POLITICA
La Justicia se convirtió en el árbitro involuntario de la interna libertaria

Todo está roto y baila. Como dice la canción de The Doors. Que la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo está quebrada, no es una novedad; pero que piensen en la Justicia como el árbitro de esa pelea, sí. Mientras Comodoro Py avanza contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por enriquecimiento ilícito; en la justicia porteña tomaron impulso al menos cuatro expedientes contra tuiteros libertarios. No se salva ninguno. Hasta Daniel Parisini –Gordo Dan en X y principal referente de los tuiteros mileistas–, está imputado por hostigamiento, amenazas e incitación a cometer delitos por sus declaraciones en X y el canal de streaming Carajo.
Abogados con acceso a uno de los expedientes aseguran que la fiscal de delitos complejos de la Ciudad de Buenos Aires, Celsa Ramírez, preparaba ayer por la mañana las cédulas para citar a indagatoria a todos los imputados. Incluidos Dan y el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez. Sin embargo, según pudo averiguar Infobae, por ahora esas cédulas no saldrán. Pero las causas no se cierran. Solo es cuestión de timing.
Además de Parisini y Márquez, están imputados algunos de sus compañeros en Carajo: Pablo Sebastián Pazos, Alejandro Sarubbi Benítez y Mariano Pérez. Los acusan de los delitos previstos en los artículos 149 bis (amenazas), 209 (instigación a cometer delito), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 bis (imponer sus ideas a otros a través de la fuerza o el temor) del Código Penal. El dato es importante. La fiscal decidió pasar del “hostigamiento digital”, una contravención que se resuelve con el pago de una multa, a una figura penal que podría terminar con prisión efectiva para los acusados si se los encontrara culpables de todos los delitos que se les imputan.

La investigación se inició en junio del año pasado por una denuncia del diputado Esteban Paulón, quien advirtió estar siendo víctima de hostigamiento agravado y discriminación. En su presentación, Paulón aportó posteos y fragmentos de Carajo en los que se lo acusa, según él refiere, “por mi orientación sexual gay”, de pédofilo y abuso infantil. Entre algunos de los ejemplos, el diputado incluye este posteo de Pazos del 24 de junio de 2025: “Pedófilo, operador, comunista y cara de pelotudo. SIDA PARA VOS”.
Parisini no es funcionario público, pero su poder de influencia, sobre todo en el electorado libertario, supera por escándalo el de muchos con silla en el Ejecutivo Nacional. Goza de ingreso irrestricto a la Casa Rosada. Aunque no a todos los despachos. No se le ocurriría entrar sin golpear a la Secretaría General de la Presidencia; eso lo hace en las oficinas de Santiago Caputo. Parisini es, junto al diputado bonaerense Agustín Romo, el máximo referente de las Fuerzas del Cielo. Esa agrupación, con estandartes bordó y narrativa de la antigua Roma es la que construyó la militancia digital mileista.
La semana pasada, en el marco de un duelo a quemarropa, la diputada Lilia Lemoine, leal a los hermanos Milei, le escupió a Parisini: “Twitter no es la vida real”. Es cierto. Pero para la LLA, las redes, son lo que para el macrismo los timbreos y para el peronismo la movilización. Los referentes de las Fuerzas del Cielo están convencidos que su militancia digital redunda en votos que permitieron llevar a Milei a la Rosada y que ese trabajo y lealtad no fueron reconocidos por la conducción de LLA. Por ahora no se animan a decir –quizá ni admitir– que tampoco por el Presidente.

