POLITICA
La Justicia se convirtió en el árbitro involuntario de la interna libertaria
Todo está roto y baila. Como dice la canción de The Doors. Que la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo está quebrada, no es una novedad; pero que piensen en la Justicia como el árbitro de esa pelea, sí. Mientras Comodoro Py avanza contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por enriquecimiento ilícito; en la justicia porteña tomaron impulso al menos cuatro expedientes contra tuiteros libertarios. No se salva ninguno. Hasta Daniel Parisini –Gordo Dan en X y principal referente de los tuiteros mileistas–, está imputado por hostigamiento, amenazas e incitación a cometer delitos por sus declaraciones en X y el canal de streaming Carajo.
Abogados con acceso a uno de los expedientes aseguran que la fiscal de delitos complejos de la Ciudad de Buenos Aires, Celsa Ramírez, preparaba ayer por la mañana las cédulas para citar a indagatoria a todos los imputados. Incluidos Dan y el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez. Sin embargo, según pudo averiguar Infobae, por ahora esas cédulas no saldrán. Pero las causas no se cierran. Solo es cuestión de timing.
Además de Parisini y Márquez, están imputados algunos de sus compañeros en Carajo: Pablo Sebastián Pazos, Alejandro Sarubbi Benítez y Mariano Pérez. Los acusan de los delitos previstos en los artículos 149 bis (amenazas), 209 (instigación a cometer delito), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 bis (imponer sus ideas a otros a través de la fuerza o el temor) del Código Penal. El dato es importante. La fiscal decidió pasar del “hostigamiento digital”, una contravención que se resuelve con el pago de una multa, a una figura penal que podría terminar con prisión efectiva para los acusados si se los encontrara culpables de todos los delitos que se les imputan.
La investigación se inició en junio del año pasado por una denuncia del diputado Esteban Paulón, quien advirtió estar siendo víctima de hostigamiento agravado y discriminación. En su presentación, Paulón aportó posteos y fragmentos de Carajo en los que se lo acusa, según él refiere, “por mi orientación sexual gay”, de pédofilo y abuso infantil. Entre algunos de los ejemplos, el diputado incluye este posteo de Pazos del 24 de junio de 2025: “Pedófilo, operador, comunista y cara de pelotudo. SIDA PARA VOS”.
Parisini no es funcionario público, pero su poder de influencia, sobre todo en el electorado libertario, supera por escándalo el de muchos con silla en el Ejecutivo Nacional. Goza de ingreso irrestricto a la Casa Rosada. Aunque no a todos los despachos. No se le ocurriría entrar sin golpear a la Secretaría General de la Presidencia; eso lo hace en las oficinas de Santiago Caputo. Parisini es, junto al diputado bonaerense Agustín Romo, el máximo referente de las Fuerzas del Cielo. Esa agrupación, con estandartes bordó y narrativa de la antigua Roma es la que construyó la militancia digital mileista.
La semana pasada, en el marco de un duelo a quemarropa, la diputada Lilia Lemoine, leal a los hermanos Milei, le escupió a Parisini: “Twitter no es la vida real”. Es cierto. Pero para la LLA, las redes, son lo que para el macrismo los timbreos y para el peronismo la movilización. Los referentes de las Fuerzas del Cielo están convencidos que su militancia digital redunda en votos que permitieron llevar a Milei a la Rosada y que ese trabajo y lealtad no fueron reconocidos por la conducción de LLA. Por ahora no se animan a decir –quizá ni admitir– que tampoco por el Presidente.
Para los libertarios Caputistas, la embestida judicial contra los tuiteros no es un avance independiente de la justicia porteña, sino una estocada más contra Caputo que salió “desde el propio Gobierno”, como dijera Adorni para explicar la aparición del video de su vuelo privado a Punta del Este. Para sostener la hipótesis, anotan que hasta el 5 de marzo, el jefe de los fiscales de la Ciudad, por tanto también de Ramírez, era Juan Bautista Mahiques, hoy ministro de Justicia de la Nación. Telarañas.
