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Diez sociedades “fantasma”. Una jubilada cobró US$2,4 millones en Miami con los fondos de la AFA

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Una jubilada de 70 años, con domicilio en el barrio de Palermo, apareció en la ruta del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta mujer figura a cargo de Tronador Import Export LLC, una de las empresas pantalla que fueron utilizadas para desviar los fondos que administraba TourProdEnter, representada por el exlegislador del Frente Renovador, Javier Faroni. Esa firma, que recibió US$2,4 millones entre 2024 y 2025, se registró en la misma dirección que otras sociedades sospechosas: un edificio de alquiler de oficinas en la calle Ives Dairy Road, a diez minutos del Aventura Mall. En total ya son diez empresas que absorbieron casi US$57 millones y, el mecanismo sobre managers que no están al tanto de los giros que perciben sus compañías se repite, según surge de documentación judicial, comercial y testimonios obtenidos por .

La historia de las 10 empresas “pantalla” incluye a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche y, que luego de la primera revelación de , no regresó a su empleo; una mujer que trabajaba en un local de decoración, a solo 200 metros; dos empresas “gemelas”; y hasta beneficiarios de asignaciones sociales. Ahora, la nómina sumó a una jubilada que vive en un edificio de Palermo: Marcela Koldobsky.

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Según los registros comerciales del estado de Florida (Estados Unidos), esa mujer es mánager de Tronador Import & Export LLC. Los documentos obtenidos por la Justicia norteamericana y que todavía deambulan entre jueces y fiscales argentinos indican que TourProdEnter le transfirió US$2,4 millones desde sus cuentas en el Bank of America y PNC Bank.

Son catorce transferencias. Las más significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese año le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El último envío ocurrió el 29 de septiembre del año pasado.

Una de las transferencias de TourProdEnter a Tronador Import Export LLC

contactó a Koldobsky, quien respondió algunas preguntas en una primera comunicación.

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– ¿Usted efectivamente forma parte de esa empresa (Tronador Import Export LLC)?

-Sí, pero no te puedo dar más información. Yo te voy a pasar con la persona que te va a informar. No hay ningún problema con esa empresa, prefiero que te hable la persona que está encargada.

-¿Conoce a TourProdEnter?

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-No, yo a TourProdEnter no la conozco. O sea, ni se a qué se dedica. Yo no tengo contacto con TourProdEnter.

Al día siguiente de ese diálogo, este medio volvió a contactar a Koldobsky al mismo número de teléfono pero la jubilada se hizo pasar por otra persona: “En este momento ella (en presunta alusión a Koldobsky) no está, salió a hacer unas cosas y dejó el teléfono”.

El caso de Tronador muestra un patrón en común con otras sociedades “fantasma” como Velpasalt LLC, cuyo responsable era Roberto Salice (declarado en quiebra en 2019). Esa compañía recibió US$14,9 millones desde TourProdEnter. ¿Usted es el controlante de Velpasalt LLC en Estados Unidos?, le consultó a fines de diciembre. “No, no, eso no es correcto. Esa sociedad ya no está”, respondió sorprendido.

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En ambos casos, se trata de argentinos que fueron responsables de empresas radicadas en Miami, no pudieron brindar información completa, y negaron conocer a la firma intermediaria de la AFA que les transfirió el dinero.

envió consultas a representantes de AFA y de TourProdEnter, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas. Al comienzo de la investigación, la entidad presidida por Claudio Tapia había indicado en un comunicado que su vínculo con la firma de Faroni estuvo sometido al “análisis de distintos Tribunales tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”. En paralelo, TourProdEnter se definió como una empresa privada “que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen”.

En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette, figura como su mánager y autoriza la mayoría de las transferencias, pero su marido tuvo un rol central: puso su firma para abrir cuentas, también autorizó pagos millonarios, y hasta derivó fondos hacia otras sociedades que utilizó para comprar un club de fútbol en Italia.

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Faroni hizo una carrera como productor teatral hasta que saltó a la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández. Cuatro meses antes de terminar su mandato, en agosto de 2021, decidió crear TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese año. El 8 de ese mes, según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte, Gillette mandó por correo electrónico una propuesta comercial a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas después por el comité ejecutivo de la entidad.

¿Por qué llegó Faroni a administrar la fortuna de la AFA? Todavía es un misterio.