Para los libertarios Caputistas, la embestida judicial contra los tuiteros no es un avance independiente de la justicia porteña, sino una estocada más contra Caputo que salió “desde el propio Gobierno”, como dijera Adorni para explicar la aparición del video de su vuelo privado a Punta del Este. Para sostener la hipótesis, anotan que hasta el 5 de marzo, el jefe de los fiscales de la Ciudad, por tanto también de Ramírez, era Juan Bautista Mahiques, hoy ministro de Justicia de la Nación. Telarañas.
En la justicia insisten en la imparcialidad de la fiscal Ramirez. “No es la interna, es la convicción de lucha contra la violencia en redes y un criterio. Trabajar para poner un límite y definir qué es libre de expresión y que insultos, agresiones, amenazas cometidas sistemáticamente por el mismo grupo de tuiteros violentos”, apuntan.
El debate está planteado: ¿las expresiones en redes sociales, sin importar su nivel de agresividad o difamación, supone inexorablemente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o podrían interpretarse y juzgarse, según el tenor y reiterancia, como delitos penales?
“Cuando la actividad es permanente y la agresión constante no se trata solo de un hostigamiento digital. Se hace una trazabilidad del delito: no es un solo hecho, son un montón. Tiene que haber un límite porque la violencia que ejercen es dramática”, analiza un sector de tribunales.
Las otras causas: qué se investiga y a quiénes
No son los únicos complicados. La fiscal tiene al menos otras tres causas contra tuiteros libertarios, incluida la iniciada por la denuncia del diputado nacional, Sebastián Pareja. En septiembre del año pasado, el hombre de Karina en la provincia de Buenos Aires pidió que se los investigue por amenazas después de recibir mensajes y llamadas en su celular. En su entorno insisten en que el diputado “es de los que cree que no hay que judicializar la política” pero que tomó la decisión de ir a la Justicia cuando las amenazas llegaron a su hija.

Pareja denunció once cuentas de X, entre ellas ASB @GordoLeyes (Sarubbi Benítez), @TRADUCTORTEAMA (xxx), @JERERODRIGUEZOK; @LIBERADORDEARGY1; @TYLERDELCIELOM; @SOYBORTINA; y @ERNESTODIAZ_56. La fiscalía trabajó en el rastreo de IP hasta que logró identificar usuarios de X con personas reales y los llamó a declarar. Las indagatorias comenzaron este lunes y ya se presentaron cinco imputados. Uno de ellos admitió, esta semana, haber tomado el número de celular de Pareja, publicado en otra de las cuentas libertarias, y enviarle amenazas por WhatsApp.
Jerónimo Rodríguez es un abogado libertario, enemistado con Pareja desde su paso por el ministerio de Sandra Petovello. Rodríguez había denunciado a Pareja por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no denunciar presuntos hechos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alberto Fernández en la gestión del FISU. La causa nunca prosperó. Ahora él es denunciado por Pareja por amenazas y también por la Fiscal Ramírez.
Es que en distintas intervenciones en La Trinchera, Rodríguez dijo que había que empezar a investigar a la fiscal: “Tiene un nivel de vida que la verdad con un sueldo de fiscal no sé cómo hace. Tiene créditos, tiene deudas en bancos por más de $32 millones de pesos. Vive en Puerto Madero, en un departamento que vale aproximadamente, uno similar de donde vive ella, 800 mil dólares y paga expensa de un millón de pesos”. A raíz de esas afirmaciones, la fiscal pidió que se iniciara una nueva causa por enemistad con la fiscalía.
Rodríguez no se amedrenta y contraataca en su idioma. El 20 de abril, escribió en X: “VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La Fiscal Celsa Ramírez, me denunció junto a @GordoLeyes, por hablar en el programa @TrincheraCarajo, de la denuncia que me hizo @SPareja_ , y contar que no se sabe cómo con su sueldo de @MPFCABA, vive en un lujoso departamento de puerto madero, que según la información pública del BCRA, tiene créditos de más de 32 Millones y además maneja, al menos una ONG , cuyo objeto es incompatible con su función. Consulta @CPACF, ¿cuando una fiscal te denuncia, te puede seguir investigando?”.

