Pero en este último caso pegó la decisión del MSCI de no abrir la consulta para recalificar a la Argentina como mercado fronterizo o emergente.

La decisión del Gobierno de mantener los controles cambiarios para las empresas y los inversores en general llevó al MSCI a mantener al mercado argentino en la categoría de “aislado” o como ellos mismos lo califican “Standalone”.

La Ciudad de Buenos Aires avanzó con una de las primeras aplicaciones concretas de la Ley de Modernización Laboral. Mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se estableció que los servicios de transporte público y recolección de residuos deberán mantener niveles mínimos de funcionamiento aun cuando existan medidas de fuerza sindicales.

La normativa obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de la prestación habitual, según la actividad involucrada. El objetivo oficial es evitar que paros gremiales paralicen por completo la movilidad urbana y los servicios considerados estratégicos para el funcionamiento de la Ciudad.

Desde el Gobierno porteño presentaron la medida como parte de una política orientada a asegurar la continuidad de servicios esenciales y a limitar el impacto de los conflictos sindicales sobre los usuarios.

«Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios», sostuvo Jorge Macri al anunciar la iniciativa.

Qué servicios deberán seguir funcionando durante una huelga

El decreto adopta las categorías previstas por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que distingue entre servicios esenciales y actividades de importancia trascendental.

En ese marco, la recolección de residuos fue considerada un servicio esencial, por lo que deberá mantener al menos el 75% de su funcionamiento habitual durante una medida de fuerza.

Por su parte, el transporte público de pasajeros -incluidos subtes, Premetro y líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña- fue catalogado como actividad de importancia trascendental, con una obligación de prestación mínima del 50%.

La medida alcanza a cada línea de manera individual y será aplicada exclusivamente sobre aquellos servicios cuya regulación corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. La fiscalización quedará en manos de la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña, mientras que Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y la concesionaria Emova deberán definir los esquemas operativos para garantizar el cumplimiento de los porcentajes establecidos.

La ley que cambió las reglas del derecho de huelga

El decreto porteño encuentra respaldo en las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 al régimen de conflictos colectivos de trabajo.

La reforma amplió significativamente el listado de actividades consideradas esenciales y creó una nueva categoría denominada «actividades de importancia trascendental». Para ambas estableció porcentajes mínimos de prestación obligatoria durante los conflictos gremiales.

Según la normativa, en los servicios esenciales no puede acordarse una cobertura inferior al 75% de la actividad normal, mientras que en las actividades de importancia trascendental el piso obligatorio es del 50%.

Entre los servicios esenciales figuran:

• Salud
• Provisión de agua, energía y gas
• Telecomunicaciones
• Educación
• Seguridad privada
• Recolección de residuos

En tanto, dentro de las actividades de importancia trascendental se incluyen:

• Transporte terrestre y subterráneo
• Servicios bancarios y financieros
• Producción de medicamentos
• Industria alimenticia
• Servicios aduaneros
• Actividades vinculadas a exportaciones

Nuevas obligaciones para los sindicatos

La reforma laboral también incorporó requisitos específicos para la convocatoria y ejecución de medidas de fuerza.

Los sindicatos deberán comunicar las huelgas con cinco días de anticipación y acordar con empleadores y autoridades el esquema de prestación mínima. Si no existe consenso, la autoridad de aplicación podrá definir unilateralmente cómo se garantizará el servicio.

Además, empresas y organizaciones gremiales deberán informar con antelación a los usuarios sobre el alcance de la medida y los niveles de funcionamiento previstos.

La ley también endureció las sanciones frente a bloqueos, ocupaciones de establecimientos o acciones que impidan trabajar a quienes decidan no adherir a una huelga. Estas conductas pueden derivar en multas significativas para las organizaciones sindicales e incluso comprometer su personería gremial en casos de reincidencia.

El trasfondo económico de la reforma laboral

La decisión de Jorge Macri se produce en el contexto de una transformación más amplia impulsada por la Ley de Modernización Laboral, que introdujo cambios relevantes para empresas y trabajadores.

Entre las modificaciones más importantes aparecen nuevas reglas para la contratación de profesionales independientes, limitaciones a la responsabilidad solidaria en esquemas de tercerización y la posibilidad de reemplazar las indemnizaciones tradicionales por fondos de cese laboral acordados en convenios colectivos.

La normativa también creó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), instrumentos destinados a financiar futuras indemnizaciones mediante aportes patronales administrados por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Asimismo, reguló la actividad de las plataformas digitales, consolidando la figura del trabajador independiente para repartidores y prestadores de servicios que operan mediante aplicaciones.

Un nuevo equilibrio entre huelga y continuidad de servicios

Con esta reglamentación, la Ciudad de Buenos Aires se convierte en uno de los primeros distritos en aplicar de manera concreta las nuevas reglas de la reforma laboral.

La medida inaugura un escenario en el que el ejercicio del derecho de huelga deberá convivir con la obligación de garantizar niveles mínimos de funcionamiento en actividades consideradas estratégicas para la vida urbana.

El alcance de estas disposiciones, así como las eventuales impugnaciones judiciales que puedan surgir desde el sindicalismo, anticipan un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de la protesta gremial y el equilibrio entre derechos colectivos y continuidad de servicios esenciales.