En la justicia insisten en la imparcialidad de la fiscal Ramirez. “No es la interna, es la convicción de lucha contra la violencia en redes y un criterio. Trabajar para poner un límite y definir qué es libre de expresión y que insultos, agresiones, amenazas cometidas sistemáticamente por el mismo grupo de tuiteros violentos”, apuntan.
El debate está planteado: ¿las expresiones en redes sociales, sin importar su nivel de agresividad o difamación, supone inexorablemente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o podrían interpretarse y juzgarse, según el tenor y reiterancia, como delitos penales?
“Cuando la actividad es permanente y la agresión constante no se trata solo de un hostigamiento digital. Se hace una trazabilidad del delito: no es un solo hecho, son un montón. Tiene que haber un límite porque la violencia que ejercen es dramática”, analiza un sector de tribunales.
Las otras causas: qué se investiga y a quiénes
No son los únicos complicados. La fiscal tiene al menos otras tres causas contra tuiteros libertarios, incluida la iniciada por la denuncia del diputado nacional, Sebastián Pareja. En septiembre del año pasado, el hombre de Karina en la provincia de Buenos Aires pidió que se los investigue por amenazas después de recibir mensajes y llamadas en su celular. En su entorno insisten en que el diputado “es de los que cree que no hay que judicializar la política” pero que tomó la decisión de ir a la Justicia cuando las amenazas llegaron a su hija.
Pareja denunció once cuentas de X, entre ellas ASB @GordoLeyes (Sarubbi Benítez), @TRADUCTORTEAMA (xxx), @JERERODRIGUEZOK; @LIBERADORDEARGY1; @TYLERDELCIELOM; @SOYBORTINA; y @ERNESTODIAZ_56. La fiscalía trabajó en el rastreo de IP hasta que logró identificar usuarios de X con personas reales y los llamó a declarar. Las indagatorias comenzaron este lunes y ya se presentaron cinco imputados. Uno de ellos admitió, esta semana, haber tomado el número de celular de Pareja, publicado en otra de las cuentas libertarias, y enviarle amenazas por WhatsApp.
Jerónimo Rodríguez es un abogado libertario, enemistado con Pareja desde su paso por el ministerio de Sandra Petovello. Rodríguez había denunciado a Pareja por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no denunciar presuntos hechos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alberto Fernández en la gestión del FISU. La causa nunca prosperó. Ahora él es denunciado por Pareja por amenazas y también por la Fiscal Ramírez.
Es que en distintas intervenciones en La Trinchera, Rodríguez dijo que había que empezar a investigar a la fiscal: “Tiene un nivel de vida que la verdad con un sueldo de fiscal no sé cómo hace. Tiene créditos, tiene deudas en bancos por más de $32 millones de pesos. Vive en Puerto Madero, en un departamento que vale aproximadamente, uno similar de donde vive ella, 800 mil dólares y paga expensa de un millón de pesos”. A raíz de esas afirmaciones, la fiscal pidió que se iniciara una nueva causa por enemistad con la fiscalía.
Rodríguez no se amedrenta y contraataca en su idioma. El 20 de abril, escribió en X: “VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La Fiscal Celsa Ramírez, me denunció junto a @GordoLeyes, por hablar en el programa @TrincheraCarajo, de la denuncia que me hizo @SPareja_ , y contar que no se sabe cómo con su sueldo de @MPFCABA, vive en un lujoso departamento de puerto madero, que según la información pública del BCRA, tiene créditos de más de 32 Millones y además maneja, al menos una ONG , cuyo objeto es incompatible con su función. Consulta @CPACF, ¿cuando una fiscal te denuncia, te puede seguir investigando?”.
Si bien fue la denuncia de Pareja la que desató la furia tuitera y habilitó la guerra a cielo abierto entre el Gordo Dan y Lemoine, hay una causa anterior. La primera en denunciar por amenazas a una de las caras de Carajo fue la diputada, ex LLA, Marcela Pagano.
En junio del año pasado denunció al conductor de La Trinchera, Sarubbi, por amenazas a ella y a su hija, además de publicación de datos personales como domicilio particular. Aunque el militante libertario ya declaró en esa investigación, Ramírez volvió a citarlo para el martes para que amplíe esa indagatoria. ¿Por qué? Porque siguió hostigando a Pagano.