Si bien fue la denuncia de Pareja la que desató la furia tuitera y habilitó la guerra a cielo abierto entre el Gordo Dan y Lemoine, hay una causa anterior. La primera en denunciar por amenazas a una de las caras de Carajo fue la diputada, ex LLA, Marcela Pagano.
En junio del año pasado denunció al conductor de La Trinchera, Sarubbi, por amenazas a ella y a su hija, además de publicación de datos personales como domicilio particular. Aunque el militante libertario ya declaró en esa investigación, Ramírez volvió a citarlo para el martes para que amplíe esa indagatoria. ¿Por qué? Porque siguió hostigando a Pagano.
También el periodista Pablo Duggan inició una demanda contra Sarubbi Benítez por hostigamiento y amenazas. Y también en ese expediente la fiscal lo acusó por los delitos previstos en los artículos 149 bis, 209, 212, 213 bis.
Si la justicia decide ir a fondo y avanzar contra los tuiteros, y juzgar sus insultos y dichos en X como amenazas e instigación a cometer delitos, sentaría un precedente singular. Podría leerse ese fallo judicial como una suerte de muestra gratis de lo que puede ocurrir hacia delante. Una advertencia del Poder Judicial a la política. Hay que recordarlo: el Presidente de la Nación es el tuitero más furibundo.
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POLITICA
García Cuerva pidió terminar con las “cuevas de corrupción” y llamó a construir una patria “honesta”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, centró parte de su homilía durante el Tedeum por el Día de la Independencia en un cuestionamiento a la corrupción y a las divisiones sociales. Frente al presidente Javier Milei, integrantes del gabinete nacional y otras autoridades, advirtió que existen “cuevas de corrupción” donde “los pobres son cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, y sostuvo que la honestidad y la transparencia deben trascender a los gobiernos de turno.
“Una vez más, el mensaje que compartiré quiere ser un aporte, a la luz de la Palabra de Dios, para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido de que entre todos construimos la Patria”, expresó al comienzo de la ceremonia en la Catedral Metropolitana. También aclaró que era consciente de que “puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación”.
A partir de la parábola del Buen Samaritano, García Cuerva sostuvo que la sociedad argentina también transita “caminos peligrosos”. “El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles”, enumeró.
En ese contexto, incorporó una referencia directa a la corrupción. “Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, afirmó.
Luego aclaró que su planteo no estaba dirigido a una administración en particular. “Y esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno; es cuestión de ser o no, honesto y transparente. Ser y parecer, ahora y siempre”, sostuvo.
Más adelante, el arzobispo volvió sobre la parábola del Buen Samaritano para afirmar que la ayuda a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad requiere organización y compromiso colectivo. “Pidamos también a Dios que nos independice del individualismo, de la competencia feroz por el protagonismo, del internismo y la mezquindad política de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás”, expresó.
En ese tramo de la homilía defendió la inversión destinada a las personas con discapacidad. “Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche o de despilfarro; a veces es invertir en los más débiles”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó a los centros de discapacidad. “Cuando vemos que algunos centros de discapacidad tienen muchos trabajadores en proporción a las personas que atienden, y a priori se puede pensar que es un despropósito; pero luego, conociendo bien la dinámica de la institución, descubrimos que es una inversión”, señaló.
También sostuvo que esos espacios requieren “profesionales y asistentes entregados y comprometidos” que acompañen a cada beneficiario “por caridad, pero también por justicia”. En ese punto citó al papa León XIV para afirmar que “la justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás”.
En otro tramo del mensaje, García Cuerva pidió “independizarnos de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren” y mencionó entre ellos a “los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados y las personas con discapacidad”. “Hoy queremos hacer presentes sus vidas, sus rostros, sus historias concretas; no cifras o diagnósticos, sino sus nombres”, dijo.
El arzobispo también llamó a realizar “un gran examen de conciencia colectivo” y planteó: “No miremos al costado buscando culpables eternos”. Luego preguntó: “¿Estoy actuando como los que pasan de largo o estoy dispuesto a ser la posada que reciba y sane a los heridos?”. En ese marco, sostuvo que “las heridas sociales necesitan la templanza del diálogo, la justicia social y la honestidad innegociable”.
Sobre el final de la homilía convocó a “construir puentes donde algunos quieren levantar muros” y afirmó que “Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes”.
Como cierre, apeló al fútbol para hablar de unidad. Recordó el espíritu colectivo que despierta la Selección argentina y citó un mensaje de Lionel Messi: “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos… Lo logramos”.
POLITICA
La Justicia avanzó con nuevas medidas de prueba en la causa contra Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia federal avanzó con nuevas medidas de prueba en la investigación contra el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, acusado de presunto enriquecimiento ilícito y de haber omitido información patrimonial en sus declaraciones juradas.
El juez federal Daniel Rafecas dispuso una serie de diligencias para profundizar el análisis de la evolución patrimonial del legislador antes de resolver si hace lugar al pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal Guillermo Marijuán.
Entre las medidas ordenadas figura un requerimiento al Banco Provincia para obtener el detalle de los pagos realizados entre 2024 y 2026 vinculados con la cancelación de un crédito hipotecario por $60 millones. La intención es reconstruir el origen de los fondos utilizados y verificar si guardan relación con los ingresos declarados por el legislador.
Además, el magistrado solicitó a la Legislatura bonaerense que remita la última declaración jurada presentada por Adorni en su condición de diputado provincial. También libró oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires para obtener información sobre la titularidad, valuación y forma de incorporación al patrimonio de dos inmuebles bajo análisis.
Leé también: Senado: LLA acordó sesionar la semana que viene para aprobar la ley de propiedad privada y 30 pliegos judiciales
Otro de los puntos que busca esclarecer la Justicia está relacionado con una herencia incorporada por Adorni en una rectificación de su declaración jurada. Según la investigación, el legislador declaró $21 millones provenientes de una sucesión después de que la causa judicial ya estuviera en trámite.
En ese marco, Rafecas ordenó nuevos cruces de información para determinar si esos fondos efectivamente tuvieron ese origen y si la información incorporada posteriormente coincide con la documentación disponible.
Para el fiscal Marijuán, existen elementos que permiten sospechar que el diputado habría omitido deliberadamente bienes y cuentas bancarias al confeccionar sus declaraciones juradas. En su dictamen, además, remarcó que Adorni es perito contador y que anteriormente se desempeñó en el Consejo de la Magistratura bonaerense, por lo que tenía conocimiento sobre la obligación y la forma correcta de presentar esa documentación patrimonial.
La investigación también analiza diferencias entre los bienes declarados por Francisco Adorni tras el fallecimiento de su padre y la información patrimonial presentada por su hermano, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, ya que los montos consignados en ambos casos no serían coincidentes.
En paralelo, la Cámara Federal resolvió concentrar en los tribunales de Comodoro Py otra investigación que involucra al diputado libertario. Ese expediente está vinculado con presuntas irregularidades en un préstamo por $40.000 millones relacionado con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
Con las nuevas medidas ordenadas por Rafecas, la Justicia busca reunir más elementos para definir los próximos pasos procesales en una causa que todavía se encuentra en etapa de investigación.
Francisco Adorni, enriquecimiento ilicito, investigacion
POLITICA
Elecciones 2027: qué son las listas colectoras que impulsa el Gobierno y por qué generan críticas