Faroni junto a su esposaX

Tronador Import & Export LLC tiene otro punto en común con las empresas sospechosas. Su dirección, la suite 228 del edificio en la calle 1031 Ives Dairy Road, ya había aparecido desde el primer día de la investigación. Ahí también registraron domicilio Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC, tres compañías que recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras se disolvieron apenas dos días después de la primera revelación de , según consta en documentos comerciales presentados en Estados Unidos.

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Tronador había sido creada en junio de 2024 por una empresa denominada MMXVII Consulting LLC, con oficinas en Weston (Florida). Recién en septiembre apareció Koldobsky en los papeles. Ante el silencio de la jubilada, contactó varias veces al agente registrador, Ian Perchick, pero se escudó en cuestiones legales. “Por ley no podemos compartir información sin expresa autorización y consentimiento de los dueños”, respondió hace unas semanas. Nunca más contestó los mensajes.

La lista de sociedades en el edificio de “oficinas virtuales” de la calle Ives Road alcanza a “W Trading”, que absorbió US$2,3 millones en transferencias de TourProdEnter. Matías Fernandez aparece como su manager, un hombre de 45 años, que fue empleado municipal en Lanús, figuró como monotributista, y hasta beneficiario de una AUH. En esa misma dirección se creó “Mafer Trading LLC” (US$1,5 millones), también de Fernández. Sus iniciales conforman al nombre de la empresa (“Ma” por Matías y “Fer” por Fernández).

Matías Esteban Fernández

Otras tres empresas ligadas a las AFA utilizaron la suite 450 de un edificio en 8333 NW 53 Street, donde también se alquilan oficinas por hora. Allí se registraron las sociedades Seriva, Delker e Ikane. Los giros de TourProdEnter a esas tres firmas coinciden en cuatro fechas, del 1 al 4 de abril de 2024. En ocasiones fueron casi simultáneas, con diferencia de sólo algunos minutos. Por ejemplo: 1 de abril, a las 10:46 fue el turno de Ikane; a las 10:49, el de Delker; y a las 10:51, el de Seriva. En total, recibieron US$6,4 millones.

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8333 NW 53rd St Ste 450 Doral, FL 33166Resaltado Post / Collage

Las empresas “fantasma” de Miami fueron el primer eslabón de maniobra. El dinero luego quedaba en manos de un grupo reducido de financistas y aterrizaba en Buenos Aires a través de una operación conocida como “cable”. De este modo, entraron en escena “cueveros” como Diego Pasztor quien coordinaba el delivery de billetes con Juan Pablo Beacon, la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

“B día Juan Pablo. Tengo para darte 830. Tipo 14 hs paso. Donde Siempre?”, le escribió Pasztor a Beacon el 9 de agosto de 2021. El abogado contestó al instante: ”Dale hmno. Si, donde siempre, en Lavalle». Todo indica que eran 830.000 dólares. En esa oficina, en Lavalle 1718, fueron grabados los videos de la “Rosadita de la AFA”, en alusión a la financiera donde se contaba el dinero del empresario Lázaro Báez.

Captura de una conversación entre un financista y Juan Pablo Beacon, quien supo de ser de confianza del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino

El circuito, a plena luz del día, terminaba en un domicilio vinculado a Toviggino. El delivery se hacía en cajas de vino, bolsas, o mochilas, según revelan las fotos y videos obtenidos por este medio. Se sospecha que ese dinero provenía de los desvíos de la AFA y tenía una parada intermedia en la oficina de Beacon. En ese lugar se hacía el recuento y salían los paquetes rumbo a Montevideo y Quintana.“Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, son algunas de las instrucciones que presuntamente aludían a Toviggino, según el testimonio de una fuente con conocimiento del movimiento de fondos y la documentación.

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Los jefes de la AFA apuestan por estas horas a una maniobra para acumular todas las causas en el juzgado de Adrián González Charvay, en Campana. Todas las miradas están puestas en la Cámara de Casación, que llamó este lunes a una audiencia clave, y en Juan Pablo Beacon, que amaga con “arrepentirse” ante la Justicia.