También el periodista Pablo Duggan inició una demanda contra Sarubbi Benítez por hostigamiento y amenazas. Y también en ese expediente la fiscal lo acusó por los delitos previstos en los artículos 149 bis, 209, 212, 213 bis.
Si la justicia decide ir a fondo y avanzar contra los tuiteros, y juzgar sus insultos y dichos en X como amenazas e instigación a cometer delitos, sentaría un precedente singular. Podría leerse ese fallo judicial como una suerte de muestra gratis de lo que puede ocurrir hacia delante. Una advertencia del Poder Judicial a la política. Hay que recordarlo: el Presidente de la Nación es el tuitero más furibundo.
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El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, respaldó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof para 2027 y reclamó que el peronismo defina sus postulantes mediante elecciones primarias.
En una entrevista con Infobae al Regreso, también se refirió a la reorganización del justicialismo tras el encuentro entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, denunció al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo por el presunto desvío de fondos para infraestructura y confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense.
Katopodis respaldó a Kicillof y pidió primarias en el peronismo
En medio de las discusiones por el liderazgo del PJ, Katopodis defendió las elecciones primarias como mecanismo para resolver las candidaturas y evitar acuerdos entre las conducciones partidarias. “Hacer unas buenas primarias en el peronismo sería muy, pero muy saludable”, sostuvo, al cuestionar que las decisiones queden en manos de unos pocos dirigentes.
“Tenemos que generar las condiciones para que los candidatos los elija la gente y no los elijan cuatro dirigentes”, afirmó. Para el ministro, quien aspire a conducir el país deberá construir una autoridad política propia, respaldada por la sociedad y no solamente por un acuerdo de cúpula.
Consultado sobre quién reúne mejores condiciones para representar al peronismo en las próximas elecciones presidenciales, respaldó al gobernador bonaerense. “No tengo dudas de que Axel (Kicillof) es el que está en mejores condiciones”, respondió. Como argumento, mencionó la confianza que, según afirmó, encuentra en sus recorridas por la provincia.
Katopodis consideró que una eventual reelección de Milei podría contribuir a ordenar las prioridades de la oposición. “Lo que podría ser más grave es una reelección, cuatro años más. Me parece que eso va a ordenar”, señaló.
También valoró el papel de Cristina Kirchner en la reorganización del espacio y sostuvo que su participación puede ayudar a que los distintos sectores encuentren su lugar. Además, descartó que Máximo Kirchner sea un impedimento para una eventual candidatura presidencial de Kicillof: “Cada uno va a dar seguramente su opinión, va a participar, va a proponer”.
La denuncia contra Milei y Caputo por los fondos para infraestructura
Katopodis cuestionó el rumbo económico del Gobierno y describió un deterioro de los ingresos familiares y del mercado laboral. “El que no se endeudó vendió pertenencias, el que no vendió pertenencias vendió dólares, el que no vendió dólares le pidió prestado a algún familiar”, sostuvo.
Frente a ese escenario, planteó que el peronismo debe elaborar una propuesta para 2027 que combine la explotación de los recursos naturales con el desarrollo industrial y la generación de empleo. Entre sus prioridades, mencionó agregar valor a la producción, ampliar las exportaciones y fortalecer una red de proveedores vinculada con Vaca Muerta, las pymes, los centros tecnológicos y las universidades públicas.
Uno de sus principales cuestionamientos al Gobierno estuvo relacionado con el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. El ministro informó que presentó una denuncia contra Milei y Caputo por el presunto desvío de fondos que, según afirmó, debían financiar obras viales e hidráulicas. “Nos cobraron un impuesto, se llevaron la plata, desviaron esos fondos y las obras no se hicieron”, denunció.
Según detalló, una parte de la recaudación debe destinarse por ley a rutas y caminos, mientras que otra financia el Fondo Hídrico, destinado a prevenir inundaciones. Katopodis cifró en $400.000 millones los recursos de este último y en $1,5 billones los vinculados con la infraestructura vial.