El Gobierno reactivó el debate sobre la reforma política para modificar las reglas electorales de cara a las elecciones de 2027, y facilitar la posible reelección de Javier Milei. En reemplazo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), los libertarios pusieron sobre la mesa la restitución de las listas colectoras, que busca adaptar al sistema de Boleta Única de Papel.
Se trata de un mecanismo utilizado por el peronismo y el radicalismo en elecciones de décadas pasadas, antes de la implementación de las primarias obligatorias. Es una forma de ampliar las alianzas electorales y sumar apoyos territoriales, sin exigir a las fuerzas políticas y candidatos que las acompañan con una integración total a estructuras políticas.
Ahora bien, la discusión genera controversia porque cosecha múltiples críticas de sectores de la oposición y de especialistas.
Cómo funcionan las listas colectoras
Las listas colectoras permiten que distintas listas de legisladores o cargos locales adhieran a una misma candidatura para una elección ejecutiva. Así, varios candidatos a diputados o senadores podrían acompañar la boleta presidencial de un mismo candidato, como el caso de Javier Milei, sin compartir una única lista legislativa.
En la práctica, las listas colectoras son listas de distintos partidos políticos que presentan candidatos en una categoría (senadores, diputados, legisladores provinciales, intendentes o concejales) y adhieren a una misma lista para una categoría superior (presidente o gobernador). Esto implica que una candidatura ejecutiva puede estar acompañada por varias boletas distintas, cada una con listas legislativas de diferentes partidos.