Con la colaboración de Ricardo Brom.




según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte,los desvíos de la AFA,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,»Todo a pulmón». El club que fue campeón de fútbol playa, no tiene sede y ahora debutará en un torneo de AFA,,Blooper decisivo. Dos barridas fatales de River, dos goles peculiares de Boca: el superclásico de las reservas tuvo el mismo dueño,,Todos juegan. El respaldo de la AFA a Herrera y Paletta, los árbitros del polémico River-Boca

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Cacace defendió la reforma sobre propiedad privada y aseguró que el límite para la compra de tierras “desalienta proyectos productivos”

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La Cámara de Senadores discute un proyecto de ley que apunta a reforzar la protección de la propiedad privada en Argentina. El debate se da tras múltiples cambios en el texto, con el Ejecutivo retirando el capítulo sobre tierras para conseguir consensos. El Gobierno busca dar una señal de seguridad jurídica a inversores y propietarios, mientras persisten diferencias políticas y sociales sobre el alcance de estas reformas.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, sostuvo que la mayor parte de los cambios introducidos al proyecto afectaron el capítulo de tierras. “Donde más cambios hubo en la discusión fue en el tema tierras”, sostuvo en Infobae Al Mediodía.

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Según Cacace, esa reforma buscaba facilitar la llegada de inversión extranjera, especialmente en sectores productivos como la forestación en provincias del litoral. Explicó que la ley vigente fija un límite de mil hectáreas para la compra de tierras por extranjeros y prohíbe adquisiciones en zonas de frontera, lo que, según su visión, impide proyectos de gran escala.

Cacace afirmó: “Lo que más necesita Argentina es inversión extranjera directa”. Señaló que las restricciones actuales desalientan proyectos productivos. “Hay proyectos como los forestales, que requieren a veces 70.000 hectáreas para que tenga sentido como unidad productiva. Con mil no se hace nada”, remarcó.

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Restricciones para extranjeros y debate sobre inversión

El funcionario explicó que la Constitución argentina garantiza los mismos derechos a extranjeros y nacionales para adquirir bienes raíces. “La Constitución dice: ‘Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, entre ellos a comprar bienes raíces y a enajenarlos’”, citó Cacace.

Reconoció que la actual tenencia de tierras por extranjeros no supera el 6% a nivel nacional, pero insistió en que el límite de superficie y las restricciones en zonas de frontera funcionan como trabas para la inversión.

Cacace señaló que la titularidad de la tierra no implica dominio sobre los recursos naturales: “Si yo compro una propiedad, no soy dueño ni del agua, ni de las minas, ni de los minerales, ni del petróleo. El Estado en Argentina tiene el dominio público”, enfatizó.

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El capítulo de tierras quedó fuera del dictamen que se debatió en el recinto, pero el Gobierno anunció que insistirá en tratar el tema por separado para buscar una legislación específica.

El Gobierno retiró el capítulo sobre tierras del dictamen para buscar consensos, aunque anticipó que insistirá con una legislación específica - Adrián Escandar

Cambios en la ley de expropiaciones

El proyecto endurece los requisitos para que el Estado avance con expropiaciones. Cacace afirmó que “todo lo que está haciendo esta regulación, es decir, tiene que ser más difícil expropiar”. Explicó que la iniciativa exige una declaración precisa de utilidad pública, indemnización previa y justa, y elimina las expropiaciones genéricas. El funcionario consideró que el nuevo texto protege mejor a los propietarios frente al Estado.

Uno de los puntos centrales es la incorporación del lucro cesante en las indemnizaciones. “Si el Estado te expropia, te tiene que reponer realmente el valor de lo que tenías. Si yo tenía un establecimiento productivo ahí y me haces perder de ganar un montón de dinero, indemnizámelo. Eso es el lucro cesante. Antes no existía como concepto”, detalló Cacace. El afectado podrá reclamar y probar en juicio el daño económico sufrido por la expropiación, más allá de la tasación oficial.

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Modificaciones a la ley de manejo del fuego

El proyecto modifica la ley vigente sobre manejo del fuego y reduce la prohibición de cambio de uso tras incendios. Cacace aclaró que la reforma no habilita automáticamente el cambio de destino productivo tras un incendio, sino que traslada a las provincias la potestad de definir el ordenamiento territorial. “No es que se está flexibilizando en el sentido de que se sanciona esto y ahora se puede hacer cualquier cosa. Hay que respetar los ordenamientos territoriales que las provincias hacen”, sostuvo.

La iniciativa mantiene la protección absoluta sobre los bosques nativos, donde no se permite cambiar el uso nunca, y flexibiliza el régimen en otras áreas como humedales y bosques implantados. El funcionario explicó que la competencia ambiental está compartida entre Nación y provincias y que serán estas últimas las que determinen los usos posibles tras un incendio, según los relevamientos periódicos.