El funcionario reclamó la intervención de la Justicia federal para investigar el manejo de esos fondos y exigir que se restituyan a sus destinos específicos. También cuestionó la presunta colocación de recursos en instrumentos financieros, una operatoria que, según su interpretación, no estaría contemplada por la normativa aplicable.
“Queremos que un juez, la Justicia penal, en este caso federal, actúe y obligue al Gobierno nacional a que reponga esos fondos”, afirmó.
Las obras hidráulicas y la aspiración de Katopodis a la gobernación
La denuncia se enmarca en las advertencias del ministro sobre posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Para reducir los riesgos, la Provincia trabaja en el monitoreo de los cursos de agua, la limpieza de arroyos y canales y la continuidad de las obras hidráulicas.
Katopodis anunció, además, una plataforma pública de seguimiento hidrometeorológico que reúne datos de más de 180 estaciones, entre dispositivos provinciales, universidades y bolsas de cereales. Según anticipó, la red llegará a 400 estaciones y permitirá consultar variables como precipitaciones, vientos, temperaturas y niveles de los ríos.
Entre las obras en marcha, destacó el tramo final del Plan Maestro del Río Salado y las intervenciones en las cuencas de los ríos Luján y Areco, además de los trabajos sobre el arroyo Maldonado, en Bahía Blanca. El ministro sostuvo que estos proyectos requieren coordinación entre las distintas jurisdicciones y reclamó la participación de la Nación. “Necesitamos que el Gobierno nacional actúe, que aparezca la plata y que se hagan las obras”, afirmó.
Hacia el final de la entrevista, Katopodis confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense si Kicillof avanzara hacia una candidatura presidencial. “Tengo ganas. Me han preguntado si me gustaría y dije que sí”, reconoció.
Para fundamentar esa aspiración, repasó su trayectoria como intendente de San Martín, ministro nacional de Obras Públicas durante la presidencia de Alberto Fernández y actual titular de Infraestructura bonaerense. También cuestionó la paralización de la obra pública dispuesta por Milei y aseguró que más de 2.300 proyectos quedaron frenados desde el 10 de diciembre de 2023. Según sus cifras, la interrupción de las obras contribuyó a la pérdida de unos 200.000 puestos de trabajo en la construcción.
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POLITICA
ATE protestó frente a la Quinta de Olivos contra el nuevo plan de retiros voluntarios del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos para protestar contra el programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno y el financiamiento previsto para su implementación a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La organziación sostuvo que se trata de un “nefasto programa” y un “negociado multimillonario” que pretende profundizar el proceso de ajuste sobre la estructura estatal.
El gremio también cuestionó la ausencia de Milei de las sedes oficiales de Gobierno. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo se sigan llenando de plata”, añadió Aguiar.
ATE denunció además despidos, no renovación de contratos, reducción de puestos permanentes, incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
“Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”, sostuvo Aguiar.
Y añadió: “Endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, concluyó.
El plan del Gobierno para reducir la planta estatal
El programa de retiros voluntarios fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Según la normativa, quienes adhieran no podrán reingresar al Estado durante un plazo de ocho años.
Además, el Gobierno dispuso que los cargos que queden vacantes no serán cubiertos nuevamente.
La medida forma parte de la estrategia de reducción del empleo público impulsada por la gestión libertaria desde su llegada al poder. De acuerdo con datos oficiales citados por el Gobierno, de los aproximadamente 341.000 empleados que integraban la administración pública nacional al inicio de la gestión, ya dejaron de formar parte de la planta cerca de 72.000 personas.
El objetivo oficial es profundizar ese proceso y alcanzar una reducción equivalente al 25% de la estructura estatal nacional hacia fin de año.
A su vez, el Gobierno reglamentó a partir del decreto 1177/26 una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares con distintos objetivos, de los cuales 300 estarían destinados a solventar los costos de los retiros voluntarios.
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POLITICA
Desalojos, expropiaciones y tierras: los principales puntos de la ley de propiedad privada que se aprobó en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, limita las condiciones en las que el Estado puede expropiar bienes y restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en una concesión del oficialismo a sus aliados para destrabar el tratamiento de la reforma.
El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.
Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.
En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá especificar el lugar de pago.
Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo. El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.
Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.
La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos. Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.
En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.
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