La intención de este sistema es obtener lograr dos efectos políticos muy concreto:
- Efecto arrastre: Permite que un candidato relevante en la “punta” de la boleta sume votos de distintas listas que provienen de candidaturas menores.
- Función coordinadora: facilita la negociación entre facciones en una interna política y la supervivencia de partidos o grupos minoritarios, haciéndoles partícipes del “arrastre”, sin obligarlos a alianzas formales.
Un caso reciente muy conocido fue el de las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelecta como presidenta y, en la provincia de Buenos Aires, dos candidatos a gobernador adhirieron a su candidatura presidencial con sellos partidarios diferentes: Daniel Scioli por el Frente para la Victoria y Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro. El primero resultó elegido gobernador.
Lo cierto es que fue una práctica transversal en los partidos políticos. Lo han utilizado desde el PJ, a la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Socialista (PS), la Coalición Cívica (CC) y terceras fuerzas o grupos minoritarios provinciales.

Los cambios propuestos y las críticas
Durante varios años, las colectoras se ampararon en un “vacío legal” del Código Electoral Nacional (CNE), que no las permitía ni las prohibía de manera explícita.
En 2011, con la sanción de la ley de reforma política que creó las PASO, el decreto reglamentario del gobierno de Fernández de Kirchner oficializó la posibilidad de acuerdos de adhesión de boletas entre agrupaciones políticas no integrantes de una misma alianza. Sin embargo, a partir de ese momento, se redujo sustantivamente la adopción de este tipo de estrategias.
Ahora bien, el problema principal que surge desde lo técnico es que las colectoras fueron inventadas en contextos de elecciones simultáneas, bajo el sistema de boleta partidaria con listas “sábanas” horizontales, que dificultan la individualización del voto por categorías. Funcionaba para ese viejo sistema. Con la Boleta Única, este inconveniente no queda resuelto.

Las listas colectoras suelen ser vistas como una mala práctica electoral: deterioran la equidad y la transparencia e introducen confusión en el votante. Con el sistema de boleta sábana, que aún sigue vigente para cargos locales en algunos distritos (como la provincia de Buenos Aires), favorecen a los aparatos partidarios que logran el control de la oferta de boletas.
En 2019, el gobierno de Mauricio Macri prohibió su uso mediante un decreto. Desde entonces, su implementación requiere un nuevo marco legal, ya que el sistema electoral argentino cambió en 2025 con la adopción de la Boleta Única de Papel, que reemplazó la boleta partidaria tradicional.
La nueva propuesta que baraja el oficialismo funcionaría del siguiente modo: Javier Milei encabezaría la boleta, seguido por la lista oficial compuesta por dirigentes de su núcleo y aliados recientes. Además, se incorporarían hasta dos listas adicionales de “adhesión”, que podrían ser conformadas por partidos como PRO o UCR, o por cualquier fuerza que decida respaldar al oficialismo. Esta limitación responde a cuestiones de espacio en la BUP.

Según fuentes del Gobierno, esta alternativa permitiría que los gobernadores provinciales respalden la suspensión de las PASO y presenten listas propias, sin necesidad de subordinarse plenamente a la Casa Rosada. A cambio de este apoyo, el Ejecutivo aceptaría no presentar candidatos a gobernador en distritos donde existan acuerdos con fuerzas aliadas.
Lo cierto es que no existe un proyecto concreto y ninguno de los principales interlocutores parlamentarios de la Casa Rosada reconoce haber visto algún modelo de cómo quedaría la BUP con colectoras.
Sin embargo, pese a las críticas, desde La Libertad Avanza evalúan una suerte de rebranding para incorporarlas a la reforma política. “No son colectoras, son adhesiones”, repiten en el oficialismo. Un juego de palabras para evitar los estigmas del pasado reciente.
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