El error autoinfligido que representó el recorte en el área de discapacidad en el Presupuesto obligó al Gobierno a acudir en una posición de debilidad a los partidos aliados, que terminaron en el centro de la escena y fortalecidos frente a un oficialismo alicaído y necesitado.

Unidos en el rechazo a una medida polémica, el PRO, la UCR y algunos partidos provinciales terminaron condicionando con fuerza la agenda de La Libertad Avanza, que se vio obligado a ceder más de lo que planeaba. Es decir, que tuvo que aplicar exactamente el tipo de dinámica que los inflexibles hermanos Milei procuran evitar, especialmente en lo que atañe a las cuentas públicas.

La semana pasada se armó la tormenta perfecta. Mientras la Iglesia presionaba al Gobierno con la visita del Papa al Cottolengo San Orione, en noviembre, la titular del propio bloque de senadores, Patricia Bullrich, salía a despotricar contra la falta de consulta del recorte presupuestario. Todo en la previa del debate en comisión de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Como resultado del error no forzado, que en la Casa Rosada atribuyen al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, el Gobierno fue forzado a negociar en inferioridad de condiciones.

En primer lugar, tuvieron que dar marcha atrás con el recorte en el Presupuesto, ayer, a través de un conjunto de profundas modificaciones en la previa de la “emplazada” reunión de comisión que tendrá lugar hoy. Con el agravante de que, aún con estos cambios, en el oficialismo siguen sin estar seguros de que obtendrán las firmas necesarias para aprobar el dictamen “menos peor” de cara al debate en el recinto. “Veremos qué pasa”, dijo, apenas, un alto funcionario nacional en la previa de otra jornada legislativa que promete tensión. Y que volverá a ubicar en el candelero el tema del presupuesto para uno de los grupos sociales más vulnerables.

A merced de la voluntad de los aliados y del peronismo federal, La Libertad Avanza tuvo que proponer un proyecto superador para subsanar el callejón sin salida y el severo daño politico y social que generó el recorte inconsulto en el área de discapacidad en el Presupuesto. En la nueva letra decidieron permitir que se actualicen los montos por inflación para los beneficiarios, mantener el nomenclador universal para las prestaciones, y dejar que la pensión sea compatible con empleos registrados. Eran algunos de los principales reclamos de las organizaciones que reúnen a las personas con discapacidad.

Las concesiones, todas, se hicieron para asegurarse, en teoría, el apoyo de los partidos más dispuestos a negociar. El precio, sin embargo, será más alto, advierten en LLA de Diputados. En especial cuando se trata del sector de Provincias Unidas (la reunión de ayer, liderada por el violeta Martín Menem, tuvo a Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martinez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La neuquinidad).

Las concesiones terminaron siendo condición necesaria para bloquear la propuesta de la oposición dura, es decir el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda. Y, al final, el “único” cambio, advertían anoche (triunfales) en la oposición, fue la eliminación de la palabra “emergencia”. Es que las partidas van a estar aseguradas, a pesar de las intenciones de aplicar la consigna “no hay plata” al sensible área de Discapacidad. Fue un cambio radical para un Gobierno que detesta ceder.

“Para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”, dijo ayer por la mañana el vocero presidencial, Adrián Ravier. Y aseguró, contra los testimonios en primera persona de los afectados, que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde que Javier Milei asumió la Presidencia.

En el bloque violeta aseguran que “siempre el plan legislativo fue estar bien con los aliados”, mientras otros lanzaban dardos contra Luis Caputo. Si bien lo eximen de haber querido hacer un daño político adrede, deslizan que no tuvo la capacidad de ver el riesgo, de no advertir lo que podría ocurrir. Es la línea que marcó Patricia Bullrich la semana pasada.

En paralelo, ayer, mientras el oficialismo y los aliados terminaban de ponerse de acuerdo en una reunión sobre la letra fina del dictamen de Discapacidad, en otro sector del oficialismo relativizaban la derrota en la discusión. “No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, sostuvieron, conscientes de que le regalaron a la disgregada oposición la posibilidad de encuadrar al Gobierno en una posición de “crueldad”.

Javier Milei subirá por tercera vez este miércoles al atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas para dar un discurso que combinará el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, críticas al organismo supranacional y una defensa del desarrollo irrestricto de la Inteligencia Artificial.

El Presidente se encuentra en Nueva York desde este martes, con una cargada agenda oficial que ya incluyó una cumbre del Escudo de las Américas donde coincidió con Donald Trump. Allí, el republicano volvió a mostrar su sintonía con el Gobierno libertario y llamó una “gran victoria” al triunfo electoral de Milei en las elecciones legislativas de 2025. Poco antes, el argentino había elogiado el discurso de Trump ante la Asamblea: “Está tantos pasos adelante que pocos entienden la magnitud de liderazgo”.

Para reforzar el vínculo con la administración norteamericana, el Presidente también mantuvo por la noche un encuentro con el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio.

Sin embargo, el punto cúlmine de su estadía en Manhattan llegará este miércoles a las 12 (hora argentina), cuando Milei se dirija nuevamente a los líderes mundiales para ratificar su posicionamiento geopolítico en medio de los debates globales sobre la regulación tecnológica, los cuestionamientos al funcionamiento de la ONU y el conflicto argentino con el Reino Unido por las Islas Malvinas.