Alejandro Cacace sostuvo que la reforma sobre tierras buscaba facilitar la inversión extranjera en sectores productivos como la forestación

Objetivos oficiales y efectos esperados

Cacace consideró que el objetivo central del proyecto es “dejar a la propiedad privada con mucho más respeto y con inviolabilidad”. Destacó que la ley también extiende la vigencia de la ley Pierri para regularización dominial y prevé mecanismos más rápidos para desalojos. El funcionario remarcó que la reforma da una señal a propietarios y posibles inversores sobre el respeto al derecho de propiedad.

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El secretario de Desregulación reconoció que la discusión generó conflicto y costo político, pero sostuvo que “cuando uno está dispuesto a reformar, siempre va a pagar costo político y siempre se van a generar estas discusiones”. Añadió que el Gobierno apunta a crear condiciones estables, con reglas claras y seguridad jurídica, para atraer inversiones productivas al país.

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alejandro cacace, secretario de desregulación

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“Macri me alentó a que lo hiciera”: Hernán Lacunza dijo que consensuó su candidatura presidencial con colegas del Pro

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El exministro de Economía de Cambiemos Hernán Lacunza ratificó este sábado su intención de competir como precandidato presidencial por el Pro en las próximas elecciones y afirmó que conversó sobre su postulación con el exmandatario Mauricio Macri, quien le dio su respaldo.

Hablé con el presidente Macri y me alentó a que lo hiciera. También lo consensué con algunos colegas dentro del partido”, sostuvo el economista en conversación con Radio Mitre, aunque remarcó que el partido “se desdibujó en los últimos años” y “perdió nitidez” en su propuesta.

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Sobre la gestión del presidente Javier Milei, Lacunza diferenció el ajuste fiscal de la necesidad de inversión en infraestructura. “No todo es hacer ajuste fiscal en sí mismo. Es algo necesario, pero también hay que hacer obra pública”, matizó.

Lacunza afirmó que habló al respecto con Macriarchivo – Argentinian Presidency

“Un país sin obra pública puede durar tres años, pero no seis porque vamos a empezar a caernos en los baches”, advirtió.

También se refirió al rumbo económico y destacó el aporte del Gobierno a la estabilización, aunque señaló desequilibrios en la actividad productiva. “El modelo genera poco empleo y está enfocado en la cordillera y la Pampa Húmeda. Hay otros sectores como Rosario, Córdoba, Tucumán, que viven del comercio, de la industria y de la construcción que quedan afuera”, enumeró.

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“Está apagado ese motor que genera 8 millones de empleos directos versus los 250.000 del motor que está prendido”, comparó, al diferenciar un modelo productivo de uno financiero.

Exministro de Economía, Hernán LacunzaAníbal Greco – La Nación

Al ser consultado sobre si su candidatura podría ser considerada “funcional al kirchnerismo” por “dividir a la derecha o centro-derecha”, Lacunza respondió: “Me parece que ese argumento es filosóficamente pobre. ‘Que no aparezca nada mejor por si aparece algo peor’. Es condenarnos a lo que hay”, sostuvo.

Su anuncio y la reacción del Gobierno

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El dirigente del Pro ya había expresado su voluntad de postularse en julio de este año, durante una entrevista con el canal A24. “Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”, afirmó en aquella oportunidad.

Según pudo saber , en la Casa Rosada le restaron importancia los dichos del exministro de Hacienda. Fuentes del Gobierno entienden que el Pro busca condicionar a La Libertad Avanza (LLA) de cara a un posible acuerdo en la ciudad de Buenos Aires.

“Con la candidatura de Lacunza quieren demostrar que es creíble que pueden hacerle un daño a la reelección del Presidente para poner sobre la mesa un acuerdo en la Ciudad”, afirmaron desde la dirigencia libertaria.

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Reforma por falsas denuncias: una especialista advirtió que el proyecto “castiga denunciar” la violencia de género

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El Senado abrió el debate sobre un proyecto de ley que propone endurecer las penas por falsas denuncias en causas vinculadas con violencia de género y delitos sexuales. La iniciativa, impulsada inicialmente por la senadora Carolina Losada, despertó cuestionamientos entre organizaciones especializadas, que advierten que la reforma podría tener un efecto contrario al que busca: desalentar las denuncias de quienes sufren violencia.

Esa fue la principal advertencia de Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien analizó la iniciativa en Infobae al Mediodía. Para la especialista, el problema no pasa por la inexistencia de herramientas legales para castigar las denuncias falsas, sino por el riesgo de generar un nuevo obstáculo para quienes intentan acceder a la Justicia.

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El proyecto de ley que se discute en el Senado no es un proyecto que castigue las falsas denuncias, sino un proyecto que castiga denunciar”, afirmó durante la entrevista con Maru Duffard.