Según anticiparon en Casa Rosada, el discurso de Milei se organizará en tres ejes. El primero es el planteo por Malvinas, que esta vez llega reforzado por el paquete de medidas anunciado tras la cadena nacional del 3 de septiembre: sanciones más duras a empresas que operan en las islas sin autorización argentina, un proyecto de ley de defensa de la soberanía y fondos para una base naval integrada en Tierra del Fuego.

En ese sentido, se espera que Milei vuelva a rechazar el derecho a la autodeterminación de los isleños y la validez de los referendos en el archipiélago, además de cuestionar iniciativas unilaterales como el proyecto petrolero Sea Lion.

El segundo eje son las críticas a la ONU por su injerencia en la política interna de los países, una línea que Milei sostiene desde su debut en el foro en 2024, cuando definió al organismo como un “Leviatán de múltiples tentáculos”.

El tercero es la defensa del avance tecnológico sin restricciones. En sintonía con el discurso de Donald Trump del día anterior, el Presidente buscará “desmentir los escenarios distópicos” en torno a la Inteligencia Artificial, en contraposición del debate que hoy divide a buena parte de la industria sobre los riesgos de esa tecnología.

En medio de los avances en una causa por lavado de dinero que investiga al ex senador Edgardo Kueider, Óscar Orué, titular de la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) de Paraguay, confirmó a Infobae que los USD 200 mil no declaró al intentar pasar por el Puente de la Amistad quedaron en poder del Estado paraguayo. Un destino similar ocurrió con la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba con su pareja, Iara Guinsel, que será rematada.

Los bienes habían sido decomisados el 4 de diciembre de 2024 cuando se produjo el incidente en la cabecera paraguaya del viaducto que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu. La medida fue ratificada por una resolución administrativa posterior. Y quedó firme luego de que el ex representante de Entre Ríos en el Congreso dejara caer la apelación.

Según detalló Orué, Paraguay ya se quedó con los USD 200 mil que trasladaban. Están acreditados en una cuenta del Estado del país vecino. En rigor, Kueider intentó traspasar la frontera con 211 mil dólares, pero como el límite legal para transportar es de 10 mil, se le devolvió ese dinero y el resto quedó retenido.

La Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba figuraba a nombre de Daniel “Gonzalito” (o Pajarito) González. Guinsel tenía una autorización de manejo y, al momento de la detención, era quien conducía.

El supuesto dueño del vehículo está sindicado por la Justicia como posible testaferro de Kueider. Se acreditó que fue presidente de Betail SA. La firma figuraba como dueña de departamentos de lujo en Paraná comprados en efectivo por el ex senador, según los titulares de la desarrolladora inmobiliaria que los construyó.

La camioneta será puesta en remate. Lo recaudado también quedará en manos del Estado paraguayo, señaló Orué. El funcionario puntualizó que la venta pública de la Chevrolet Trailblazer se realizará “antes de fin de año”, con seguridad.

El proceso

Luego de la retención del dinero y del vehículo, se inició un trámite de decomiso que culminó con una resolución administrativa de la DNIT, una dependencia similar al ARCA de Argentina.

La defensa de Kueider accionó contra la decisión ante el Tribunal de Cuentas del país vecino. El organismo es la primera instancia del Poder Judicial encargada de entender en los procedimientos y recursos contencioso-administrativos.

El expediente fue caratulado “Edgardo Darío Kueider y otros c/ resolución nº 212 dictada por la DNIT”. El procedimiento contencioso administrativo en Paraguay dispone que quien promueve la demanda debe impulsar la causa. Si no lo hace durante tres meses, se dicta la caducidad de oficio. Esto fue lo que ocurrió con el caso del ex senador argentino.

Según establecieron los jueces Gonzalo Sosa Nicoli, Alejandro Ávalos Valdéz y Hugo Diez Pereira Vera, los abogados de Kueider dejaron pasar más de cuatro meses sin realizar ningún acto. Por eso, el pasado 9 de septiembre declararon de oficio la caducidad de instancia y la incautación de bienes quedó firme.

El caso

Edgardo Kueider fue detenido en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad en las primeras horas del martes 4 de diciembre de 2024. Llevaba 200 mil dólares, guaraníes y pesos argentinos que no había declarado en la Aduana a pesar de que lo consultaron al respecto. La Justicia le dictó prisión domiciliaria a él y a su pareja.

En junio pasado, fue condenado por contrabando en grado de tentativa. Le dieron dos años de cumplimiento condicional. A Guinsel, la sancionaron con un año y 10 meses.

Por otro lado, la Justicia de Paraguay le abrió otra causa por lavado de activos. Es por la compra de departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción. La hipótesis fiscal es que se usó dinero proveniente de ilícitos en la Argentina para la operación.

Kueider, además, tiene dos causas por lavado abiertas en nuestro país. Una está radicada en el Juzgado Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez lo tramitan. La otra se armó en la Justicia de Entre Ríos. El juez de Garantías 2 de Concordia, Ives Bastián, y el fiscal José Costa son quienes llevan el expediente. La Corte tiene en sus manos definir a cuál le corresponde la competencia.

Por otro lado, Arroyo Salgado pidió a Paraguay la extradición de Kueider. Eso generó un nuevo juicio en el país vecino. La Fiscalía paraguaya dio luz verde al procedimiento. Pero puso como requisito que antes cierre sus cuentas ante la Justicia legal. En ese recorrido están las apelaciones por la condena por contrabando y el caso por lavado.