Según explicó, el texto incorpora una amenaza penal que puede terminar afectando a mujeres que denuncian hechos de violencia pero no logran acreditarlos judicialmente. “Hay pocos incentivos para denunciar y muchísimos desincentivos, porque buscar ayuda muchas veces recrudece la violencia. Si este proyecto avanza, amenaza penalmente a la mujer que se anima a denunciar y que, por deficiencias de la investigación o por los sesgos de la Justicia, tal vez no logre probar lo que ocurrió”, sostuvo.

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Para Gherardi, esa consecuencia resulta especialmente preocupante en un contexto donde la mayoría de los hechos de violencia sexual y de género ni siquiera llegan al sistema judicial. Citó datos elaborados por ELA que muestran que cada año alrededor de 500.000 personas sufren ofensas sexuales en Argentina, aunque solo una de cada diez presenta una denuncia. A eso se suma que apenas el 21% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia recurre a la Justicia y que, entre las víctimas de femicidio, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor.

“Denunciar, pedir ayuda, salva vidas”, resumió la especialista, al explicar que muchas víctimas enfrentan miedo, amenazas, vergüenza y una profunda desconfianza hacia las instituciones antes de decidir acudir a la Justicia. “Muchas veces buscar ayuda recrudece la violencia. Hay una enorme cantidad de obstáculos para denunciar y la revictimización sigue siendo un problema”, agregó.

La especialista remarcó que el Código Penal argentino ya prevé sanciones para las falsas denuncias y cuestionó que el problema se atribuya a la falta de herramientas legales (Infobae en Vivo)

Uno de los principales argumentos de Gherardi es que el Código Penal argentino ya contempla figuras para sancionar las denuncias falsas. “Ya hay varios delitos bajo los cuales se puede encuadrar esa conducta. Por supuesto que es un problema que alguien denuncie falsamente, en este o en cualquier otro tema. Pero la respuesta penal ya existe y prácticamente no se utiliza”, señaló.

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En ese sentido, consideró que el debate legislativo parte de un diagnóstico equivocado. “No va a ser agravando las penas que ese delito se aplique más. El problema no es la falta de herramientas legales, sino el funcionamiento de la Justicia”, afirmó.

La directora de ELA también cuestionó modificaciones incorporadas al proyecto que actualmente analiza el Senado. Según explicó, una nueva versión eliminó la referencia específica a la violencia de género y reemplazó esa mención por la categoría de “delitos dolosos graves”.

Esa categoría no existe en el Código Penal. Es una redacción que deja un margen de discrecionalidad mucho mayor para la interpretación judicial”, advirtió.

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Consultada sobre la dimensión real de las falsas denuncias, Gherardi sostuvo que se trata de un fenómeno excepcional y citó investigaciones del Ministerio Público Fiscal. “Los casos son mínimos y la mayoría ni siquiera están vinculados con violencia de género, sino con conflictos económicos. Se está buscando legislar sobre un fenómeno casi inexistente”, aseguró.

ELA sostuvo que las falsas denuncias son un fenómeno mínimo y reclamó fortalecer la investigación judicial, la asistencia a víctimas y las políticas públicas de prevención (Infobae en Vivo)

Para la especialista, la discusión debería centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para investigar los delitos y acompañar a las víctimas, en lugar de crear nuevas amenazas penales. “Si el Senado tiene una preocupación genuina por la violencia de género, hay muchas medidas que podrían mejorar el acceso a la Justicia: fortalecer los procesos judiciales, mejorar la organización de los tribunales y avanzar en los nombramientos pendientes. Esos son los problemas reales”, afirmó.

En esa línea, también cuestionó el retroceso de las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias. Señaló que la línea 144 “no es una línea de denuncia, sino de asesoramiento e información” y sostuvo que la reducción presupuestaria afectó la red de asistencia para mujeres en situación de violencia.

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“Ahora podés tener la voluntad de pedir ayuda y encontrar muchas más dificultades para saber dónde acudir”, señaló.

Sobre el cierre de la entrevista, Gherardi insistió en que la discusión parlamentaria no debería perder de vista el objetivo central de las políticas públicas frente a la violencia de género. “La obligación del Estado es prevenir las violencias, no solamente reducir los femicidios, sino garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y con mayor bienestar. Cuando una mujer es asesinada, se destruye una familia entera. Esa responsabilidad es con toda la comunidad”, concluyó.

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natalia gherardi,ela

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